LA UNION EUROPEA OBSERVA A COPALA

20/09/2010

Bruselas: Debate sobre San Juan Copala
Marco Appel
BRUSELAS, 18 de septiembre (apro).- Por primera vez de manera pública, el gobierno mexicano confrontó en las instituciones de la Unión Europea (UE) los cuestionamientos de varios eurodiputados que califican de "lamentable" la situación de los derechos humanos en San Juan Copala, Oaxaca.
El pasado 16 de septiembre, la delegación para México del Parlamento Europeo reunió a los representantes de la embajada mexicana ante la UE con las eurodiputadas Satu Hassi y Franzisca Keller.
Ahí, las eurodiputadas presentaron, por escrito, el reporte oficial de la visita que realizaron a la Ciudad de México y Oaxaca, a principios de julio, con el propósito de recabar información acerca de las investigaciones policiacas en torno del asesinato de los activistas Jyri Jaakkola, de nacionalidad finlandesa, y Beatriz Cariño.
Keller y Hassi también hicieron uso de la palabra.
Aunque la embajadora Sandra Fuentes Beráin fue invitada a exponer la posición mexicana frente al referido reporte, ésta no pudo hacerlo porque tuvo que asistir a un evento con la comunidad mexicana en el marco de las fiestas del Bicentenario, explicó a los asistentes Víctor Hugo Morales, jefe de cancillería de la embajada, quien respondió en su lugar. Lo acompañaban Alberto Glender Rivas, responsable de las relaciones con el Parlamento Europeo, y Alejandro Sousa Bravo, encargado de derechos humanos.
En esa misma sesión, Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea, anunció que el gobierno de Felipe Calderón asumió la contratación y el pago de dos expertos europeos que evaluarán los campos de cooperación de la UE con México en materia de seguridad y combate contra la delincuencia organizada.
El pasado 16 de mayo, las autoridades mexicanas y europeas sellaron con bombo y platillo una "asociación estratégica" que, como consecuencia de la violencia desatada en México por las políticas gubernamentales contra el narcotráfico, integra por primera vez un diálogo bilateral en temas de seguridad.
El hecho de que México sufrague completamente el trabajo de dichos expertos europeos choca con la actual política de cooperación de la Comisión Europea con México, la cual estipula que el financiamiento de los proyectos se divide en partes iguales entre el gobierno mexicano y la mencionada institución europea.
Mavromichalis insistió en que el gobierno panista fue el que solicitó expertos europeos en seguridad, por lo que su remuneración correrá a cargo del erario público mexicano. Esta semana, Mavromichalis comunicará al gobierno de México, para su aprobación, el nombre de los expertos, los cuales no quiso revelar.

Críticas

El 6 de mayo pasado, días después del asesinato de los activistas el 27 de abril en San Juan Copala, Hassi y su colega Heidi Hautala, ambas de origen finlandés, se entrevistaron en sus oficinas del Parlamento Europeo con la embajadora Fuentes Beráin.
En ese breve encuentro, la embajadora minimizó el nivel de violencia existente en la región, negó la existencia de grupos paramilitares en México y consideró la agresión contra los activistas una consecuencia de un conflicto interétnico y no político (Proceso 1749).
Pocos días después de que regresaron de México, Hassi y Keller ya habían divulgado por separado reportes internos de su viaje a México tanto en el Parlamento Europeo como en el alemán, país del que proviene Keller.
En esos documentos las legisladoras europeas denunciaron el cerco que mantiene sobre San Juan Copala la organización de corte paramilitar ligada al gobernador Ulises Ruiz, Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Documentaron también graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población, en su mayoría indígenas triquis, sin que el gobierno estatal ni federal intentaran siquiera intervenir, por lo que las eurodiputadas advertían la posibilidad de más hechos de violencia, como finalmente sucedió (Proceso 1765).
Pero a diferencia de esos reportes, el que presentaron la semana pasada lo dirigen, además de las embajadas de Finlandia y Alemania, así como a la representación de la UE en México, al gobierno de Felipe Calderón.
El contenido del nuevo reporte es prácticamente el mismo que los anteriores: éste conserva su fondo crítico y alarmante, aunque se observa una formulación más diplomática de las denuncias.
En la sesión del 16 de septiembre, Hassi se refirió al activista Jyri como extremadamente soñador. Platicó cómo sucedieron los hechos el día de los asesinatos y, en ese sentido, subrayó que las autoridades oaxaqueñas ya tenían información de que la caravana de paz iría a San Juan Copala, pero que aún así "no estuvieron dispuestas a proteger al convoy".
"El caso no está resuelto en absoluto", espetó la exministra de Cooperación de Finlandia.
Posteriormente, Keller señaló que tales asesinatos están forzosamente vinculados con la pésima situación de los derechos humanos en México.
Recordó a los funcionarios mexicanos presentes en la sala que México ha sido denunciado por ese motivo por muchas organizaciones no gubernamentales, instituciones y observadores internacionales.
Keller consideró que la situación en San Juan Copala "es muy complicada y difícil", e identificó a Ubisort como un grupo paramilitar que "de una u otra manera" cuenta con el respaldo del gobierno saliente de Ulises Ruiz, como lo dijo también Hassi.
Narró rápidamente las penurias y los peligros que pasan los habitantes de ese poblado cuando tienen que salir a buscar alimentos o atención médica, así como la carencia del suministro de electricidad y de agua. Contó además que los paramilitares utilizan contra la población civil un tipo de proyectiles expansivos prohibidos por las leyes internacionales.
Y sentenció: "Son muchos los problemas que se tienen que superar. Pero el gobierno federal no interviene, no quiere solucionar esos problemas. Y las autoridades de Oaxaca tampoco hacen nada".
Silencio oficial
Morales respondió que el gobierno de México "lamentaba los hechos acontecidos en San Juan Copala", y que éste "continuaría informando a la opinión pública sobre ese 'acontecimiento'".
Mencionó que las autoridades mexicanas iniciaron "inmediatamente" las investigaciones de los "hechos", y que desde entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa de los avances a las embajadas europeas "interesadas", de manera particular a las de Finlandia y la UE. El funcionario jamás mencionó la palabra "asesinatos".
Morales reprochó la actitud de las eurodiputadas. Recordó a Hassi y Keller que la SRE les ayudó a coordinar su visita a México, "a pesar de lo precipitado y el cortísimo tiempo que tuvimos desde que nos la anunciaron".
Manifestó que las eurodiputadas pudieron entrevistarse sin obstáculos con las autoridades federales, por lo que no podían quejarse de falta de "apoyo y apertura" por parte del gobierno calderonista.
El funcionario presumió que "México practica una política de total y absoluta apertura de monitoreo internacional de derechos humanos". Ese fue el caso, expuso, durante la visita de los padres de Jyri Jaakkola al país del 27 de agosto al 7 de septiembre, quienes se reunieron con las autoridades federales y con el gobernador electo de Oaxaca, Gabino Cué, quien les ofreció "continuar con las investigaciones sobre el fallecimiento" de su hijo, a lo que también se comprometió la PGR, según añadió Morales.
Según él, al final de su visita, los padres de Jyri "manifestaron su satisfacción por los resultados de la misma".
"La posición del gobierno de México --sentenció Morales-- ha sido franca, abierta y permanente en este tema".
El presidente de la delegación europarlamentaria, Ramón Jáuregui, intervino:
--A mí me queda una sola pregunta: ¿hay algún acusado ante la Procuraduría? ¿Hay alguna persona inculpada por estos asesinatos?
--Según mi información, nadie ha sido acusado oficialmente --contestó Hassi.
Los funcionarios mexicanos prefirieron guardar silencio al respecto. Y es que ese era el reclamo central de las eurodiputadas: la impunidad que reina en México.
Grito de horror
GUSTAVO ESTEVA
Todavía hay algo que decir, más allá del lamentable y desangelado espectáculo en que se convirtió la conmemoración. No se ha comentado suficientemente la medida en que las clases políticas se empeñan en caminar hacia atrás, con nostalgia por sus antiguas ilusiones inconfesables.
El Acta Constitutiva de la Federación, aprobada el 31 de enero de 1824 por el primer Congreso Constituyente de México, es la base jurídica del país. Debe reconocerse su valor histórico, tanto por contribuir a la creación del Estado mexicano como por inscribir en él atrocidades que perduran y provocan añoranza.
Nadie se atrevería hoy a defender el artículo 4º: La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Pero muchos hay en la jerarquía política y eclesiástica que resienten como traba insoportable la separación de la Iglesia y el Estado que se logró medio siglo después. Intentan por todos los medios disolverla o al menos debilitarla en los hechos, conscientes de las dificultades de hacer lo mismo en el marco jurídico e institucional.
