NO A LA IMPUNIDAD
5 oct 2010
Indígenas violadas por militares exigen a Calderón desagravio público
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- Valentina Rosendo Cantú, la indígena mep’haa (tlapaneca) que fue abusada sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 y que ganó el litigio que emprendió contra el Estado mexicano, solicitó al presidente Felipe Calderón que, en desageravio, visite su comunidad y en un acto público acepte que ella tenía razón.
“Quiero que el presidente (Felipe Calderón) vaya a mi comunidad, que yo esté junto a él y diga a todos que yo tenía la razón, que yo no mentí, porque a mí me violaron militares”, afirmó.
El viernes 1 de octubre, la Coidh emitió dos sentencias en contra de México por violar tres tratados internacionales de derechos humanos –la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer— en perjuicio de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.
Como se narra en la edición número 1770 de la revista Proceso, actualmente en circulación, en el año 2002 ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados en las comunidades indígenas de Acatepec y Ayutla, en el estado Guerrero. Sus casos fueron investigados en la Procuraduría de Justicia Militar, donde permanecen en la impunidad, de ahí que las dos mujeres recurrieran a instancias internacionales en busca de justicia.
Tras difundirse el sentido de las sentencias de la Coidh, Valentina contó a Apro cómo recibió la noticia de la condena: Emocionada, dijo que a las 16: 30 del viernes 1 de octubre, Alejandra Nuño le notificó por teléfono que la Corte ya había emitido su fallo:
“Yo iba para mi casa cuando me llamó Alejandra; me dijo que me iba a volver a llamar en la noche porque no sabía qué había salido. Llegué a mi casa y me puse a llorar, estuve recordando todos los momentos difíciles que he vivido durante estos ocho años, yo decía ‘Diosito dame valor para yo poder aceptar sea lo que sea’.”
Cuando se enteró que el fallo del tribunal interamericano había sido a favor de Inés y de ella, todo cambió: “Me puse muy feliz; mi corazón no cabe de alegría de saber que ya salió la verdad.”
Valentina señaló que lo más importante es que después de ocho años de buscar la justicia, ahora “el gobierno tiene que reconocer que se equivocó con dos mujeres indígenas”; y recordó que sus casos como mujeres agredidas sexualmente por soldados no son los únicos, pero sólo ella e Inés se atrevieron a denunciar.
La indígena de 24 años recordó que haber alzado la voz en contra de los militares agresores tuvo consecuencias terribles para ella e Inés: Ambas tuvieron que salir de sus comunidades; han sido hostigadas y amenazadas; sus hijas han estado en riesgo de ser secuestradas; en el caso de Inés, un hermano suyo fue asesinado; y a Valentina su esposo la abandonó.
Valentina resaltó que sus padres también fueron amenazados y que ella tuvo que salir de su comunidad ante la discriminación de que fue objeto, era llamada la “mujer violada”, la “mujer de los guachos”.
Por eso, apuntó, la disculpa pública que tiene que dar el Estado por haber violado sus derechos fundamentales tiene que ser en su comunidad: “Ahí fue donde el Ejército hizo más daño; yo no he podido regresar por culpa de los guachos y mi hija no ha crecido entre su gente por los guachos.”
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, organización que defendió a Valentina e Inés, resaltó que convocará a personalidades de la academia, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales interesados en el cumplimiento de las sentencias para que presionen y las sentencias se cumplan lo más pronto posible.
“La principal intención es que lo que ocurrió con Valentina e Inés, y que pasa en todo el país a partir de que el gobierno de Felipe Calderón apostó por la militarización de la seguridad pública, no vuelva a ocurrir”, puntualizó Barrera Hernández.
Agregó que el viernes pasado el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Zamora Castro, se comunicó con él para acordar los términos del cumplimiento de la sentencia.
Doble sentencia contra México
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 4 de octubre (Proceso).- El Estado mexicano volvió a quedar mal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo condenó a raíz de los abusos cometidos por miembros del Ejército:
Al tiempo que el máximo tribunal interamericano ratificó la sentencia emitida en torno al caso de Rosendo Radilla –ordenó modificaciones al Código de Justicia Militar para evitar que los tribunales castrenses atiendan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por sus efectivos– dictó dos más el pasado viernes 1.
