¿Y EL ESTADO DE DERECHO?
14 oct 2010
"Tengo miedo de que me toque bala"
Pedro Matías
OAXACA, OAX., 13 de octubre (Proceso).- Mujeres y niños son quienes más sufren las consecuencias de una guerra no declarada que desde hace varias décadas ha devastado a la zona triqui.
A sus siete años, Naila ya sabe lo que es la muerte, el hambre y el terror de vivir en un pueblo sitiado. “Esta es mi casa y estos son mis pollos; acá está el monte y por acá está la iglesia con Dios. Este es mi abuelito y mi abuela; acá están los malos que tienen armas y no los dejan salir”. Así describe el dibujo que hizo mientras participaba en la huelga de hambre que realizó junto con su madre Imelda.
–¿Qué extrañas más de tu pueblo? –se le pregunta.
–A mis abuelos y a mi casa. Están encerrados y no tienen qué comer.
–¿Les llevarías comida?
–No, porque tengo miedo de que me toque una bala.
Aunque Naila no puede llorar, su voz entrecortada revela el trauma que le ocasionó abandonar su casa de San Juan Copala en medio de una balacera el pasado 10 de agosto.
La niña triqui todavía se acuerda de su papá Moctezuma Velasco, asesinado por “los malos” hace tres años. Ahora se encuentra muy triste porque no se sabe nada de sus abuelos a quienes se les considera desaparecidos.
La vocera de las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, Reyna Martínez Flores, acompañada de 25 mujeres y 23 niños, ha convertido el zócalo de Oaxaca en su refugio. Desde el pasado 11 de agosto todas ellas instalaron un plantón frente al que fuera el Palacio de Gobierno.
Señala que el gobierno no ha hecho nada en contra de los paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) apoyados por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), quienes mantienen sitiada a su comunidad.
Natalia, otra de las desplazadas, asegura que el pasado 7 de septiembre salió con otras mujeres para comprar maíz, y de pronto se desató una balacera. Dice que cuando terminó se la llevaron seis hombres, entre ellos el agente municipal de la Ubisort Mauro Vásquez, quienes le arrancaron la ropa, le cortaron el cabello y la golpearon con sus armas.
Dos indígenas, de 55 y 85 años, sufrieron heridas de bala y convalecen en una casa cercana al plantón.
Entre las víctimas de la violencia que azota a la región se encuentran las locutoras de la estación de radio La voz que rompe el silencio Teresa Bautista y Felícitas Martínez, así como Cleriberta Castro.
A estas muertes se suman los asesinatos de los defensores de derechos humanos Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, Timoteo Alejandro Ramírez, Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García, Rigoberto Ramírez González, Pedro Santos Castro, Celestino Hernández, Héctor Antonio Ramírez y el niño Elías Fernández.
El 20 de septiembre las mujeres triquis que se encontraban en el plantón iniciaron un ayuno de 48 horas para exigirle a la Comisión Estatal de Protección a los Derechos Humanos de Oaxaca (CEPDHO) que intervenga y cesen las agresiones en contra de su comunidad.
Más crímenes impunes
El primer caso que ubicó en el plano internacional a la violencia prevaleciente en esta comunidad fue el asesinato, el 7 de abril de 2008, de las locutoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez, de 22 y 20 años, respectivamente. Por su labor a favor de la comunidad les fue otorgado, póstumamente, el Premio Nacional de Periodismo de ese año.
En la rústica cabina desde donde transmitían sobresalía su lema: “Algunos piensan que somos muy jóvenes para saber. Deberían pensar que somos muy jóvenes para morir”.
Este crimen fue conocido por la Organización de las Naciones Unidas y lo atrajo la Procuraduría General de la República; sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto.
El presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, José Ramírez Flores, comenta que “hay autores intelectuales” del asesinato de las comunicadoras y señala como responsables al exdiputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
El 8 de mayo de 2008 fue asesinada a machetazos la simpatizante del MULT María Isabel de Jesús, de 48 años.
En una emboscada ocurrida 17 de marzo de 2009 fueron asesinadas dos mujeres y el 14 de mayo mataron a Martina de Jesús Flores; el 13 de junio de 2009 fue herida Paulina Celestino Bautista, de 17 años, durante un ataque de un grupo paramilitar al palacio municipal de San Juan Copala. Eran simpatizantes del MULT.
Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, fue acusado de secuestrar en la comunidad La Sabana a 11 mujeres y cuatro niños, después de que fueron a cobrar recursos de Oportunidades.
El pasado 27 de abril fue asesinada Beatriz Alberta Cariño junto con el finlandés Jyri Jaakkola cuando participaban en una caravana que llevaba ayuda humanitaria a los triquis.
Pedro Matías
OAXACA, OAX., 13 de octubre (Proceso).- Mujeres y niños son quienes más sufren las consecuencias de una guerra no declarada que desde hace varias décadas ha devastado a la zona triqui.
A sus siete años, Naila ya sabe lo que es la muerte, el hambre y el terror de vivir en un pueblo sitiado. “Esta es mi casa y estos son mis pollos; acá está el monte y por acá está la iglesia con Dios. Este es mi abuelito y mi abuela; acá están los malos que tienen armas y no los dejan salir”. Así describe el dibujo que hizo mientras participaba en la huelga de hambre que realizó junto con su madre Imelda.
–¿Qué extrañas más de tu pueblo? –se le pregunta.
–A mis abuelos y a mi casa. Están encerrados y no tienen qué comer.
–¿Les llevarías comida?
–No, porque tengo miedo de que me toque una bala.
Aunque Naila no puede llorar, su voz entrecortada revela el trauma que le ocasionó abandonar su casa de San Juan Copala en medio de una balacera el pasado 10 de agosto.
La niña triqui todavía se acuerda de su papá Moctezuma Velasco, asesinado por “los malos” hace tres años. Ahora se encuentra muy triste porque no se sabe nada de sus abuelos a quienes se les considera desaparecidos.
La vocera de las mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, Reyna Martínez Flores, acompañada de 25 mujeres y 23 niños, ha convertido el zócalo de Oaxaca en su refugio. Desde el pasado 11 de agosto todas ellas instalaron un plantón frente al que fuera el Palacio de Gobierno.
Señala que el gobierno no ha hecho nada en contra de los paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) apoyados por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), quienes mantienen sitiada a su comunidad.
Natalia, otra de las desplazadas, asegura que el pasado 7 de septiembre salió con otras mujeres para comprar maíz, y de pronto se desató una balacera. Dice que cuando terminó se la llevaron seis hombres, entre ellos el agente municipal de la Ubisort Mauro Vásquez, quienes le arrancaron la ropa, le cortaron el cabello y la golpearon con sus armas.
Dos indígenas, de 55 y 85 años, sufrieron heridas de bala y convalecen en una casa cercana al plantón.
Entre las víctimas de la violencia que azota a la región se encuentran las locutoras de la estación de radio La voz que rompe el silencio Teresa Bautista y Felícitas Martínez, así como Cleriberta Castro.
A estas muertes se suman los asesinatos de los defensores de derechos humanos Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, Timoteo Alejandro Ramírez, Antonio Ramírez López, Antonio Cruz García, Rigoberto Ramírez González, Pedro Santos Castro, Celestino Hernández, Héctor Antonio Ramírez y el niño Elías Fernández.
El 20 de septiembre las mujeres triquis que se encontraban en el plantón iniciaron un ayuno de 48 horas para exigirle a la Comisión Estatal de Protección a los Derechos Humanos de Oaxaca (CEPDHO) que intervenga y cesen las agresiones en contra de su comunidad.
Más crímenes impunes
El primer caso que ubicó en el plano internacional a la violencia prevaleciente en esta comunidad fue el asesinato, el 7 de abril de 2008, de las locutoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez, de 22 y 20 años, respectivamente. Por su labor a favor de la comunidad les fue otorgado, póstumamente, el Premio Nacional de Periodismo de ese año.
En la rústica cabina desde donde transmitían sobresalía su lema: “Algunos piensan que somos muy jóvenes para saber. Deberían pensar que somos muy jóvenes para morir”.
Este crimen fue conocido por la Organización de las Naciones Unidas y lo atrajo la Procuraduría General de la República; sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto.
El presidente del municipio autónomo de San Juan Copala, José Ramírez Flores, comenta que “hay autores intelectuales” del asesinato de las comunicadoras y señala como responsables al exdiputado local Rufino Merino Zaragoza y al líder del MULT, Heriberto Pazos Ortiz.
El 8 de mayo de 2008 fue asesinada a machetazos la simpatizante del MULT María Isabel de Jesús, de 48 años.
