LA QUE PADECEMOS
6 oct 2010
Por qué no es nuestra guerra
Sabina Berman
1. “Para que la droga no llegue a tus hijos”, el presidente lanzó una guerra frontal contra el narcotráfico hace tres años y medio. Desde entonces, los mexicanos nos hemos ido convenciendo de que la guerra que nosotros necesitamos es otra: una guerra contra el crimen que nos roba, nos secuestra, nos extorsiona y nos mata.
Algo habrá alcanzado a oír o a leer de nuestro consenso el presidente, porque ha variado su discurso y, a partir de septiembre de este año, ya no se refiere a “la guerra contra el narco”, sino a “la guerra contra el crimen”, y ha solicitado que “esta sea una lucha de la sociedad entera”.
Da igual. Semántica aparte, las acciones de su guerra siguen siendo idénticas a las de antaño: acciones contra los cabecillas del narco, no contra el crimen que nos priva de nuestros patrimonios, de nuestra libertad o de nuestra vida.
Por eso la guerra del presidente sigue siendo su guerra.
2.
¿Cuál es el desacuerdo entre el presidente y la sociedad? ¿Qué se interpone entre él y nosotros y convierte la conversación pública en un diálogo entre sordos?
Bien sencillo: se interpone la realidad.
Una realidad que mejor se entiende al cifrarse. Estos son los números de la guerra que el presidente presume estar ganando, en palabras de él mismo: “En tres años y medio hemos decomisado drogas por un valor equivalente a 10 mil millones de dólares… Y en tres años y medio han caído 125 líderes y lugartenientes… y 5 mil 108 sicarios”.
Por otra parte, estos son los números de la guerra a la que los ciudadanos nos vemos sometidos. En tres años y medio de gobierno calderonista los índices de la criminalidad dirigida directamente contra los ciudadanos han permanecido casi estables, ubicándose entre 1.4 y 1.6 millones de delitos. Casi estables: luego de tres años y medio de guerra, de 28 mil muertos y de 10 billones de dólares gastados en la misma, los crímenes contra los ciudadanos han disminuido 1.5%.
Por eso, es un hecho que la guerra del presidente sigue siendo su guerra y no la nuestra.
3.
¿No son los mismos criminales los que transportan y venden la droga que aquellos que nos roban, nos extorsionan y nos secuestran a los ciudadanos? La realidad ha mostrado que no lo son.
Por usar una metáfora que suelen emplear los expertos: los cárteles son las ballenas del mar de la ilegalidad que circunda a nuestra sociedad; los pequeños peces que rodean a cada ballena son los grupos que cometen los crímenes contra los ciudadanos. Mientras las ballenas se ocupan del mucho más lucrativo transporte de las drogas hasta Estados Unidos, a veces emplean a los pequeños peces y a menudo no, y los dejan hacer sus pequeños delitos. Pero en más de una ocasión los capos han ofrecido al gobierno federal acabar con ellos a cambio de una tregua.
Recuérdense las ofertas que hicieron al gobierno en el año 2009 La Tuta, entonces líder de La Familia, en Michoacán, o Arturo Beltrán Leyva, en Morelos, o los mensajes que aparecieron en algunos ajusticiados “por rateros y secuestradores” en la Ciudad de México. Lo que este gobierno federal respondió a las ofertas de los capos fue un “no negociamos” bravío y un “no tenemos miedo” airado.
Porque nosotros sí tenemos miedo, la guerra del presidente sigue siendo su guerra.
4.
La razón por la que la guerra contra el narco la libra el Ejército es consabida. Nuestras policías están infiltradas por el crimen. No se ha dado el caso de un secuestro donde “por lo menos un policía no sea cómplice” (Isabel Wallace), y se estima que “de cada dos policías uno se encuentra coludido con el crimen” (Alejandro Gertz Manero).
Entonces, pues, el presidente lanza al recto Ejército contra el narco, que a él le obsesiona, y nos deja a los ciudadanos en manos de esos policías en los cuales ni él mismo puede confiar.
Lo cierto es que luego de ser robados, extorsionados o secuestrados, los ciudadanos no tenemos a quién acudir. Ir a denunciar los hechos a la policía es una suerte de broma macabra. Sabemos que la denuncia tiene poca oportunidad de prosperar hasta volverse una detención (se estima que sólo el 7%) y menos hasta llegar a una sentencia (se estima que sólo el 2%).
