POBRES, MARGINADOS, EXPLOTADOS.
8 sep 2010
En indígenas y afroamericanos se sitúa 70% de pobreza, señala el BID
MARIANA NORANDI
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 39
Indígenas y afroamericanos en América Latina representan 48 por ciento de la población. Sin embargo, debido al alto grado de discriminación y exclusión social, en esos grupos se concentra 70 por ciento de la pobreza de la región, aseguró el representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ellis J. Juan.
Al participar en el Encuentro iberoamericano discriminación, desigualdad social y exclusión, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que en América Latina los mayores índices de desigualdad se originan principalmente por razones de etnia y raza.
Indicó que 8 por ciento de la población es indígena, cifra que equivale a 35 millones de personas, y 40 por ciento afroamericana, es decir, unos 150 millones. No obstante, a pesar de representar casi la mitad de la población, concentran la mayor parte de la pobreza, lo cual se traduce en falta de trabajo digno.
En materia de género, afirmó, ha habido avances en los últimos 30 años, pero a pesar de algunas mejoras en participación laboral o política en 2009, las mujeres ganaban entre 10 y 12 por ciento menos que los hombres por realizar igual trabajo.
Si hacemos una segmentación por raza y etnia el porcentaje se eleva a 40 por ciento, con lo cual ese grupo tampoco accede a trabajos dignos. En consecuencia, como no pagan impuestos, tampoco tienen derecho a servicios, como seguridad social. Esto es una situación insostenible, que además desvincula a esos sectores de la población del Estado y la sociedad.
En México no están incluidos en el censo: Conapred
Ricardo Bucio Mújica, titular del Conapred, entrevistado en el contexto del encuentro, manifestó que un indicador de que en México la discriminación hacia indígenas y afrodescendientes es similar al resto de América Latina, es que los negros en el país ni siquiera están incluidos en el censo de población.
Los afrodescendientes en el país, que podrían ser hasta 450 mil, no están incluidas en el censo de población que se acaba de levantar. Eso es una expresión de falta de importancia, de visibilidad, que se quiere dar a ese grupo, que habita en tres o cuatro entidades y que tiene ciertos mecanismos de exclusión que pueden ser incluso peores que para comunidades y pueblos indígenas.
Agregó que la exclusión y marginación de los indígenas en México es similar a la de la región, ya que en la nación más de 90 por ciento de esa población vive en municipios de alta marginación.
En la ciudad de México, por ejemplo, hay más de 500 mil indígenas y más de 70 por ciento carece de servicios básicos. Los indicadores de marginación, pobreza y exclusión tienen un aspecto absolutamente diferenciado para los indígenas y para las no indígenas en el país, y sobre los afrodescendientes ni siquiera tenemos información.
Adelantó que el Conapred está preparando una segunda encuesta nacional sobre discriminación, para actualizar los datos del sondeo realizado en 2005.
MARIANA NORANDI
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 39
Indígenas y afroamericanos en América Latina representan 48 por ciento de la población. Sin embargo, debido al alto grado de discriminación y exclusión social, en esos grupos se concentra 70 por ciento de la pobreza de la región, aseguró el representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ellis J. Juan.
Al participar en el Encuentro iberoamericano discriminación, desigualdad social y exclusión, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que en América Latina los mayores índices de desigualdad se originan principalmente por razones de etnia y raza.
Indicó que 8 por ciento de la población es indígena, cifra que equivale a 35 millones de personas, y 40 por ciento afroamericana, es decir, unos 150 millones. No obstante, a pesar de representar casi la mitad de la población, concentran la mayor parte de la pobreza, lo cual se traduce en falta de trabajo digno.
En materia de género, afirmó, ha habido avances en los últimos 30 años, pero a pesar de algunas mejoras en participación laboral o política en 2009, las mujeres ganaban entre 10 y 12 por ciento menos que los hombres por realizar igual trabajo.
Si hacemos una segmentación por raza y etnia el porcentaje se eleva a 40 por ciento, con lo cual ese grupo tampoco accede a trabajos dignos. En consecuencia, como no pagan impuestos, tampoco tienen derecho a servicios, como seguridad social. Esto es una situación insostenible, que además desvincula a esos sectores de la población del Estado y la sociedad.