Dos terceras partes de los flamantes mexicanos pertenecían a pueblos indios cuando nació el Estado mexicano. El Acta Constitutiva se refirió a ellos una sola vez, cuando facultó al Congreso para arreglar el comercio con las naciones extranjeras y tribus de indios. Esta discriminación brutal, que cuando no los trata como extranjeros los clasifica en posición inferior, se mantiene hasta hoy. La contrarreforma constitucional que traicionó los acuerdos de San Andrés prolonga la actitud colonial de los fundadores del nuevo Estado. Siguen empleándose medios legales e ilegales para marginar y acosar a los pueblos indios, particularmente aquellos, como los de comunidades zapatistas, que hacen valer en la práctica su autonomía y la convierten en proyecto político.
En el discurso oficial que el Congreso Constituyente dirigió a los habitantes de la Federación para darles a conocer el fruto de sus trabajos, los emocionados padres de la patria no vacilaron en confesar su delirio: En todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la república feliz de los Estados Unidos del Norte. Era preciso imitarlos para llegar por fin adonde los vecinos habrían arribado: el templo de la felicidad, de la gloria y del reposo.
Los fundadores de México imitaron hasta el nombre de la patria que admiraban: por eso nos llamaron Estados Unidos Mexicanos. Seguramente disfrutaron la confusión que así creaban, pues denominaciones oficialmente atribuidas a los vecinos, como norteamericano o estadunidense, nos incluyen sin remedio. Cuando el país tenía dos veces más territorio y más población que esos vecinos, quienes nos constituyeron como nación independiente no tomaron en cuenta las realidades y aspiraciones de los mexicanos y las redujeron a su propio sueño: ser como esos vecinos del norte. Esta obsesión sólo puede ser satisfecha negando el propio ser, lo que le es propio a las innumerables sangres y culturas que han coexistido en el espacio y tiempo mexicanos.
La obsesión persiste hasta hoy. Cuando Monsiváis hablaba de los norteamericanos nacidos en México no se refería a los hijos de ciudadanos estadunidenses que habían entrado al mundo en territorio mexicano. Exhibía las actitudes de quienes se curaban catarros en Houston y habían convertido la visita a Disneylandia en el ritual de paso de sus hijos. Eran aquellos que soñaban no tan secretamente en que el país entero se convirtiera al fin en una barra o una estrella de la bandera estadunidense. Se dice que cuando un periodista comentó a Carlos Salinas que su proyecto parecía consistir en incorporar México a Norteamérica el presidente respondió satisfecho: Exacto. Sus funcionarios no cesaban de señalar que la única esperanza del país consistía en atarse a la locomotora estadunidense, aunque fuese en el último vagón. Esto es lo que se hace incesantemente desde entonces. Y todos conocemos las consecuencias.
Advirtieron los constituyentes a los flamantes mexicanos que por el “despotismo interior y exterior… la nación puede llegar a un grado de corrupción que la haga incapaz de ser regida por instituciones liberales”. La advertencia se ha cumplido puntualmente y llega en la actualidad a su extremo, al convertirse la transición política en mera transa entre partidos. El desmantelamiento del estado de derecho disuelve cada una de las instituciones de la República hasta convertirlas en humo corrompido y cruel. Algunos las siguen invocando para prolongar su agonía y hacerse de sus restos, antes que arrase todo ello la rebelión que se teje desde las profundidades de la sociedad.
¡Viva Salinas!
JOHN M. ACKERMAN
Del mismo modo en que Manuel Ávila Camacho traicionó el programa e ideario de Lázaro Cárdenas del Río para retornar al caciquismo de Plutarco Elías Calles, Felipe Calderón también se ha propuesto frenar el proceso de democratización y entregar el poder al más retrógrado cacique político del momento: Carlos Salinas. Andrés Manuel López Obrador agregó vivas a los héroes anónimos, a los indígenas, a las mujeres, y a los jóvenes en su arenga desde la Plaza de las Tres Culturas el pasado 15 de septiembre. A Calderón, sin duda, no le faltaron ganas de colocar a Salinas junto a los héroes de la patria en su proclama desde Palacio Nacional.
