NEOSALINATO EN PUERTA
19 oct 2010
El IFE y el sello de Salinas
Álvaro Delgado
MÉXICO, DF, 18 de octubre (apro).- Fue la tarde del 7 de febrero de 2008, en el hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, cuando Manlio Fabio Beltrones, previa consulta con Carlos Salinas, emitió el dictamen: Leonardo Valdés Zurita sería el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
“Gracias, senador”, respondió Valdés, según testigos del arreglo personal con Beltrones, quien enseguida se comunicó con sus operadores en la Cámara de Diputados para transmitirles que ya había “dispuesto” al sucesor de Luis Carlos Ugalde en la presidencia del IFE, en ese momento interinamente encabezado por Andrés Albo, amigo de bohemias de Felipe Calderón desde principios de los noventa.
Valdés había logrado convencer al coordinador de la bancada perredista, Javier González Garza, de proponerlo como aspirante a presidir el IFE sólo por haber sido militante del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) de Heberto Castillo, y Beltrones capitalizó astutamente esa torpeza para tener un consejero más a su causa, aunque con un barniz de “izquierda”, para usarlo en los momentos clave.
Las elecciones presidenciales de 2012, por ejemplo.
No es casual, por ello, que Salinas haya sido el invitado principal en las fiestas del 20 aniversario del IFE, cuya disertación tuvo como marco el patio central del Palacio de Minería, con burócratas del IFE, algunos estudiantes y periodistas como oyentes.
La justificación para esa presencia de Salinas fue que él creó esa institución, pero también se trata de un mensaje: El IFE nació sometido al gobierno de ese personaje y, 16 años después de irse del país por el repudio popular, retoma el control para la reconquista del poder presidencial a trasmano.
Esa trama está en curso ahora en la Cámara de Diputados, donde a la Comisión de Gobernación que preside el panista Javier Corral le corresponderá montar la escenografía para que más de cien aspirantes diserten sobre la autonomía del órgano electoral, pero la decisión de nombrar a los tres nuevos consejeros –que organizarán las elecciones federales de 2012 y 2018-- se tomará en otra parte.
Y Salinas está operando para ello.
Hay que recordar que el retroceso del IFE se produjo en 2003, cuando Elba Esther Gordillo y Calderón se repartieron los consejeros, encabezados por Ugalde, que supo unir a los intereses de la cacique magisterial y del panista.
Teresa González-Luna Corvera, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez y Andrés Albo eran claramente propanistas, mientras que Lourdes López Flores, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcantar y Ugalde respondían a los intereses de PRI de entonces.
Con la ruptura de Gordillo con el PRI, Ugalde se sumó en un momento clave a los panistas y proclamó, ilegal e inmoralmente, el falso triunfo de Calderón en 2006, lo que inició la remoción escalonada de los consejeros que sólo ha beneficiado al PRI.
En efecto, del equilibrio con tendencias propanistas en 2003 --gracias a que se excluyó de la negociación a las organizaciones civiles--, se pasó en 2008 a dos bloques más cargados al PRI.
La facción propanista está integrada por Arturo Sánchez Gutiérrez, Benito Nacif –por cierto amigo íntimo de Ugalde-- y María Macarita Elizondo, mientras que forman la facción propriista Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez, con Valdés y Alfredo Figueroa en apariencia neutrales.
Con la salida de Sánchez Gutiérrez, el PAN se quedaría sólo con Macarita y Nacif como supuestos alfiles, mientras que el PRI se quedaría con Baños y Guerrero por la salida de Andrade y Gómez, y seguirían Valdés y Figueroa.
Todo apunta a que el PRI, por la fuerza que tiene en la Cámara de Diputados, mantendrá dos consejeros, lo más probable es que el PAN obtenga el otro o lo comparta con el PRD, con lo que la correlación de fuerzas favorable al priismo se mantendrá: Tres contra cuatro o 3 contra 5, si se incluye --como debe hacerse-- a Valdés.
¿Quiénes serán esos dos consejeros propriistas? Es prematuro hablar de nombres, pero tendrán, sin lugar a dudas, el sello de Salinas...
Álvaro Delgado
MÉXICO, DF, 18 de octubre (apro).- Fue la tarde del 7 de febrero de 2008, en el hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, cuando Manlio Fabio Beltrones, previa consulta con Carlos Salinas, emitió el dictamen: Leonardo Valdés Zurita sería el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
“Gracias, senador”, respondió Valdés, según testigos del arreglo personal con Beltrones, quien enseguida se comunicó con sus operadores en la Cámara de Diputados para transmitirles que ya había “dispuesto” al sucesor de Luis Carlos Ugalde en la presidencia del IFE, en ese momento interinamente encabezado por Andrés Albo, amigo de bohemias de Felipe Calderón desde principios de los noventa.
