DE EDUCACION NADA.

15/10/2010

SEP: derroche y opacidad
Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 14 de octubre.- El estratega chino Sun Tzu escribió hace cientos de años que todo gobierno debe considerar, al emprender una guerra, que la riqueza de un país se verá severamente disminuida y hasta podría agotarse si las hostilidades se prolongan, porque entonces se requieren cada vez más hombres, pertrechos, alimentos, manufacturas, comercio en condiciones desfavorables y mucho dinero, sobre todo si no hay una solución previsible en un plazo racional conforme a las condiciones de la nación de que se trate.
Así nos encontramos ahora: en un conflicto armado que está consumiendo la riqueza nacional y que, de acuerdo con la estrategia gubernamental que se ha adoptado, no tiene solución racional en el corto plazo. El incremento de los gastos militares en una guerra que está mal planeada y mal conducida tiene, por si fuera poco, muchos boquetes a través de los cuales se va drenando el gasto ordinario y extraordinario de los contribuyentes: éstos son la ineficiencia de la burocracia, el despilfarro, la corrupción y, de manera creciente, los acuerdos y enjuagues políticos para las campañas intermedias y la adelantada sucesión presidencial.
Lo peor ocurre cuando se despilfarran recursos tan indispensables como los que se orientan al sistema educativo nacional, y que son dirigidos hacia rubros que nada tienen que ver con las labores relacionadas con la enseñanza, con el mejoramiento de la práctica docente o con la igualdad y calidad del ejercicio del derecho a la educación para todos.
A principios de este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar las cuentas de la SEP de 2008, encontró que había 134 millones de pesos que se gastaban en el pago de 670 comisionados del SNTE y que los jerarcas de este sindicato repartían 13 mil 544 becas a su antojo y sin ninguna regulación ni rendición de cuentas (El Universal, 1/04).
En la educación básica, con todo y que se han detectado enormes irregularidades para la conformación de un padrón de docentes y una sangría de recursos sin ninguna lógica educativa, más de 4 mil maestros cobran sin dar clases porque se hallan concentrados en brindar sus servicios a las campañas electorales y a la actividad política del SNTE, así como a la burocracia controlada con que cuenta este sindicato en las diversas dependencias de la SEP.
Es tal el desperdicio de recursos y el descontrol de las finanzas de la SEP que, a la fecha, no se sabe con certeza la orientación precisa de su gasto. Por ejemplo, no se sabe por qué el programa más grande de la SEP, que es el Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal (FAEB), ha tenido un crecimiento de 52% entre 2009 y 2010.
Además, la SEP y su agregado el SNTE no han podido presentar de forma integral el padrón de maestros del sistema educativo nacional (se calcula en 1 millón 106 mil 921 personas), lo que ayudaría a conocer el destino de los recursos públicos que ejerce, aun cuando la Cámara de Diputados estableció que la información relativa al padrón tendría que hallarse procesada y ser del dominio público a más tardar el pasado mes de agosto. Aparte de que esto no ha ocurrido, trascendió que el SNTE maneja ahora a su arbitrio unos 10 mil comisionados y que a través de ellos se han manipulado campañas electorales, desde 2005, a favor del PAN (Educación 2001, número 184, septiembre de 2010, páginas 10-11).
Mientras tanto, ya anunciaron el decremento de 2.1% que tendrá el presupuesto de educación básica para 2011, así como un recorte drástico para rubros fundamentales como cultura, ciencia, educación indígena, educación en el Distrito Federal y la orientada a la población marginada, entre otros, mietras se mantiene una manga ancha para la burocracia de la SEP y el SNTE.
Para las universidades públicas el panorama no es tampoco alentador. Ya están por eso en marcha los conflictos en las universidades de Guadalajara, en Durango y en otras instituciones, y todo apunta a que la negociación en la Cámara de Diputados será larga para ellas sin que nadie procure evitar el drenaje de los recursos educativos en beneficios particulares.

Pueblos indígenas y narcotráfico
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
La territorialidad, los recursos naturales y la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en América Latina son sitiados sistemáticamente por corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales se encuentra el narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocada en parte por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas al cultivo de la amapola o la mariguana, y jóvenes indígenas son reclutados por los cárteles.
Paralelamente, con el pretexto del combate contra el narcotráfico, en extensas zonas indígenas se impone un proceso de militarización que da lugar a todo tipo de abusos y violación de sus derechos humanos y los que les corresponden como pueblos. A esto se suma la guerra de contrainsurgencia, que acarrea la presencia de dos actores armados más en las etnorregiones: grupos paramilitares y guerrilleros. Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narcoparamilitares y guerrilleros. La etnia nasa, en el norte del departamento del Cauca, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su Guardia Indígena, armada sólo con sus bastones adornados con colores vivos, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización con la que también han negociado el cese del reclutamiento involuntario de sus jóvenes.
En México, grupos del narco operan en zonas indígenas con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz –entre otras entidades federativas–, y en las cárceles estatales se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Al criminalizar a los pueblos indios, la guerra contra el narcotráfico encubre una gran variedad de extorsiones e injusticias, adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares, policiales y judiciales.
En poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas, que controlan el transporte de la mercancía hacia México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas de la costa del Caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi (Puerto Cabezas) y Bluefields. En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para sus destinos finales en México-Estados Unidos.
Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, etcétera, que buscan apoderarse de los recursos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, fundamento material de su reproducción y espacio estratégico de sus luchas; su finalidad es expropiar a los indígenas de sus tierras-recursos-fuerza-de-trabajo y el ejército es cómplice de esta sustracción a partir de sus acciones represivas y contrainsurgentes realizadas con el apoyo de los grupos paramilitares que operan como el brazo clandestino de la guerra sucia.
La militarización no trae la disminución de las actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas de la República Mexicana bajo virtual ocupación castrense. En el plano mundial, Afganistán es ilustrativo de que la guerra y conquista neocolonial del país por las fuerzas armadas de Estados Unidos y sus aliados intensifica a más del doble la producción, procesamiento y venta de drogas, cuyas ganancias nutren al sector financiero del capitalismo mundial. Desde hace varias décadas, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos de inteligencia occidentales han sido acusados del trasiego de drogas con la finalidad de financiar los exorbitantes gastos de sus operaciones encubiertas en el ámbito mundial. “Las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narcodólares.” (Michel Chossudovsky, ¿Quién se beneficia del comercio de opio afgano?, La Haine, 5 de octubre de 2006). También, la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional para los planes de dominación estratégica de Estados Unidos en América Latina.
La delincuencia organizada no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente desbocada, sicópata y sin mediación social y política que la controle. Es altamente rentable económicamente, además, a partir del hecho de que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer desde 2004 que el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo, tras el petróleo y el tráfico de armas (29 de febrero).
La única posibilidad de una defensa efectiva frente a este fenómeno en el mundo indígena –como muestran las juntas de buen gobierno zapatistas, los nasa de Colombia y la Policía Comunitaria de Guerrero– es el fortalecimiento de las autonomías, a partir de las cuales se ha logrado controlar –no sin dificultades– la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas.