LAS REGLAS DEL AUTÓCRATA
22 sep 2010
Peña Nieto: reglas a modo
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 21 de septiembre.- Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan.
La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental.
La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos.
La forma más sencilla de concretar la alianza electoral era, hasta antes de la reforma, la candidatura común, que sí tenía un factor de inequidad (no todos los que señala la iniciativa de reforma) ya que mantenía el acceso del candidato común a radio y televisión de cada uno de los partidos que lo postulaban, es decir, sumaba los tiempos que le correspondían a éstos y no establecía un límite, pues a partir de la reforma del 2007 dichos tiempos ya no forman parte de los topes de gastos de campaña.
Al eliminar la figura de la candidatura común, la única vía para concretar la alianza es la coalición, que en el Código Electoral del Estado de México tiene requisitos que también pueden traducirse en inequidad en la contienda. El código señala que cuando una coalición postule candidato a gobernador del estado, “deberá acreditar ante los órganos del instituto y ante las mesas directivas de casilla tantos representantes como corresponda a uno solo de los partidos coaligados”, lo cual casi obliga a lograr la coalición total, pues los candidatos postulados únicamente por uno de los partidos coaligados no tendrán representación en ninguno de los órganos electorales, ni siquiera en las casillas, ya que la misma la ostentará el candidato de la coalición a gobernador.
Por otra parte, respecto al financiamiento público, asienta que “disfrutará del monto que corresponda a la suma de los montos asignados a cada uno de los partidos coaligados”, y más adelante indica que el convenio de coalición contendrá, “en su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les corresponda, estableciendo cada uno de éstos el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.
Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que el instituto entregará el financiamiento a la coalición, y ésta, a su vez, retendrá la aportación de cada instituto político a la coalición y luego entregará el resto, lo que nuevamente conduce casi inexorablemente a ir en coalición total, pues de lo contrario la demora en la entrega del dinero puede traducirse en retrasos para la realización de las campañas de los candidatos no coaligados.
A nivel nacional, la legislación en esta materia se estableció tras el proceso presidencial de 1988 y tenía como objetivo dificultar, hasta donde fuera posible, la construcción de alianzas entre fuerzas opositoras, para evitar que se repitiera el fenómeno que condujo a la construcción del Frente Democrático Nacional, que en esa elección postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. En el Estado de México, afortunadamente, se habían mantenido las candidaturas comunes, pero en materia de coaliciones se establecieron limitantes incluso mayores a las federales, como la señalada en materia de financiamiento.
Este no es el único obstáculo adicional que establece la Constitución o el código estatal. Otro muy significativo es el incluido en el artículo 12 constitucional, que señala: “Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente”. Este párrafo podría ser utilizado para cerrarles la puerta a candidatos como Mario López Valdez, en Sinaloa, o José Rosas Aispuro, en Durango, que previamente “aspiraron” a ser postulados por el PRI.
Pero estos obstáculos no eran suficientes para enfrentar una elección competida, por lo cual la reforma estrechó aún más los márgenes para la oposición y, por ello, canceló la posibilidad de las candidaturas comunes, al menos por dos razones: una, el impacto para los votantes duros de un partido político es muy distinto si tiene que cruzar un recuadro donde además del logotipo de su partido aparece el de uno de sus principales opositores, lo que es inevitable en el caso de las coaliciones; y dos, como las reglas para las coaliciones casi obligan a postular candidatos a todos los puestos de elección popular, el costo para las dirigencias partidistas se eleva mucho, pues prácticamente obliga a dejar de competir en distritos y municipios donde la contienda se da realmente entre PAN y PRD y no con el PRI.
Así, por una parte, se reducen las posibilidades de que la coalición se concrete al aumentar las dificultades; y en caso de que se lograra, impacta directamente sobre los votantes, particularmente los más duros, que eventualmente pasan a las filas del abstencionismo.
Todavía eso no brindaba suficientes garantías y, por ello, se incorporaron otras reformas, como la reducción del periodo de las campañas electorales de 90 a 45 días en el caso del candidato a gobernador, y de 60 a 35 para diputados locales y ayuntamientos. Esta reforma tiene un doble impacto: por una parte, le permite al gobernador en funciones mantener su propaganda gubernamental 45 días más; y, por el otro, reduce sustancialmente las posibilidades de un candidato de la alianza opositora sin mucho posicionamiento en Edomex, pues no tendrá el tiempo suficiente para hacerlo, especialmente porque también se redujo el tiempo de las precampañas a únicamente 10 días. Así, la presencia de los candidatos se limita a sólo 55 días, ni siquiera dos meses, en un estado con 125 municipios y casi 10 millones y medio de electores.
Tampoco esto era suficiente, y en el caso de que lograsen concretar la alianza y el candidato fuese popular, todavía había que estrecharle más su margen de maniobra, y esto se logra con otra iniciativa dirigida a reducir y limitar el destino del financiamiento público para la obtención del voto. La reducción en realidad es menor, pues la legislación del Estado de México es muy generosa y actualmente establece que para dichas actividades se otorgará a los partidos políticos una cantidad equivalente al doble del que reciben para actividades ordinarias, es decir, 200% más, y lo reduce a 190%.
Pero adicionalmente se establece que dicho financiamiento debe “aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate”, lo cual eventualmente lo reducirá todavía más, dado que el límite de gastos de campaña puede ser inferior a la suma de los recursos que por dicha modalidad recibirán los partidos coaligados, lo cual obligaría a regresar dicho dinero.
Peña Nieto sabe de sobra el impacto que tendría sobre sus aspiraciones presidenciales una eventual derrota en la contienda electoral del 3 de julio del 2011, y, por ello, no está dispuesto a correr ningún riesgo. Así, por lo pronto, colocó en las normas constitucionales y legales las disposiciones necesarias para asegurar al candidato de su partido condiciones ventajosas o, al menos, no tan competitivas.
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 21 de septiembre.- Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan.
La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental.
La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos.
La forma más sencilla de concretar la alianza electoral era, hasta antes de la reforma, la candidatura común, que sí tenía un factor de inequidad (no todos los que señala la iniciativa de reforma) ya que mantenía el acceso del candidato común a radio y televisión de cada uno de los partidos que lo postulaban, es decir, sumaba los tiempos que le correspondían a éstos y no establecía un límite, pues a partir de la reforma del 2007 dichos tiempos ya no forman parte de los topes de gastos de campaña.
Al eliminar la figura de la candidatura común, la única vía para concretar la alianza es la coalición, que en el Código Electoral del Estado de México tiene requisitos que también pueden traducirse en inequidad en la contienda. El código señala que cuando una coalición postule candidato a gobernador del estado, “deberá acreditar ante los órganos del instituto y ante las mesas directivas de casilla tantos representantes como corresponda a uno solo de los partidos coaligados”, lo cual casi obliga a lograr la coalición total, pues los candidatos postulados únicamente por uno de los partidos coaligados no tendrán representación en ninguno de los órganos electorales, ni siquiera en las casillas, ya que la misma la ostentará el candidato de la coalición a gobernador.
Por otra parte, respecto al financiamiento público, asienta que “disfrutará del monto que corresponda a la suma de los montos asignados a cada uno de los partidos coaligados”, y más adelante indica que el convenio de coalición contendrá, “en su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les corresponda, estableciendo cada uno de éstos el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.
Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que el instituto entregará el financiamiento a la coalición, y ésta, a su vez, retendrá la aportación de cada instituto político a la coalición y luego entregará el resto, lo que nuevamente conduce casi inexorablemente a ir en coalición total, pues de lo contrario la demora en la entrega del dinero puede traducirse en retrasos para la realización de las campañas de los candidatos no coaligados.
A nivel nacional, la legislación en esta materia se estableció tras el proceso presidencial de 1988 y tenía como objetivo dificultar, hasta donde fuera posible, la construcción de alianzas entre fuerzas opositoras, para evitar que se repitiera el fenómeno que condujo a la construcción del Frente Democrático Nacional, que en esa elección postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. En el Estado de México, afortunadamente, se habían mantenido las candidaturas comunes, pero en materia de coaliciones se establecieron limitantes incluso mayores a las federales, como la señalada en materia de financiamiento.
Este no es el único obstáculo adicional que establece la Constitución o el código estatal. Otro muy significativo es el incluido en el artículo 12 constitucional, que señala: “Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente”. Este párrafo podría ser utilizado para cerrarles la puerta a candidatos como Mario López Valdez, en Sinaloa, o José Rosas Aispuro, en Durango, que previamente “aspiraron” a ser postulados por el PRI.
Pero estos obstáculos no eran suficientes para enfrentar una elección competida, por lo cual la reforma estrechó aún más los márgenes para la oposición y, por ello, canceló la posibilidad de las candidaturas comunes, al menos por dos razones: una, el impacto para los votantes duros de un partido político es muy distinto si tiene que cruzar un recuadro donde además del logotipo de su partido aparece el de uno de sus principales opositores, lo que es inevitable en el caso de las coaliciones; y dos, como las reglas para las coaliciones casi obligan a postular candidatos a todos los puestos de elección popular, el costo para las dirigencias partidistas se eleva mucho, pues prácticamente obliga a dejar de competir en distritos y municipios donde la contienda se da realmente entre PAN y PRD y no con el PRI.
Así, por una parte, se reducen las posibilidades de que la coalición se concrete al aumentar las dificultades; y en caso de que se lograra, impacta directamente sobre los votantes, particularmente los más duros, que eventualmente pasan a las filas del abstencionismo.
Todavía eso no brindaba suficientes garantías y, por ello, se incorporaron otras reformas, como la reducción del periodo de las campañas electorales de 90 a 45 días en el caso del candidato a gobernador, y de 60 a 35 para diputados locales y ayuntamientos. Esta reforma tiene un doble impacto: por una parte, le permite al gobernador en funciones mantener su propaganda gubernamental 45 días más; y, por el otro, reduce sustancialmente las posibilidades de un candidato de la alianza opositora sin mucho posicionamiento en Edomex, pues no tendrá el tiempo suficiente para hacerlo, especialmente porque también se redujo el tiempo de las precampañas a únicamente 10 días. Así, la presencia de los candidatos se limita a sólo 55 días, ni siquiera dos meses, en un estado con 125 municipios y casi 10 millones y medio de electores.
Tampoco esto era suficiente, y en el caso de que lograsen concretar la alianza y el candidato fuese popular, todavía había que estrecharle más su margen de maniobra, y esto se logra con otra iniciativa dirigida a reducir y limitar el destino del financiamiento público para la obtención del voto. La reducción en realidad es menor, pues la legislación del Estado de México es muy generosa y actualmente establece que para dichas actividades se otorgará a los partidos políticos una cantidad equivalente al doble del que reciben para actividades ordinarias, es decir, 200% más, y lo reduce a 190%.
Pero adicionalmente se establece que dicho financiamiento debe “aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate”, lo cual eventualmente lo reducirá todavía más, dado que el límite de gastos de campaña puede ser inferior a la suma de los recursos que por dicha modalidad recibirán los partidos coaligados, lo cual obligaría a regresar dicho dinero.
Peña Nieto sabe de sobra el impacto que tendría sobre sus aspiraciones presidenciales una eventual derrota en la contienda electoral del 3 de julio del 2011, y, por ello, no está dispuesto a correr ningún riesgo. Así, por lo pronto, colocó en las normas constitucionales y legales las disposiciones necesarias para asegurar al candidato de su partido condiciones ventajosas o, al menos, no tan competitivas.
En Guerrero, duelo de priistas: mismos genes, mismas filias, mismos vicios
Gloria Leticia Díaz
La primera elección de gobernador para el próximo año será en Guerrero, donde el PRD tuvo que apechugar la designación de Ángel Heladio Aguirre Rivero como candidato de su coalición. De esta manera los guerrerenses deberán votar por el candidato priista Manuel Añorve, un representante de los exgobernadores Rubén Figueroa y René Juárez que además está bajo sospecha de corrupción, o por Aguirre, el expriista resentido que contribuyó a hacer de su estado una tumba de perredistas y de luchadores sociales.
ACAPULCO, GRO., 21 de septiembre (Proceso).- Comparten genes e historia: han sido aliados y beneficiarios del poder. Ahora el exalcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños aspira a gobernar el estado desde el PRI, con el aval de los exmandatarios Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, y el exgobernador sustituto de Figueroa, Ángel Heladio Aguirre Rivero, pretende lo mismo por la coalición Guerrero Nos Une (PRD, PT y Convergencia).
Son primos y son originarios de Ometepec. El primero sigue bajo señalamientos de corrupción; el segundo, de represión, y constituyen las opciones que al parecer tendrán los guerrerenses en la elección del 30 de enero de 2011.
El 6 de agosto se anunció que los exgobernadores guerrerenses respaldaban al alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, cercano a Manlio Fabio Beltrones. En consecuencia, el 25 de ese mes el senador Aguirre Rivero renunció al PRI, donde tenía 30 años de militancia, para aceptar la candidatura de los partidos de la coalición, que a nivel nacional integran el Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia).
Las historias de Aguirre, de 54 años, y de Añorve, de 53, están enlazadas por sus orígenes en Ometepec y por su carrera política. Vinculado al gobernador Alejandro Cervantes Delgado, de quien fue secretario general de Gobierno a los 28 años, Aguirre le abrió las puertas a Añorve, quien bajo su cobijo fue subsecretario de Trabajo, delegado de Banobras, síndico municipal de Acapulco, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), secretario de Finanzas del gobierno de Aguirre, alcalde de Acapulco sustituto de Juan Salgado Tenorio –depuesto por la tragedia del huracán Paulina–, precandidato del PRI a la gubernatura y diputado local y federal.