En una emboscada ocurrida 17 de marzo de 2009 fueron asesinadas dos mujeres y el 14 de mayo mataron a Martina de Jesús Flores; el 13 de junio de 2009 fue herida Paulina Celestino Bautista, de 17 años, durante un ataque de un grupo paramilitar al palacio municipal de San Juan Copala. Eran simpatizantes del MULT.
Rufino Juárez, dirigente de la Ubisort, fue acusado de secuestrar en la comunidad La Sabana a 11 mujeres y cuatro niños, después de que fueron a cobrar recursos de Oportunidades.
El pasado 27 de abril fue asesinada Beatriz Alberta Cariño junto con el finlandés Jyri Jaakkola cuando participaban en una caravana que llevaba ayuda humanitaria a los triquis.
La misma película, diferentes actores
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
Por el PRI y Televisa, se perfila Peña Nieto. Por el PRD y sus afanes de establecer alianzas con quienes han sido y debieran ser sus enemigos, el abanderado probable es Ebrard. Por el PT, si nada sustancial cambia, el candidato natural sería López Obrador, a quien ya lo amenazan de expulsión de su partido por no acatar la disciplina y las políticas de la dirección en manos de Jesús Ortega.
El PAN y Calderón tienen una caballada flaca en estos momentos, pero todavía tienen tiempo para preparar un candidato (cualquiera pero más o menos creíble) que les sirva de pantalla para ocultar sus verdaderos intereses, que obviamente estarían con Peña Nieto. Los intereses del PAN y Calderón no necesariamente están con el gobernador mexiquense como persona, sino con lo que éste representa. Ahí está el punto y no deberíamos confundirnos. Esta jugada ya la hizo Ernesto Zedillo: con Fox y Labastida como sus candidatos, uno de oposición (sacar al PRI de Los Pinos) y el otro del mismo partido en que sólo formalmente militaba el entonces presidente de México. (Me adelanto a decir, antes de que los lectores se me vayan a la yugular, que el voto útil que defendí entonces era pensando que con Fox en el gobierno el PRD tendría tiempo para recomponerse y convertirse en una verdadera opción de cambio. Sólo López Obrador y algunos de sus partidarios lo entendieron, pero los demás no y terminaron saboteando a su propio partido, como lo están haciendo ahora.)
La idea en 2000 era la misma que ahora: garantizar la continuidad de las políticas neoliberales en favor de los grandes capitales mexicanos y extranjeros y protegerse unos y otros (priístas y panistas) de los negocios que a trasmano y a veces directamente han venido haciendo a la sombra del poder. El PRD de los chuchos así lo ha entendido, razón por la cual no tiene empacho en aliarse con los panistas como ya lo hizo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el mismo que validó la elección de Calderón en 2006.
Si gobierna el PAN o el PRI, da lo mismo para los grandes empresarios que dominan la economía de México. Su negocio es la ganancia y la ampliación de sus empresas en una lógica, ya comprobada, de altísima concentración de capital y de asociaciones de cualquier tipo y con quienes les convengan, sean del país que sean (aunque, de preferencia, de Estados Unidos). Un dato que no debiera soslayarse: los neopanistas y los neopriístas no son iguales a quienes los antecedieron, pero sí son muy parecidos entre sí, como si hubieran estudiado en la misma escuela y se hubieran nutrido de la misma ideología rebelándose de la que sostuvieron sus padres.
PRI, PAN y el ala derecha del PRD, por ahora hegemónica en el partido, son la misma cosa y defienden lo mismo. De aquí que la figura de López Obrador esté cobrando, de nuevo, una gran importancia y se haya convertido, otra vez, en un peligro para México. Están tan desesperados los publicistas del antilopezobradorismo que tratan de vender la idea de que impidiendo la alianza PAN-PRD en el estado de México, AMLO le está haciendo el juego a Peña Nieto. No han faltado los columnistas (¿calumnistas?) que hablan ya de una alianza secreta del tabasqueño con el mexiquense para disminuir al PAN en la entidad federal y en el resto del país; como si el PAN necesitara algo más que Calderón para disminuirse como partido.
