LA CRIMINALIZACION DEL ABORTO

Por un vientre libre
Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 30 de septiembre (apro).- Desde hace 20 años, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano celebrado en Argentina, se acordó realizar, cada 28 de septiembre, una jornada de reflexión y lucha en busca de la despenalización del aborto en América Latina, tomando en cuenta que, por sus características, el aborto clandestino significa la muerte y secuelas inadmisibles en la salud de millones de mujeres.
Aunque para todo hay asignaciones eufemísticas y se habla de lograr interrupciones legales del embarazo, en lugar de aborto; de abortos seguros, como el contexto de la demanda, y el lenguaje cambia a veces con el peligro de que cambien los contenidos, el 28 de septiembre se eligió en conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, recordada como el día del "vientre libre" para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres.
Como principal argumento, en 1990 se planteó el aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Hoy, no obstante, se trata de un problema de la democracia, un problema de justicia e impunidad.
Los jueces, como se ha documentado en Guanajuato, condenan a las mujeres hasta por 25 años, argumentando que la interrupción del embarazo es un delito equiparado a homicidio en grado de parentesco.
No sabemos cuántas mujeres están enfrentando procesos por esta torcedura legal, que fue puesta en los códigos penales como un recurso que agrava el abuso de la autoridad familiar cuando se comete homicidio, principalmente en menores o mujeres. Las abogadas están a favor de mantener este tipo delictivo, pero no de la torcedura mañosa que se aplica.
Este recurso torcido puede significar mayores desgracias a las mujeres. Se sabe que este tipo penal existe en 19 entidades del país, incluido el Distrito Federal, y ya se hace un estudio profundo para saber dónde más se ha torcido la ley que se utiliza para castigar a las mujeres, quienes en uso de sus derechos interrumpen su embarazo por alguna de las siete causas de no penalización que establecen nuestros diferentes códigos penales en la República Mexicana.
Con frecuencia, en el caso del aborto se olvida que desde 1929 hay excepciones para no criminalizar esta acción. En el Distrito Federal el aborto no es delito cuando se interrumpe el embarazo antes de cumplir 12 semanas la concepción, simplemente por voluntad de la involucrada, lo que ha salvado ya miles de vidas.
Este martes 28 las mujeres del país hicieron una jornada de denuncia, porque hay evidencia de que hay un retroceso, en virtud de legislaciones estatales en 16 entidades del país que buscan nuevas formas de penalizar el aborto y criminalizar a las mujeres, principalmente a las más pobres; de perseguirlas y condenarlas.
Parar el retroceso es vital. En América Latina el atraso, desigualdad e injusticia se unen a la negativa a liberar y ampliar las posibilidades de interrupción legal del embarazo. Hay zonas de Mesoamérica donde está totalmente prohibido, no hay excepción que lo permita.
De ahí las campañas de salud sexual y reproductiva, para que gobiernos y sociedades se sensibilicen ante la problemática. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una de cada ocho muertes maternas es resultado de un aborto inseguro. Y agrega que siete mujeres mueren cada hora en algún país en vías de desarrollo a causa de complicaciones post-aborto.
Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, lo que significa que pobreza, desigualdad y ausencia de democracia conducen a esta injusticia, donde la vida de las mujeres es la que está en juego.
Se calcula que el aborto inducido --en forma clandestina y condiciones inseguras-- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región latinoamericana y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.
Datos investigados por el Colegio de México y difundidos por el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres revelan que en México los abortos inducidos han aumentado en las últimas décadas en una tercera parte: de poco más de 500 mil abortos en 1990 a 870 mil en 2006.
La tasa de aborto inducido subió de 25 a 33 por cada mil mujeres en edad reproductiva, para ubicarse entre las más altas del mundo. La derecha y su avance en zonas de poder son responsables de estos hechos.
Sólo una de cada seis mujeres que se realiza un aborto obtiene atención hospitalaria, o sea que las otras cinco mujeres no buscan hospital o se les niega el servicio y recurren a la clandestinidad. Del año 2000 a la fecha, en promedio 500 mujeres en México son hospitalizadas diariamente tan sólo en los servicios públicos de salud por complicaciones derivadas de un aborto.
Se trata, pues, de un hecho que pone en riesgo muchas vidas, una cuestión que debiera no existir. Se trata con claridad de muertes evitables. El derecho a la salud garantizado en la Constitución se viola. La igualdad entre mujeres y hombres, signado por las naciones del mundo, es una mentira.