Habría que discrepar del gran maestro del periodismo nacional, don Miguel Ángel Granados Chapa, cuando afirma que Ernesto Zedillo es el ex presidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo. La comparación más adecuada no tendría que ser con el burócrata gris y corrupto de Zedillo, sino con el gobierno autoritario y represor de Salinas. Si Salinas eliminó la rectoría del Estado en la economía y transformó los monopolios públicos en oligopolios privados para beneficiar a sus amigos y prestanombres, Calderón hoy también beneficia amigos y familiares y auspicia una fantástica concentración de la riqueza nacional en pocas manos. Recordemos que Carlos Slim le debe la acumulación de su fortuna al gobierno de Salinas, y que hoy el millonario se ha convertido en el hombre más rico del mundo bajo el amparo de Calderón.
Si Salinas atacó a campesinos e indígenas con sus ominosas reformas para privatizar el ejido y vender el país con su tratado de libre comercio, hoy Calderón ha emprendido una verdadera cruzada anti-obrera contra electricistas, obreros, mineros, maestros independientes y más recientemente los trabajadores de Mexicana de Aviación.
Ambos presidentes comparten una vocación represora en contra de dirigentes sociales, toleran todo tipo de violaciones a los derechos humanos y solapan de forma cínica la impunidad y la corrupción. Ambos sexenios también se han caracterizado por un masivo derroche de recursos públicos para una populista propaganda gubernamental. Y como colofón ridículo de las coincidencias, las únicas dos ocasiones en que México ha ganado el concurso Miss Universo han sido precisamente durante los sexenios de Salinas y Calderón. La reciente condecoración de Rigoberta Menchú también trae a la memoria los hipócritas elogios que Salinas ofreció a la premio Nobel latinoamericana.
El delfín actual de Salinas, Enrique Peña Nieto, hoy se conduce con una gran soberbia al grado de imponer una contrarreforma electoral en el estado de México, reminiscente de aquella otra de 1989-1990 impulsada por Salinas. Con razón el ex presidente hoy celebra a Calderón: Son tiempos de cambio. Me parece que han sido positivos.
A pesar de las coincidencias, también existe una diferencia fundamental entre Ávila Camacho y Calderón Hinojosa. En la reunión histórica de los ex presidentes del 11 de septiembre de 1942, Ávila Camacho logró conciliar dos polos políticos, Cárdenas desde la izquierda y Calles desde la derecha, con el fin de demostrar la unidad nacional frente a la entrada formal de México en la Segunda Guerra Mundial. En contraste, la reunión del 15 de septiembre pasado convocó a dos ex presidentes, Salinas y Vicente Fox, que comparten una misma ideología y proyecto antipopular. Resulta evidente que la unidad que promueve Calderón no es una unión plural y diversa como la de antaño, sino solamente un cierre de filas entre la misma clase política de siempre, con la notable exclusión de la izquierda política. Aquí Calderón, una vez más, aplica la lección de su maestro de no ver ni oír a un amplio sector de la sociedad.
Entrevistado en Palacio Nacional, Salinas recuperó lo dicho por Ávila Camacho cuando este último declaró aquel 11 de septiembre: Estamos aquí los de ayer y los de hoy; mientras estemos unidos, no habrá enemigo que nos derrote. ¿Quién podría ser hoy el enemigo al que se refiere Salinas? ¿El narcotráfico? Difícil de pensar. ¿La corrupción? Imposible de creer.
Es evidente que el enemigo de hoy sigue siendo el mismo que con toda fuerza en las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 ha expresado su rotundo rechazo al neoliberalismo. El mismo enemigo que en ambas ocasiones tuvo que ser contenido con todo el peso de las instituciones y que desde la pasada década de los ochenta ha sido sistemáticamente excluido del desarrollo nacional: el pueblo de México. Es una lástima que Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo no llegaron al convite de Calderón el pasado 15 de septiembre, ya que hubiera sido magnífico observar reunidos en el mismo balcón a los responsables históricos del actual desastre nacional.
La sociedad no puede seguir tolerando el renovado activismo político del peor presidente que México padeció en el siglo XX. Como bien lo dijo Fox en su campaña presidencial, con Salinillas ni al baño, sólo que aquí Fox volvió a fallar: al menos ya fueron juntos a Palacio Nacional.
Militares sin control
Jorge Carrasco Araizaga

México, DF; 18 de septiembre (Apro).- A diferencia de lo que ocurre en las democracias consolidadas, en México las Fuerzas Armadas gozan de una autonomía que ya quisieran organismos formalmente autónomos, capturados por los intereses políticos y monopólicos o dominantes en los sectores que supuesta regulan y controlan.
Hacedores del sistema político que gobernó con el PRI casi todo siglo XX, los militares se reservaron grandes espacios políticos y de impunidad que generaron no pocos casos de riqueza de su cúpula.La llegada del PAN a la presidencia no representó ningún cambio.