En cambio sabemos que la denuncia tiene oportunidad de convertirse en un nuevo atraco, gracias a la información que entreguemos “a la policía”, y las encuestas estiman que el 80% de los delitos no son denunciados.
Allá el presidente con su guerra épica de grandes confrontaciones entre generales y capos; acá nosotros desamparados en una tierra baldía de ley y con un doble enemigo, el “pequeño” crimen y los temibles policías.
5.
Si el presidente Calderón quiere que su guerra sea nuestra guerra, tendría que hacer algo más que cambiar las palabras de su discurso.
Tendría que, de verdad, cambiar el objetivo de la guerra: enfocar la seguridad de los ciudadanos como el nuevo objetivo.
Un objetivo cuyo criterio de éxito sería la disminución real de los crímenes contra los individuos y no la cantidad de droga asegurada o el número de capos y sicarios caídos. Y al cambiar el objetivo tendría que cambiar, en consecuencia, sus acciones.
Por ejemplo, y para empezar, limpiar las fuerzas policiacas radicalmente, lo que acaso sólo pueda lograrse supliendo a los policías con soldados, hasta que una nueva generación de policías sea entrenada y entre en funciones. Por ejemplo, multiplicar por 20 la eficacia con que la denuncia de un crimen se convierte en la captura del criminal y su sentencia justa.
Esa, una guerra contra la impunidad y por la seguridad de cada ciudadano, sería otra guerra. Y, sí, sería nuestra guerra.
Ecuador: golpismo y antigolpismo
JOSÉ STEINSLEGER
Minimizar el fallido golpe de Estado en Ecuador, sostener que hubo un simple motín policial, pontificar sobre sus causas desconociendo actores y contextos, implica algo más que ensayar otra mirada. Es un modo de homogeneizar el discurso de los que subestiman el papel del imperialismo yanqui en América Latina, con las cotorras del Partido Mediático Universal (PMU).
Una vez más, izquierda y derecha unidas. No digieren que la revolución ciudadana del presidente Rafael Correa haya talado transversalmente partidos, movimientos sociales y otros estamentos del país andino. Pérdida de protagonismo político, difícil de soportar entre los que llevan el programa de la revolución mundial pegado en la frente, y el altermundismo sectario sin brújula política.
Olvidan, por enésima ocasión, que en la historia de América Latina siempre bastó la más suave brisa reformista para enardecer al imperio y a los afiliados al PMU. Fatalismo que se rompió en 2002, cuando el pueblo de Caracas empalideció a los golpistas venezolanos, y en 2009, cuando destaparon la olla hirviente de Honduras, país que a ver, cuánto nos importaba hasta entonces.
Circularon, claro, indignadas declaraciones de solidaridad. Y luego, menudearon los análisis acerca del origen de clase de Mel Zelaya, el presidente derrocado. Algo similar (aunque sin solidaridad) había acontecido el año anterior, durante la ofensiva golpista del agro argentino. Los chicos malos de la Cuarta Flota volvieron a jugar PlayStation en sus camarotes, y el tour naval siguió por Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronunció de un modo ambivalente. ¿Sorprendió la posición de su brazo político? Pachakutik probó que algunos de los hijos del gran cacique Rumiñahui no le hacen asco a los euros de las fundaciones alemanas. Pachakutik apoyó la justa acción de los servidores públicos (o sea, de los golpistas), y pidió la renuncia de Correa.
Los maoístas albaneses (creáse o no) del Movimiento Popular Democrático (MPD, añejo comodín de izquierdas y derechas), respaldaron a los sediciosos. Sin mirarse en el espejo, algunos intelectuales despechados criticaron la soberbia del gobernante. Y mientras el vehículo militar empleado para liberar al presidente era baleado con armas de alto poder, oficiales de inteligencia del Ejército tomaban café con ellos, en la docta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Gobernar la república de Ecuador ha sido un oficio de alto riesgo. Su primer presidente, Antonio José de Sucre (1795-1830), segundo de Bolívar y Gran Mariscal de Ayacucho, no alcanzó a posesionarse. La oligarquía santanderista lo asesinó en una emboscada, al sur de Colombia.
