¿EN PUERTA?

Los generales al poder
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 26 de octubre (Proceso).- Desde hace casi un siglo que las Fuerzas Armadas de México se destacan por una estricta disciplina militar que siempre las ha mantenido al margen de los asuntos políticos. Mientras la mayoría de los países de América Latina constantemente sufrían golpes militares, en México se había podido evitar las nefastas consecuencias de las incursiones de las Fuerzas Armadas en la política nacional.
Pero hoy el “pacto” cívico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podría estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del país y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman explícitamente su autonomía frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el periódico La Jornada, la Secretaría de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente “auxiliar” a las autoridades civiles, sino también convertirse en “coordinadores responsables” de los operativos conjuntos.
El documento distribuido a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y la Cámara de Diputados señala que “se pervierte” la misión de las Fuerzas Armadas cuando se les “subordina” a autoridades civiles que estén “rebasadas por una afectación a la seguridad interior”. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repitió públicamente el mismo argumento: “Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”.
A primera vista, este argumento parece lógico y aceptable. Si la razón para hacer partícipes a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es que las autoridades civiles han sido rebasadas, sería contradictorio obligar a los militares a cumplir órdenes de las mismas autoridades fallidas.
El único problema es que tal situación nos colocaría en una abierta violación a la Carta Magna. El artículo 129 es contundente: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que el artículo 89 fracción VI indica que el Poder Ejecutivo Federal “dispone de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (…) para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sin embargo, la misma Suprema Corte ha sido muy explícita al señalar que de ninguna manera pueden suplantar a las autoridades civiles, sino únicamente participar en su “auxilio”. (Tesis 38/2000.)
De acuerdo con nuestro orden constitucional, los militares siempre y en todo momento deben estar bajo un mando civil. Desde luego que no tendrían que seguir órdenes de una corporación policiaca municipal que estuviera controlada por el narcotráfico, pero sí de otras instituciones civiles, como el presidente municipal, el Congreso local, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el presidente de la República. Al no distinguir entre la amplia diversidad de autoridades civiles y reclamar directamente y a secas facultades para ser “coordinadores responsables”, da la impresión de que las Fuerzas Armadas buscan aprovechar el estado de descomposición actual para justificar un aumento paulatino de su control general sobre las autoridades civiles democráticamente elegidas. Ello llevaría a poner en riesgo la médula misma de nuestro sistema democrático. .
Pero más allá de la redacción específica de la norma, en los hechos México ya vive bajo un estado de excepción en que las Fuerzas Armadas se encargan de una amplia variedad de actividades que de ninguna manera tienen “una exacta conexión con la disciplina militar”. Hoy los militares funcionan igual como policías preventivos y agentes del Ministerio Público que como médicos a cargo de campañas de vacunación. Tal como lo ha señalado Raúl Benítez Manaut, esta situación coloca al secretario de la Defensa Nacional en una situación de abierta superioridad en relación con otros integrantes del gabinete presidencial. El exagerado culto al militarismo durante las celebraciones del Bicentenario, con generales incluso funcionando como “comentaristas” en las principales cadenas de televisión, es también un botón de muestra de la expansión de poder y influencia que han tenido las fuerzas militares bajo el gobierno actual.
En este contexto, la iniciativa presentada por Felipe Calderón la semana pasada para matizar el fuero militar en casos de desaparición forzada, violación y tortura es una abierta simulación que de ninguna manera someterá a las Fuerzas Armadas a un régimen apropiado de rendición de cuentas. Tal y como lo han señalado las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país, no implica de ninguna manera un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
La iniciativa deja fuera una amplia diversidad de delitos que cometen militares en agravio de la población civil, desde ejecuciones extrajudiciales hasta robo y acoso, y aún para los casos mencionados deja la investigación inicial y la integración de los expedientes ministeriales en manos del procurador militar. Serán entonces los mismos militares, como juez y parte, quienes decidan cuáles casos se remitirán a la justicia ordinaria y cuáles se quedarán en casa.
Hace falta tomar medidas realmente contundentes para limitar el creciente poder e influencia de las fuerzas militares. Habría que considerar, por ejemplo, una reforma para que el mismo secretario de la Defensa Nacional no sea un militar en activo, sino un civil, tal y como es la norma en decenas de países, incluyendo Estados Unidos. De otra forma, nos arriesgamos a que México pronto pierda su “excepcionalismo” y siga el ejemplo de las otras naciones latinoamericanas para las cuales el asalto de los militares al poder es siempre una posibilidad latente. l

Ley Simi: el rostro de la corrupción
JAVIER FLORES
La Cámara de Diputados acaba de cometer un error muy grave. Aprobó ayer por mayoría, una ley que ejemplifica con claridad el grado de corrupción en el que se encuentra inmerso nuestro país. Se trata de una modificación a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual, en lugar de buscar solución de fondo al desabasto de medicamentos que desde hace varios años enfrenta esta institución, repartirá vales entre los derechohabientes que podrán canjearse por medicinas en las farmacias.
La iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México, cuyos dueños –que no dirigentes– forman parte de una familia que es al mismo tiempo propietaria de las farmacias El Fénix y de las de medicamentos similares, lo que indica claramente que existe un conflicto de interés. Este partido, que subsiste debido a la ignorancia de algunos sectores sociales que creen que realmente se preocupa por la lucha en favor del medio ambiente, y por las alianzas que ha hecho en distintos momentos tanto con el PAN como con el PRI, diseñó una campaña política de tres puntos (sí sólo tres) en la que además del canje de vales por medicinas, ofrece la pena de muerte y vales para aprender inglés y computación, lo que ilustra su riqueza ideológica.
La iniciativa votada ayer y aprobada por mayoría implica la privatización de una de las funciones más importantes del IMSS, que tiene que ver con el tratamiento de los enfermos. Si bien este instituto enfrenta continuamente el problema de desabasto de medicamentos –algo que se podría resolver dotándolo de más recursos y mediante acuerdos con los laboratorios–, esta tarea ha funcionado para regular positivamente el mercado de fármacos, pues al adquirir volúmenes importantes de genéricos o medicinas de patente, abate los precios con la consecuente reducción de los costos.
Al repartir vales para que los derechohabientes acudan a las farmacias, como lo han decidido vergonzosamente los diputados, los precios de cada tratamiento se incrementarán enormemente y los costos –que tendrá que pagar el propio IMSS– serán mayores. Los beneficiarios de este descarado acto de corrupción serán el sector privado farmacéutico en el que se encuentra nada menos que la familia de los dueños del Partido Verde.
Pero este evidente acto de corrupción en contra una de las instituciones más importantes para la seguridad social en México, aprobado también por los diputados del PRI para pagar supuestas lealtades, ocurrió con tal desaseo, que ofrece la oportunidad de que pueda ser corregido. Se incurrió en una ilegalidad en el procedimiento parlamentario consistente en que el dictamen no se aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sino que sus promotores recogieron las firmas en los pasillos (la suciedad siempre deja huellas).
Por ello y por ser un atentado contra la seguridad social en México, el diputado Alejandro Encinas anunció que será presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ojalá que este recurso prospere y pueda darse marcha atrás a este descarado acto de corrupción.

Masacres juveniles, réquiem por el gobierno
Jenaro Villamil
MÉXICO, DF, 26 de octubre (apro).- Una nueva matanza de adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cimbra a todo el mundo. Y en Tijuana, Baja California, se repite con saña la historia de una masacre de jóvenes en centros de recuperación. El miedo entre estudiantes de Monterrey, Nuevo León, recorre las principales universidades de esta capital financiera. Y nadie se atreve a salir ya a las calles de Matamoros o Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos hablan ya de un “genocidio de jóvenes”, especialmente en Juárez. Uno no sabe si duele más saber que la mayoría de los 14 acribillados en la urbe fronteriza son menores de 20 años, estudiantes de secundaria y preparatoria, o que sus victimarios sean también adolescentes que han perdido cualquier noción de presente y de vida.
Había una mujer embarazada entre los asesinados. Y Marta Arteaga, la anfitriona, de 30 años, fue acribillada. Dejó seis hijos huérfanos. Uno de sus vástagos era el festejado, muerto también.
Los sicarios forman parte de un comando que entró a aquella fiesta privada en la colonia Horizontes del Sur, a dos kilómetros de Salvárcar, el mismo barrio donde fueron masacrados un número similar de adolescentes, en enero de 2010.
Cuentan las crónicas que los asistentes festejaban en el patio de una casa tan humilde como millones de hogares mexicanos. Un hombre de cerca de 20 años llegó hasta el centro de la concurrencia. Gritó quién era el propietario de un automóvil estacionado en el exterior. Al no haber respuesta, sacó de sus ropas una pistola y comenzó a disparar a diestra y siniestra. “¡Acaben con ellos!”, ordenó.
Fue la señal para que los sicarios, adolescentes encapuchados, salieran de un convoy de siete camiones y rafaguearan durante cinco minutos a los presentes. Mataron a 12 e hirieron a 16. Dos murieron después.
Entre las pocas víctimas fotografiadas está un joven que intentó huir por el estacionamiento delantero de la casa. Su rostro inerte, pelado a rape, de apenas 16 años, yace en el suelo. La expresión lo dice todo. Es la síntesis del juvenicidio imparable en Ciudad Juárez. “Los mocosos muertos”, dijo alguien.
