AHORRANDO PARA LA CAMPAÑA
14 oct 2010
El gobierno del Edomex reduce 14% las becas para jóvenes
SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ, CORRESPONSAL
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2010, p. 37
Tlalnepantla. Méx., 13 de octubre. En un año, el gobierno del estado de México redujo 14 por ciento el número de becas para jóvenes. Esta falta de apoyo ha provocado que muchos beneficiarios dejen sus estudios para trabajar, aseguró el diputado local panista Alejandro Landero Gutiérrez.
Datos del quinto informe de gobierno estatal indican que en 2009 se disponía de 91 mil 945 apoyos para ese sector, cifra que para 2010 se redujo a 78 mil, pese a que un tercio de los mexiquenses son jóvenes, dijo.
Indicó que estadísticas del Instituto Mexiquense de la Juventud advierten que en el estado de México habitan al menos 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Frente a ese problema, no estamos asumiendo políticas públicas que permitan crear condiciones de progreso y superación, deploró.
En la entidad, explicó, hay más de 4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que exigen educación y empleo; sin embargo, no existen políticas públicas que atiendan esas prioridades, aseguró Landero Gutiérrez, quien anunció que se presentará una iniciativa para diseñar una política integral en materia laboral y educativa.
La propuesta, que se presentará este jueves, consta de 15 puntos, entre ellos la elaboración de un mapa demográfico y social que ubique a los jóvenes, un aumento anual de 10 por ciento al presupuesto para becas y una partida específica en el presupuesto de 2011
SILVIA CHÁVEZ GONZÁLEZ, CORRESPONSAL
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2010, p. 37
Tlalnepantla. Méx., 13 de octubre. En un año, el gobierno del estado de México redujo 14 por ciento el número de becas para jóvenes. Esta falta de apoyo ha provocado que muchos beneficiarios dejen sus estudios para trabajar, aseguró el diputado local panista Alejandro Landero Gutiérrez.
Datos del quinto informe de gobierno estatal indican que en 2009 se disponía de 91 mil 945 apoyos para ese sector, cifra que para 2010 se redujo a 78 mil, pese a que un tercio de los mexiquenses son jóvenes, dijo.
Indicó que estadísticas del Instituto Mexiquense de la Juventud advierten que en el estado de México habitan al menos 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Frente a ese problema, no estamos asumiendo políticas públicas que permitan crear condiciones de progreso y superación, deploró.
En la entidad, explicó, hay más de 4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que exigen educación y empleo; sin embargo, no existen políticas públicas que atiendan esas prioridades, aseguró Landero Gutiérrez, quien anunció que se presentará una iniciativa para diseñar una política integral en materia laboral y educativa.
La propuesta, que se presentará este jueves, consta de 15 puntos, entre ellos la elaboración de un mapa demográfico y social que ubique a los jóvenes, un aumento anual de 10 por ciento al presupuesto para becas y una partida específica en el presupuesto de 2011
Anuncian corriente de senadores Pro-AMLO
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 13 de octubre (apro).- El senador Carlos Sotelo anunció que se integrará en la Cámara alta un grupo de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) que apoyarán las acciones del movimiento social encabezado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Sotelo, quien renunció a la corriente Nueva Izquierda (NI), encabezada por Jesús Ortega y a la cual pertenece Carlos Navarrete, sostuvo que el objetivo de este grupo es impulsar “la agenda político-social del movimiento” lopezobradorista, con el objetivo de poner fin “a los monopolios político-empresariales y combatir los actos de corrupción del país”.
La corriente se formará una semana después de que surgieron rumores sobre la posibilidad de que Navarrete dejara la coordinación de la bancada del PRD ante una exigencia interna de los 25 legisladores integrantes de esta fracción en el Senado.
Admite la Sedena que militares dispararon contra una familia y mataron a 2 personas
ANDREA BECERRIL
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2010, p. 17
En un informe detallado que hizo llegar al Senado de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció la responsabilidad de cuatro militares en los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en una carretera de Nuevo Laredo, en los que perdieron la vida dos civiles, toda vez que abrieron fuego contra el auto en que viajaban junto con su familia sin que mediara agresión de por medio, sólo porque rebasaron al convoy castrense.
La dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sostiene que el capitán Cruz Núñez Valdez, responsable del convoy, hizo dos disparos contra los neumáticos del vehículo Malibú gris en que viajaba la familia De León, a fin de que se detuvieran, pero el enlace no fue el adecuado y tres elementos más –dos soldados y un cabo–, por inercia, dispararon hasta en 20 ocasiones al vehículo.
En el reporte castrense se da cuenta minuto a minuto de lo que llaman el incidente en que se vieron involucrados personal del 16 Regimiento de Infantería con sede en Escobedo, Nuevo León, y detallan que los hechos no se dieron en un retén, sino en plena carretera y que Alejandro Gabriel de León Castellanos, de 15 años, estuvo tirado sobre el asfalto más de 20 minutos y ya había muerto cuando llegaron los primeros auxilios.
Asimismo, la Sedena precisa que las pruebas criminológicas practicadas por personal de la Procuraduría de Justicia Militar al capitán Núñez, a los soldados Antonio Ramírez Pérez, José Antonio Rosado y al cabo Valerio Lucas Hernández no pudieron concluir quién de ellos disparó las balas que mataron al menor y su padre Vicente de León Ramírez, por lo que los cuatro están imputados como responsables de violencia contra las personas, causando homicidio simple intencional.
La Sedena precisa que por concepto de indemnización y reparación del año, se pagó a los deudos de las personas fallecidas la cantidad de 167 mil 783.20 pesos, por cada una, haciendo un total de 335 mil 566.40 pesos.
El pasado 15 de septiembre, a propuesta del coordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, el pleno del Senado aprobó solicitar a la Sedena un informe pormenorizado de lo acontecido en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, el domingo 5 de septiembre, en que una familia fue baleada por militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) remitió el martes por la noche el informe respectivo a la mesa directiva del Senado. En el mismo echa por tierra la versión que en principio se dio, de que los hechos se dieron en un retén militar.
Se detalla que el convoy, a cargo del capitán Núñez, otro oficial y 19 elementos de tropa, se dirigía a sus instalaciones, en Monterrey y a las 21 horas, cuando viajaban por la carretera Nuevo Laredo–Monterrey, se percataron de que un vehículo Malibú color gris, con vidrios polarizados, cuyo conductor presentaba una actitud diferente al resto de los que transitaban, los había rebasado.
A las 21:01 el capitán Núñez les hacía indicaciones a los sospechosos, con luces de lámparas, para que disminuyeran la velocidad, pero el conductor, haciendo caso omiso a tal indicación, aceleró y evadió al resto de los vehículos civiles en zigzag.
Tres minutos después, Núñez efectuó dos disparos al neumático del carro y desde la parte trasera de otra camioneta, los soldados y el cabo hicieron 20 tiros más, sin que se les hubiera ordenado.
Cuando revisan el auto de los civiles, se percatan de que siete personas están heridas, entre ellas dos niños. El menor de 15 años es sacado del carro y colocado en el piso, donde fallece a las 21:28. A las 21:32 llega la ambulancia. Su padre fallece al día siguiente.
La Sedena reconoce que no existió agresión contra el personal militar por parte de los ocupantes del vehículo Malibú.
El reporte será presentado hoy ante el pleno del Senado. El perredista Pablo Gómez dijo que lo revisarán a fondo y tomarán medidas, porque hechos como éstos no deben repetirse. A su vez, Carlos Navarrete dijo que los militares no serán juzgados en tribunales civiles, por lo que insistirán en que se reforme el Código de Justicia Militar.
Precisó que, de acuerdo con lo expresado por los involucrados, los tres militares que hicieron fuego contra el vehículo no recibieron una orden expresa, sino que fue iniciativa suya ir a enfrentar al vehículo que los rebasó en la carretera. La pregunta es: ¿quién los va a juzgar?, insistió Navarrete.
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 13 de octubre (apro).- El senador Carlos Sotelo anunció que se integrará en la Cámara alta un grupo de legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) que apoyarán las acciones del movimiento social encabezado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Sotelo, quien renunció a la corriente Nueva Izquierda (NI), encabezada por Jesús Ortega y a la cual pertenece Carlos Navarrete, sostuvo que el objetivo de este grupo es impulsar “la agenda político-social del movimiento” lopezobradorista, con el objetivo de poner fin “a los monopolios político-empresariales y combatir los actos de corrupción del país”.