Lo que está en juego en estos momentos no es la sucesión presidencial en sí –todavía falta mucho tiempo–, sino el futuro del PRD como partido supuestamente de izquierda y de oposición. Si pierden los aliancistas y quienes están de acuerdo con ellos, el propio Ebrard verá decrecer sus probabilidades de ser candidato o lo será del despojo que quede de su partido. Pero, además, la figura de AMLO se verá beneficiada y quedará claro para los mexicanos que el único líder de oposición en el país es él (¿o alguien puede mencionar a otro?). Están tan alterados los aliancistas que ya empiezan a manejar el argumento de que si AMLO no se disciplina con la dirección de su partido deberá ser expulsado. Así lo ha dicho, por ejemplo, el diputado local de Morelos Fidel Demédicis, a quien, por cierto, ya le han pisado la cola sus propios correligionarios por acciones personales controvertibles.
La película ya la vimos y no todos somos desmemoriados. Lo que ha cambiado es el elenco de actores, salvo uno que antes y ahora es el malo. De manera semejante a lo ocurrido en 2005 y 2006, ahora se ha tratado de limitar la libertad de expresión del ciudadano López Obrador mediante espots del Partido del Trabajo suspendidos por el funesto TEPJF, se le ha vuelto a acusar de lo mismo que hace seis años, la propaganda sucia recorre el ciberespacio y llega a todos los internautas con textos e imágenes grotescos y propios de quienes carecen de argumentos políticos para calificar o descalificar.
En realidad los desmemoriados son ellos, han olvidado que su campaña sucia del sexenio pasado se les regresó como un bumerán, a tal grado, que tuvieron que echar mano de trucos cibernéticos, de un consejo electoral tramposo o, si se prefiere, omiso y parcial y, obviamente, de las resoluciones inatacables del tribunal electoral (así, con minúsculas) que evidenció su inmoralidad al fallar a favor de Calderón y negándose a contar todos los votos.
El clima político se está calentando muy pronto, no se les vaya a quemar el guisado antes del tiempo suficiente para elaborar otro.
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
Por el PRI y Televisa, se perfila Peña Nieto. Por el PRD y sus afanes de establecer alianzas con quienes han sido y debieran ser sus enemigos, el abanderado probable es Ebrard. Por el PT, si nada sustancial cambia, el candidato natural sería López Obrador, a quien ya lo amenazan de expulsión de su partido por no acatar la disciplina y las políticas de la dirección en manos de Jesús Ortega.
El PAN y Calderón tienen una caballada flaca en estos momentos, pero todavía tienen tiempo para preparar un candidato (cualquiera pero más o menos creíble) que les sirva de pantalla para ocultar sus verdaderos intereses, que obviamente estarían con Peña Nieto. Los intereses del PAN y Calderón no necesariamente están con el gobernador mexiquense como persona, sino con lo que éste representa. Ahí está el punto y no deberíamos confundirnos. Esta jugada ya la hizo Ernesto Zedillo: con Fox y Labastida como sus candidatos, uno de oposición (sacar al PRI de Los Pinos) y el otro del mismo partido en que sólo formalmente militaba el entonces presidente de México. (Me adelanto a decir, antes de que los lectores se me vayan a la yugular, que el voto útil que defendí entonces era pensando que con Fox en el gobierno el PRD tendría tiempo para recomponerse y convertirse en una verdadera opción de cambio. Sólo López Obrador y algunos de sus partidarios lo entendieron, pero los demás no y terminaron saboteando a su propio partido, como lo están haciendo ahora.)
La idea en 2000 era la misma que ahora: garantizar la continuidad de las políticas neoliberales en favor de los grandes capitales mexicanos y extranjeros y protegerse unos y otros (priístas y panistas) de los negocios que a trasmano y a veces directamente han venido haciendo a la sombra del poder. El PRD de los chuchos así lo ha entendido, razón por la cual no tiene empacho en aliarse con los panistas como ya lo hizo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el mismo que validó la elección de Calderón en 2006.
Si gobierna el PAN o el PRI, da lo mismo para los grandes empresarios que dominan la economía de México. Su negocio es la ganancia y la ampliación de sus empresas en una lógica, ya comprobada, de altísima concentración de capital y de asociaciones de cualquier tipo y con quienes les convengan, sean del país que sean (aunque, de preferencia, de Estados Unidos). Un dato que no debiera soslayarse: los neopanistas y los neopriístas no son iguales a quienes los antecedieron, pero sí son muy parecidos entre sí, como si hubieran estudiado en la misma escuela y se hubieran nutrido de la misma ideología rebelándose de la que sostuvieron sus padres.