Los vecinos llamaron a las fuerzas policiacas. Tardaron más de 20 minutos en llegar, según diversos testimonios. Nadie vio, nadie escuchó. Las fuerzas del orden que mantienen sitiada Juárez ignoraron a un convoy de siete vehículos que huyó en la noche, en el desierto, en la oscuridad ominosa de la impunidad que acompaña cada una de estas masacres. Siete en menos de 20 meses. Más de cien muertos, el 80% menores de 18 años.
Una de esas masacres fue la ocurrida en marzo de 2009 en el Cereso de Juárez. Entraron al penal a matar a presuntos integrantes de las bandas de los Mexicles y Los Artistas Asesinos. Sus verdugos fueron, al parecer, Los Aztecas.
El gobierno de Felipe Calderón saturó a Juárez de elementos policiacos a partir del operativo Todos Somos Juárez, después de los sucesos en Salvárcar. Prometió que vigilarían las calles y los rincones de la ciudad. Pero nada ha cambiado. La situación es peor. En Ciudad Juárez ya hay más muertos que efectivos estadunidenses caídos en la guerra de Irak.
Los “hombres de ley” también ingresan a los domicilios, a los negocios, a las fiestas para catear, amedrentar, extorsionar o sembrar el miedo. Y son tan escasos los operativos que han resuelto algo.
Recuerdo que en Ciudad Juárez ganaron Pascual Orozco y Pancho Villa, en 1911, la batalla definitiva para darle el triunfo al movimiento maderista. Ahí murió el régimen de Porfirio Díaz. ¿Será en este mismo sitio donde esté muriendo un régimen incapaz de defender con un mínimo de eficacia a sus ciudadanos? ¿Se atreverán a volvernos a decir que se tratan de “ajustes de cuentas” entre pandilleros?
Calderón y el gobernador César Duarte pronuncian frases huecas. “Con tristeza y profunda indignación el gobierno federal manifiesta su más enérgico repudio al asesinato de varios jóvenes en Ciudad Juárez”, escribe Calderón en su cuenta de Twitter. ¿Repudio? ¿Indignación? El presidente es el titular del Ejecutivo federal, no una ONG que se pronuncia frente a un suceso. ¿A qué se compromete? ¿Qué medida va a tomar? ¿Volverá a pagar miles de millones de pesos en spots para que la pantalla comercial no mencione esta derrota de su “guerra” infame?
Comienzo a leer el libro Ciudad del crimen, de Charles Bowden, y vuelvo a estremecerme:
“El periodista puede morir por cometer un error…
“Eso es porque hay dos Méxicos.
“Uno es el que aparece en la prensa de Estados Unidos, un lugar donde el presidente está peleando una guerra valiente contra las fuerzas malignas del mundo de las drogas y utilizando, como guerrero, al incorruptible Ejército Mexicano. Este México tiene periódicos, tribunales, leyes y es considerado una república humana por el gobierno de Estados Unidos.
“Esto no existe.
“Hay un segundo México, donde la guerra es para las drogas, donde la policía y el Ejército pelean por su tajada, donde la prensa es controlada a fuerza de asesinar periodistas o con una dieta permanente de sobornos, y donde la línea entre el gobierno y el mundo de la droga nunca ha existido…
“Hay dos maneras de perder la cordura en Juárez. Una de ellas es creer que la violencia proviene de la guerra de cárteles. La otra es la pretensión de comprender qué hay detrás de cada asesinato. Lo único cierto es que diversos grupos –las pandillas, el Ejército, la policía de la ciudad, la policía estatal, la Policía Federal-- están matando a personas en Juárez como resultado de las ganancias de la droga”.
Apenas hace tres días, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, comandada por Genaro García Luna, anunció --con todo el despliegue mediático que acostumbra-- la detención de 13 presuntos integrantes de La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, y se ufanó de que con ese golpe esa red de sicarios quedaba “prácticamente desmantelada”.
Y ahora todo quedó en los términos que describe Bowden.
La muerte es una industria en Ciudad Juárez. La violencia es el pase automático, la aduana para quien busque permanecer en esta ciudad, pero también en Reynosa, en Matamoros y cada vez más en Monterrey.
Si hace unos cinco años el nombre de Juárez era mundialmente conocido por los crímenes de más de 400 mujeres (de los que ni 10% se ha resuelto), ahora es el epicentro de lo que Bowden llama “un nuevo campo de exterminio de la economía global”.
Del feminicidio al juvenicidio. ¿O debemos decir el Juaricidio? ¿Quieren matar una ciudad, una civilización, un enclave fronterizo?
En Juárez se mata por una grapa, se mata por menos de mil pesos, se mata porque tener armas es lo único que unifica “el poder” de soldados, pandilleros, policías, sicarios, narcos, psicópatas, juniors con poder.
El fácil acceso a las armas que cruzan la frontera de Estados Unidos intoxica tanto o más que los picaderos que han proliferado por toda la ciudad. Juárez es el epicentro de una economía de la violencia. Y Washington sólo se indigna o cierra su consulado.