Durante su campaña por la alcaldía de Acapulco en 2008, Añorve Baños contó igualmente con el apoyo de Enrique Peña Nieto, gracias a las gestiones de su primo Aguirre Rivero, quien es amigo del gobernador mexiquense. Finalmente los contrapuso su afán de gobernar Guerrero.
Desde el 6 de agosto el presidente de Convergencia, Luis Walton, empezó a operar la candidatura de Aguirre luego de que, tras tres elecciones perdidas –dos para alcalde y una para diputado federal–, el exgobernador rechazó encabezar a Guerrero Nos Une. Entre tanto, los tres aspirantes más fuertes a la candidatura del PRD (los senadores Lázaro Mazón Alonso y David Jiménez Rumbo, así como el diputado federal Armando Ríos Piter) no se ponían de acuerdo para designar un candidato de unidad.
Los primeros vetaron al mejor posicionado en las encuestas internas, Ríos Piter, porque sólo tiene dos años de militancia en el PRD y presuntamente es apadrinado por el gobernador Zeferino Torreblanca, de quien fue secretario de Desarrollo Rural.
El 28 de agosto, Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, reconoció en conferencia de prensa que si bien “hay cuadros de peso” en el PRD, se percibe “un deterioro de la izquierda en Guerrero”, por lo cual “fue a propuesta de los propios (pre) candidatos que se adoptó la decisión de que por una encuesta se decidiera el candidato”.
Pero la medición ya estaba hecha. El 24 de agosto el diario El Sur publicó los resultados que les presentó el presidente del PRD, Jesús Ortega, a los aspirantes: Ángel Aguirre, 20% de las preferencias; Ríos Piter, 15%; Jiménez Rumbo, 7%; y Lázaro Mazón, 1%.
El domingo 5 y el lunes 13 pasados, Ángel Aguirre fue designado candidato del PRD y de Convergencia respectivamente, mientras que el PT esperaría hasta el 20 de septiembre para firmar el acuerdo de coalición. Al acto del PRD en Acapulco asistió el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
La postulación de Aguirre como candidato del Dia desató la furia del gobernador Torreblanca, quien en entrevistas radiofónicas y conferencias de prensa llamó “PRD, S.A. de C.V.”, al partido que lo llevó al gobierno, calificó a sus dirigentes de “come mierdas”, bandoleros, mercenarios, cínicos y “etílicos, que antes salían de Casa Guerrero con las bolsas llenas de dinero hasta que se les caían”.
Para el diputado federal Armando Ríos Piter, esa reacción de Torreblanca es la principal prueba de que él nunca tuvo su apoyo. El legislador dijo en entrevista que el gobernador “siempre se mantuvo al margen, lo que se leyó como un apoyo implícito a Manuel Añorve, y ahora, con los discursos que ha dado, con los planteamientos que ha dado, ratifica esa sensación”.
Ya integrado a la campaña de Aguirre Rivero, Ríos Piter responsabiliza a Torreblanca de la crisis del PRD estatal por no “armonizar” su administración con el proyecto social de izquierda y por mantener en la impunidad crímenes políticos, como el asesinato de Armando Chavarría Barrera, coordinador del Congreso local, “que fue un contrapeso importante para el gobierno de Zeferino”.
Otros casos pendientes son los de “una persona cercana al gobernador, Jorge Bajos, diputado local por el PAN; del presidente de la Comisión de Presupuesto, Rey Hernández, diputado por el PT… asesinatos que no han tenido una explicación clara y contundente frente a la ciudadanía”, dijo Ríos Piter.
Perfil represor
Manuel Añorve formalizó su candidatura en el PRI el domingo 12, ante la dirigencia nacional en pleno y en presencia de los exgobernadores Rubén Figueroa y René Juárez. Tres días después, el miércoles 15, la presidenta nacional, Beatriz Paredes, anunció que el 30 de enero de 2011 su partido vencerá no a la oposición sino “a la traición”, y sin mencionar su nombre dijo que “hubo un senador que dijo que estaba bien que (el candidato del PRI) fuera Manuel Añorve y que después se echó para atrás”.
Lo cierto es que el 9 de marzo de 1997, en la celebración del 68 aniversario del PRI, el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero pontificó ante sus correligionarios:
“Ante la ausencia de cuadros (los partidos de oposición) recogen la bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y nada tienen que ver con la democracia.”
Hoy, como candidato de la coalición Guerrero Nos Une, Aguirre ofrece a los dirigentes que lo postulan altos cargos en su administración: “Yo no les daré la dirección de panteones”, dijo el 5 de septiembre al asumir la candidatura del PRD, en alusión al único nombramiento que le cedió Torreblanca al partido durante su gobierno en Acapulco, de 1999 a 2002.
Como prueba de su buena relación con la izquierda, Aguirre recordó que como gobernador sustituto de Rubén Figueroa, depuesto como secuela de la matanza de Aguas Blancas, él integró al perredista Aurelio Peñaloza como segundo subprocurador y a Heriberto Noriega Cantú, del extinto PPS, como secretario de Desarrollo Social.
En aquel entonces dichos nombramientos fueron criticados porque Peñaloza y Noriega fueron cercanos a José Francisco Ruiz Massieu y Rubén Figueroa Alcocer (Proceso 1011). De hecho, los tres años de gobierno de Aguirre no fueron precisamente tranquilos para el PRD y los movimientos sociales.
En los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos del PRD nacional hay cinco cajas de expedientes de sus militantes asesinados, y 60 de ellos corresponden al periodo de Aguirre Rivero. La cifra no incluye a los 11 campesinos mixtecos a los que un grupo de militares acribilló en El Charco cuando estaban dormidos, el 7 de junio de 1998.
La lista de perredistas asesinados durante el gobierno de Aguirre se inició el 23 de marzo de 1996 con Ángel Fierro Martínez, en Atoyac, y cerró el 4 de marzo de 1999 en Zirándaro, con Aurelio Peñaloza García, precisamente el que fuera segundo subprocurador.
Uno los dirigentes del PRD que se resiste a aceptar la candidatura del exgobernador es Eloy Cisneros Guillén, quien no olvida el 6 de marzo de 1990, cuando policías del estado desalojaron violentamente a más de 100 perredistas que tomaron el palacio municipal de Ometepec: “A mí me golpearon brutalmente y me encerraron en el penal de Acapulco. Dos compañeros desaparecieron: Daniel López Álvarez y Daniel de la Cruz Zacapala, mientras que Román, hermano de Andrés, fue asesinado”.
En entrevista, el catedrático responsabiliza políticamente a Aguirre Rivero por esos hechos, ya que en 1990 era coordinador del PRI en la Costa Chica. De entonces a ahora no pudo volverse democrático, opina: “Nadie puede cambiar de la noche a la mañana. No puede haber sido lo peor mientras estaba en el PRI y ahora que se viene con nosotros ser de lo mejor”.
En tanto, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, recuerda en entrevista que, tras la aparición del EPR en junio de 1996, creció la presencia militar en Guerrero y con ella las violaciones a los derechos humanos.