PRI, PAN y el ala derecha del PRD, por ahora hegemónica en el partido, son la misma cosa y defienden lo mismo. De aquí que la figura de López Obrador esté cobrando, de nuevo, una gran importancia y se haya convertido, otra vez, en un peligro para México. Están tan desesperados los publicistas del antilopezobradorismo que tratan de vender la idea de que impidiendo la alianza PAN-PRD en el estado de México, AMLO le está haciendo el juego a Peña Nieto. No han faltado los columnistas (¿calumnistas?) que hablan ya de una alianza secreta del tabasqueño con el mexiquense para disminuir al PAN en la entidad federal y en el resto del país; como si el PAN necesitara algo más que Calderón para disminuirse como partido.
Lo que está en juego en estos momentos no es la sucesión presidencial en sí –todavía falta mucho tiempo–, sino el futuro del PRD como partido supuestamente de izquierda y de oposición. Si pierden los aliancistas y quienes están de acuerdo con ellos, el propio Ebrard verá decrecer sus probabilidades de ser candidato o lo será del despojo que quede de su partido. Pero, además, la figura de AMLO se verá beneficiada y quedará claro para los mexicanos que el único líder de oposición en el país es él (¿o alguien puede mencionar a otro?). Están tan alterados los aliancistas que ya empiezan a manejar el argumento de que si AMLO no se disciplina con la dirección de su partido deberá ser expulsado. Así lo ha dicho, por ejemplo, el diputado local de Morelos Fidel Demédicis, a quien, por cierto, ya le han pisado la cola sus propios correligionarios por acciones personales controvertibles.
La película ya la vimos y no todos somos desmemoriados. Lo que ha cambiado es el elenco de actores, salvo uno que antes y ahora es el malo. De manera semejante a lo ocurrido en 2005 y 2006, ahora se ha tratado de limitar la libertad de expresión del ciudadano López Obrador mediante espots del Partido del Trabajo suspendidos por el funesto TEPJF, se le ha vuelto a acusar de lo mismo que hace seis años, la propaganda sucia recorre el ciberespacio y llega a todos los internautas con textos e imágenes grotescos y propios de quienes carecen de argumentos políticos para calificar o descalificar.
En realidad los desmemoriados son ellos, han olvidado que su campaña sucia del sexenio pasado se les regresó como un bumerán, a tal grado, que tuvieron que echar mano de trucos cibernéticos, de un consejo electoral tramposo o, si se prefiere, omiso y parcial y, obviamente, de las resoluciones inatacables del tribunal electoral (así, con minúsculas) que evidenció su inmoralidad al fallar a favor de Calderón y negándose a contar todos los votos.
El clima político se está calentando muy pronto, no se les vaya a quemar el guisado antes del tiempo suficiente para elaborar otro.
Monumento a la ineptitud
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 13 de octubre.- El “michoacanazo” constituye un monumento a la ineptitud en la procuración de justicia en el país. Revela de manera ejemplar por qué la mal llamada “guerra” contra el crimen organizado ha fracasado tan contundentemente. No tiene sentido alguno enviar militares a las calles o crear “mandos únicos” para la policía, si el Ministerio Público (MP) es simplemente incapaz de integrar una consignación convincente.
En lugar de investigar y vigilar el comportamiento de los 35 servidores públicos de Michoacán para poder así robustecer un expediente acusatorio que fuera imposible de desvirtuar ante el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) prefirió actuar torpe y apresuradamente antes de la jornada electoral de julio de 2009. En vez de utilizar a los “testigos colaboradores” y la figura del arraigo como puntos de partida para ampliar indagaciones que debiliten desde sus raíces a las organizaciones criminales, la PGR se conforma con las declaraciones de un par de “delincuentes colaboradores” y una supuesta “narconómina” encontrada en la computadora de otro criminal.
De acuerdo con la información proporcionada por la misma autoridad, aparentemente en los expedientes no existe una sola prueba pericial objetiva o al menos algún testimonio o evidencia aportados por alguien que no sea narcotraficante. Con razón, las decisiones de tantos jueces y magistrados distintos, y no solamente las del juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares, han llevado a la liberación de todos menos uno de los acusados.
