CONSECUENCIA DEL REGIMEN AUTORITARIO

07/10/2010

Oaxaca, segundo lugar nacional en agresiones contra periodistas
por FLOR HERNÁNDEZ

Oaxaca es la segunda entidad del país con el mayor número de agresiones contra periodistas, afirmó ayer aquí el director del Programa de agravio contra profesionales de la información y defensores civiles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Juan Pablo Piña Kurczyn.
Previo a un encuentro con directivos de medios locales, indicó que en de 2000 a 2010, se han confirmado 39 casos de violencia contra comunicadores en el estado, cifra sólo precedida por el Distrito Federal, que da cuenta de 62.
Ante esta situación, calificó la problemática como "grave", debido a que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se ubica en el cuarto lugar respecto a ataques contra periodistas, mientras que las fuerzas de seguridad federales ocupan el tercero.
Por ello, adelantó que se ha planteado la necesidad de federalizar los delitos contra los comunicadores, para que la Procuraduría General de la República (PGR) se convierta en la instancia responsable de investigar y otorgarles un cause legal a los mismos.
Asimismo, opinó que la asignación "discrecional" y sin trasparencia, por parte de los gobiernos locales de espacios publicitarios, es un factor determinante que genera la "autocensura" de los medios de comunicación, así como para los propios periodistas.
En este contexto, Piña Kurczyn, convocó a los directivos de medios de comunicación para que de manera conjunta con la CNDH y a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), firmen un convenio de colaboración, con la intención de que se garantice el seguimiento de las denuncias presentadas por los agraviados.
Asimismo, destacó que en los cuatro primeros años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se concentra el 36 por ciento del total de expedientes radicados por agresiones contra periodistas, con un total de 298.
Abundó que las principales violaciones que se presentan contra los comunicadores son los homicidios y ataques de manera directa contra medios informativos.
Expedientes radicados por agresiones contra periodistas por sexenio:
• 88: 1988-1994 Carlos Salinas de Gortari
• 157: 1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León
• 275: 2000-2006 Vicente Fox Quesada
• 298: 2006-2010 Felipe Calderón Hinojosa
Denuncian ONG anomalías en caso de presunto eperrista
Juan Carlos Medrano
[03:23] El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” y la Red contra la represión y por la solidaridad de la otra campaña, denunciaron una serie de irregularidades cometidas por las autoridades gubernamentales en el caso de Álvaro Sebastián Ramírez, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Voceros de ambos organismos recordaron que el indígena zapoteco originario de Llano Maguey, del municipio de San Agustín Loxicha, lleva 13 años privado de su libertad sin que se funde y motive debidamente la causa de su encarcelamiento.
“Es acusado de incurrir en conductas que constituyen el delito de rebelión, sin embargo ha sido juzgado con otras leyes que resultan ajenas al delito del que se le acusa”, precisaron.
Informaron que el guerrillero ha sido sentenciado a 26 años de prisión por el delito de homicidio calificado, a tres años más por los delitos de intento de homicidio, terrorismo y conspiración, con lo cual suman 29 años de sentencia definitiva.
Detallaron que en el quinto punto del resultando primero de la sentencia de segunda instancia emitida por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con fecha 22 de Octubre de 2009, a la letra dice que: Álvaro Sebastián o Álvaro Sebastián Ramírez, es penalmente responsable de la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, previsto por los artículos 302, 315, segundo párrafo, 318 y 320 del Código Penal Federal; Tentativa de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 12, 63 y 302 del Código Penal Federal; Terrorismo, previsto y sancionado en el artículo 139 del Código sustantivo federal; y Conspiración, previsto y sancionado por el artículo 141 del Código Penal Federal”.
Abundaron que con este tipo irregularidades se demuestran que las leyes que dejaron de aplicársele son los Artículos 132, 133, 135 y 137 del Código Penal Federal, correspondiente a homicidios ocurridos en el acto de un combate durante una rebelión.