Ese día, la Corte emitió las sentencias de los juicios seguidos contra México en relación con los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por soldados en febrero de 2002 la primera y un mes después la segunda, en las comunidades de Acatepec y Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero.
Atendidos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por su acrónimo inglés) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, los casos de Valentina e Inés se han mantenido en la impunidad durante ocho años en el fuero militar y sus agresores no han sido castigados. Las indígenas, sus familias y sus abogados, en cambio, han sido amenazados y agredidos por sostener su exigencia de justicia (Proceso 1589).
En ambas sentencias, los jueces hallaron pruebas de que México violó tres tratados internacionales en agravio de las indígenas y sus familias: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La Corte, presidida por el peruano Diego García Sayán, declaró en ambos casos a México responsable de violación a los derechos de integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, de transgredir los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y de incumplir “la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia”.
En el caso de Inés Fernández –violada en su casa frente a sus hijos–, la Corte encontró responsabilidad en el Estado mexicano por la “violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio”, en tanto que en el de Valentina “el Estado es responsable por la violación a los derechos del niño”: ella era menor cuando fue agredida por los soldados.
Santiago Aguirre, abogado del CDHMT considera “históricas” las sentencias y puntualiza en entrevista que ponen en evidencia “las consecuencias de la militarización, un tema de muchísima actualidad, porque si bien los casos de Valentina e Inés ocurrieron en 2002 muestran los abusos que cometen las Fuerzas Armadas cuando se entrometen en tareas que no les corresponden”.
Los jueces de la Corte Interamericana, agrega Aguirre, probaron “que cuando es la propia autoridad militar la que investiga los abusos que cometen sus elementos y que constituyen delitos, además de violaciones a los derechos humanos, las posibilidades de que desemboquen en impunidad son muy altas”.
En ambas sentencias, los jueces de la Corte Interamericana obligan al Estado mexicano a “adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana de Derechos Humanos”, instrucción que ya había dado en la sentencia por el caso Radilla, líder campesino desaparecido por el Ejército en 1974 (Proceso 1729).
En el caso de Inés, se agregó una observación al Poder Judicial para que haga reformas que permitan que “las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia”.
“Este aspecto resulta muy relevante”, apunta Aguirre, “pues hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha negado a las víctimas impugnar la competencia del fuero militar. Inés recurrió a un amparo para que la Procuraduría de Justicia Militar se abstuviera de atraer su caso, pero se le negó personalidad jurídica para ello”.
Para la abogada del Cejil, Alejandra Nuño, otro aspecto a destacar de las sentencias de Inés y Valentina es que la Corte Interamericana reconoció que las agresiones sexuales de miembros del Ejército fueron un acto de tortura.
En sus denuncias ante la instancia interamericana, ambas mujeres han sostenido que cuando fueron agredidas los soldados las sometieron a un interrogatorio: a Inés le preguntaron por su marido y a Valentina, por “encapuchados” o guerrilleros (Proceso 1699 y 1752).
“La Corte retomó la veracidad del testimonio de Valentina y de Inés, mujeres sumamente valientes que han enfrentado todos los obstáculos y el cuestionamiento de que los hechos que narraron no sucedieron. Esa fue la argumentación y la respuesta del Estado”, señala Nuño.
Resalta que a pesar de que la representación del Estado reconoció parcialmente algunas responsabilidades internacionales al no concluir de forma expedita las investigaciones, “siempre puso en entredicho el hecho de que se haya cometido la violación sexual y el hecho de que había dilación, y sostuvo que la jurisdicción militar era el fuero adecuado para juzgar esas violaciones a los derechos humanos”.
La negación de los hechos en el gobierno de Calderón llega a tal grado que en el comunicado 471/10 de la Secretaría de Gobernación para informar sobre las sentencias de la Corte, no se menciona a los militares como responsables de las agresiones a las indígenas ni que la investigación de los casos estaba estancada en la Procuraduría de Justicia Militar.