Gabriel García Moreno (1821-75), fundador del Partido Conservador, fue muerto por el disparo de un masón colombiano, y la pluma del pensador liberal Juan Montalvo. Eloy Alfaro (1842-1912), líder de la revolución liberal (1895), fue linchado en prisión. Una turba azuzada por las oligarquías arrastró el cadáver por las calles de Quito y lo incineró en el parque central El Ejido.
El temperamental José María Velasco Ibarra (1893-1979) fue elegido en cinco ocasiones y derrocado en cuatro. Jaime Roldós (1940-1981) murió en un misterioso accidente de aviación, jamás aclarado. León Febres Cordero (1931-2008), patriarca de la oligarquía, fue secuestrado en 1987 por un comando militar que exigía la liberación de un general izquierdista.
El increible presidente Abdalá Bucaram se volvió más loco de lo que estaba. Una poblada lo derrocó en 1997. En 2000, el democristiano Jamil Mahuad cayó por dolarizar la economía. En 2005, las masas echaron a patadas a Lucio Gutiérrez, general (R) del Ejército que ganó las elecciones con un discurso antimperialista, y se convirtió después en perro faldero de Washington.
Fuera de eso, Ecuador es un país extremadamente pacífico: en todo el siglo pasado, el número de víctimas de la represión clasista ha sido inferior al de un solo año de regímenes democráticos en la vecina Colombia. Las oligarquías se han cuidado de reprimir al pueblo con el salvajismo de sus homólogas del continente. Le temen.
No ha sido casual que la intentona haya tenido lugar en un país de la ALBA y la Unasur, a pocos días del triunfo arrollador de Chávez, y de los comicios presidenciales en Brasil. El tiro salió por la culata. Hartos de golpismo, los pueblos latinoamericanos han desarrollado una suerte de alerta temprana, separando la paja del trigo. Reniegan del ultrismo izquierdista y de la cháchara narcotizante del PMU, único partido que le queda a las derechas.
Con una rodilla convaleciente, ajustándose los huevos, Correa enfrentó a los alzados en su madriguera. Si quieren, mátenme, les dijo. Los ecuatorianos salieron nuevamente a las calles, y esta vez para defender al presidente. Su presidente. Esto se llama conciencia. Conciencia popular, conciencia ciudadana.
En democracia, las derechas son golpistas y las izquierdas antigolpistas. Frente a los golpes de Estado, relativizar las cosas es igual a hipocresía y cinismo. O bien, complicidad.
Recomendación de la CNDH por el caso Chilil
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
Por no resolver el conflicto en la esfera de su responsabilidad, subsecretarios y secretario de Gobierno de Chiapas hicieron que el gobernador Juan Sabines Guerrero fuera merecedor de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los funcionarios minimizaron el asunto de intolerancia religiosa contra los evangélicos y ahora deben responder por su omisión e incompetencia.
Hace un año, en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, los indígenas protestantes fueron emplazados por sus coterráneos católicos, entre los que debe incluirse a las autoridades civiles del lugar, para que dejaran de negarse a participar en sufragar ceremonias religiosas y culturales vinculadas con festividades católicas. El 7 de octubre de 2009 en las oficinas de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno chiapaneco, instancia presidida por el profesor Enrique Ramírez Coronado, recibieron copia del documento que los amenazados de expulsión hicieron llegar al presidente municipal de Huixtán. En el escrito los agraviados solicitan la toma de medidas pertinentes para que la problemática de intolerancia religiosa no se agudice [en su contra].
De acuerdo con la recomendación de la CNDH (número 53/2010, del 30 de septiembre), ante la solicitud de auxilio, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos simple y sencillamente hizo oídos sordos. Sostiene el organismo defensor que no se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que esa instancia, con los medios a su alcance, hubiera implementado las acciones pertinentes para evitar que los agraviados fueran expulsados de su comunidad.
La responsabilidad de hacer nada en favor de los días después desarraigados de Chilil va más allá de evadir proteger los derechos humanos y constitucionales de los disidentes religiosos y civiles del poblado. Éstos y otros indígenas evangélicos con problemáticas similares en otros municipios de Chiapas dan testimonio de que Ramírez Coronado, y los funcionarios a su cargo en la oficina de Asuntos Religiosos, se empeñan en convencerlos de que deben sujetarse a los acuerdos de las asambleas comunitarias, ya que ellas están protegiendo los valores culturales tradicionales. Sí, eso es lo que hacen, pero el subsecretario olvida que él está para proteger el derecho a la libertad de cultos de forma irrestricta y no para favorecer una visión conservadora de un sector de las poblaciones indias. Porque la diversificación religiosa y cultural es un derecho que está ejerciendo un creciente número de indígenas por propia decisión.