Con ello, el retroceso en 16 entidades del país y las demandas pendientes son de una urgencia que lacera la esperanza de que un día en México se pueda hablar de laicismo y democracia, ambos elementos base, contexto de las luchas libertarias de nuestras antepasadas.
En el Distrito Federal, hace poco más de tres años se despenalizó el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. La constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frente al avance, la embestida conservadora no se hizo esperar: gobernadores y legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), subordinados a la jerarquía católica, promovieron contrarreformas en las constituciones de 16 estados del país para perseguir y penalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.
Las contrarreformas no sólo imponen a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sino que institucionalizan la violencia contra los derechos reproductivos d elas mismas, profundizan la injusticia y la impunidad, y ponen en riesgo el uso de métodos anticonceptivos, especialmente los dispositivos conocidos como DIU y la anticoncepción de emergencia.
El texto del Pacto, que se leyó el pasado martes 28, también denuncia que las contrarreformas frenan el avance científico en la investigación con embriones y células madre, una imposición moral religiosa conservadora, con lo que se vulnera el carácter laico del Estado mexicano; además, se profundiza el déficit democrático por razón de género.
Es decir, en la práctica, en esta sociedad fundada en una Constitución, producto de una gesta histórica en la que perdieron la vida un millón de mexicanas y mexicanos, sólo en el caso de este derecho, el de interrumpir legalmente el embarazo, se evidencia el carácter patriarcal de un sistema en el que las mujeres –más de la mitad de la población– se someten a un Estado que viola la ley, una sociedad que lo permite y un mundo global que se dedica a elaborar bonitos proyectos y convenios, campañas, que no consiguen nada para las mayorías empobrecidas, sino que se convierten en guardianes del capital y sus intereses.
Son las campañas financiadas por los grandes capitales, mientras que en mi país se mueren las mujeres, muchas de esas 500 que ingresan todos los días a los hospitales. Una cruzada contra la desigualdad social es lo que urge.
El entendimiento
LUIS JAVIER GARRIDO
El gobierno de facto calderonista, ya de plano a la deriva, y aun ante el desastre que vive el país agravado por las inundaciones sin precedente en varios estados, está buscando acelerar los tiempos electorales y se ha lanzado a una precampaña adelantada que no hace sino agravar el crítico escenario.
1. Mientras el desastre en todos los órdenes se agrava en México, el gobierno calderonista está empeñado en anteponer en todos los órdenes sus ambiciones por perpetuarse en 2012, y así está aconteciendo con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, con el apoyo a los damnificados de los siniestros, con las concesiones de la SCT para servicios de telecomunicaciones, con su lucha contra el SME y la clase trabajadora, o con los recursos petroleros entregados cada vez más ilegalmente a las trasnacionales. De ahí que ante el hecho de que el PRI halla pintado su raya, a Calderón le sea cada vez más importante su alianza con la cúpula del PRD.
2. La actual dirigencia perredista no oculta ya a su vez que el objetivo fundamental de su alianza con el gobierno panista es el de tener una convergencia común en 2012, a fin de mantener las actuales estructuras de poder en México: en primer lugar tratando de ayudar a Calderón a cerrarle el camino a Andrés Manuel López Obrador, como hace seis años lo hicieran Fox y Salinas, en particular porque tras el trabajo de organización sin precedente que éste ha realizado a lo largo de los últimos cuatro años, aparece una vez más como el candidato a vencer, y luego contribuyendo con el grupo calderonista a tratar de frenar al que será el casi seguro abanderado del PRI, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, todo ello con la pretensión de que las fuerzas tricolores se subordinen a la pretensión de Calderón de que la silla presidencial siga siendo para un panista, y de que le reconozcan el derecho no escrito de poder decidir quién va a ser su sucesor, como era el caso en los años del PRI.
3. El senador perredista Carlos Navarrete, quien pretendía en el pasado que las alianzas electorales PAN-PRD tenían como objetivo terminar con los caciquismos locales en México (y de paso fortalecer el presidencialismo), ahora se está lanzando de manera más abierta como sus compañeros chuchos contra López Obrador, y no niega ya que dichas alianzas sean también contra el PRI. Si no se someten los perredistas al PAN, advirtió trémulo el miércoles 29 en El Noticiero de Televisa, nada podrá impedir ya el triunfo del PRI en el estado de México el año que viene, y que se tienda desde ahora una alfombra roja desde Atlacomulco hasta Los Pinos para 2012.