La corriente se formará una semana después de que surgieron rumores sobre la posibilidad de que Navarrete dejara la coordinación de la bancada del PRD ante una exigencia interna de los 25 legisladores integrantes de esta fracción en el Senado.
Admite la Sedena que militares dispararon contra una familia y mataron a 2 personas
ANDREA BECERRIL
Periódico La Jornada
Jueves 14 de octubre de 2010, p. 17
En un informe detallado que hizo llegar al Senado de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció la responsabilidad de cuatro militares en los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en una carretera de Nuevo Laredo, en los que perdieron la vida dos civiles, toda vez que abrieron fuego contra el auto en que viajaban junto con su familia sin que mediara agresión de por medio, sólo porque rebasaron al convoy castrense.
La dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sostiene que el capitán Cruz Núñez Valdez, responsable del convoy, hizo dos disparos contra los neumáticos del vehículo Malibú gris en que viajaba la familia De León, a fin de que se detuvieran, pero el enlace no fue el adecuado y tres elementos más –dos soldados y un cabo–, por inercia, dispararon hasta en 20 ocasiones al vehículo.
En el reporte castrense se da cuenta minuto a minuto de lo que llaman el incidente en que se vieron involucrados personal del 16 Regimiento de Infantería con sede en Escobedo, Nuevo León, y detallan que los hechos no se dieron en un retén, sino en plena carretera y que Alejandro Gabriel de León Castellanos, de 15 años, estuvo tirado sobre el asfalto más de 20 minutos y ya había muerto cuando llegaron los primeros auxilios.
Asimismo, la Sedena precisa que las pruebas criminológicas practicadas por personal de la Procuraduría de Justicia Militar al capitán Núñez, a los soldados Antonio Ramírez Pérez, José Antonio Rosado y al cabo Valerio Lucas Hernández no pudieron concluir quién de ellos disparó las balas que mataron al menor y su padre Vicente de León Ramírez, por lo que los cuatro están imputados como responsables de violencia contra las personas, causando homicidio simple intencional.
La Sedena precisa que por concepto de indemnización y reparación del año, se pagó a los deudos de las personas fallecidas la cantidad de 167 mil 783.20 pesos, por cada una, haciendo un total de 335 mil 566.40 pesos.
El pasado 15 de septiembre, a propuesta del coordinador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, el pleno del Senado aprobó solicitar a la Sedena un informe pormenorizado de lo acontecido en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, el domingo 5 de septiembre, en que una familia fue baleada por militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) remitió el martes por la noche el informe respectivo a la mesa directiva del Senado. En el mismo echa por tierra la versión que en principio se dio, de que los hechos se dieron en un retén militar.
Se detalla que el convoy, a cargo del capitán Núñez, otro oficial y 19 elementos de tropa, se dirigía a sus instalaciones, en Monterrey y a las 21 horas, cuando viajaban por la carretera Nuevo Laredo–Monterrey, se percataron de que un vehículo Malibú color gris, con vidrios polarizados, cuyo conductor presentaba una actitud diferente al resto de los que transitaban, los había rebasado.
A las 21:01 el capitán Núñez les hacía indicaciones a los sospechosos, con luces de lámparas, para que disminuyeran la velocidad, pero el conductor, haciendo caso omiso a tal indicación, aceleró y evadió al resto de los vehículos civiles en zigzag.
Tres minutos después, Núñez efectuó dos disparos al neumático del carro y desde la parte trasera de otra camioneta, los soldados y el cabo hicieron 20 tiros más, sin que se les hubiera ordenado.
Cuando revisan el auto de los civiles, se percatan de que siete personas están heridas, entre ellas dos niños. El menor de 15 años es sacado del carro y colocado en el piso, donde fallece a las 21:28. A las 21:32 llega la ambulancia. Su padre fallece al día siguiente.
La Sedena reconoce que no existió agresión contra el personal militar por parte de los ocupantes del vehículo Malibú.
El reporte será presentado hoy ante el pleno del Senado. El perredista Pablo Gómez dijo que lo revisarán a fondo y tomarán medidas, porque hechos como éstos no deben repetirse. A su vez, Carlos Navarrete dijo que los militares no serán juzgados en tribunales civiles, por lo que insistirán en que se reforme el Código de Justicia Militar.