“El gobierno de Aguirre declaró la guerra a las organizaciones sociales porque estaba apoyando la estrategia bélica; se atacó a comunidades y a organizaciones en Ahuactozingo, Coyuca de Benítez, Olinalá, Petatlán, Metlatónoc… Se fue configurando un escenario donde el Ejército tomó el control en contra de las organizaciones sociales y Aguirre simplemente se supeditó a la guerra contrainsurgente, donde el punto álgido fue la masacre de El Charco.”
En los informes anuales de esta organización correspondientes a 1997, 1998 y 1999 se da cuenta de decenas de abusos cometidos por militares contra indígenas, algunos de los cuales fueron retomados en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, los activistas de la Federación Internacional de Derechos Humanos Vilma Núñez de Escorcia y Benjamín Cuéllar Martínez fueron expulsados de México el 20 de abril de 1997, después de entrevistarse con 12 presos políticos en días anteriores. En mayo de ese año el relator especial de la ONU contra la tortura, Nigel Rodley, recibió 23 denuncias contra miembros del Ejército, y el 6 diciembre siguiente se le impidió entrar al penal de Acapulco a un grupo de activistas de la Federación Latinoamericana de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos (Fedefam) que pretendía entrevistarse con reclusos (El Sur, números 675, 682 y 710).
En mayo de 1998, en una entrevista con Juan Angulo Osorio, director de El Sur, Aguirre Rivero atribuyó las denuncias contra militares a “una estrategia del PRD”. Añadió: “No vamos a caer en su juego, no vamos a caer en ese señuelo que nos quieren poner para que a la gente la confundan diciendo que el Ejército está atentando”.
En el acto donde fue nombrado candidato de la coalición,el exgobernador se refirió a la masacre de El Charco: “Fue un asunto federal, nada tuvo que ver el gobierno del estado, y yo me seguiré sometiendo al escrutinio de la ciudadanía de Guerrero. Yo he ofrecido, precisamente porque no tengo nada que ocultar ni nada de qué preocuparme, que se pueda formar la comisión de la verdad”.
Derroche en autopromoción
Calles destrozadas, baches, obras inconclusas, presunta malversación de fondos y desvío de recursos públicos es el saldo de los 19 meses de la administración de Manuel Añorve Baños en Acapulco.
Antes de dejar la presidencia municipal, el 26 de abril de 2010 fue denunciado por el regidor Daniel Cahua López, de Convergencia, por desviar fondos de aportaciones federales para el combate a la pobreza a la construcción del paso elevado Bicentenario, en la zona urbana del puerto.
La denuncia ante la Secretaría de la Función Pública –folio 2937578, de la cual Proceso tiene copia– establece que el 30 de septiembre de 2009 la mayoría del cabildo aprobó la propuesta de Añorve para solicitar un crédito por 218 millones de pesos a Banobras, como un adelanto de los fondos federales que el municipio debía recibir en enero pasado.
En entrevista, Cahua señala que en diciembre Banobras entregó ese monto, pero que Añorve lo invirtió en otro rubro: en marzo se adjudicó la obra del Paso Bicentenario a la empresa Servicios y Elementos Presforzados, S.A. de C.V., contratada desde que gobernaba René Juárez para construir puentes en Chilpancingo. “Por el retraso de la obra ahora se deben, además de los 218 millones, otros 13 millones de intereses a Banobras. Lo peor es que se comprometieron recursos que estaban etiquetados para hacer obras en zonas de alta marginalidad, de las que sobran en Acapulco”.
Víctor Jorrín, diputado local de Convergencia, apunta en entrevista por separado que la explicación que recibió de Añorve sobre el desvío de los recursos federales es que “la gente pobre de Acapulco, que vive en 70% de las 400 colonias del puerto, iba a ahorrar de 20 a 25 minutos para llegar a su trabajo”.
A decir de Cahua, a la deuda de 218 millones más intereses se suma otra por 140 millones, solicitada por la CAPAMA también a Banobras y en la que el ayuntamiento aparece como aval, toda vez que la empresa paramunicipal no es sujeto de crédito por la crisis en que se encuentra desde 1997, cuando Añorve era su director.
Ambos militantes de Convergencia comentan que Añorve buscaba ser candidato a gobernador desde que llegó al gobierno municipal. Jorrín lo atribuye a que se dio cuenta de que “la izquierda llegó dividida”. Parte de la estrategia de Añorve fue destinar dinero a los medios de comunicación y cooptar por lo menos a seis regidores de Convergencia y del PRD, que abandonaron a sus fracciones para apoyar al alcalde.
Dentro del presupuesto de mil 600 millones de pesos para 2010, dice Cahua, “el cabildo le aprobó (a Añorve) 100 millones de pesos para la prensa, y en 2009 fueron 76 millones, mientras que en el último año de gobierno de Félix Salgado fueron 32 millones (para el mismo rubro)”.
Para el regidor, el dinero asignado a promover la imagen de Añorve contrasta con lo poco que se le dio a los programas de salud: “En un informe que nos dio el exsecretario de Salud, Rafael Aguirre Rivero –hermano de Ángel–, nos dijo que para combatir el dengue pidió un presupuesto de 15 millones de pesos, que el gobierno de Añorve sólo le aprobó 800 mil pesos y que finalmente nomás le dieron 200 mil. No se sabe qué pasó con los 600 mil pesos”.
El diputado Jarrín –a quien el ayuntamiento demandó penalmente por encabezar una manifestación el pasado 31 de julio– critica los recorridos de Añorve por todo el estado, “supuestamente para promover el turismo. Así justificó su visita a La Montaña: iba a invitar a los indígenas, los más pobres del estado y hasta del país, a venir a turistear a Acapulco”.
Ello sin contar con el regalo de contenedores de basura a varios municipios, el apadrinamiento de fiestas religiosas y el envío de personal del DIF acapulqueño a los municipios para operar el proyecto Escuela para Padres.
“Fue muy obvio el esquema de autopromoción de Añorve; a él le correspondía cumplir con su (promesa de) campaña, en la que ofreció un Acapulco de 10. Ahora la gente dice que sí dejó un Acapulco de 10: de 10 baches, de 10 asaltos, de 10 asesinatos, todo negativo”, concluye Jorrín.
En la memoria de los acapulqueños prevalece la imagen de un Manuel Añorve que, a codazos, se abre paso hasta quedar detrás de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006 para respaldarlo en su toma de posesión, mientras en las tribunas lo repudiaban legisladores de la coalición Por el Bien de Todos.
Gloria Leticia Díaz
La primera elección de gobernador para el próximo año será en Guerrero, donde el PRD tuvo que apechugar la designación de Ángel Heladio Aguirre Rivero como candidato de su coalición. De esta manera los guerrerenses deberán votar por el candidato priista Manuel Añorve, un representante de los exgobernadores Rubén Figueroa y René Juárez que además está bajo sospecha de corrupción, o por Aguirre, el expriista resentido que contribuyó a hacer de su estado una tumba de perredistas y de luchadores sociales.