En México no están incluidos en el censo: Conapred
Ricardo Bucio Mújica, titular del Conapred, entrevistado en el contexto del encuentro, manifestó que un indicador de que en México la discriminación hacia indígenas y afrodescendientes es similar al resto de América Latina, es que los negros en el país ni siquiera están incluidos en el censo de población.
Los afrodescendientes en el país, que podrían ser hasta 450 mil, no están incluidas en el censo de población que se acaba de levantar. Eso es una expresión de falta de importancia, de visibilidad, que se quiere dar a ese grupo, que habita en tres o cuatro entidades y que tiene ciertos mecanismos de exclusión que pueden ser incluso peores que para comunidades y pueblos indígenas.
Agregó que la exclusión y marginación de los indígenas en México es similar a la de la región, ya que en la nación más de 90 por ciento de esa población vive en municipios de alta marginación.
En la ciudad de México, por ejemplo, hay más de 500 mil indígenas y más de 70 por ciento carece de servicios básicos. Los indicadores de marginación, pobreza y exclusión tienen un aspecto absolutamente diferenciado para los indígenas y para las no indígenas en el país, y sobre los afrodescendientes ni siquiera tenemos información.
Adelantó que el Conapred está preparando una segunda encuesta nacional sobre discriminación, para actualizar los datos del sondeo realizado en 2005.
Evade la Suprema Corte de Justicia acotar el fuero militar
Uno de los resolutivos del organismo internacional planteaba que cuando un elemento castrense sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles sea juzgado en el fuero común
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 5
Como en asuntos anteriores, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó por mayoría (ocho votos a tres) analizar la constitucionalidad del fuero militar.
En esta ocasión los ministros desecharon el proyecto elaborado por José Ramón Cossío Díaz, quien proponía que el Poder Judicial de la Federación (PJF) acatara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que condenó al Estado mexicano por la violación a los derechos de Rosendo Radilla, quien aún se encuentra desaparecido.
Y es que uno de los resolutivos de la CIDH tiene que ver con el hecho de que los jueces mexicanos garanticen que cuando un militar sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles, éste sea juzgado en el fuero civil, y en ninguna circunstancia en el fuero de guerra.
Tanto le preocupó el tema al ministro Sergio Aguirre, que planteó que cuando se revise el tema de fondo sea en sesión privada, porque se trata de un asunto morrocotudo. El pleno del llamado poder de la transparencia decidirá en su momento si acepta o no la propuesta.
Después de cuatro sesiones, el pleno encontró ayer nuevos elementos para no analizar el fondo del proyecto de Cossío, que planteaba la obligación de la SCJN de acatar la sentencia en la parte que concierne a las recomendaciones hechas al PJF, por lo que resolvió desechar el documento de Cossío y designar a Margarita Luna Ramos para que elabore un nuevo dictamen en el que, exclusivamente, señale que se resolvió la consulta a trámite planteada por el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sobre el caso Rosendo Radilla. Una vez que Luna elabore su documento, entonces se turnará el asunto a otro ministro para que elabore un proyecto en el que el tema inicial sea si la sentencia de la CIDH es ejecutable o no ejecutable y si la Corte se extralimitó en su sentencia al no tomar en cuenta –como lo aseguró Aguirre– las reservas que incluyó el gobierno mexicano en materia de fuero militar para aceptar la jurisdicción del organismo interamericano.
Sólo después de superar esos temas, el pleno abarcaría lo relativo al fuero castrense y la obligación de los jueces mexicanos de evitar que los procesos penales en los que un soldado sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles sea juzgado en el fuero militar.
Sólo Cossío, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero reiteraron su postura en favor de acatar la recomendación y apoyaron el proyecto original.
Arturo Zaldívar, quien el pasado lunes había mantenido esa postura, reculó, aunque aclaró después de la votación que en el fondo tengo grandes coincidencias con el proyecto (de Cossío).