Los valores culturales tradicionales y los valores emergentes pueden convivir sin conflictividad violenta, como lo demuestran infinidad de casos en los pueblos predominantemente indios de Chiapas, y hacia allá tienen la obligación de apuntar los funcionarios gubernamentales. Su tarea no es, como en el caso de Chilil y varios más, decir a los indígenas evangélicos que pueden creer lo que se les antoje, siempre y cuando cumplan con las cooperaciones y cargos comunitarios estrechamente vinculados a la identidad religiosa católica tradicional de la mayoría. Poner el peso de los hostigamientos, golpizas y expulsiones en los agraviados es privilegiar a sus victimarios y compartir con ellos la convicción de que eso les pasa a los perseguidos por involucrarse con creencias extrañas y disolventes del status quo.
La recomendación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dirigida al gobernador de Chiapas, al diputado José Ángel Córdova Toledo (presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Chiapas), y a los miembros del ayuntamiento constitucional de Huixtán, hace un pormenorizado recuento de la justicia denegada a los evangélicos de Chilil, y después señala con precisión a los responsables de perjudicar a las víctimas.
En una sección demoledora para la instancia que dejó crecer la intolerancia religiosa, leemos que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción tercera, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver las problemáticas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en [Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados, los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.
Entre las recomendaciones de la CNDH al gobernador Juan Sabines, está la de garantizar el retorno de los evangélicos expulsados a Chilil, girar instrucciones a quien corresponda para que de una vez tenga solución el conflicto religioso, y disponer lo necesario para educar a los funcionarios de su gobierno en la salvaguarda de los derechos a la libertad de creencia.
Me parece que la excelente investigación de la CNDH, y sus considerandos para hacer valer las leyes en el caso Chilil, deben ser correspondidos por el gobernador chiapaneco con el cumplimiento irrestricto de los mismos. Un buen inicio, para desbrozar el camino, sería solicitar su renuncia al subsecretario de Asuntos Religiosos, Enrique Ramírez Coronado.
Sabina Berman
1. “Para que la droga no llegue a tus hijos”, el presidente lanzó una guerra frontal contra el narcotráfico hace tres años y medio. Desde entonces, los mexicanos nos hemos ido convenciendo de que la guerra que nosotros necesitamos es otra: una guerra contra el crimen que nos roba, nos secuestra, nos extorsiona y nos mata.
Algo habrá alcanzado a oír o a leer de nuestro consenso el presidente, porque ha variado su discurso y, a partir de septiembre de este año, ya no se refiere a “la guerra contra el narco”, sino a “la guerra contra el crimen”, y ha solicitado que “esta sea una lucha de la sociedad entera”.
Da igual. Semántica aparte, las acciones de su guerra siguen siendo idénticas a las de antaño: acciones contra los cabecillas del narco, no contra el crimen que nos priva de nuestros patrimonios, de nuestra libertad o de nuestra vida.
Por eso la guerra del presidente sigue siendo su guerra.
2.
¿Cuál es el desacuerdo entre el presidente y la sociedad? ¿Qué se interpone entre él y nosotros y convierte la conversación pública en un diálogo entre sordos?
Bien sencillo: se interpone la realidad.
Una realidad que mejor se entiende al cifrarse. Estos son los números de la guerra que el presidente presume estar ganando, en palabras de él mismo: “En tres años y medio hemos decomisado drogas por un valor equivalente a 10 mil millones de dólares… Y en tres años y medio han caído 125 líderes y lugartenientes… y 5 mil 108 sicarios”.
Por otra parte, estos son los números de la guerra a la que los ciudadanos nos vemos sometidos. En tres años y medio de gobierno calderonista los índices de la criminalidad dirigida directamente contra los ciudadanos han permanecido casi estables, ubicándose entre 1.4 y 1.6 millones de delitos. Casi estables: luego de tres años y medio de guerra, de 28 mil muertos y de 10 billones de dólares gastados en la misma, los crímenes contra los ciudadanos han disminuido 1.5%.
Por eso, es un hecho que la guerra del presidente sigue siendo su guerra y no la nuestra.
3.
