CÓMPLICES O RENEGADOS

05/10/2010

Vulnerables
Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 4 de octubre.- En la guerra contra el crimen organizado los alcaldes mexicanos quedaron en medio del fuego cruzado; o caen por los disparos de los criminales o son detenidos por las autoridades federales. Desde el inicio del sexenio 18 de ellos han sido asesinados presuntamente por miembros de las bandas delictivas. Además, para dar una idea de su vulnerabilidad ante las averiguaciones previas que les inicia la PGR, sólo en el fallido michoacanzo fueron detenidos 12 alcaldes, acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.
El lunes 27 sacudió a la opinión pública el hallazgo del cuerpo lapidado del alcalde interino de Tancítaro, Michoacán, junto a uno de los concejales, Rafael Equihua. Ellos habían sido designados por el Congreso para ese cargo luego de que en diciembre del año pasado el presidente municipal y su cabildo renunciaron por presiones del crimen organizado y por considerar que no había condiciones para hacer su trabajo.
Los alcaldes no son los únicos funcionarios vulnerables en los ayuntamientos; los ataques también alcanzan a los policías: de acuerdo con las cifras que ofrece el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en lo que va del presente sexenio han sido ejecutados 915 policías municipales, de los 2 mil 76 efectivos policiacos abatidos por las bandas criminales.
El riesgo se extiende a los mandos medios de la administración municipal, como el secretario de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Enrique Barrios, secuestrado en mayo pasado al parecer por grupos vinculados con el crimen organizado. Barrios fue dejado en libertad por sus captores unos días después, tras ser torturado, y renunció a su cargo. Son numerosos también los casos de secretarios o directores de Seguridad Pública municipal que han caído por el fuego de la delincuencia organizada.
Pero los funcionarios municipales no sólo están expuestos al acoso de la delincuencia organizada: también padecen los embates de las autoridades. En mayo de 2009 las fuerzas federales detuvieron a 38 funcionarios y jefes policiacos de Michoacán acusados de servir a la delincuencia organizada, particularmente al cártel de La Familia. Entre los funcionarios había 12 alcaldes, tres directores municipales, un síndico del ayuntamiento y dos policías. Así, casi la tercera parte de los detenidos eran alcaldes, la sexta parte eran funcionarios o policías municipales y en total representaban 47% de los 38 detenidos.
Aunque no hay estadísticas que permitan ubicar el total de integrantes de la fuerza pública municipal que han sido consignados ante la justicia, también son blanco preferido de los ministerios públicos. Un recuento publicado por el diario regiomontano El Norte en su edición del 26 de septiembre de 2009 señala que en los primeros siete meses de ese año habían detenido a 357 policías, de los cuales 319 pertenecían a las corporaciones municipales.
Y en marzo de este año elementos de la Marina detuvieron al director de alcoholes del mismo municipio, Rogelio González, también por presuntos nexos con el crimen organizado. Hasta el momento no ha sido liberado.
Así los funcionarios municipales son el blanco ideal del crimen organizado, pues realizan tareas cruciales para la buena marcha de “su negocio”. Normalmente están mal pagados y no tienen los instrumentos adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Aquí los policías muestran esta realidad: de acuerdo con García Luna 61% de ellos ganan menos de 4 mil pesos mensuales, y al menos en el caso de Nuevo León, por disposición legal no pueden portar armas largas.
En cuanto a los mandos medios y los alcaldes quizá la única diferencia es el salario – y no en todos los casos pues seguramente muchos de ellos (en los más de 2 mil 500 municipios) reciben remuneraciones miserables– pero son igualmente vulnerables a los embates del crimen organizado, como mostró claramente el secuestro y asesinato del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos.
De acuerdo con datos publicados en medios informativos, en sus diez meses de gestión éste había reducido el número de sus policías de 60 a 10 como consecuencia de los asesinatos (este año la delincuencia organizada mató a 12 agentes), despidos y renuncias. De los diez que estaban en servicio en esos momentos, siete fueron vinculados con su asesinato.
Los municipios son el núcleo básico de la organización política y administrativa de México. Las funciones que realizan sus autoridades son cruciales para que los mexicanos gocen de una mejor calidad de vida; pero desgraciadamente esta operación estratégica no se corresponde con el diseño institucional, y eso es lo que los vuelve muy vulnerables, como indican las estadísticas y los casos señalados en los párrafos anteriores.
Las explicaciones de los asesinatos y detenciones de los funcionarios municipales son múltiples: algunos cayeron por las balas del crimen organizado porque osaron combatirlo, pero seguramente también hay quien fue victimado por haberse aliado a uno de los grupos en pugna, por haber incumplido sus promesas o haber intentado abusar de su autoridad, entre otras posibles razones. Lo mismo sucede en el caso de las detenciones, en las que existen culpables e inocentes.
Lo cierto es que los funcionarios públicos municipales no gozan de las condiciones adecuadas para cumplir con sus responsabilidades y eso lo aprovecha el crimen organizado para comprarlos, maniatarlos o eliminarlos. No son los únicos servidores públicos vulnerables pero sí son el eslabón más débil y eso los vuelve también blanco de las mismas autoridades.
Para combatir dicha debilidad lo primero que hay que reconocer es la gran heterogeneidad y diversidad de los municipios mexicanos, lo que necesariamente cancela las respuestas únicas; los remedios no pueden aplicarse indiscriminadamente a todo lo largo y ancho del país. La generalización ni siquiera es concebible a nivel de las entidades federativas, pues incluso dentro de ellas las diferencias son abismales. Las alarmas están encendidas, hay que atenderlas so pena de seguir sufriendo las consecuencias.