Al argumentar en contra del proyecto propuesto, Aguirre descalificó a la CIDH, al señalar: Poco le faltó para ordenar que se modificara la Constitución, pero para mí, lo que es el desborde más radical, y pienso yo que es inaceptable, es desechar la reserva expresa.
Sin embargo, Silva Meza puso en duda la aseveración de Aguirre: Habría que ver si es cierto o no que México hizo reserva en relación al fuero militar, dijo.
El Estado mexicano y la SCJN tienen de límite el 15 de diciembre para notificar a la CIDH sobre la aceptación, y en qué términos, de la sentencia del caso Rosendo Radilla.
Uno de los resolutivos del organismo internacional planteaba que cuando un elemento castrense sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles sea juzgado en el fuero común
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 5
Como en asuntos anteriores, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó por mayoría (ocho votos a tres) analizar la constitucionalidad del fuero militar.
En esta ocasión los ministros desecharon el proyecto elaborado por José Ramón Cossío Díaz, quien proponía que el Poder Judicial de la Federación (PJF) acatara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que condenó al Estado mexicano por la violación a los derechos de Rosendo Radilla, quien aún se encuentra desaparecido.
Y es que uno de los resolutivos de la CIDH tiene que ver con el hecho de que los jueces mexicanos garanticen que cuando un militar sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles, éste sea juzgado en el fuero civil, y en ninguna circunstancia en el fuero de guerra.
Tanto le preocupó el tema al ministro Sergio Aguirre, que planteó que cuando se revise el tema de fondo sea en sesión privada, porque se trata de un asunto morrocotudo. El pleno del llamado poder de la transparencia decidirá en su momento si acepta o no la propuesta.
Después de cuatro sesiones, el pleno encontró ayer nuevos elementos para no analizar el fondo del proyecto de Cossío, que planteaba la obligación de la SCJN de acatar la sentencia en la parte que concierne a las recomendaciones hechas al PJF, por lo que resolvió desechar el documento de Cossío y designar a Margarita Luna Ramos para que elabore un nuevo dictamen en el que, exclusivamente, señale que se resolvió la consulta a trámite planteada por el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sobre el caso Rosendo Radilla. Una vez que Luna elabore su documento, entonces se turnará el asunto a otro ministro para que elabore un proyecto en el que el tema inicial sea si la sentencia de la CIDH es ejecutable o no ejecutable y si la Corte se extralimitó en su sentencia al no tomar en cuenta –como lo aseguró Aguirre– las reservas que incluyó el gobierno mexicano en materia de fuero militar para aceptar la jurisdicción del organismo interamericano.
Sólo después de superar esos temas, el pleno abarcaría lo relativo al fuero castrense y la obligación de los jueces mexicanos de evitar que los procesos penales en los que un soldado sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles sea juzgado en el fuero militar.
Sólo Cossío, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero reiteraron su postura en favor de acatar la recomendación y apoyaron el proyecto original.
Arturo Zaldívar, quien el pasado lunes había mantenido esa postura, reculó, aunque aclaró después de la votación que en el fondo tengo grandes coincidencias con el proyecto (de Cossío).
Al argumentar en contra del proyecto propuesto, Aguirre descalificó a la CIDH, al señalar: Poco le faltó para ordenar que se modificara la Constitución, pero para mí, lo que es el desborde más radical, y pienso yo que es inaceptable, es desechar la reserva expresa.
Sin embargo, Silva Meza puso en duda la aseveración de Aguirre: Habría que ver si es cierto o no que México hizo reserva en relación al fuero militar, dijo.
El Estado mexicano y la SCJN tienen de límite el 15 de diciembre para notificar a la CIDH sobre la aceptación, y en qué términos, de la sentencia del caso Rosendo Radilla.
Paraestatales, nichos de corrupción: SFP
Rosa Santana
MÉRIDA, Yuc., 7 de julio (apro).- El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que el problema de la corrupción en el país sí tiene solución y sostuvo que el gobierno federal está en el camino correcto para abatirlo.