¿No son los mismos criminales los que transportan y venden la droga que aquellos que nos roban, nos extorsionan y nos secuestran a los ciudadanos? La realidad ha mostrado que no lo son.
Por usar una metáfora que suelen emplear los expertos: los cárteles son las ballenas del mar de la ilegalidad que circunda a nuestra sociedad; los pequeños peces que rodean a cada ballena son los grupos que cometen los crímenes contra los ciudadanos. Mientras las ballenas se ocupan del mucho más lucrativo transporte de las drogas hasta Estados Unidos, a veces emplean a los pequeños peces y a menudo no, y los dejan hacer sus pequeños delitos. Pero en más de una ocasión los capos han ofrecido al gobierno federal acabar con ellos a cambio de una tregua.
Recuérdense las ofertas que hicieron al gobierno en el año 2009 La Tuta, entonces líder de La Familia, en Michoacán, o Arturo Beltrán Leyva, en Morelos, o los mensajes que aparecieron en algunos ajusticiados “por rateros y secuestradores” en la Ciudad de México. Lo que este gobierno federal respondió a las ofertas de los capos fue un “no negociamos” bravío y un “no tenemos miedo” airado.
Porque nosotros sí tenemos miedo, la guerra del presidente sigue siendo su guerra.
4.
La razón por la que la guerra contra el narco la libra el Ejército es consabida. Nuestras policías están infiltradas por el crimen. No se ha dado el caso de un secuestro donde “por lo menos un policía no sea cómplice” (Isabel Wallace), y se estima que “de cada dos policías uno se encuentra coludido con el crimen” (Alejandro Gertz Manero).
Entonces, pues, el presidente lanza al recto Ejército contra el narco, que a él le obsesiona, y nos deja a los ciudadanos en manos de esos policías en los cuales ni él mismo puede confiar.
Lo cierto es que luego de ser robados, extorsionados o secuestrados, los ciudadanos no tenemos a quién acudir. Ir a denunciar los hechos a la policía es una suerte de broma macabra. Sabemos que la denuncia tiene poca oportunidad de prosperar hasta volverse una detención (se estima que sólo el 7%) y menos hasta llegar a una sentencia (se estima que sólo el 2%).
En cambio sabemos que la denuncia tiene oportunidad de convertirse en un nuevo atraco, gracias a la información que entreguemos “a la policía”, y las encuestas estiman que el 80% de los delitos no son denunciados.
Allá el presidente con su guerra épica de grandes confrontaciones entre generales y capos; acá nosotros desamparados en una tierra baldía de ley y con un doble enemigo, el “pequeño” crimen y los temibles policías.
5.
Si el presidente Calderón quiere que su guerra sea nuestra guerra, tendría que hacer algo más que cambiar las palabras de su discurso.
Tendría que, de verdad, cambiar el objetivo de la guerra: enfocar la seguridad de los ciudadanos como el nuevo objetivo.
Un objetivo cuyo criterio de éxito sería la disminución real de los crímenes contra los individuos y no la cantidad de droga asegurada o el número de capos y sicarios caídos. Y al cambiar el objetivo tendría que cambiar, en consecuencia, sus acciones.
Por ejemplo, y para empezar, limpiar las fuerzas policiacas radicalmente, lo que acaso sólo pueda lograrse supliendo a los policías con soldados, hasta que una nueva generación de policías sea entrenada y entre en funciones. Por ejemplo, multiplicar por 20 la eficacia con que la denuncia de un crimen se convierte en la captura del criminal y su sentencia justa.
Esa, una guerra contra la impunidad y por la seguridad de cada ciudadano, sería otra guerra. Y, sí, sería nuestra guerra.
Ecuador: golpismo y antigolpismo
JOSÉ STEINSLEGER
Minimizar el fallido golpe de Estado en Ecuador, sostener que hubo un simple motín policial, pontificar sobre sus causas desconociendo actores y contextos, implica algo más que ensayar otra mirada. Es un modo de homogeneizar el discurso de los que subestiman el papel del imperialismo yanqui en América Latina, con las cotorras del Partido Mediático Universal (PMU).
Una vez más, izquierda y derecha unidas. No digieren que la revolución ciudadana del presidente Rafael Correa haya talado transversalmente partidos, movimientos sociales y otros estamentos del país andino. Pérdida de protagonismo político, difícil de soportar entre los que llevan el programa de la revolución mundial pegado en la frente, y el altermundismo sectario sin brújula política.