Los resolutivos de las sentencias consideran que las investigaciones de las agresiones sexuales deben remitirse al fuero ordinario; ordena sanciones para los agentes del Ministerio Público de Guerrero que “dificultaron la recepción” de las denuncias y, en el caso de Rosendo Cantú, al médico que la atendió después de haber sido agredida por no dar parte a las autoridades; se ordena al Estado hacer un reconocimiento público de la responsabilidad internacional en ambos casos, así como reparar el daño a las víctimas, atenderlas a ellas y a sus familias médica y sicológicamente y dar becas escolares a los hijos de ambas indígenas.
Entre las medidas que los jueces de la Corte Interamericana ordenan para mejorar el sistema de procuración y administración de justicia destacan la estandarización de protocolos para la atención de mujeres agredidas y adaptar parámetros internacionales; capacitación a funcionarios de las procuradurías para la atención de mujeres agredidas sexualmente y programas permanentes de capacitación en materia de respeto a los derechos humanos para las Fuerzas Armadas.
Para las comunidades indígenas de donde son originarias Inés y Valentina –Barranca Tecoani y Caxitepec– los jueces instruyeron que en la primera se abriera un centro comunitario y en la segunda se fortaleciera el centro de salud con medicamentos y médicos, además de que se pide garantizar la educación secundaria para las niñas indígenas.
Satisfechos con las sentencias, los abogados Santiago Aguirre y Alejandra Nuño advierten que tras las resoluciones de la Corte Interamericana no hay pretextos para retrasar las reformas al fuero militar.
“Las sentencias muestran una realidad presente en las comunidades indígenas y rurales de Guerrero, situación que se ha extendido a todo el país: las violaciones a derechos humanos cometidas por militares que quedan en la impunidad. He ahí la urgencia de fortalecer los controles de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas”, señala Aguirre.
Alejandra Nuño advierte: “Si el Estado mexicano sigue remitiendo casos ante la jurisdicción militar por violaciones graves a los derechos humanos, si sigue con una política de seguridad totalmente inadecuada, si continúa sin realizar protocolos de investigación adecuados y sigue desconociendo y excluyendo a mujeres que históricamente han sido vulneradas porque son mujeres, indígenas pobres, México va a seguir siendo juzgado seguramente por muchas otras instancias internacionales”.
Fuero militar, a revisión de la ONU
Jorge Carrasco Araizaga
MEXICO, D.F., 4 de octubre (Apro).- En medio de la crítica internacional al Estado mexicano por la aplicación del fuero militar a civiles, funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia Militar se reunirán el próximo miércoles con Gabriela Carina Knaul De Albuquerque e Silva, relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas.
El Ejército y La Marina mexicanos se encuentran en la mira internacional no sólo por el incremento de las violaciones a los derechos humanos contra civiles en la llamada guerra del gobierno de Felipe Calderón al narcotráfico, sino porque éstas son investigadas por tribunales castrenses.
Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó del encuentro con la relatora especial con “funcionarios de los órganos de justicia militar”, sin indicar si se reuniría también con el general secretario, Guillermo Galván o algún otro mando del Ejército.
En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de militares, en 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
En la resolución, le pidió al Estado mexicano revisar la constitucionalidad de la aplicación del fuero de guerra en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó hacer esa revisión a pesar de que el Poder Judicial está obligado como parte del Estado mexicano.
En la Cámara de Diputados está pendiente la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para legalizar la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, y según anunció el general Galván, el gobierno de Calderón también presentaría una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, bajo cuyo amparo los militares se investigan a sí mismos.
“Esta dependencia celebra el debate público que diversos actores de la vida nacional realizan en torno a las modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar”, mencionó la Sedena en el comunicado.
Pero dijo que esa reforma debe “fortalecer las instituciones del Estado mexicano y preservar la disciplina militar”.
La Sedena puso énfasis en que la relatora sobre independencia judicial fue invitada por el Estado mexicano y que la reunión con los funcionarios judiciales castrenses es una muestra de la “apertura” y “transparencia” de la dependencia.