La universidad y el poder
JOSÉ BLANCO

Las relaciones entre las instituciones de educación pública y los poderes federales y estatales van desde la tensión sorda permanente hasta las crisis recurrentes aquí y allá. Estas tensiones permanecen en la oscuridad, especialmente en las entidades federativas, pero son cotidianas y acalladas por los medios locales.
Con frecuencia los gobernadores de los estados dominan la escena política de sus estados, sobre todo hoy que quedó desdibujado y a veces desfigurado el poder otrora omnímodo del Presidente de la República.
Si ha sido obvio el déficit ciudadano que padece el país, el poder enfeudado del presente ha empeorado las cosas sensiblemente.
La mayoría de las universidades mexicanas, en general, están aún lejos de alcanzar una cota que les permita llamarse cabalmente universidades. Son universidades las casas cuyo personal académico es capaz de empujar el límite del conocimiento, cada día, un poco más allá, ampliándolo, y formar profesionales de alto nivel, emprendedores e innovadores.
Alcanzar esta condición requiere todo el apoyo del poder público, porque en el conocimiento se hallan los instrumentos capaces de generar un progresivo bienestar para el conjunto de la sociedad. Todas las sociedades desarrolladas del mundo han derivado su progreso del saber de sus sociedades. Pero si, y sólo si, las sociedades son educadas bajo bases disciplinares múltiples y rigurosas.
Las tensiones que refiero, y las crisis peor aún, proceden de un poder ignorante de lo que representa el conocimiento.
Resulta verdaderamente inefable que el Congreso del estado de Durango haya cometido la barbaridad que acaba de cometer. Al señor gobernador no le gustó la gestión de un rector, y el señor gobernador, como domina la prensa local, el congreso local, y vive para los poderes fácticos locales, hace lo que le pega la gana con la universidad.
La universidad produce conocimiento sobre la naturaleza y la sociedad, y lo hace mediante la crítica de los estatus científico, social y político existentes. Esto disgusta profundamente a los nuevos señores feudales.
El gobernador y el Congreso duranguenses desconocen, en todos sus sentidos, lo que la Constitución Política dispone respecto de la autonomía universitaria. El saber y el conocimiento se gestionan bajo sus propias reglas, o le es imposible avanzar. El gobernador de Durango y el Congreso de ese estado no lo saben. Deciden pergeñar, vía fast track, una ley ad hóminem en contra del rector que, de acuerdo con la ley universitaria, buscaba relegirse. Pero, como hay un mandón que dice no, al diablo con la Constitución.
Es increíble que los diputados de la entidad hayan buscado detener al rector que buscaba otro mandato, hicieran esa ley que le prohíbe la relección por el Consejo Universitario, le quitan sus atribuciones al consejo, ponen a una rectora sustituta provisional, disponen que el rector sea elegido mediante el voto universal y secreto propio de una República, y aun digan cínicamente que es una ley provisional, que el año próximo volverán a modificarla para que sea posible la relección.
En tanto, el Ejecutivo mira a lo lejos el problema, ve cómo los poderes locales hacen caso omiso de la Constitución Política, que creen que la universidad es una dependencia gubernamental sobre la que pueden tomar las decisiones que se les pegue la gana.
Es momento de que las universidades del país cierren filas, porque la autonomía universitaria está gravemente amenazada por los señores feudales de las entidades federativas. Es claro que la de Durango no es la única clase política descerebrada. No sólo no entienden lo que deben hacer con la educación de sus estados para hacerla progresar sólida y velozmente, sino que la atacan, la atascan, la agreden, la aterrorizan. Se comportan con la universidad como el bandolero del barrio que puede romperle la crisma a cualquiera. Es absolutamente inadmisible.
En Jalisco, las cosas andan también de cabeza. Un gobernador extraordinariamente reaccionario, que ebrio y a mentadas de madre en una concentración pública regala a puños el dinero público a la aberrante clerecía estatal, es al mismo tiempo muy capaz de no entregarle el dinero público que corresponde a la educación pública.
¿Adónde va México con estos gobernantes, aliados con poderes fácticos enriquecidos bajo su mandato, y de la mano con los curas que, juntos, sólo entienden el mundo como cavernas en las que encerrar a la sociedad, y gobernarla a garrotazos y con decisiones políticas medievales? Cuánto daría Sandoval por restablecer la Santa Inquisición, encabezarla y colocar de gerente de los verdugos al gobernador González Márquez. Cuánto daría este gobernador por aplastar con sus propias manos a los enemigos de estos panistas del medioevo.
El peor dato para el futuro de la nación es el maltrato que los poderes públicos dispensen a la educación en todos sus niveles. Hoy por hoy, la educación del primer nivel está en manos de Elba Esther. El bachillerato, en el olvido. Las universidades aquí y allá, teniendo que pelear con las armas de la razón, los argumentos, y las movilizaciones pacíficas, el poder subsistir en el indispensable marco de la autonomía –que ha de pelearse día a día–, y tratando de hacer ver a esos poderes primarios que estas instituciones son la única garantía de un futuro civilizado.
Para pensarle
RENÉ DRUCKER COLÍN