Vale la pena recordar que el MP no fue siquiera capaz de ejercer la acción penal en contra de 10% (tres de 30) de los funcionarios públicos inicialmente arraigados en junio de 2009. Es decir, el procurador solicitó, y un juez otorgó, el encarcelamiento anticipado de tres personas que no solamente son totalmente inocentes, sino que no tuvieron absolutamente nada que ver con la “evidencia” ofrecida por los “testigos colaboradores”. Estamos ante una violación sumamente grave de los derechos humanos, otro imperdonable “daño colateral” de la “guerra” contra el narcotráfico.
El fondo del problema es el evidente desprecio y constante violación del principio constitucional de presunción de inocencia por parte de la PGR. Por ejemplo, en la conferencia de prensa del pasado 30 de septiembre, Marisela Morales, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), simplemente echó por la ventana el artículo 20 de la Carta Magna, que desde julio de 2008 explícitamente garantiza esta presunción, al manifestar: “Debe decirse que los inculpados durante el proceso penal no aportaron prueba que desvirtuara de manera contundente las imputaciones que había en su contra, tal como lo exige la ley en estos casos; sin embargo, el juez primero de Distrito en Michoacán no consideró esto al resolver que las pruebas incriminatorias se habían desvirtuado, lo que trajo como consecuencia la libertad de ocho exservidores públicos”.
En otras palabras, los acusados tienen la responsabilidad de demostrar su inocencia al “desvirtuar” de manera “contundente” las “imputaciones” en su contra, y no es la autoridad la que se encuentra obligada a ofrecer pruebas convincentes de sus acusaciones. De acuerdo con la subprocuradora, la carga de la prueba descansa del lado del inculpado y no del Ministerio Público, así que basta con una buena acusación para mandar a un ciudadano a podrir en la cárcel. Sobra decir que no existe “ley” alguna que “exija” este enfoque.
En lugar de reconocer sus errores y aceptar su derrota jurídica, con soberbia el procurador Arturo Chávez Chávez y la subprocuradora Morales insisten en descalificar a las instituciones públicas del país. El mismo grupo político que tanto se escandalizaba en 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador, el “peligro para México”, criticaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que ha exigido una confianza ciega en las fuerzas militares, ahora apela a la desconfianza y al “sospechosismo” que supuestamente repudiaba con tanto ahínco.
De acuerdo con el gobierno federal, el juez Cázares debe ser castigado por haber resuelto los casos de “forma cuestionable” y “extraña”. Sin embargo, aparentemente la PGR no cuenta con evidencia alguna, ni siquiera en la voz de “testigos colaboradores”, de que el juzgador haya recibido algún soborno o incurrido en alguna otra irregularidad concreta. Una vez más, la PGR piensa que su sola acusación debe ser suficiente para castigar a su adversario.
Al final de cuentas, las nuevas figuras supuestamente “modernas” de “testigo colaborador” y de arraigo han funcionado más para cubrir la desidia de la PGR en la investigación que para potenciar las indagaciones. Nos encontramos ante el mismo sistema de siempre, que primero detiene a los sospechosos y después los investiga, cuando la normatividad exige precisamente lo contrario. Las recientes sentencias condenatorias del Estado mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo también confirman el estado de descomposición en que se encuentra el sistema de justicia del país.
Las soluciones al problema ya están en la mesa: autonomía, rediseño institucional y un consejo rector independiente para la PGR; eliminación del fuero militar para todos los delitos cometidos contra civiles; transparencia plena de las actividades del Poder Judicial y mayor independencia para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El derecho comparado demuestra que reformas de esta naturaleza podrían mejorar de manera significativa el funcionamiento de las instituciones públicas del país. Lo único que falta es suficiente voluntad política.
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 13 de octubre.- El “michoacanazo” constituye un monumento a la ineptitud en la procuración de justicia en el país. Revela de manera ejemplar por qué la mal llamada “guerra” contra el crimen organizado ha fracasado tan contundentemente. No tiene sentido alguno enviar militares a las calles o crear “mandos únicos” para la policía, si el Ministerio Público (MP) es simplemente incapaz de integrar una consignación convincente.
En lugar de investigar y vigilar el comportamiento de los 35 servidores públicos de Michoacán para poder así robustecer un expediente acusatorio que fuera imposible de desvirtuar ante el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) prefirió actuar torpe y apresuradamente antes de la jornada electoral de julio de 2009. En vez de utilizar a los “testigos colaboradores” y la figura del arraigo como puntos de partida para ampliar indagaciones que debiliten desde sus raíces a las organizaciones criminales, la PGR se conforma con las declaraciones de un par de “delincuentes colaboradores” y una supuesta “narconómina” encontrada en la computadora de otro criminal.
