EL PODER IMPERIAL DE PEÑA NIETO.

07/10/2010

Partidocracia mexiquense: el abuso desenfrenado
Lourdes Morales Canales

MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- En los últimos 10 años, ninguna entidad ha invertido en los últimos 10 años tantos recursos para el financiamiento de los partidos políticos y la promoción del voto, como lo ha hecho el estado de México.
La entidad gobernada por Enrique Peña Nieto, que concentra poco más de 10 millones de electores –el padrón electoral más importante del país–, ha aumentado en este tiempo casi en 300% el monto del financiamiento, ignorando las demandas ciudadanas de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, ya que en 2009 destinó un total de 693 millones de pesos para que las ocho fuerzas políticas con registro pudieran realizar actividades ordinarias y de campaña.
El partido que más recibió fue el Revolucionario Institucional (PRI), que cuenta con la mayoría en el Congreso y gobierna actualmente 97 de los 125 municipios de la entidad.
El financiamiento a los partidos se aprobó en un año de fuerte crisis económica y en un contexto en el que, a raíz de la reforma electoral del 2007, se realizaron en un mismo día elecciones de gobernador, diputados locales, diputados federales y ayuntamientos.
Hasta antes de esa fecha, el joven electorado mexiquense –en 2005, 28% estaba en un rango de edad de 15 a 29 años–, diverso y muy desigual, estaba constantemente expuesto a procesos electorales, dado que en diferentes fechas se realizaban las elecciones federales, las de diputados, alcaldes y gobernador.
Sin embargo, el cambio no sólo impactó en las cifras de participación ciudadana estatal y nacional, también puso a prueba un modelo de operación electoral en el que con toda impunidad se logró reforzar el clientelismo, la compra y coacción del voto.
El “efecto Estado de México”, aunado a otros fenómenos como el voto nulo y las elecciones coincidentes en otras entidades, logró una participación ciudadana nacional de 44.6%. En esta entidad se registró un histórico 51.2%, que supera largamente el escaso 36.4% de participación registrado en 2003, año en el que sólo se renovaron diputados federales, dado que las elecciones locales se hicieron en otra fecha.
En cuanto al modelo de operación electoral, un ejercicio de observación realizado por Alianza Cívica registró que de 10 entidades monitoreadas, cinco de ellas con elecciones coincidentes, el Estado de México fue el que tuvo más acciones de compra y coacción del voto y más problemas de cultura política clientelar.
Efectivamente, en esta entidad 39.4% de un universo muestral encuestado considera que el voto no es secreto, cifra mucho más alta que el 18% del promedio total del trabajo de observación y el 17% que el PNUD registró pasadas las elecciones de 2006.
Al preguntar sobre el tipo de prácticas que realizaban los partidos políticos días antes de la elección y aun en la fecha de la jornada electoral, además de amenazas registradas a observadores electorales, se detectó que fueron los municipios mexiquenses los que más irregularidades presentaron.
Los casos más alarmantes de una muestra de 23 distritos electorales federales fueron los de Toluca y Valle de Chalco Solidaridad, donde 42% de la población encuestada en el primer caso y 57% en el segundo estuvo expuesta al menos a una práctica de compra y coacción del voto.
Entre esas prácticas destacó el cambio de voto por despensas, la compra directa del sufragio, la intervención del magisterio en la promoción del voto a favor de un partido, la violación de la secrecía y la compra o uso de las credenciales electorales para coaccionar al votante.
La realidad expuesta preocupa sobremanera y, además, anuncia lo que puede suceder en el futuro si este modelo de “operación electoral” se reproduce a gran escala.
La aprobación del financiamiento público a los partidos políticos sin contrapesos efectivos, sin freno posible y, sobre todo, sin una fiscalización expedita, genera y refuerza una cultura clientelar que es muy onerosa no sólo en términos de costo económico, sino también en términos de costo ciudadano.
El dilema de la compra y coacción del voto no puede ser combatido sin enfrentar el problema cultural del clientelismo político, y el modelo del Estado de México asusta, si se reproduce, e invita a una intervención urgente que evite el creciente abuso y el desenfreno partidista.
San Juan Copala y el Estado fallido
Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 6 de octubre.- Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental –garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.
Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.
San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.
La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.
El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria, compuesta por 27 personas y seis vehículos se puso en marcha. Su intención era romper el cerco ilegal y llevar víveres y medicamentos a sus pobladores. Cerca de la población la caravana fue brutalmente atacada por los paramilitares. La mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola murieron; otros fueron heridos durante la huida, y varios más, retenidos y liberados días después. Desde entonces no sólo nadie ha podido entrar en San Juan Copala, sino que el estado de sitio se ha recrudecido. La Ubisort, de manera semejante a lo que sucedió en Sarajevo, ha apostado francotiradores en la parte alta del pueblo con la consigna de disparar a quien esté en la calle, y desde que los paramilitares se adueñaron del territorio hasta el momento en que escribo hay 500 desplazados, 30 asesinados y un número indeterminado de heridos.
Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto bajo el mandato de Ulises Ruiz como del actual gobernador de la coalición, Gabino Cué, se escuda en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”. El senador Carlos Jiménez Macías lo dijo a raíz del atentado que sufrió la caravana humanitaria donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida: “Quienes organizan caravanas con extranjeros son los verdaderos asesinos (…) Si conduces gente hacia una emboscada, ¿eres o no responsable de lo que va a suceder? Los culpables son los que los llevaron allí” (La Jornada, 31 de mayo de 2010).