Reconoce Molinar que recibió notificación de no entregar títulos
La idea original era entregarlos en la conferencia de la UIT, afirmó
JUAN CARLOS GARCÍA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 5 de octubre de 2010, p. 24
Guadalajara, Jal., 4 de octubre. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, reconoció que sí fue notificado sobre la decisión del juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, radicado en Córdoba, Veracruz, emitida el pasado 30 de septiembre para evitar la entrega de los títulos de concesión del espectro radioeléctrico en 1.7 y 1.9 de banda ancha. Sin embargo, la calificó de notoriamente improcedente y allanada legalmente, de acuerdo con lo que le informó su área jurídica. Por ello decidió entregar los títulos de concesión desde el sábado. También defendió el precio al que se otorgó la licitación, e insistió en que los 180 millones de pesos pagados son solamente el enganche.
Justamente el viernes fuimos notificados de la reversión de una actuación de un juez local que era claramente incompetente, pero aún así nosotros decidimos esperar a que otro juez revirtiera esa decisión; en el momento en que eso ocurrió, la unidad jurídica de la secretaría me señaló que no había ya ninguna otra suspensión o acción legal de un tribunal notificada a la secretaría, y que por lo tanto estaba expedito el camino para la firma y entrega de esos títulos, expuso el funcionario federal, en rueda de prensa posterior a la inauguración de la conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizada en la Expo Guadalajara.
Molinar afirmó que la idea original era entregar esos títulos de concesión justamente aquí, pero como una de las empresas más interesadas prefirió que se los dieran antes, se optó por adelantar el anuncio para el sábado.
Telcel ya recogió los títulos
Me informan, por cierto, que Telcel ya recogió esos títulos: hace unos minutos estuvo haciendo los últimos trabajos, se lleva el papeleo un cierto tiempo, pero que ya los recogió. Quedan pendientes los de Telefónica. Iusacell, Nextel y Telcel ya los tienen en su poder, agregó.
Recordó que han existido 69 litigios interpuestos por una empresa que considera que no se debería asignar ese espectro, situación contraria a las consideraciones de la SCT y a los otros participantes en la licitación, lo que obligó a defenderse de los actos de autoridad.
Reiteró que los 180 millones 300 mil pesos que pagará Televisa-Nextel por el espectro son el enganche, pues además deberá pagar 18 mil millones de pesos por derechos y tendrá que desplegar una inversión de 18 mil 500 millones de pesos en los siguientes cinco años, lo cual generará cerca de 7 mil 500 nuevos empleos directos en un sector muy bien remunerado.
“Esta diferencia se compara con el tramo de diez megahercios, que fue un tramo sumamente competido, y en el cual el precio del ‘guante’ fue de 5 mil millones de pesos. Pero hay que comparar el ‘guante’ más los derechos para conocer el precio real del bien que se está adjudicando”, dijo. El precio mínimo del guante, es decir el enganche, fue fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando como referencia el precio observado en una licitación de la frecuencia de 1.9 realizada en México años atrás, y actualizada por la inflación y otros factores de ajuste al presente, explicó.
El secretario de Comunicaciones consideró que el mínimo fijado por Hacienda fue el último precio de mercado conocido, y aunque en la licitación de la banda de 1.9 un sector del espectro fue muy disputado y sus precios aumentaron, otro sector fue menos disputado porque la Comisión Federal de Competencia buscaba que pudieran entrar a concurso aspirantes nuevos o pequeños, lo que finalmente sucedió.
“Se ha dicho mucho que el precio de la 1.7 salió muy bajo un tramo respecto del otro. En realidad lo que ocurrió es que el haber puesto caps, que les llaman, o límites de acumulación de espectro, las empresas que tenían esos límites tuvieron que competir muy intensamente para poder obtener espectro, y se trataba de las empresas que ya estaban incorporadas en el mercado, mientras las empresas que no estaban en el mercado pudieron entrar a precios menores”, asentó.
Como hizo el presidente Felipe Calderón durante su discurso ante el pleno de la UIT, Molinar Horcasitas también defendió la licitación 21, al señalar que se trata de la mayor adición de espectro en el mercado mexicano en muchos años, lo que generará más competencia en ambas bandas y, a la larga, precios más competitivos en beneficio del consumidor.
Respecto a la posibilidad de que continúe un litigio legal por las licitaciones otorgadas, el secretario dijo que cualquier particular tiene derecho de acudir a los tribunales de justicia para defender los que considere sus intereses, pero también la SCT defenderá un avance en la industria de comunicaciones del país que va justamente en la dirección señalada por la UIT.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 4 de octubre (apro).- Valentina Rosendo Cantú, la indígena mep’haa (tlapaneca) que fue abusada sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 y que ganó el litigio que emprendió contra el Estado mexicano, solicitó al presidente Felipe Calderón que, en desageravio, visite su comunidad y en un acto público acepte que ella tenía razón.
