AMPARADOS POR EL FUERO

22/10/2010

La historia de tres niñas indígenas violadas por militares.
Patricia Chandomí

TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 20 de octubre (apro-cimac).- El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano, Chiapas.
De regreso a su hogar, luego de vender verduras en el mercado de la comunidad, las cuatro mujeres fueron interceptadas por los soldados, quienes las detuvieron para interrogarlas. Durantes dos horas estuvieron privadas de su libertad, lapso en el que las tres adolescentes fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
Delia, la madre de las menores, fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas. Con el dolor a cuestas, Delia se vio obligada a salir de su comunidad, culpabilizada del ataque contra sus hijas.
Dieciséis años después de la agresión de la que fueron víctimas, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño.
“Ninguna cantidad que dé el gobierno será suficiente para sacarnos del corazón el daño y el coraje que se nos ocasionó”, dicen las adolescentes, cuyo rostro refleja rabia e impotencia.
Cuentan las tres mujeres, ahora de 28, 29 y 30 años, que la propuesta de reparación del daño la recibieron en agosto pasado, y el gobernador chiapaneco les dio de plazo de dos meses para responder si aceptaban los 500 mil pesos cada una, además de seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos.
La pobreza, su compañera permanente, les aconsejó aceptar el ofrecimiento de Sabines, pero exigieron incluir a su madre, porque ella también sufrió por el ataque sexual contra sus hijas, perpetrado por elementos del Ejército Mexicano.
“En estos 16 años que ha tardado el proceso, ni en toda nuestra vida podemos olvidar el dolor, la enfermedad y la rabia que nos causó la violación. Nunca podremos perdonar lo que nos hicieron”, expresan las hermanas, apoyadas por un traductor.
Y afirman que en todo este tiempo no habían aceptado hacer declaraciones públicas, pero “ahora lo hacemos para que ninguna autoridad saque provecho de nuestra respuesta”.
La propuesta, agregan, “es la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad; sin embargo, la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”.
E insisten: “Aceptaremos la propuesta de reparación como una prueba de la culpabilidad de los militares, pero exigimos que se duplique la cantidad ofrecida lo más pronto posible, para resolver problemas urgentes de subsistencia”.
El dinero, dicen, no es suficiente, hace falta que se les haga justicia, por lo que seguirán luchando para que se castigue a los militares y sean juzgados por autoridades civiles.
El 30 de junio de 1994, las hermanas denunciaron ante el Ministerio Público Federal la violación sexual de la que fueron objeto, luego de lo cual se les practicó un examen médico ginecológico. La denuncia fue ratificada el 30 de agosto, según se desprende del informe No. 129/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El expediente fue enviado a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, luego de que el Ministerio Público se declaró incompetente para investigar.
El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos en un boletín de prensa, en el que señalaba que de acuerdo con la investigación realizada —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E—, se desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”, en virtud de que no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). El asunto sentó un precedente en el sistema interamericano, que por primera vez reconoció la violación sexual como tortura y determinó que el delito cometido por militares contra las tres indígenas tzeltales fuera investigado en el fuero civil.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable por la violación a varios derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana, para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño, y que el caso se turnara a la justicia civil.
Nueve años después, la recomendación no se ha cumplido. El caso está archivado en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.
De acuerdo con el Estado mexicano, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.
Las hermanas González, en tanto, consideran que la propuesta de Sabines no significa el cumplimiento de la recomendación de la CIDH, puesto que únicamente se enfoca a la reparación del daño, pero falta señalar y castigar a los culpables de la violación, además de trasladar la investigación al fuero civil.