ACAPULCO, GRO., 21 de septiembre (Proceso).- Comparten genes e historia: han sido aliados y beneficiarios del poder. Ahora el exalcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños aspira a gobernar el estado desde el PRI, con el aval de los exmandatarios Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, y el exgobernador sustituto de Figueroa, Ángel Heladio Aguirre Rivero, pretende lo mismo por la coalición Guerrero Nos Une (PRD, PT y Convergencia).
Son primos y son originarios de Ometepec. El primero sigue bajo señalamientos de corrupción; el segundo, de represión, y constituyen las opciones que al parecer tendrán los guerrerenses en la elección del 30 de enero de 2011.
El 6 de agosto se anunció que los exgobernadores guerrerenses respaldaban al alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, cercano a Manlio Fabio Beltrones. En consecuencia, el 25 de ese mes el senador Aguirre Rivero renunció al PRI, donde tenía 30 años de militancia, para aceptar la candidatura de los partidos de la coalición, que a nivel nacional integran el Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia).
Las historias de Aguirre, de 54 años, y de Añorve, de 53, están enlazadas por sus orígenes en Ometepec y por su carrera política. Vinculado al gobernador Alejandro Cervantes Delgado, de quien fue secretario general de Gobierno a los 28 años, Aguirre le abrió las puertas a Añorve, quien bajo su cobijo fue subsecretario de Trabajo, delegado de Banobras, síndico municipal de Acapulco, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), secretario de Finanzas del gobierno de Aguirre, alcalde de Acapulco sustituto de Juan Salgado Tenorio –depuesto por la tragedia del huracán Paulina–, precandidato del PRI a la gubernatura y diputado local y federal.
Durante su campaña por la alcaldía de Acapulco en 2008, Añorve Baños contó igualmente con el apoyo de Enrique Peña Nieto, gracias a las gestiones de su primo Aguirre Rivero, quien es amigo del gobernador mexiquense. Finalmente los contrapuso su afán de gobernar Guerrero.
Desde el 6 de agosto el presidente de Convergencia, Luis Walton, empezó a operar la candidatura de Aguirre luego de que, tras tres elecciones perdidas –dos para alcalde y una para diputado federal–, el exgobernador rechazó encabezar a Guerrero Nos Une. Entre tanto, los tres aspirantes más fuertes a la candidatura del PRD (los senadores Lázaro Mazón Alonso y David Jiménez Rumbo, así como el diputado federal Armando Ríos Piter) no se ponían de acuerdo para designar un candidato de unidad.
Los primeros vetaron al mejor posicionado en las encuestas internas, Ríos Piter, porque sólo tiene dos años de militancia en el PRD y presuntamente es apadrinado por el gobernador Zeferino Torreblanca, de quien fue secretario de Desarrollo Rural.
El 28 de agosto, Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, reconoció en conferencia de prensa que si bien “hay cuadros de peso” en el PRD, se percibe “un deterioro de la izquierda en Guerrero”, por lo cual “fue a propuesta de los propios (pre) candidatos que se adoptó la decisión de que por una encuesta se decidiera el candidato”.
Pero la medición ya estaba hecha. El 24 de agosto el diario El Sur publicó los resultados que les presentó el presidente del PRD, Jesús Ortega, a los aspirantes: Ángel Aguirre, 20% de las preferencias; Ríos Piter, 15%; Jiménez Rumbo, 7%; y Lázaro Mazón, 1%.
El domingo 5 y el lunes 13 pasados, Ángel Aguirre fue designado candidato del PRD y de Convergencia respectivamente, mientras que el PT esperaría hasta el 20 de septiembre para firmar el acuerdo de coalición. Al acto del PRD en Acapulco asistió el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
La postulación de Aguirre como candidato del Dia desató la furia del gobernador Torreblanca, quien en entrevistas radiofónicas y conferencias de prensa llamó “PRD, S.A. de C.V.”, al partido que lo llevó al gobierno, calificó a sus dirigentes de “come mierdas”, bandoleros, mercenarios, cínicos y “etílicos, que antes salían de Casa Guerrero con las bolsas llenas de dinero hasta que se les caían”.
Para el diputado federal Armando Ríos Piter, esa reacción de Torreblanca es la principal prueba de que él nunca tuvo su apoyo. El legislador dijo en entrevista que el gobernador “siempre se mantuvo al margen, lo que se leyó como un apoyo implícito a Manuel Añorve, y ahora, con los discursos que ha dado, con los planteamientos que ha dado, ratifica esa sensación”.
Ya integrado a la campaña de Aguirre Rivero, Ríos Piter responsabiliza a Torreblanca de la crisis del PRD estatal por no “armonizar” su administración con el proyecto social de izquierda y por mantener en la impunidad crímenes políticos, como el asesinato de Armando Chavarría Barrera, coordinador del Congreso local, “que fue un contrapeso importante para el gobierno de Zeferino”.
Otros casos pendientes son los de “una persona cercana al gobernador, Jorge Bajos, diputado local por el PAN; del presidente de la Comisión de Presupuesto, Rey Hernández, diputado por el PT… asesinatos que no han tenido una explicación clara y contundente frente a la ciudadanía”, dijo Ríos Piter.
Perfil represor
Manuel Añorve formalizó su candidatura en el PRI el domingo 12, ante la dirigencia nacional en pleno y en presencia de los exgobernadores Rubén Figueroa y René Juárez. Tres días después, el miércoles 15, la presidenta nacional, Beatriz Paredes, anunció que el 30 de enero de 2011 su partido vencerá no a la oposición sino “a la traición”, y sin mencionar su nombre dijo que “hubo un senador que dijo que estaba bien que (el candidato del PRI) fuera Manuel Añorve y que después se echó para atrás”.
Lo cierto es que el 9 de marzo de 1997, en la celebración del 68 aniversario del PRI, el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero pontificó ante sus correligionarios:
“Ante la ausencia de cuadros (los partidos de oposición) recogen la bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y nada tienen que ver con la democracia.”
Hoy, como candidato de la coalición Guerrero Nos Une, Aguirre ofrece a los dirigentes que lo postulan altos cargos en su administración: “Yo no les daré la dirección de panteones”, dijo el 5 de septiembre al asumir la candidatura del PRD, en alusión al único nombramiento que le cedió Torreblanca al partido durante su gobierno en Acapulco, de 1999 a 2002.
Como prueba de su buena relación con la izquierda, Aguirre recordó que como gobernador sustituto de Rubén Figueroa, depuesto como secuela de la matanza de Aguas Blancas, él integró al perredista Aurelio Peñaloza como segundo subprocurador y a Heriberto Noriega Cantú, del extinto PPS, como secretario de Desarrollo Social.
En aquel entonces dichos nombramientos fueron criticados porque Peñaloza y Noriega fueron cercanos a José Francisco Ruiz Massieu y Rubén Figueroa Alcocer (Proceso 1011). De hecho, los tres años de gobierno de Aguirre no fueron precisamente tranquilos para el PRD y los movimientos sociales.