“Quiero que el presidente (Felipe Calderón) vaya a mi comunidad, que yo esté junto a él y diga a todos que yo tenía la razón, que yo no mentí, porque a mí me violaron militares”, afirmó.
El viernes 1 de octubre, la Coidh emitió dos sentencias en contra de México por violar tres tratados internacionales de derechos humanos –la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer— en perjuicio de Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega.
Como se narra en la edición número 1770 de la revista Proceso, actualmente en circulación, en el año 2002 ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados en las comunidades indígenas de Acatepec y Ayutla, en el estado Guerrero. Sus casos fueron investigados en la Procuraduría de Justicia Militar, donde permanecen en la impunidad, de ahí que las dos mujeres recurrieran a instancias internacionales en busca de justicia.
Tras difundirse el sentido de las sentencias de la Coidh, Valentina contó a Apro cómo recibió la noticia de la condena: Emocionada, dijo que a las 16: 30 del viernes 1 de octubre, Alejandra Nuño le notificó por teléfono que la Corte ya había emitido su fallo:
“Yo iba para mi casa cuando me llamó Alejandra; me dijo que me iba a volver a llamar en la noche porque no sabía qué había salido. Llegué a mi casa y me puse a llorar, estuve recordando todos los momentos difíciles que he vivido durante estos ocho años, yo decía ‘Diosito dame valor para yo poder aceptar sea lo que sea’.”
Cuando se enteró que el fallo del tribunal interamericano había sido a favor de Inés y de ella, todo cambió: “Me puse muy feliz; mi corazón no cabe de alegría de saber que ya salió la verdad.”
Valentina señaló que lo más importante es que después de ocho años de buscar la justicia, ahora “el gobierno tiene que reconocer que se equivocó con dos mujeres indígenas”; y recordó que sus casos como mujeres agredidas sexualmente por soldados no son los únicos, pero sólo ella e Inés se atrevieron a denunciar.
La indígena de 24 años recordó que haber alzado la voz en contra de los militares agresores tuvo consecuencias terribles para ella e Inés: Ambas tuvieron que salir de sus comunidades; han sido hostigadas y amenazadas; sus hijas han estado en riesgo de ser secuestradas; en el caso de Inés, un hermano suyo fue asesinado; y a Valentina su esposo la abandonó.
Valentina resaltó que sus padres también fueron amenazados y que ella tuvo que salir de su comunidad ante la discriminación de que fue objeto, era llamada la “mujer violada”, la “mujer de los guachos”.
Por eso, apuntó, la disculpa pública que tiene que dar el Estado por haber violado sus derechos fundamentales tiene que ser en su comunidad: “Ahí fue donde el Ejército hizo más daño; yo no he podido regresar por culpa de los guachos y mi hija no ha crecido entre su gente por los guachos.”
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, organización que defendió a Valentina e Inés, resaltó que convocará a personalidades de la academia, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales interesados en el cumplimiento de las sentencias para que presionen y las sentencias se cumplan lo más pronto posible.
“La principal intención es que lo que ocurrió con Valentina e Inés, y que pasa en todo el país a partir de que el gobierno de Felipe Calderón apostó por la militarización de la seguridad pública, no vuelva a ocurrir”, puntualizó Barrera Hernández.
Agregó que el viernes pasado el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe Zamora Castro, se comunicó con él para acordar los términos del cumplimiento de la sentencia.
Doble sentencia contra México
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 4 de octubre (Proceso).- El Estado mexicano volvió a quedar mal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo condenó a raíz de los abusos cometidos por miembros del Ejército:
Al tiempo que el máximo tribunal interamericano ratificó la sentencia emitida en torno al caso de Rosendo Radilla –ordenó modificaciones al Código de Justicia Militar para evitar que los tribunales castrenses atiendan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por sus efectivos– dictó dos más el pasado viernes 1.