La irracionalidad
LUIS JAVIER GARRIDO
La crisis económica y social de México, que el gobierno calderonista busca a toda costa ocultar con cifras mentirosas, va aunada a la crisis institucional derivada del ejercicio despótico e irracional del poder de los panistas, que ahora se agrava por la obsesión de Felipe Calderón por el 2012.
1. El gobierno de ultraderecha de Calderón que se instauró en México por la vía del fraude demuestra en los hechos tener una vocación aún más antidemocrática que el de su predecesor Vicente Fox, y esto se está tornando escandaloso con las iniciativas que está tomando en vistas a 2012 con la obsesión desenfrenada de mantener el poder que México va a tener que enfrentar con instituciones cada vez más desprestigiadas.
2. El hecho que muchos actores políticos y analistas no habían tomado en consideración en estos años aparece ahora de manera cada vez más clara, y es que el gobierno espurio de Felipe Calderón, antecedido por la deplorable gestión de Vicente Fox, constituyen en su conjunto la primera experiencia histórica de gobierno de la extrema derecha en México, y que en consecuencia sus políticas son atípicas en el contexto de la globalización, pues los panistas mexicanos no han sido sólo los disciplinados ejecutores e intérpretes de los programas neoliberales auspiciados por fuerzas del exterior, sino que a la vez que han actuado como peleles de los grandes intereses trasnacionales han tratado torpemente de instaurar los programas históricos de la derecha criolla en nuestro país y hacer valer los ideales de viejos hacendados y empresarios y de los sectores más retardatarios de la jerarquía católica y de las fuerzas armadas.
3. La evolución del México independiente no registra ningún otro momento de nuestra historia en el que esas fuerzas retardatarias hayan dispuesto de manera tan impune de los recursos nacionales como acontece ahora, pues a lo largo de la primera República centralista (1835-1842) como de la segunda (1843-1845), el país vivió una verdadera guerra civil, como fue el caso en la Intervención y el Imperio (1862-1867), y durante el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz (1877-1911) la herencia liberal le impidió a éste hacer suyos todos esos programas de la ultraderecha.
4. En el México reciente han aparecido en consecuencia los rasgos más oprobiosos del pasado, que se han fortalecido en quienes pretenden gobernar por su vinculación con el neofranquista Partido Popular (PP) de España y las trasnacionales españolas, que le facilitaron a su asesor Antonio Sola, por lo que no deben sorprender en las acciones del gobierno calderonista todos esos rasgos que le afloran en el discurso y en los actos –del resentimiento al revanchismo–, ni su afinidad con las fuerzas de la ultraderecha internacional: del Tea Party estadunidense a los ultras europeos.
5. El desmantelamiento del orden constitucional mexicano, acelerado de manera desquiciada por el gobierno de Calderón, no se podría entender si no es desde esa perspectiva histórica. La supuesta “guerra contra el narco”, impuesta desde el exterior, tiende a acelerar el desmantelamiento del Estado nacional y a propiciar la injerencia estadunidense en México, pero responde también a la vocación autoritaria y centralista de la ultraderecha mexicana.
6. Las manipulaciones del grupo de Calderón para imponerse en 2012 confirman no sólo el abandono en el que se halla el país un poco después de la mitad del sexenio, por la obnubilación e ineptitud del actual grupo gobernante que antepone cada vez más y de la manera más obvia sus intereses facciosos al orden constitucional con un patrimonialismo del que no se tenían antecedentes en el país, sino los riesgos en los que se halla México.
7. En el contexto de su distanciamiento del PRI, con el que están rompiendo el que había sido su compromiso histórico desde 1988, y del subordinamiento que han logrado del aparato del PRD –a través de su alianza con el grupo de los chuchos–, Calderón y sus amigos están ahora tratando de apoderarse –aunque sin muchas posibilidades de éxito– de cinco estados claves de la Federación que tienen gobiernos ajenos al PAN (Nuevo León, Aguascalientes, Veracruz, Hidalgo y Michoacán) para poder disponer de su infraestructura en el proceso electoral de 2012, buscan a toda costa someter a sus intereses al duopolio televisivo que se halla cada vez más inclinado al PRI, continúan utilizando su poder discrecional para a través de concesiones ilegales consolidar sus relaciones con poderosos grupos económicos extranjeros, no han dejado de intensificar su lucha contra los priístas mexiquenses de Enrique Peña Nieto y han relanzado con evidente desesperación la campaña contra Andrés Manuel López Obrador ante la evidencia de su creciente fuerza social en un escenario que se está asemejando al de 2005.
8. El desastre institucional es generalizado en todo el país por las iniciativas de Calderón. Los candidatos priístas declarados triunfantes en Aguascalientes, Veracruz e Hidalgo han guardado silencio ante la amenaza oficial de revertir los resultados a través del tribunal electoral, queriendo entender que estas maniobras corresponden más al estilo panista de negociar con el PRI su voto en las cámaras, pero en otros casos no ha sido así.
9. El 2012 es este escenario el objetivo central de Calderón. La nueva tentativa de silenciamiento de Andrés Manuel López Obrador se inició a su vez hace unas semanas con un fallo del tribunal electoral, en manos de la calderonista María del Carmen Alanís, al prohibir los promocionales del PT en los que aparece, y ahora es el IFE, con la misma lógica totalitaria de que cualquier opinión contraria al gobierno es propaganda electoral, el que zozobra en la ilegalidad, tratando de acallarlo. La utilización del instituto –organismo autónomo según la ley– por el gobierno panista para tratar de silenciar a Andrés Manuel se revierte por lo mismo en contra de éste, pues a todas luces es un acto ilegal y despótico que evidencia la total pérdida de las formas de parte de las autoridades. A Calderón le molesta que AMLO hable, por ejemplo, de que los empresarios fueron engañados por los panistas o que los promocionales del PT difundan el proyecto alternativo de nación, y por ello al acudir el miércoles 20 a la sede del instituto para atender a la denuncia del PAN recibió la que calificó como una actitud majadera, amenazante y de intimidación.
10. Este inocultable desquiciamiento del gobierno calderonista, la pérdida absoluta de las formas a que ha llegado, sus violaciones sistemáticas a la Constitución y su afán desmedido por manipular el proceso electoral de 2012 con dos años de antelación, abre un nuevo desafío para el pueblo ciudadano, y es el de tener que enfrentar el futuro anteponiendo cada vez más las armas de la razón y de la legalidad pero con una indomable voluntad de resistencia.