En los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos del PRD nacional hay cinco cajas de expedientes de sus militantes asesinados, y 60 de ellos corresponden al periodo de Aguirre Rivero. La cifra no incluye a los 11 campesinos mixtecos a los que un grupo de militares acribilló en El Charco cuando estaban dormidos, el 7 de junio de 1998.
La lista de perredistas asesinados durante el gobierno de Aguirre se inició el 23 de marzo de 1996 con Ángel Fierro Martínez, en Atoyac, y cerró el 4 de marzo de 1999 en Zirándaro, con Aurelio Peñaloza García, precisamente el que fuera segundo subprocurador.
Uno los dirigentes del PRD que se resiste a aceptar la candidatura del exgobernador es Eloy Cisneros Guillén, quien no olvida el 6 de marzo de 1990, cuando policías del estado desalojaron violentamente a más de 100 perredistas que tomaron el palacio municipal de Ometepec: “A mí me golpearon brutalmente y me encerraron en el penal de Acapulco. Dos compañeros desaparecieron: Daniel López Álvarez y Daniel de la Cruz Zacapala, mientras que Román, hermano de Andrés, fue asesinado”.
En entrevista, el catedrático responsabiliza políticamente a Aguirre Rivero por esos hechos, ya que en 1990 era coordinador del PRI en la Costa Chica. De entonces a ahora no pudo volverse democrático, opina: “Nadie puede cambiar de la noche a la mañana. No puede haber sido lo peor mientras estaba en el PRI y ahora que se viene con nosotros ser de lo mejor”.
En tanto, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, recuerda en entrevista que, tras la aparición del EPR en junio de 1996, creció la presencia militar en Guerrero y con ella las violaciones a los derechos humanos.
“El gobierno de Aguirre declaró la guerra a las organizaciones sociales porque estaba apoyando la estrategia bélica; se atacó a comunidades y a organizaciones en Ahuactozingo, Coyuca de Benítez, Olinalá, Petatlán, Metlatónoc… Se fue configurando un escenario donde el Ejército tomó el control en contra de las organizaciones sociales y Aguirre simplemente se supeditó a la guerra contrainsurgente, donde el punto álgido fue la masacre de El Charco.”
En los informes anuales de esta organización correspondientes a 1997, 1998 y 1999 se da cuenta de decenas de abusos cometidos por militares contra indígenas, algunos de los cuales fueron retomados en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, los activistas de la Federación Internacional de Derechos Humanos Vilma Núñez de Escorcia y Benjamín Cuéllar Martínez fueron expulsados de México el 20 de abril de 1997, después de entrevistarse con 12 presos políticos en días anteriores. En mayo de ese año el relator especial de la ONU contra la tortura, Nigel Rodley, recibió 23 denuncias contra miembros del Ejército, y el 6 diciembre siguiente se le impidió entrar al penal de Acapulco a un grupo de activistas de la Federación Latinoamericana de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos (Fedefam) que pretendía entrevistarse con reclusos (El Sur, números 675, 682 y 710).
En mayo de 1998, en una entrevista con Juan Angulo Osorio, director de El Sur, Aguirre Rivero atribuyó las denuncias contra militares a “una estrategia del PRD”. Añadió: “No vamos a caer en su juego, no vamos a caer en ese señuelo que nos quieren poner para que a la gente la confundan diciendo que el Ejército está atentando”.
En el acto donde fue nombrado candidato de la coalición,el exgobernador se refirió a la masacre de El Charco: “Fue un asunto federal, nada tuvo que ver el gobierno del estado, y yo me seguiré sometiendo al escrutinio de la ciudadanía de Guerrero. Yo he ofrecido, precisamente porque no tengo nada que ocultar ni nada de qué preocuparme, que se pueda formar la comisión de la verdad”.
Derroche en autopromoción
Calles destrozadas, baches, obras inconclusas, presunta malversación de fondos y desvío de recursos públicos es el saldo de los 19 meses de la administración de Manuel Añorve Baños en Acapulco.
Antes de dejar la presidencia municipal, el 26 de abril de 2010 fue denunciado por el regidor Daniel Cahua López, de Convergencia, por desviar fondos de aportaciones federales para el combate a la pobreza a la construcción del paso elevado Bicentenario, en la zona urbana del puerto.
La denuncia ante la Secretaría de la Función Pública –folio 2937578, de la cual Proceso tiene copia– establece que el 30 de septiembre de 2009 la mayoría del cabildo aprobó la propuesta de Añorve para solicitar un crédito por 218 millones de pesos a Banobras, como un adelanto de los fondos federales que el municipio debía recibir en enero pasado.
En entrevista, Cahua señala que en diciembre Banobras entregó ese monto, pero que Añorve lo invirtió en otro rubro: en marzo se adjudicó la obra del Paso Bicentenario a la empresa Servicios y Elementos Presforzados, S.A. de C.V., contratada desde que gobernaba René Juárez para construir puentes en Chilpancingo. “Por el retraso de la obra ahora se deben, además de los 218 millones, otros 13 millones de intereses a Banobras. Lo peor es que se comprometieron recursos que estaban etiquetados para hacer obras en zonas de alta marginalidad, de las que sobran en Acapulco”.
Víctor Jorrín, diputado local de Convergencia, apunta en entrevista por separado que la explicación que recibió de Añorve sobre el desvío de los recursos federales es que “la gente pobre de Acapulco, que vive en 70% de las 400 colonias del puerto, iba a ahorrar de 20 a 25 minutos para llegar a su trabajo”.
A decir de Cahua, a la deuda de 218 millones más intereses se suma otra por 140 millones, solicitada por la CAPAMA también a Banobras y en la que el ayuntamiento aparece como aval, toda vez que la empresa paramunicipal no es sujeto de crédito por la crisis en que se encuentra desde 1997, cuando Añorve era su director.
Ambos militantes de Convergencia comentan que Añorve buscaba ser candidato a gobernador desde que llegó al gobierno municipal. Jorrín lo atribuye a que se dio cuenta de que “la izquierda llegó dividida”. Parte de la estrategia de Añorve fue destinar dinero a los medios de comunicación y cooptar por lo menos a seis regidores de Convergencia y del PRD, que abandonaron a sus fracciones para apoyar al alcalde.
Dentro del presupuesto de mil 600 millones de pesos para 2010, dice Cahua, “el cabildo le aprobó (a Añorve) 100 millones de pesos para la prensa, y en 2009 fueron 76 millones, mientras que en el último año de gobierno de Félix Salgado fueron 32 millones (para el mismo rubro)”.
Para el regidor, el dinero asignado a promover la imagen de Añorve contrasta con lo poco que se le dio a los programas de salud: “En un informe que nos dio el exsecretario de Salud, Rafael Aguirre Rivero –hermano de Ángel–, nos dijo que para combatir el dengue pidió un presupuesto de 15 millones de pesos, que el gobierno de Añorve sólo le aprobó 800 mil pesos y que finalmente nomás le dieron 200 mil. No se sabe qué pasó con los 600 mil pesos”.