“La corrupción sí tiene solución. Lo peor que podemos pensar, creer o decir es que es tema cultural. Nuestra cultura no es ser corruptos, tampoco es un tema genético, pues ya tenemos el ADN de los mexicanos y no tenemos nada ahí, es un tema de razón”, comentó.
De visita en esta capital, donde expuso ante autoridades locales los logros del cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, el funcionario afirmó que la dependencia a su cargo está desarticulando las redes de corrupción mediante un nuevo esquema de combate al problema.
En entrevista, aseguró que en lo que va de esta administración se han logrado recuperar más de 3 mil millones de pesos y un monto similar se encuentra en litigio a través de denuncias penales interpuestas por desvíos de recursos detectados en Ferrocarriles Nacionales, Fovissste y Petróleos Mexicanos, entre otros.
Precisó que mil millones de pesos corresponden a Pemex, mil 800 millones a Ferronales, 500 millones al Fovissste y 15 millones de dólares a Pemex Internacional.
Comentó que en México “hay muchos tipos de corrupción”, y añadió que “hemos encontrado muchas empresas fantasma que solamente son una fachada para poder alterar precios, falsificar facturas y venderle a las empresas del gobierno, a las entidades, hasta la venta de plazas”.
No obstante, consideró que la SFP está combatiendo la corrupción castigando los casos con más rigor, pues “si el funcionario público o el ciudadano sabe que le va a ir muy mal si comete un acto de corrupción, lo va dejar de cometer, es un asunto de raciocinio, y eso es lo que estamos haciendo, apelando a la razón”.
Destacó que “ya no nos damos abasto, los casos están creciendo de manera exponencial”, empero acotó que “la corrupción no está creciendo, lo que está creciendo es su combate”.
Y aseguró que la dependencia ha logrado 95% de efectividad en los procesos legales que ha emprendido.
“Hemos hecho denuncias penales en contra de más de 680 servidores públicos, más 480 este año. Estamos obteniendo resultados con nuevos esquemas de investigación y son cifras sin precedente. En los últimos 12 meses hemos denunciado penalmente a más personas y por mayor monto que desde la creación de la secretaría, en toda la historia de la dependencia”, resaltó.
Rosa Santana
MÉRIDA, Yuc., 7 de julio (apro).- El secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que el problema de la corrupción en el país sí tiene solución y sostuvo que el gobierno federal está en el camino correcto para abatirlo.
“La corrupción sí tiene solución. Lo peor que podemos pensar, creer o decir es que es tema cultural. Nuestra cultura no es ser corruptos, tampoco es un tema genético, pues ya tenemos el ADN de los mexicanos y no tenemos nada ahí, es un tema de razón”, comentó.
De visita en esta capital, donde expuso ante autoridades locales los logros del cuarto año de gobierno de Felipe Calderón, el funcionario afirmó que la dependencia a su cargo está desarticulando las redes de corrupción mediante un nuevo esquema de combate al problema.
En entrevista, aseguró que en lo que va de esta administración se han logrado recuperar más de 3 mil millones de pesos y un monto similar se encuentra en litigio a través de denuncias penales interpuestas por desvíos de recursos detectados en Ferrocarriles Nacionales, Fovissste y Petróleos Mexicanos, entre otros.
Precisó que mil millones de pesos corresponden a Pemex, mil 800 millones a Ferronales, 500 millones al Fovissste y 15 millones de dólares a Pemex Internacional.
Comentó que en México “hay muchos tipos de corrupción”, y añadió que “hemos encontrado muchas empresas fantasma que solamente son una fachada para poder alterar precios, falsificar facturas y venderle a las empresas del gobierno, a las entidades, hasta la venta de plazas”.
No obstante, consideró que la SFP está combatiendo la corrupción castigando los casos con más rigor, pues “si el funcionario público o el ciudadano sabe que le va a ir muy mal si comete un acto de corrupción, lo va dejar de cometer, es un asunto de raciocinio, y eso es lo que estamos haciendo, apelando a la razón”.
Destacó que “ya no nos damos abasto, los casos están creciendo de manera exponencial”, empero acotó que “la corrupción no está creciendo, lo que está creciendo es su combate”.