Ese día, la Corte emitió las sentencias de los juicios seguidos contra México en relación con los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por soldados en febrero de 2002 la primera y un mes después la segunda, en las comunidades de Acatepec y Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero.
Atendidos por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por su acrónimo inglés) y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, los casos de Valentina e Inés se han mantenido en la impunidad durante ocho años en el fuero militar y sus agresores no han sido castigados. Las indígenas, sus familias y sus abogados, en cambio, han sido amenazados y agredidos por sostener su exigencia de justicia (Proceso 1589).
En ambas sentencias, los jueces hallaron pruebas de que México violó tres tratados internacionales en agravio de las indígenas y sus familias: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La Corte, presidida por el peruano Diego García Sayán, declaró en ambos casos a México responsable de violación a los derechos de integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, de transgredir los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y de incumplir “la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia”.
En el caso de Inés Fernández –violada en su casa frente a sus hijos–, la Corte encontró responsabilidad en el Estado mexicano por la “violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio”, en tanto que en el de Valentina “el Estado es responsable por la violación a los derechos del niño”: ella era menor cuando fue agredida por los soldados.
Santiago Aguirre, abogado del CDHMT considera “históricas” las sentencias y puntualiza en entrevista que ponen en evidencia “las consecuencias de la militarización, un tema de muchísima actualidad, porque si bien los casos de Valentina e Inés ocurrieron en 2002 muestran los abusos que cometen las Fuerzas Armadas cuando se entrometen en tareas que no les corresponden”.
Los jueces de la Corte Interamericana, agrega Aguirre, probaron “que cuando es la propia autoridad militar la que investiga los abusos que cometen sus elementos y que constituyen delitos, además de violaciones a los derechos humanos, las posibilidades de que desemboquen en impunidad son muy altas”.
En ambas sentencias, los jueces de la Corte Interamericana obligan al Estado mexicano a “adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana de Derechos Humanos”, instrucción que ya había dado en la sentencia por el caso Radilla, líder campesino desaparecido por el Ejército en 1974 (Proceso 1729).
En el caso de Inés, se agregó una observación al Poder Judicial para que haga reformas que permitan que “las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia”.
“Este aspecto resulta muy relevante”, apunta Aguirre, “pues hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha negado a las víctimas impugnar la competencia del fuero militar. Inés recurrió a un amparo para que la Procuraduría de Justicia Militar se abstuviera de atraer su caso, pero se le negó personalidad jurídica para ello”.
Para la abogada del Cejil, Alejandra Nuño, otro aspecto a destacar de las sentencias de Inés y Valentina es que la Corte Interamericana reconoció que las agresiones sexuales de miembros del Ejército fueron un acto de tortura.
En sus denuncias ante la instancia interamericana, ambas mujeres han sostenido que cuando fueron agredidas los soldados las sometieron a un interrogatorio: a Inés le preguntaron por su marido y a Valentina, por “encapuchados” o guerrilleros (Proceso 1699 y 1752).
“La Corte retomó la veracidad del testimonio de Valentina y de Inés, mujeres sumamente valientes que han enfrentado todos los obstáculos y el cuestionamiento de que los hechos que narraron no sucedieron. Esa fue la argumentación y la respuesta del Estado”, señala Nuño.
Resalta que a pesar de que la representación del Estado reconoció parcialmente algunas responsabilidades internacionales al no concluir de forma expedita las investigaciones, “siempre puso en entredicho el hecho de que se haya cometido la violación sexual y el hecho de que había dilación, y sostuvo que la jurisdicción militar era el fuero adecuado para juzgar esas violaciones a los derechos humanos”.
La negación de los hechos en el gobierno de Calderón llega a tal grado que en el comunicado 471/10 de la Secretaría de Gobernación para informar sobre las sentencias de la Corte, no se menciona a los militares como responsables de las agresiones a las indígenas ni que la investigación de los casos estaba estancada en la Procuraduría de Justicia Militar.
Los resolutivos de las sentencias consideran que las investigaciones de las agresiones sexuales deben remitirse al fuero ordinario; ordena sanciones para los agentes del Ministerio Público de Guerrero que “dificultaron la recepción” de las denuncias y, en el caso de Rosendo Cantú, al médico que la atendió después de haber sido agredida por no dar parte a las autoridades; se ordena al Estado hacer un reconocimiento público de la responsabilidad internacional en ambos casos, así como reparar el daño a las víctimas, atenderlas a ellas y a sus familias médica y sicológicamente y dar becas escolares a los hijos de ambas indígenas.