El diputado Jarrín –a quien el ayuntamiento demandó penalmente por encabezar una manifestación el pasado 31 de julio– critica los recorridos de Añorve por todo el estado, “supuestamente para promover el turismo. Así justificó su visita a La Montaña: iba a invitar a los indígenas, los más pobres del estado y hasta del país, a venir a turistear a Acapulco”.
Ello sin contar con el regalo de contenedores de basura a varios municipios, el apadrinamiento de fiestas religiosas y el envío de personal del DIF acapulqueño a los municipios para operar el proyecto Escuela para Padres.
“Fue muy obvio el esquema de autopromoción de Añorve; a él le correspondía cumplir con su (promesa de) campaña, en la que ofreció un Acapulco de 10. Ahora la gente dice que sí dejó un Acapulco de 10: de 10 baches, de 10 asaltos, de 10 asesinatos, todo negativo”, concluye Jorrín.
En la memoria de los acapulqueños prevalece la imagen de un Manuel Añorve que, a codazos, se abre paso hasta quedar detrás de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006 para respaldarlo en su toma de posesión, mientras en las tribunas lo repudiaban legisladores de la coalición Por el Bien de Todos.
De lo efímero al riesgo
LUIS LINARES ZAPATA
El huracán Karl atacó de frente a Veracruz con categoría tres (temible) y se fue convertido en depresión tropical. Horas después de su paso dejó, eso sí, cientos de miles de damnificados, jarochos unos y otros tantos poblanos, oaxaqueños y tabasqueños. Muchos de los cuales ya lo eran desde antes y, por lo que se ve y sabe, saldrán un tanto más perjudicados de esta travesía de aguas sin control. Una red de traficantes y enredos burocráticos les impide ahora tener acceso a los escasos fondos públicos disponibles. Los recursos estatales para tales contingencias, con seguridad casi absoluta, se emplearon durante las pasadas campañas electorales bajo subterfugios ya bien conocidos.
Fue por ello que Fidel Herrera presumía de la abundancia de medios a los cuales acceder con manga por demás ancha. Lo cierto es que, Veracruz, no cuenta, ni de cerca, con los medios suficientes para atender la emergencia. Tampoco los tiene el gobierno federal. La penuria presupuestaria les viene de lejos. Los enormes hoyos elusivos y vastos privilegios para unos cuantos son certezas inamovibles por hoy. Falta de voluntad para corregirlas forman el duro tinglado de la actualidad. Tampoco hay un sistema hidráulico que pueda, al menos, minimizar los estragos de la naturaleza. La grandeza para imaginar una obra de esa envergadura está fuera de las capacidades de los dirigentes federales y estatales de hoy día. Por tanto, y año con año, las tragedias se repetirán con una constancia igualable sólo a la resistente benevolencia (o será mansedumbre) de los pobladores.
Pocos días antes de Karl, las celebraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución se calificaron por algunos como apantallantes. Así las describen aquellos que asistieron al Zócalo, al Paseo de la Reforma o los varios millones que los vieron por la tele. El grito fue, más que en pasadas ocasiones, todo un suceso mediático de gran alcance. Lo vio una audiencia gigante, por eso el señor Calderón se esmeró en cantarlo bien. Y también por eso fue a Dolores Hidalgo para repetir el numerito y volver hecho la mocha para los festejos capitalinos siguientes. Toda una proeza de movilidad con tal de aparecer ante las tele-audiencias como el líder que no escatima energías para estar presente ahí donde se le precisa. Sus afanes de estelaridad mediática le cuestan a los mexicanos miles de millones de pesos, presupuestados unos, la mayoría ocultos en múltiples favores a sus favoritos.
La cohetería también se extinguió en pocos minutos. La espectacular sucesión de imágenes, proyectadas sobre los monumentos, se retuvo sólo momentos en las retinas de aquellos para los cuales están diseñados tales espectáculos. Por los cientos de millones de pesos empleados en tales despliegues de luces, sonidos y decorados hay disputas varias. Unos los justifican porque, alegan, realzan el suceso y dan al pueblo una probada del primer mundo. Otros los pelean como innecesarios y onerosos. El fondo, sostienen se alejó del fondo simbólico de tan cruciales efemérides. Una vez que se barrieron las calles y se levantaron las varas poco quedó en el ánimo popular. En todo caso fueron unas cuantas horas de relajo callejero para aquellos sin boleto. Para los elegidos, panistas y burócratas federales, el grito fue una ocasión para sentirse ciudadanos especiales, merecedores de tratamiento diferenciado. Son la crema y nata del medio pelo burocrático porque, los de primera línea, estaban dentro de palacio o en sus lugares de retiro vacacional.
Aprovechando las efemérides, un conjunto de optimistas difusores del oficialismo hicieron una pensada, y juzgada indispensable, aparición en cuantos medios de comunicación tienen a su servicio. Blandieron las que, piensan, son ideas originales y, por tanto, terminales por el impacto que han de lograr. Se esmeraron en buscar algunos resortes que les permitieran comparar, con la ventaja suficiente, al México actual con el de hace 100 o 200 años. Claro está que el analfabetismo, en proporción, ha disminuido aunque, en este México de la derecha del PRIAN, sean muchos millones más los que padecen tal condición, que la población entera de 1810 o 1910. Los hospitales ahora se cuentan por miles y, antes no existían. ¡Ah! La democracia en 1810 sólo era un ideal al alcance de unos cuantos que bien se podían contar con los dedos de las manos. Ahora, en cambio, es todo un sistema de vida que, aunque tiene algunas fallas (aceptan compungidos) está ya bien enraizado, démosle una doble ¡ah, ah! El capital destruido en tales contiendas guerreras, alegan, tardó años en ser reparado. Por eso, y sin más consideraciones, hay que evitar la violencia y apegarse a los cauces institucionales para solucionar los conflictos, concluyen orondos los positivos irredentos. No importa que, en esa ruta de estabilidad, se extingan millones de vidas o se caiga en crisis recurrentes y, como en los huracanes sin protecciones instaladas, se lleven todo lo que muchos han acumulado con sacrificios. No se considera, tampoco en esos cálculos tontos, a los mexicanos que se han expulsado y que, por su número, (millones) igualan o superan a la población de 1810 y 1910. En fin, no vale la pena continuar por esta numeralia comparativa para levantar el ánimo de los que están abajo, de los que deben quedar ahí (según cálculos del poder efectivo) para ser distraídos en otras celebraciones centenarias.