Y aseguró que la dependencia ha logrado 95% de efectividad en los procesos legales que ha emprendido.
“Hemos hecho denuncias penales en contra de más de 680 servidores públicos, más 480 este año. Estamos obteniendo resultados con nuevos esquemas de investigación y son cifras sin precedente. En los últimos 12 meses hemos denunciado penalmente a más personas y por mayor monto que desde la creación de la secretaría, en toda la historia de la dependencia”, resaltó.
Salen libres las 7 mujeres presas por abortar
Verónica Espinosa
GUANAJUATO, Gto., 7 de septiembre (apro).- Diecisiete horas y media después de que entró en vigor la reforma al Código Penal del estado para atenuarles la condena por homicidio “en razón de parentesco”, las siete mujeres defendidas por el Centro Las Libres y el CIDE, finalmente abandonaron los penales de Guanajuato capital y Valle de Santiago.
“No es de la manera que hubiéramos querido legislar sólo para darle la salida al gobernador y el gobierno del apuro. No se trata de legislar para siete mujeres. Tienen que empezar a legislar para todas, para garantizar todos los derechos de todas… Aun así, hoy es un día de fiesta”, decía Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres de Guanajuato, mientras atendía llamadas y mensajes de activistas de todas partes del país y medios del extranjero.
Ofelia Segura Frías, Susana Dueñas Rocha, Yolanda Martínez Montoya, Araceli Camargo Juárez, Bonifacia Andrade Hurtado y Ana Rosa Padrón Alarcón dejaron detrás la cárcel y se reencontraron con sus padres, hermanos, hijos, amigas.
Ellas denunciaron que sufrieron abortos y, por el contrario, fueron condenadas por el delito de “homicidio en grado de parentesco”, por lo que recibieron una pena mayor.
Al mismo tiempo, del Cereso Mil de Valle de Santiago salía también Liliana Morales Moreno, de 25 años, quien había sido sentenciada a 26 años y medio de prisión, de los que ya había pasado seis.
Las integrantes de Las Libres pasaron la noche afuera del Cereso junto de algunos reporteros.
Con ellas esperaba Alma Yareli Salazar Saldaña, quien salió libre hace poco más de un mes también del penal de Puentecillas, luego de casi tres años por la absolución que declaró el magistrado de la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, quien no encontró pruebas contundentes que justificaran la sentencia de 27 años que, por “homicidio en razón de parentesco”, le había dictado el juez Carlos Alberto Llamas Morales, en San Miguel de Allende.
Alma Yareli es ahora integrante del Centro Las Libres, y pretende compartir los proyectos y las luchas de esta organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Fue hasta cerca del mediodía cuando llegó el coordinador jurídico de la oficina del gobernador Juan Manuel Oliva, Plinio Martínez Tafolla, quien con un grupo de abogados se encargó del proceso de revisión de los expedientes para proceder a la elaboración de los dictámenes que, apegados a la reforma penal aprobada por el Congreso local hace una semana, darían pie a las respectivas boletas de libertad.
La primera en salir fue Araceli Camargo Juárez, la más joven de todas: 21 años. Originaria de una comunidad de Dolores Hidalgo, cumplía una condena de 25 años. Ya llevaba ocho.
A los cinco minutos apareció Ofelia Segura Frías, originaria de San Miguel de Allende, la mayor de todas, de 39 años. Ofelia también fue sentenciada a 25 años de prisión y ya había cumplido seis.
A Ofelia le siguió Susana Dueñas Rocha, una joven mujer originaria de Guanajuato capital, de 27 años de edad, a quien esperaba la comitiva más nutrida, incluidos sus padres, hermanas y amigas; las mismas que a veces hasta en un grupo de 30 acudían los domingos a visitarla.
“Nunca la dejamos”, dijo su madre, quien llevaba en las manos una imagen de la Virgen de Cuiquila.