Entre las medidas que los jueces de la Corte Interamericana ordenan para mejorar el sistema de procuración y administración de justicia destacan la estandarización de protocolos para la atención de mujeres agredidas y adaptar parámetros internacionales; capacitación a funcionarios de las procuradurías para la atención de mujeres agredidas sexualmente y programas permanentes de capacitación en materia de respeto a los derechos humanos para las Fuerzas Armadas.
Para las comunidades indígenas de donde son originarias Inés y Valentina –Barranca Tecoani y Caxitepec– los jueces instruyeron que en la primera se abriera un centro comunitario y en la segunda se fortaleciera el centro de salud con medicamentos y médicos, además de que se pide garantizar la educación secundaria para las niñas indígenas.
Satisfechos con las sentencias, los abogados Santiago Aguirre y Alejandra Nuño advierten que tras las resoluciones de la Corte Interamericana no hay pretextos para retrasar las reformas al fuero militar.
“Las sentencias muestran una realidad presente en las comunidades indígenas y rurales de Guerrero, situación que se ha extendido a todo el país: las violaciones a derechos humanos cometidas por militares que quedan en la impunidad. He ahí la urgencia de fortalecer los controles de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas”, señala Aguirre.
Alejandra Nuño advierte: “Si el Estado mexicano sigue remitiendo casos ante la jurisdicción militar por violaciones graves a los derechos humanos, si sigue con una política de seguridad totalmente inadecuada, si continúa sin realizar protocolos de investigación adecuados y sigue desconociendo y excluyendo a mujeres que históricamente han sido vulneradas porque son mujeres, indígenas pobres, México va a seguir siendo juzgado seguramente por muchas otras instancias internacionales”.
Fuero militar, a revisión de la ONU
Jorge Carrasco Araizaga
MEXICO, D.F., 4 de octubre (Apro).- En medio de la crítica internacional al Estado mexicano por la aplicación del fuero militar a civiles, funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia Militar se reunirán el próximo miércoles con Gabriela Carina Knaul De Albuquerque e Silva, relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas.
El Ejército y La Marina mexicanos se encuentran en la mira internacional no sólo por el incremento de las violaciones a los derechos humanos contra civiles en la llamada guerra del gobierno de Felipe Calderón al narcotráfico, sino porque éstas son investigadas por tribunales castrenses.
Mediante un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó del encuentro con la relatora especial con “funcionarios de los órganos de justicia militar”, sin indicar si se reuniría también con el general secretario, Guillermo Galván o algún otro mando del Ejército.
En noviembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos de militares, en 1974, en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
En la resolución, le pidió al Estado mexicano revisar la constitucionalidad de la aplicación del fuero de guerra en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
En septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó hacer esa revisión a pesar de que el Poder Judicial está obligado como parte del Estado mexicano.
En la Cámara de Diputados está pendiente la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para legalizar la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, y según anunció el general Galván, el gobierno de Calderón también presentaría una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, bajo cuyo amparo los militares se investigan a sí mismos.
“Esta dependencia celebra el debate público que diversos actores de la vida nacional realizan en torno a las modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar”, mencionó la Sedena en el comunicado.
Pero dijo que esa reforma debe “fortalecer las instituciones del Estado mexicano y preservar la disciplina militar”.
La Sedena puso énfasis en que la relatora sobre independencia judicial fue invitada por el Estado mexicano y que la reunión con los funcionarios judiciales castrenses es una muestra de la “apertura” y “transparencia” de la dependencia.
Reconoce Molinar que recibió notificación de no entregar títulos
La idea original era entregarlos en la conferencia de la UIT, afirmó
JUAN CARLOS GARCÍA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 5 de octubre de 2010, p. 24
Guadalajara, Jal., 4 de octubre. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, reconoció que sí fue notificado sobre la decisión del juzgado 16 del séptimo circuito en materia federal, radicado en Córdoba, Veracruz, emitida el pasado 30 de septiembre para evitar la entrega de los títulos de concesión del espectro radioeléctrico en 1.7 y 1.9 de banda ancha. Sin embargo, la calificó de notoriamente improcedente y allanada legalmente, de acuerdo con lo que le informó su área jurídica. Por ello decidió entregar los títulos de concesión desde el sábado. También defendió el precio al que se otorgó la licitación, e insistió en que los 180 millones de pesos pagados son solamente el enganche.