Olvidan, por enésima ocasión, que en la historia de América Latina siempre bastó la más suave brisa reformista para enardecer al imperio y a los afiliados al PMU. Fatalismo que se rompió en 2002, cuando el pueblo de Caracas empalideció a los golpistas venezolanos, y en 2009, cuando destaparon la olla hirviente de Honduras, país que a ver, cuánto nos importaba hasta entonces.
Circularon, claro, indignadas declaraciones de solidaridad. Y luego, menudearon los análisis acerca del origen de clase de Mel Zelaya, el presidente derrocado. Algo similar (aunque sin solidaridad) había acontecido el año anterior, durante la ofensiva golpista del agro argentino. Los chicos malos de la Cuarta Flota volvieron a jugar PlayStation en sus camarotes, y el tour naval siguió por Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronunció de un modo ambivalente. ¿Sorprendió la posición de su brazo político? Pachakutik probó que algunos de los hijos del gran cacique Rumiñahui no le hacen asco a los euros de las fundaciones alemanas. Pachakutik apoyó la justa acción de los servidores públicos (o sea, de los golpistas), y pidió la renuncia de Correa.
Los maoístas albaneses (creáse o no) del Movimiento Popular Democrático (MPD, añejo comodín de izquierdas y derechas), respaldaron a los sediciosos. Sin mirarse en el espejo, algunos intelectuales despechados criticaron la soberbia del gobernante. Y mientras el vehículo militar empleado para liberar al presidente era baleado con armas de alto poder, oficiales de inteligencia del Ejército tomaban café con ellos, en la docta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Gobernar la república de Ecuador ha sido un oficio de alto riesgo. Su primer presidente, Antonio José de Sucre (1795-1830), segundo de Bolívar y Gran Mariscal de Ayacucho, no alcanzó a posesionarse. La oligarquía santanderista lo asesinó en una emboscada, al sur de Colombia.
Gabriel García Moreno (1821-75), fundador del Partido Conservador, fue muerto por el disparo de un masón colombiano, y la pluma del pensador liberal Juan Montalvo. Eloy Alfaro (1842-1912), líder de la revolución liberal (1895), fue linchado en prisión. Una turba azuzada por las oligarquías arrastró el cadáver por las calles de Quito y lo incineró en el parque central El Ejido.
El temperamental José María Velasco Ibarra (1893-1979) fue elegido en cinco ocasiones y derrocado en cuatro. Jaime Roldós (1940-1981) murió en un misterioso accidente de aviación, jamás aclarado. León Febres Cordero (1931-2008), patriarca de la oligarquía, fue secuestrado en 1987 por un comando militar que exigía la liberación de un general izquierdista.
El increible presidente Abdalá Bucaram se volvió más loco de lo que estaba. Una poblada lo derrocó en 1997. En 2000, el democristiano Jamil Mahuad cayó por dolarizar la economía. En 2005, las masas echaron a patadas a Lucio Gutiérrez, general (R) del Ejército que ganó las elecciones con un discurso antimperialista, y se convirtió después en perro faldero de Washington.
Fuera de eso, Ecuador es un país extremadamente pacífico: en todo el siglo pasado, el número de víctimas de la represión clasista ha sido inferior al de un solo año de regímenes democráticos en la vecina Colombia. Las oligarquías se han cuidado de reprimir al pueblo con el salvajismo de sus homólogas del continente. Le temen.
No ha sido casual que la intentona haya tenido lugar en un país de la ALBA y la Unasur, a pocos días del triunfo arrollador de Chávez, y de los comicios presidenciales en Brasil. El tiro salió por la culata. Hartos de golpismo, los pueblos latinoamericanos han desarrollado una suerte de alerta temprana, separando la paja del trigo. Reniegan del ultrismo izquierdista y de la cháchara narcotizante del PMU, único partido que le queda a las derechas.
Con una rodilla convaleciente, ajustándose los huevos, Correa enfrentó a los alzados en su madriguera. Si quieren, mátenme, les dijo. Los ecuatorianos salieron nuevamente a las calles, y esta vez para defender al presidente. Su presidente. Esto se llama conciencia. Conciencia popular, conciencia ciudadana.
En democracia, las derechas son golpistas y las izquierdas antigolpistas. Frente a los golpes de Estado, relativizar las cosas es igual a hipocresía y cinismo. O bien, complicidad.