“Solamente quiero agradecer a todos, al centro (Las Libres), al CIDE, a los medios, por todo el apoyo que recibí. Gracias a ustedes tengo mi libertad”, dijo Yolanda Martínez Montoya, la siguiente mujer en abandonar el Centro de Readaptación Social de Puentecillas.
Ella pasó dentro seis de los 25 años a los que había sido sentenciada por el presunto asesinato de su bebé. De haber cumplido toda su condena, habría salido a los 50 años de edad.
Todavía acudió esta mañana a la clase de aeróbicos para internas con la profesora Luz María Flores, antes de que le informaran que ya se estaban efectuando los trámites para que fuera decretada su libertad.
Como las demás, Yolanda Martínez sólo caminó algunos pasos desde la salida de juzgados. De inmediato fue subida a una camioneta del gobierno del estado junto con algunos familiares, para llevarla directamente a su casa en Dolores Hidalgo.
A sus 23 años, Ana Rosa Padrón salió con dos y medio vividos dentro del penal de Puentecillas. Su asunto fue el más difícil de encuadrar en el beneficio de libertad otorgado por la reforma penal, puesto que aún no cumplía el tiempo mínimo requerido de una sentencia que llegaba a los 29 años de prisión. Ella también es de Dolores Hidalgo.
Ana Rosa fue llevada casi en vilo por los guardias del Cereso, en medio de una nube de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, ante quienes hizo mutis. Ni oportunidad le dieron, puesto que la camioneta del gobierno estatal la esperaba ya con las puertas abiertas.
Por último salió Bonifacia Andrade, originaria de San Luis de la Paz, a quien le restaba apenas año y medio de una sentencia de 10 años y seis meses que recibió de un juez penal.
Las activistas de Las Libres no pudieron recibir a las seis mujeres que salieron de Puentecillas como hubieran querido, tras la malla ciclónica, porque no se les permitió el acceso al patio de acceso del Cereso. De todos modos, ya estaba organizado el festejo en casa de Yolanda, donde su familia esperaba con una comida para todas las recién liberadas.
“Nuestro trabajo no ha terminado con ellas. Antes ya hemos hecho acompañamiento `psicológico y lo seguiremos haciendo para ayudarlas a reincorporarse a la vida, a su familia, a un trabajo. Será decisión de ellas si siguen luchando para que se reconozca legalmente su inocencia. Nosotras las apoyaremos en lo que ellas quieran”, concluyó Verónica Cruz.
Verónica Espinosa
GUANAJUATO, Gto., 7 de septiembre (apro).- Diecisiete horas y media después de que entró en vigor la reforma al Código Penal del estado para atenuarles la condena por homicidio “en razón de parentesco”, las siete mujeres defendidas por el Centro Las Libres y el CIDE, finalmente abandonaron los penales de Guanajuato capital y Valle de Santiago.
“No es de la manera que hubiéramos querido legislar sólo para darle la salida al gobernador y el gobierno del apuro. No se trata de legislar para siete mujeres. Tienen que empezar a legislar para todas, para garantizar todos los derechos de todas… Aun así, hoy es un día de fiesta”, decía Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres de Guanajuato, mientras atendía llamadas y mensajes de activistas de todas partes del país y medios del extranjero.
Ofelia Segura Frías, Susana Dueñas Rocha, Yolanda Martínez Montoya, Araceli Camargo Juárez, Bonifacia Andrade Hurtado y Ana Rosa Padrón Alarcón dejaron detrás la cárcel y se reencontraron con sus padres, hermanos, hijos, amigas.
Ellas denunciaron que sufrieron abortos y, por el contrario, fueron condenadas por el delito de “homicidio en grado de parentesco”, por lo que recibieron una pena mayor.
Al mismo tiempo, del Cereso Mil de Valle de Santiago salía también Liliana Morales Moreno, de 25 años, quien había sido sentenciada a 26 años y medio de prisión, de los que ya había pasado seis.
Las integrantes de Las Libres pasaron la noche afuera del Cereso junto de algunos reporteros.