Justamente el viernes fuimos notificados de la reversión de una actuación de un juez local que era claramente incompetente, pero aún así nosotros decidimos esperar a que otro juez revirtiera esa decisión; en el momento en que eso ocurrió, la unidad jurídica de la secretaría me señaló que no había ya ninguna otra suspensión o acción legal de un tribunal notificada a la secretaría, y que por lo tanto estaba expedito el camino para la firma y entrega de esos títulos, expuso el funcionario federal, en rueda de prensa posterior a la inauguración de la conferencia de plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), realizada en la Expo Guadalajara.
Molinar afirmó que la idea original era entregar esos títulos de concesión justamente aquí, pero como una de las empresas más interesadas prefirió que se los dieran antes, se optó por adelantar el anuncio para el sábado.
Telcel ya recogió los títulos
Me informan, por cierto, que Telcel ya recogió esos títulos: hace unos minutos estuvo haciendo los últimos trabajos, se lleva el papeleo un cierto tiempo, pero que ya los recogió. Quedan pendientes los de Telefónica. Iusacell, Nextel y Telcel ya los tienen en su poder, agregó.
Recordó que han existido 69 litigios interpuestos por una empresa que considera que no se debería asignar ese espectro, situación contraria a las consideraciones de la SCT y a los otros participantes en la licitación, lo que obligó a defenderse de los actos de autoridad.
Reiteró que los 180 millones 300 mil pesos que pagará Televisa-Nextel por el espectro son el enganche, pues además deberá pagar 18 mil millones de pesos por derechos y tendrá que desplegar una inversión de 18 mil 500 millones de pesos en los siguientes cinco años, lo cual generará cerca de 7 mil 500 nuevos empleos directos en un sector muy bien remunerado.
“Esta diferencia se compara con el tramo de diez megahercios, que fue un tramo sumamente competido, y en el cual el precio del ‘guante’ fue de 5 mil millones de pesos. Pero hay que comparar el ‘guante’ más los derechos para conocer el precio real del bien que se está adjudicando”, dijo. El precio mínimo del guante, es decir el enganche, fue fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando como referencia el precio observado en una licitación de la frecuencia de 1.9 realizada en México años atrás, y actualizada por la inflación y otros factores de ajuste al presente, explicó.
El secretario de Comunicaciones consideró que el mínimo fijado por Hacienda fue el último precio de mercado conocido, y aunque en la licitación de la banda de 1.9 un sector del espectro fue muy disputado y sus precios aumentaron, otro sector fue menos disputado porque la Comisión Federal de Competencia buscaba que pudieran entrar a concurso aspirantes nuevos o pequeños, lo que finalmente sucedió.
“Se ha dicho mucho que el precio de la 1.7 salió muy bajo un tramo respecto del otro. En realidad lo que ocurrió es que el haber puesto caps, que les llaman, o límites de acumulación de espectro, las empresas que tenían esos límites tuvieron que competir muy intensamente para poder obtener espectro, y se trataba de las empresas que ya estaban incorporadas en el mercado, mientras las empresas que no estaban en el mercado pudieron entrar a precios menores”, asentó.
Como hizo el presidente Felipe Calderón durante su discurso ante el pleno de la UIT, Molinar Horcasitas también defendió la licitación 21, al señalar que se trata de la mayor adición de espectro en el mercado mexicano en muchos años, lo que generará más competencia en ambas bandas y, a la larga, precios más competitivos en beneficio del consumidor.
Respecto a la posibilidad de que continúe un litigio legal por las licitaciones otorgadas, el secretario dijo que cualquier particular tiene derecho de acudir a los tribunales de justicia para defender los que considere sus intereses, pero también la SCT defenderá un avance en la industria de comunicaciones del país que va justamente en la dirección señalada por la UIT.