Reclaman proteger a indígenas,
Juan Carlos Medrano
[03:24] Representantes de diversos organismos defensores de los derechos humanos en comunidades indígenas, urgieron a los gobiernos federal y estatal buscar soluciones jurídicas a los conflictos de las poblaciones en situación de riesgo.
Al participar en el Primer Campamento Jurídico, denominado “Sistema Universal e Interamericano para la defensa de los pueblos indígenas en estado de emergencia”, Jennifer Mosquera Vargas, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusó que los gobiernos federal y estatal invalidan las luchas emprendidas por los indígenas para hacer valer sus derechos humanos.
Meditó que para frenar las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indios se requiere establecer herramientas jurídicas para la comprensión del funcionamiento de los organismos defensores de las garantías constitucionales, así como acceder a medidas provisionales y casos de fondo.
En tanto, la presidenta de la Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México, Susana Rivera Reyes, planteó la necesidad de establecer mecanismos mediante los cuales las comunidades indígenas accedan al sistema universal de defensa de las garantías universales del hombre y puedan denunciar las problemáticas culturales y la violación a sus derechos humanos que sufren las comunidades.
AUTORIDADES RESPONSABLES DE CRIMEN.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

La presidenta municipal de Chalcatongo de Hidalgo, Guadalupe Ruiz García y el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Isidoro Jiménez Jiménez encabezaron a un grupo de siete hombres armados que retuvo y asesinó a dos pobladores de Los Reyes, Santo Domingo Ixcatlán, entre los límites de ambos pueblos en conflicto por la posesión de mil 356 hectáreas.

“Con mis propios ojos vi cuando se los llevaron y los asesinaron”, afirmó Isidro Castañeda Jiménez, quien dijo ser testigo de los hechos, en una rueda de prensa ofrecida por Celedonio Castañeda García, hermano de una de las víctimas, Melitón de los mismos apellidos.

El declarante expuso que se encontraba juntando leña en el monte, al lado de su hijo Trinidad Castañeda García, herido de bala en el hombro derecho en junio pasado, la tarde del sábado pasado, cuando se percató de la agresión a Melitón Castañeda García y Juan García, oriundos de Santo Domingo Ixcatlán.

“Estábamos en la leña pero los de Chalcatongo nos vieron a lo lejos y empezaron a dispararnos, y nos vimos obligados a escondernos en el monte. Pero pudimos ver como agarraban a nuestros compañeros, los daban de culatazos y de machetazos en la cabeza”, señaló.

Precisó que los hombres armados de Chalcatongo de Hidalgo, dirigidos por la autoridad municipal y agraria, arrastraron posteriormente a los dos cuerpos rumbo a la comunidad de La Reforma.

“Ahí iban encabezando a esos sujetos, la presidenta municipal Guadalupe Ruiz y el comisariado Isidoro Jiménez; los vi claramente”, remarcó.

Mencionó que los pobladores de Chalcatongo de Hidalgo “fueron a tirar” el cuerpo de Melitón Castañeda García, la tarde del domingo, cerca de la casa de un poblador de Santo Domingo Ixcatlán, René Ramírez Velasco, incendiada hace unos días, pero el cadáver de la otra víctima aún no es localizada.

“Quien sabe que habrá pasado con el compañero”, señaló.

Mientras tanto, Celedonio Castañeda García dijo que su hermano apenas había regresado a Santo Domingo Ixcatlán después de haber migrado a Tijuana, Baja California Norte, desde hace varios años.

“Llegó a visitarme el viernes y el sábado se ofreció a ayudarme a buscar leña en el monte; se fue con su amigo y ya no supe nada de él hasta que la autoridad me avisó que lo habían encontrado muerto”, asentó.

Ante esto, demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado fincar responsabilidades a la munícipe Guadalupe Ruiz García y al presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Isaac Jiménez Jiménez, pues “un asesinato de este tipo no se puede quedar así”.