Habría que pensar, con ilustrado pesimismo y con motivo de las festividades, en los millones de desahuciados de la vida. En el modelo vigente, tal como está instalado y deformado por las ambiciones ilegítimas dominantes, las corruptas complicidades y los mezquinos intereses sin llenadera. De las víctimas del sistema económico poco se habla por parte de esos difusores oficiosos. Lo cierto es que este tinglado condena a la marginación y al exilio forzado a creciente número de conciudadanos. Para aliviar y, al final, controlar la violencia desatada hay que enfocarla con otra visión: la que pone el acento en la educación de calidad para todos, en los apoyos sociales universales, en los valores individuales olvidados, en la vida familiar y comunitaria integrada, reales antídotos contra la delincuencia. Por mientras, esos cientos de miles de damnificados son más que suficientes para quitarle al poder establecido la poca legitimidad que le pueda quedar. La fuerza que le resta se sostiene en una delgada capa de formulismos y se oculta con bocanadas de propaganda, no más que eso.
LUIS LINARES ZAPATA
El huracán Karl atacó de frente a Veracruz con categoría tres (temible) y se fue convertido en depresión tropical. Horas después de su paso dejó, eso sí, cientos de miles de damnificados, jarochos unos y otros tantos poblanos, oaxaqueños y tabasqueños. Muchos de los cuales ya lo eran desde antes y, por lo que se ve y sabe, saldrán un tanto más perjudicados de esta travesía de aguas sin control. Una red de traficantes y enredos burocráticos les impide ahora tener acceso a los escasos fondos públicos disponibles. Los recursos estatales para tales contingencias, con seguridad casi absoluta, se emplearon durante las pasadas campañas electorales bajo subterfugios ya bien conocidos.
Fue por ello que Fidel Herrera presumía de la abundancia de medios a los cuales acceder con manga por demás ancha. Lo cierto es que, Veracruz, no cuenta, ni de cerca, con los medios suficientes para atender la emergencia. Tampoco los tiene el gobierno federal. La penuria presupuestaria les viene de lejos. Los enormes hoyos elusivos y vastos privilegios para unos cuantos son certezas inamovibles por hoy. Falta de voluntad para corregirlas forman el duro tinglado de la actualidad. Tampoco hay un sistema hidráulico que pueda, al menos, minimizar los estragos de la naturaleza. La grandeza para imaginar una obra de esa envergadura está fuera de las capacidades de los dirigentes federales y estatales de hoy día. Por tanto, y año con año, las tragedias se repetirán con una constancia igualable sólo a la resistente benevolencia (o será mansedumbre) de los pobladores.
Pocos días antes de Karl, las celebraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución se calificaron por algunos como apantallantes. Así las describen aquellos que asistieron al Zócalo, al Paseo de la Reforma o los varios millones que los vieron por la tele. El grito fue, más que en pasadas ocasiones, todo un suceso mediático de gran alcance. Lo vio una audiencia gigante, por eso el señor Calderón se esmeró en cantarlo bien. Y también por eso fue a Dolores Hidalgo para repetir el numerito y volver hecho la mocha para los festejos capitalinos siguientes. Toda una proeza de movilidad con tal de aparecer ante las tele-audiencias como el líder que no escatima energías para estar presente ahí donde se le precisa. Sus afanes de estelaridad mediática le cuestan a los mexicanos miles de millones de pesos, presupuestados unos, la mayoría ocultos en múltiples favores a sus favoritos.
La cohetería también se extinguió en pocos minutos. La espectacular sucesión de imágenes, proyectadas sobre los monumentos, se retuvo sólo momentos en las retinas de aquellos para los cuales están diseñados tales espectáculos. Por los cientos de millones de pesos empleados en tales despliegues de luces, sonidos y decorados hay disputas varias. Unos los justifican porque, alegan, realzan el suceso y dan al pueblo una probada del primer mundo. Otros los pelean como innecesarios y onerosos. El fondo, sostienen se alejó del fondo simbólico de tan cruciales efemérides. Una vez que se barrieron las calles y se levantaron las varas poco quedó en el ánimo popular. En todo caso fueron unas cuantas horas de relajo callejero para aquellos sin boleto. Para los elegidos, panistas y burócratas federales, el grito fue una ocasión para sentirse ciudadanos especiales, merecedores de tratamiento diferenciado. Son la crema y nata del medio pelo burocrático porque, los de primera línea, estaban dentro de palacio o en sus lugares de retiro vacacional.
Aprovechando las efemérides, un conjunto de optimistas difusores del oficialismo hicieron una pensada, y juzgada indispensable, aparición en cuantos medios de comunicación tienen a su servicio. Blandieron las que, piensan, son ideas originales y, por tanto, terminales por el impacto que han de lograr. Se esmeraron en buscar algunos resortes que les permitieran comparar, con la ventaja suficiente, al México actual con el de hace 100 o 200 años. Claro está que el analfabetismo, en proporción, ha disminuido aunque, en este México de la derecha del PRIAN, sean muchos millones más los que padecen tal condición, que la población entera de 1810 o 1910. Los hospitales ahora se cuentan por miles y, antes no existían. ¡Ah! La democracia en 1810 sólo era un ideal al alcance de unos cuantos que bien se podían contar con los dedos de las manos. Ahora, en cambio, es todo un sistema de vida que, aunque tiene algunas fallas (aceptan compungidos) está ya bien enraizado, démosle una doble ¡ah, ah! El capital destruido en tales contiendas guerreras, alegan, tardó años en ser reparado. Por eso, y sin más consideraciones, hay que evitar la violencia y apegarse a los cauces institucionales para solucionar los conflictos, concluyen orondos los positivos irredentos. No importa que, en esa ruta de estabilidad, se extingan millones de vidas o se caiga en crisis recurrentes y, como en los huracanes sin protecciones instaladas, se lleven todo lo que muchos han acumulado con sacrificios. No se considera, tampoco en esos cálculos tontos, a los mexicanos que se han expulsado y que, por su número, (millones) igualan o superan a la población de 1810 y 1910. En fin, no vale la pena continuar por esta numeralia comparativa para levantar el ánimo de los que están abajo, de los que deben quedar ahí (según cálculos del poder efectivo) para ser distraídos en otras celebraciones centenarias.
Habría que pensar, con ilustrado pesimismo y con motivo de las festividades, en los millones de desahuciados de la vida. En el modelo vigente, tal como está instalado y deformado por las ambiciones ilegítimas dominantes, las corruptas complicidades y los mezquinos intereses sin llenadera. De las víctimas del sistema económico poco se habla por parte de esos difusores oficiosos. Lo cierto es que este tinglado condena a la marginación y al exilio forzado a creciente número de conciudadanos. Para aliviar y, al final, controlar la violencia desatada hay que enfocarla con otra visión: la que pone el acento en la educación de calidad para todos, en los apoyos sociales universales, en los valores individuales olvidados, en la vida familiar y comunitaria integrada, reales antídotos contra la delincuencia. Por mientras, esos cientos de miles de damnificados son más que suficientes para quitarle al poder establecido la poca legitimidad que le pueda quedar. La fuerza que le resta se sostiene en una delgada capa de formulismos y se oculta con bocanadas de propaganda, no más que eso.