Precisó que, de acuerdo con lo expresado por los involucrados, los tres militares que hicieron fuego contra el vehículo no recibieron una orden expresa, sino que fue iniciativa suya ir a enfrentar al vehículo que los rebasó en la carretera. La pregunta es: ¿quién los va a juzgar?, insistió Navarrete.
Exigen la liberación de menor detenido en radio comunitaria en Chiapas
Isaín Mandujano
TUXTLAGUTIÉRREZ, Chis., 13 de octubre (apro).- Miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OPEZ) y el Centro del Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exigieron hoy a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) liberar a un menor de edad detenido la noche del martes pasado, cuando operaba la cabina de Radio Proletaria, desmantelada por esa dependencia.
Según Camilo “N”, Mala Fama y Sami Gabriel Gómez, quienes operaban desde hace cuatro años dicha estación radiofónica en la capital sin permiso oficial, denunciaron que personal de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la PGJ detuvo a Carlos Martínez, Hendrix, un adolescente de 15 años que conducía un programa de música.
“Carlos se encontraba justo en la recta final de su programa llamado Reactor 20 música de las décadas 60 y 70; los escuchas se quedaron esperando la última canción, después de un rato de silencio, se escucharon sonidos raros, voces y risas de mujeres, la puerta de la cabina de radio, la cual rechinaba cuando abrían y cerraban, los click´s de cámaras fotográficas”, dijo Sami Gabriel Gómez.
Sami Gabriel Gómez acusó a la PGJ de realizar el “trabajo sucio” de la PGR, pues perseguir y desmantelar radios comunitarias y alternativas no es de su competencia.
La Radio Proletaria que se transmitía por el 107.5 de FM había asumido la causa de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) que mantiene un plantón frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, y otro más en la oficina de Naciones Unidas en San Cristóbal de Las Casas. Demandan la libertad de sus líderes Caralampio Gómez y Juan Díaz Gómez.
El gobierno de Chiapas dio a conocer que el adolescente detenido quedará en libertad en cuanto pague una fianza de ocho mil pesos; en tanto, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención e Investigación de los Delitos Cometidos por los Adolescentes, dependiente de las PGJ. El expediente penal fue turnado ante la PGR para su desglose correspondiente.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la oficina en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) abrieron sendos expedientes del caso e iniciaron una investigación.
Isaín Mandujano
TUXTLAGUTIÉRREZ, Chis., 13 de octubre (apro).- Miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OPEZ) y el Centro del Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exigieron hoy a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) liberar a un menor de edad detenido la noche del martes pasado, cuando operaba la cabina de Radio Proletaria, desmantelada por esa dependencia.
Según Camilo “N”, Mala Fama y Sami Gabriel Gómez, quienes operaban desde hace cuatro años dicha estación radiofónica en la capital sin permiso oficial, denunciaron que personal de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la PGJ detuvo a Carlos Martínez, Hendrix, un adolescente de 15 años que conducía un programa de música.
“Carlos se encontraba justo en la recta final de su programa llamado Reactor 20 música de las décadas 60 y 70; los escuchas se quedaron esperando la última canción, después de un rato de silencio, se escucharon sonidos raros, voces y risas de mujeres, la puerta de la cabina de radio, la cual rechinaba cuando abrían y cerraban, los click´s de cámaras fotográficas”, dijo Sami Gabriel Gómez.
Sami Gabriel Gómez acusó a la PGJ de realizar el “trabajo sucio” de la PGR, pues perseguir y desmantelar radios comunitarias y alternativas no es de su competencia.
La Radio Proletaria que se transmitía por el 107.5 de FM había asumido la causa de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) que mantiene un plantón frente al Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, y otro más en la oficina de Naciones Unidas en San Cristóbal de Las Casas. Demandan la libertad de sus líderes Caralampio Gómez y Juan Díaz Gómez.
El gobierno de Chiapas dio a conocer que el adolescente detenido quedará en libertad en cuanto pague una fianza de ocho mil pesos; en tanto, quedó a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención e Investigación de los Delitos Cometidos por los Adolescentes, dependiente de las PGJ. El expediente penal fue turnado ante la PGR para su desglose correspondiente.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la oficina en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) abrieron sendos expedientes del caso e iniciaron una investigación.