Recomendación de la CNDH por el caso Chilil
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
Por no resolver el conflicto en la esfera de su responsabilidad, subsecretarios y secretario de Gobierno de Chiapas hicieron que el gobernador Juan Sabines Guerrero fuera merecedor de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los funcionarios minimizaron el asunto de intolerancia religiosa contra los evangélicos y ahora deben responder por su omisión e incompetencia.
Hace un año, en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, los indígenas protestantes fueron emplazados por sus coterráneos católicos, entre los que debe incluirse a las autoridades civiles del lugar, para que dejaran de negarse a participar en sufragar ceremonias religiosas y culturales vinculadas con festividades católicas. El 7 de octubre de 2009 en las oficinas de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno chiapaneco, instancia presidida por el profesor Enrique Ramírez Coronado, recibieron copia del documento que los amenazados de expulsión hicieron llegar al presidente municipal de Huixtán. En el escrito los agraviados solicitan la toma de medidas pertinentes para que la problemática de intolerancia religiosa no se agudice [en su contra].
De acuerdo con la recomendación de la CNDH (número 53/2010, del 30 de septiembre), ante la solicitud de auxilio, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos simple y sencillamente hizo oídos sordos. Sostiene el organismo defensor que no se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que esa instancia, con los medios a su alcance, hubiera implementado las acciones pertinentes para evitar que los agraviados fueran expulsados de su comunidad.
La responsabilidad de hacer nada en favor de los días después desarraigados de Chilil va más allá de evadir proteger los derechos humanos y constitucionales de los disidentes religiosos y civiles del poblado. Éstos y otros indígenas evangélicos con problemáticas similares en otros municipios de Chiapas dan testimonio de que Ramírez Coronado, y los funcionarios a su cargo en la oficina de Asuntos Religiosos, se empeñan en convencerlos de que deben sujetarse a los acuerdos de las asambleas comunitarias, ya que ellas están protegiendo los valores culturales tradicionales. Sí, eso es lo que hacen, pero el subsecretario olvida que él está para proteger el derecho a la libertad de cultos de forma irrestricta y no para favorecer una visión conservadora de un sector de las poblaciones indias. Porque la diversificación religiosa y cultural es un derecho que está ejerciendo un creciente número de indígenas por propia decisión.
Los valores culturales tradicionales y los valores emergentes pueden convivir sin conflictividad violenta, como lo demuestran infinidad de casos en los pueblos predominantemente indios de Chiapas, y hacia allá tienen la obligación de apuntar los funcionarios gubernamentales. Su tarea no es, como en el caso de Chilil y varios más, decir a los indígenas evangélicos que pueden creer lo que se les antoje, siempre y cuando cumplan con las cooperaciones y cargos comunitarios estrechamente vinculados a la identidad religiosa católica tradicional de la mayoría. Poner el peso de los hostigamientos, golpizas y expulsiones en los agraviados es privilegiar a sus victimarios y compartir con ellos la convicción de que eso les pasa a los perseguidos por involucrarse con creencias extrañas y disolventes del status quo.
La recomendación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dirigida al gobernador de Chiapas, al diputado José Ángel Córdova Toledo (presidente de la mesa directiva del Congreso del estado de Chiapas), y a los miembros del ayuntamiento constitucional de Huixtán, hace un pormenorizado recuento de la justicia denegada a los evangélicos de Chilil, y después señala con precisión a los responsables de perjudicar a las víctimas.
En una sección demoledora para la instancia que dejó crecer la intolerancia religiosa, leemos que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción tercera, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver las problemáticas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en [Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados, los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.
Entre las recomendaciones de la CNDH al gobernador Juan Sabines, está la de garantizar el retorno de los evangélicos expulsados a Chilil, girar instrucciones a quien corresponda para que de una vez tenga solución el conflicto religioso, y disponer lo necesario para educar a los funcionarios de su gobierno en la salvaguarda de los derechos a la libertad de creencia.
Me parece que la excelente investigación de la CNDH, y sus considerandos para hacer valer las leyes en el caso Chilil, deben ser correspondidos por el gobernador chiapaneco con el cumplimiento irrestricto de los mismos. Un buen inicio, para desbrozar el camino, sería solicitar su renuncia al subsecretario de Asuntos Religiosos, Enrique Ramírez Coronado.