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han sido fieles al proyecto político en turno.Nunca en su historia, los militares mexicanos han sido controlados ni por el Congreso ni por el Poder Judicial.
Por años, hubo militares habilitados como diputados y senadores con el propósito de mantener a las Fuerzas Armadas intocadas, lejos de cualquier escrutinio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación que por años era un “poder de tercera” y no el tercer poder del Estado, y que ahora tanto se presenta a la sociedad como Tribunal Constitucional, no ha querido propiciar ningún control.
Su reciente fallo para darle vuelta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano precisamente por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, es una vergüenza internacional.
Vergonzante también es que sea en el Congreso estadounidense donde Calderón tenga que rendir cuentas de los abusos de los militares.
Atado a la Iniciativa Mérida, Calderón tiene que informar junto con el Departamento de Estado sobre las sanciones impuestas a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos con el pretexto del combate al narcotráfico.
De esos informes depende la entrega de parte de los recursos.Sin autoridad moral para hablar de respeto a los derechos humanos, el Departamento de Estado anunció el 2 de septiembre pasado su intención de liberar cerca de 36 millones de dólares que habían sido retenidos de los recursos comprometidos para el año pasado y el actual.
En ese contexto de escrutinio internacional hay que entender que en julio pasado la secretaría de la Defensa Nacional haya decidido abrir en su página oficial un micrositio sobre derechos humanos, en el que da a conocer, sin precisar, sus cifras sobre militares procesados y sentenciados en este tema, siempre por tribunales castrenses.
No fue una concesión graciosa de transparencia y rendición de cuentas.
La lealtad de los militares con los proyectos políticos sexenales ha sido compensada con impunidad.
Ocurrió con el PRI, que los protegió de los delitos de lesa humanidad que cometieron principal, pero no únicamente, durante los años de la guerra sucia contra la guerrilla urbana y rural.
Se repitió con Vicente Fox, quien decidió no molestar a los militares con investigaciones sobre esos atentados contra la dignidad humana de cientos de personas en todo el país.
Mucho menos, con el establecimiento de responsabilidades. La fiscalía sobre delitos del pasado fue un fiasco.
En tiempos recientes, ningún otro titular del Ejecutivo había usado a los militares tanto como Calderón. Está obligado a dar la cara por sus principales aliados. Al defenderlos, se defiende a sí mismo. Y lo quiere formalizar con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional cuyo propósito es legitimar la participación de los militares en lo que inicialmente definió como “guerra al narcotráfico”.
Ahora llamada “estrategia para la seguridad”, la decisión de Calderón derivó en lo que muchos advirtieron desde el principio: que regresaríamos a los tiempos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
Por décadas, la referencia en este tema siempre fue el Ejército. Ahora, hay que sumar a la Marina.
Ya desde fines del foxismo, los marinos empezaron a tener protagonismo, pero con Calderón los marinos, en particular la infantería de Marina impulsada en este sexenio, han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Hay casos documentados, por lo menos, en Morelos, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.Desde hace meses, Calderón y las Fuerzas Armadas han sometido al Congreso a presión para que aprueben dicha reforma, que al legitimar la presencia militar en tal estrategia garantiza también la impunidad, pues deja intocado el tema central: el control civil hacia los militares.
La reforma propuesta por Calderón y elaborada en los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas se aprobó en el Senado en abril pasado. No como lo querían sus autores.
Aunque fue muy ambigua respecto a la jurisdicción militar y los derechos humanos, a los jefes militares no les gustó.La decisión está en la Cámara de Diputados. Y es ahí donde la presión no cesa.
Primero, para que se apruebe lo antes posible; segundo, para que modifique lo aprobado por el Senado, en especial sobre el control civil de los operativos y la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigados por la justicia ordinaria y no la militar, como ha ocurrido por décadas.
La reforma trasciende al calderonismo, que con ella busca una cobertura legal, incluso de los asesinatos de civiles a manos de militares. Incumbe directamente al PRI.
No sólo por tener una mayoría en la Cámara de Diputados, sino porque de esa manera definirá el tipo de relación que tendrá con el Ejército en los próximos años, sobre todo si regresa a la presidencia de la República en el 2012.
Hechura de los militares de la Revolución Mexicana, es casi seguro que en esta votación el PRI quiera quedar bien con los militares. No por Calderón, sino porque buscan recuperar la lealtad castrense.