Con ellas esperaba Alma Yareli Salazar Saldaña, quien salió libre hace poco más de un mes también del penal de Puentecillas, luego de casi tres años por la absolución que declaró el magistrado de la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, quien no encontró pruebas contundentes que justificaran la sentencia de 27 años que, por “homicidio en razón de parentesco”, le había dictado el juez Carlos Alberto Llamas Morales, en San Miguel de Allende.
Alma Yareli es ahora integrante del Centro Las Libres, y pretende compartir los proyectos y las luchas de esta organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Fue hasta cerca del mediodía cuando llegó el coordinador jurídico de la oficina del gobernador Juan Manuel Oliva, Plinio Martínez Tafolla, quien con un grupo de abogados se encargó del proceso de revisión de los expedientes para proceder a la elaboración de los dictámenes que, apegados a la reforma penal aprobada por el Congreso local hace una semana, darían pie a las respectivas boletas de libertad.
La primera en salir fue Araceli Camargo Juárez, la más joven de todas: 21 años. Originaria de una comunidad de Dolores Hidalgo, cumplía una condena de 25 años. Ya llevaba ocho.
A los cinco minutos apareció Ofelia Segura Frías, originaria de San Miguel de Allende, la mayor de todas, de 39 años. Ofelia también fue sentenciada a 25 años de prisión y ya había cumplido seis.
A Ofelia le siguió Susana Dueñas Rocha, una joven mujer originaria de Guanajuato capital, de 27 años de edad, a quien esperaba la comitiva más nutrida, incluidos sus padres, hermanas y amigas; las mismas que a veces hasta en un grupo de 30 acudían los domingos a visitarla.
“Nunca la dejamos”, dijo su madre, quien llevaba en las manos una imagen de la Virgen de Cuiquila.
“Solamente quiero agradecer a todos, al centro (Las Libres), al CIDE, a los medios, por todo el apoyo que recibí. Gracias a ustedes tengo mi libertad”, dijo Yolanda Martínez Montoya, la siguiente mujer en abandonar el Centro de Readaptación Social de Puentecillas.
Ella pasó dentro seis de los 25 años a los que había sido sentenciada por el presunto asesinato de su bebé. De haber cumplido toda su condena, habría salido a los 50 años de edad.
Todavía acudió esta mañana a la clase de aeróbicos para internas con la profesora Luz María Flores, antes de que le informaran que ya se estaban efectuando los trámites para que fuera decretada su libertad.
Como las demás, Yolanda Martínez sólo caminó algunos pasos desde la salida de juzgados. De inmediato fue subida a una camioneta del gobierno del estado junto con algunos familiares, para llevarla directamente a su casa en Dolores Hidalgo.
A sus 23 años, Ana Rosa Padrón salió con dos y medio vividos dentro del penal de Puentecillas. Su asunto fue el más difícil de encuadrar en el beneficio de libertad otorgado por la reforma penal, puesto que aún no cumplía el tiempo mínimo requerido de una sentencia que llegaba a los 29 años de prisión. Ella también es de Dolores Hidalgo.
Ana Rosa fue llevada casi en vilo por los guardias del Cereso, en medio de una nube de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, ante quienes hizo mutis. Ni oportunidad le dieron, puesto que la camioneta del gobierno estatal la esperaba ya con las puertas abiertas.
Por último salió Bonifacia Andrade, originaria de San Luis de la Paz, a quien le restaba apenas año y medio de una sentencia de 10 años y seis meses que recibió de un juez penal.
Las activistas de Las Libres no pudieron recibir a las seis mujeres que salieron de Puentecillas como hubieran querido, tras la malla ciclónica, porque no se les permitió el acceso al patio de acceso del Cereso. De todos modos, ya estaba organizado el festejo en casa de Yolanda, donde su familia esperaba con una comida para todas las recién liberadas.
“Nuestro trabajo no ha terminado con ellas. Antes ya hemos hecho acompañamiento `psicológico y lo seguiremos haciendo para ayudarlas a reincorporarse a la vida, a su familia, a un trabajo. Será decisión de ellas si siguen luchando para que se reconozca legalmente su inocencia. Nosotras las apoyaremos en lo que ellas quieran”, concluyó Verónica Cruz.