Calificar de “región peligrosa” a la mixteca y responsabilizar del atentado a testigos civiles que, frente a la inoperancia del Estado, llevan ayuda humanitaria a una población secuestrada, no es sólo el colmo del cinismo, sino el alarde de que el Estado hoy sólo sirve para administrar la impunidad, porque sabemos muy bien que bajo el poder del Estado se creó en San Juan Copala la Ubisort, se formó a los paramilitares y se les dotó de armas de uso exclusivo del Ejército y de sistemas de comunicación; asimismo, bajo el poder del Estado se declaró “zona de peligro” a la región mixteca y se ha evitado que las fuerzas de la legalidad entren en ese territorio y garanticen la vida y la libertad de los ciudadanos de Copala y de las caravanas humanitarias. Bajo ese mismo poder se ha dejado a Ciudad Juárez a merced de otras formas del paramilitarismo: las del crimen organizado.
El ciudadano del Estado moderno mexicano comienza a parecerse a ese “cliente generalizado” del que habla Giorgio Agamben en ¿Qué es un dispositivo?, ese cliente “que (bajo el espectro del miedo terminará ejecutando) celosamente todo lo que se le ordena hacer y no (se opondrá) a que sus gestos más cotidianos –su salud, sus diversiones, sus actividades, su alimentación y sus deseos– sean comandados y controlados hasta en sus detalles más íntimos por dispositivos”.
En una obra anterior, Homo sacer, a la que me referí en mi artículo El hombre desnudo y la guerra de Calderón (Proceso 1756), Agamben comparó a ese ciudadano con el “hombre sagrado” al que, según el derecho romano, la república no podía matar, pero cuyo asesino gozaría de la impunidad. De esa impunidad gozan hoy no sólo los soldados que, en su persecución de criminales, matan ciudadanos, sino también los que no son soldados, esos mercenarios a sueldo que sirven a innumerables poderes tanto en la región triqui como en Ciudad Juárez.
Hoy más que nunca urge repensar y refundar el Estado desde las vidas comunitarias de las regiones.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.
El modelo mexicano
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ
El papel de sectores policial-militares de América Latina, penetrados (con bendición oligárquica) por el Pentágono/CIA, sea bajo la cruzada anticomunista de ayer o de la guerra anti narco, el terrorismo o el crimen de hoy, fue central en el golpe en Honduras y en la fallida intentona de la semana pasada en Ecuador. Hasta el golpe contra Zelaya, Honduras fue integrante (y el eslabón más débil) de la Alianza Bolivariana de América (Alba): una coalición que tiene como uno de sus ejes, la defensa de los recursos naturales y cuyos integrantes, a decir de Evo Morales, enfrentan más amenazas de este tipo.
La de Morales es advertencia válida para naciones y coaliciones tipo Unasur/Alba, que defienden la independencia y construyen la soberanía regional. El rechazo al golpe y la rápida reacción de Unasur en defensa de la democracia ecuatoriana indican que después de los traumas de Tegucigalpa y Quito, se percibe mejor cuán reales y graves son los riesgos que se enfrentan de cara a una potencia que, en un contexto de deterioro económico y hegemónico, signado por el desenfreno militar, financiero-especulativo y el agotamiento de recursos naturales no renovables, recurre a esquemas de intervención y ocupación tipo Plan Colombia (PC) e Iniciativa Mérida (IM) en México y Centroamérica, para mantener o recuperar la primacía sobre lo que percibe como su reserva estratégica. En un mundo complejo y en creciente multipolarización comercial, monetaria, tecnológica y militar, aumenta la crónica tirantez de Estados Unidos hacia otras soberanías, en especial si tienen amplios y ricos territorios, como Irak y Afganistán.
El PC y la IM son diseños imperialistas que acotan la defensa nacional a favor de labores de seguridad interna, bajo guía y con participación de Estados Unidos. Cuando W. Colby de la CIA proclamó en los años 90 que ante la superioridad militar de Estados Unidos, México no podría resistir una invasión, por lo que no requería de Fuerzas Armadas, ocurrió lo previsible: la cúpula priísta bajo Salinas en las antípodas de la resistencia cubana al acoso imperial capituló: dijo que la seguridad de México es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos, mientras John D. Negroponte proclamaba que el TLCAN sería la piedra angular para absorber la política exterior mexicana en la agenda de Estados Unidos.
Con el PAN se consolida la transición de nación a protectorado: la guerra al narco acentúa la bilateralización de la seguridad interna, mientras su uso anti-sindical (para inducir la privatización eléctrica) y político-electoral (michoacanazo), es promovido por Estados Unidos con el uso de términos como “narcoterrorismo” o “narcoinsurgencia”, que amplían el rango de la represión. El Comando Norte (CN) nos anuncia que, basados en la experiencia (en contrainsurgencia) que han adquirido las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán e Irak, se ... trabaja con las fuerzas armadas de México enfrentándolos con la idea de que el enemigo vive entre civiles y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha formado al ejército y armada mexicanos.
El CN asegura respetar la soberanía mexicana, pero en los hechos la finiquita al absorber a México en el perímetro de seguridad de Estados Unidos: en 1848 fue la mitad del territorio. Ahora el plan parecería ser todo México, cuyas fuerzas armadas son adiestradas en áreas específicas que, dice el CN, ...se necesitan para transformar a los militares, de una fuerza convencional diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular donde el enemigo vive entre civiles (sic).
Es el modelo para América Latina: Los mexicanos, divididos y atomizados por la guerra civil, recuerda Ramiro Guerra al reseñar los eventos de 1848, ... no pudieron formar un frente único durante la guerra para resistir con mayor firmeza en defensa de la integridad de su país... No era posible, en tales condiciones, dejar de ser una línea de menor resistencia ante la invasión extranjera.