En un momento tan difícil, hay quienes dicen que no podemos permitirnos invertir en ciencia. Que el apoyo a la investigación de algún modo es un lujo en un momento definido por necesidades. Yo estoy en desacuerdo a fondo. La ciencia es más esencial para nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro ambiente y nuestra calidad de vida; que nunca antes. Y si alguna vez hubo un día que nos recordará de nuestra apuesta compartida por la ciencia y la investigación, ese día es hoy.
Esto lamentablemente no fue dicho por Calderón, lo cual es obvio, pues el desdén que ha mostrado hacia la actividad científica se constató desde el principio de su gestión, al haber nombrado a Romero Hicks al frente del Conacyt. Esto que cité y puse entre comillas es un fragmento del discurso de Barack Obama ante la Academia Nacional de Ciencias en Washington, en abril de 2009. Qué diéramos por tener un presidente que tuviera la visión que más adelante señaló Obama: Y nuestro futuro como nación depende de nuestra disposición a abrazar este reto como oportunidad de dirigir al mundo en la búsqueda de nuevos descubrimientos.
Desde luego que en el caso de México no se puede culpar sólo a la actual administración de la falta de visión en cuanto a asuntos sobre la ciencia. Esta absoluta miopía ha sido una enfermedad crónica de toda la clase política mexicana. Realmente el Conacyt ha sido desde su creación un organismo meramente ornamental y, si bien en los 40 años desde su creación ha habido ciertos programas que han alcanzado unos pocos éxitos, la realidad es que la comunidad científica nunca ha sido parte de las prioridades del país y se le tolera porque es políticamente correcto, pues da algunas cosas de qué presumir. Pero en realidad la inversión en este rubro nos coloca siempre entre los países coleros, ya que jamás hemos, ni cercanamente, llegado a la inversión de 1 por ciento del PIB para la ciencia, lo que ha sido repetidamente recomendado por la OCDE. Esta recomendación fue traducida en una ley en 2001 que nunca se ha cumplido y ni la intención se tiene.
El Conacyt, a lo largo de su historia y para que no perdiera su carácter tropical, siempre ha tenido directivos con ocurrencias, ya sea verbales o de acciones, como un director que cuando le preguntaron qué pensaba de la fuga de cerebros, contestó: ¿Fuga de cerebros?, ¡no, hombre!, en México lo que hay es fuga de braceros, u otro director que dijo que a los científicos les da lo mismo estudiar a la pulga que la cabeza del ser humano, o aquel director adjunto que dijo que mejorar una dona también es un descubrimiento científico cuando se le cuestionó sobre el asunto de los incentivos fiscales. Y sobre esto último, ahora el Conacyt, en sus programas de innovación, parece ser que otorgó 56 millones a Mexicana de Aviación, que ya desapareció, me imagino que con todo y los 56 milloncitos. Sería bueno saber adónde fueron a parar esos dineros que bien habrían servido a la comunidad que realmente hace ciencia.
En fin, que el Conacyt es un organismo que le importa un pito al Ejecutivo, al igual que a los diputados y senadores, pues ya lo constatamos en esta última Cámara, que el día de la comparecencia del director del Conacyt sólo se presentaron dos senadores a interrogarlo acerca de sus logros. Vergüenza debería dar a esos señores que reciben sueldos insultantes a costa de nuestros impuestos, para que ni siquiera cumplan con el mínimo trabajo para el que se les paga. Pero seguro que sus aguinaldos serán jugosos y los cobrarán, eso sí, con toda puntualidad y celeridad.
En fin, el país está secuestrado por una clase política que pareciera estar diseñada por el enemigo. Pero ¡viva México!, mientras nos dure.