De acuerdo con la información proporcionada por la misma autoridad, aparentemente en los expedientes no existe una sola prueba pericial objetiva o al menos algún testimonio o evidencia aportados por alguien que no sea narcotraficante. Con razón, las decisiones de tantos jueces y magistrados distintos, y no solamente las del juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares, han llevado a la liberación de todos menos uno de los acusados.
Vale la pena recordar que el MP no fue siquiera capaz de ejercer la acción penal en contra de 10% (tres de 30) de los funcionarios públicos inicialmente arraigados en junio de 2009. Es decir, el procurador solicitó, y un juez otorgó, el encarcelamiento anticipado de tres personas que no solamente son totalmente inocentes, sino que no tuvieron absolutamente nada que ver con la “evidencia” ofrecida por los “testigos colaboradores”. Estamos ante una violación sumamente grave de los derechos humanos, otro imperdonable “daño colateral” de la “guerra” contra el narcotráfico.
El fondo del problema es el evidente desprecio y constante violación del principio constitucional de presunción de inocencia por parte de la PGR. Por ejemplo, en la conferencia de prensa del pasado 30 de septiembre, Marisela Morales, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), simplemente echó por la ventana el artículo 20 de la Carta Magna, que desde julio de 2008 explícitamente garantiza esta presunción, al manifestar: “Debe decirse que los inculpados durante el proceso penal no aportaron prueba que desvirtuara de manera contundente las imputaciones que había en su contra, tal como lo exige la ley en estos casos; sin embargo, el juez primero de Distrito en Michoacán no consideró esto al resolver que las pruebas incriminatorias se habían desvirtuado, lo que trajo como consecuencia la libertad de ocho exservidores públicos”.
En otras palabras, los acusados tienen la responsabilidad de demostrar su inocencia al “desvirtuar” de manera “contundente” las “imputaciones” en su contra, y no es la autoridad la que se encuentra obligada a ofrecer pruebas convincentes de sus acusaciones. De acuerdo con la subprocuradora, la carga de la prueba descansa del lado del inculpado y no del Ministerio Público, así que basta con una buena acusación para mandar a un ciudadano a podrir en la cárcel. Sobra decir que no existe “ley” alguna que “exija” este enfoque.
En lugar de reconocer sus errores y aceptar su derrota jurídica, con soberbia el procurador Arturo Chávez Chávez y la subprocuradora Morales insisten en descalificar a las instituciones públicas del país. El mismo grupo político que tanto se escandalizaba en 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador, el “peligro para México”, criticaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que ha exigido una confianza ciega en las fuerzas militares, ahora apela a la desconfianza y al “sospechosismo” que supuestamente repudiaba con tanto ahínco.
De acuerdo con el gobierno federal, el juez Cázares debe ser castigado por haber resuelto los casos de “forma cuestionable” y “extraña”. Sin embargo, aparentemente la PGR no cuenta con evidencia alguna, ni siquiera en la voz de “testigos colaboradores”, de que el juzgador haya recibido algún soborno o incurrido en alguna otra irregularidad concreta. Una vez más, la PGR piensa que su sola acusación debe ser suficiente para castigar a su adversario.
Al final de cuentas, las nuevas figuras supuestamente “modernas” de “testigo colaborador” y de arraigo han funcionado más para cubrir la desidia de la PGR en la investigación que para potenciar las indagaciones. Nos encontramos ante el mismo sistema de siempre, que primero detiene a los sospechosos y después los investiga, cuando la normatividad exige precisamente lo contrario. Las recientes sentencias condenatorias del Estado mexicano emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo también confirman el estado de descomposición en que se encuentra el sistema de justicia del país.
Las soluciones al problema ya están en la mesa: autonomía, rediseño institucional y un consejo rector independiente para la PGR; eliminación del fuero militar para todos los delitos cometidos contra civiles; transparencia plena de las actividades del Poder Judicial y mayor independencia para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El derecho comparado demuestra que reformas de esta naturaleza podrían mejorar de manera significativa el funcionamiento de las instituciones públicas del país. Lo único que falta es suficiente voluntad política.