4. La historia tiene, como se sabe, sus repeticiones, y el hecho de que Felipe Calderón, aún habiendo llegado a Los Pinos por la vía fraudulenta quiera ahora, tras su fracaso estrepitoso en el cargo, imponerle al país un sucesor, como en la que se creía época de oro del PRI, le da ahora al escenario político mexicano los tintes de una farsa, si no es porque todo esto acontece cuando se agrava en México un escenario de crisis económica y social pocas veces visto.
5. El grupo calderonista, valido del respaldo absoluto de la jerarquía católica, del que cree es el aval de las fuerzas armadas a seguir seis años más con la llamada guerra contra el narcotráfico, de la que supone va a ser en 2012 una sumisión al gobierno panista de Televisa y Tv Azteca tras las nuevas concesiones y del guiño aprobatorio a sus ambiciones de unos cuantos seudoempresarios favorecidos por el tráfico de influencias, se ha lanzado, impulsado por sus consejeros del PP español e ignorando al pueblo, a una serie de manipulaciones político-electorales: en el PAN, desaparecido Diego, buscando someter a Fox y Espino; en el PRI, intentando acabar con Peña Nieto antes de 2011; en el PRD, acabándolo como una alternativa política; frente a López Obrador, tratando de cerrarle la vía para que pueda ser candidato.
6. Y como si fuera la cereza en el pastel, Calderón busca resucitar entre sus colaboradores el escenario del tapadismo: un tapadismo blanquiazul, que está llevando a sus posibles delfines a una guerra sucia subterránea, patética, porque ninguno de ellos tiene la menor de las posibilidades y porque los intereses de la nación están cada vez en el mayor abandono.
7. La trama del entendimiento entre el gobierno y la dirigencia perredista tuvo su momento determinante con el llamado michoacanazo, iniciado en agosto de 2009 con la detención sin evidencias de 35 funcionarios del estado de Michoacán, acusados entonces de connivencia con el cártel de La Familia, y que 16 meses después culmina con la liberación de 34 de ellos con un usted perdone el pasado martes 28, cuando el contexto político es otro y las relaciones entre Los Pinos y el grupo de Jesús Ortega –que se apoderó del PRD gracias al gobierno calderonista– son de abierta complicidad y tienen el carácter de lo que los neoliberales entienden por alianza estratégica.
8. El entendimiento entre Los Pinos y el grupo de Ortega no parte por lo mismo de ninguna convergencia ideológica ni tampoco de un proyecto nacional común, sino que es una vulgar componenda entre dos mafias que se alían con un mismo objetivo que es el del poder en 2012: los panistas calderonianos pretendiendo conservar la silla presidencial para uno de ellos, y los chuchos con el sueño de que al haber servido a la ultraderecha, supuestamente imponiéndose a López Obrador y marginando al PRI, recibirían en compensación una tajada de poder. Estos dos grupos en verdadero estado de descomposición no tienen otra propuesta económica y social para México que la neoliberal, de las privatizaciones, la cancelación de los derechos sociales de los mexicanos y la entrega de los recursos estratégicos de la nación al capital trasnacional, como tampoco otro proyecto político que el mismo que nos han mostrado y que es el de seguir controlando el aparato de Estado tras el 2012 para seguir medrando.
9. El fracaso de Calderón ayer en su visita a Morelia no debe empero confundir. La salida política que tuvo que aceptar al fallido michoacanazo no termina con las pretensiones políticas que tiene de que su hermana llegue a la gubernatura. Él fracasó en 1996, pero la obsesión porque su hermana llegue al gobierno del estado lo va a seguir llevando a utilizar políticamente este asunto. Las relaciones cordiales del gobernador Lázaro Cárdenas Batel con los gobiernos de Fox y de Calderón le permitieron primero a Fox y a Martita apoderarse de innumerables inmuebles –de la bahía de El Tamarindillo al centro de Zamora–, así como de importantes enclaves estratégicos, lo que Calderón ha profundizado en la mira de dar el zarpazo revanchista en 2014 para que la derecha pueda apoderarse de ese estado, símbolo del cardenismo pero también del sinarquismo, y en donde, en 1946, los panistas ganaron su primera presidencia municipal y sus primeras diputaciones locales y federales.
10. El país no puede aguantar sin embargo ya más un escenario de desastres como el prevaleciente, en el que la clase política sigue anteponiendo sus intereses a los derechos de los mexicanos, y la tensión social y política ha llegado por ello a su límite.