Valdés había logrado convencer al coordinador de la bancada perredista, Javier González Garza, de proponerlo como aspirante a presidir el IFE sólo por haber sido militante del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) de Heberto Castillo, y Beltrones capitalizó astutamente esa torpeza para tener un consejero más a su causa, aunque con un barniz de “izquierda”, para usarlo en los momentos clave.
Las elecciones presidenciales de 2012, por ejemplo.
No es casual, por ello, que Salinas haya sido el invitado principal en las fiestas del 20 aniversario del IFE, cuya disertación tuvo como marco el patio central del Palacio de Minería, con burócratas del IFE, algunos estudiantes y periodistas como oyentes.
La justificación para esa presencia de Salinas fue que él creó esa institución, pero también se trata de un mensaje: El IFE nació sometido al gobierno de ese personaje y, 16 años después de irse del país por el repudio popular, retoma el control para la reconquista del poder presidencial a trasmano.
Esa trama está en curso ahora en la Cámara de Diputados, donde a la Comisión de Gobernación que preside el panista Javier Corral le corresponderá montar la escenografía para que más de cien aspirantes diserten sobre la autonomía del órgano electoral, pero la decisión de nombrar a los tres nuevos consejeros –que organizarán las elecciones federales de 2012 y 2018-- se tomará en otra parte.
Y Salinas está operando para ello.
Hay que recordar que el retroceso del IFE se produjo en 2003, cuando Elba Esther Gordillo y Calderón se repartieron los consejeros, encabezados por Ugalde, que supo unir a los intereses de la cacique magisterial y del panista.
Teresa González-Luna Corvera, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez Gutiérrez y Andrés Albo eran claramente propanistas, mientras que Lourdes López Flores, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcantar y Ugalde respondían a los intereses de PRI de entonces.
Con la ruptura de Gordillo con el PRI, Ugalde se sumó en un momento clave a los panistas y proclamó, ilegal e inmoralmente, el falso triunfo de Calderón en 2006, lo que inició la remoción escalonada de los consejeros que sólo ha beneficiado al PRI.
En efecto, del equilibrio con tendencias propanistas en 2003 --gracias a que se excluyó de la negociación a las organizaciones civiles--, se pasó en 2008 a dos bloques más cargados al PRI.
La facción propanista está integrada por Arturo Sánchez Gutiérrez, Benito Nacif –por cierto amigo íntimo de Ugalde-- y María Macarita Elizondo, mientras que forman la facción propriista Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez, con Valdés y Alfredo Figueroa en apariencia neutrales.
Con la salida de Sánchez Gutiérrez, el PAN se quedaría sólo con Macarita y Nacif como supuestos alfiles, mientras que el PRI se quedaría con Baños y Guerrero por la salida de Andrade y Gómez, y seguirían Valdés y Figueroa.
Todo apunta a que el PRI, por la fuerza que tiene en la Cámara de Diputados, mantendrá dos consejeros, lo más probable es que el PAN obtenga el otro o lo comparta con el PRD, con lo que la correlación de fuerzas favorable al priismo se mantendrá: Tres contra cuatro o 3 contra 5, si se incluye --como debe hacerse-- a Valdés.
¿Quiénes serán esos dos consejeros propriistas? Es prematuro hablar de nombres, pero tendrán, sin lugar a dudas, el sello de Salinas...
El legado de Lázaro Cárdenas
MARCO RASCÓN
Lo que sería el discurso del general Lázaro Cárdenas del Río para el 20 de noviembre de 1970, al cumplirse los 60 años de la Revolución, se convirtió en legado y programa, pues falleció el 19 de octubre, un mes y un día antes de la conmemoración. Fue Cuauhtémoc Cárdenas quien leería ese legado y lo daría a conocer.
Como Mensaje a los revolucionarios de México, el general Cárdenas trazó entonces una caracterización de la institucionalización de la Revolución mediante el PRI, señalando los desvíos de los principios de la Revolución, pero planteando sobre la crítica objetivos por los cuales luchar y defender.
En ese texto histórico establecía que el complemento de la no relección era la efectividad del sufragio, pues uno sin el otro debilita en su base el proceso democrático, propicia continuismos de grupo, engendra privilegios, desmoraliza a la ciudadanía y anquilosa la vida de los partidos. Visto a la luz de la actualidad, vemos los efectos de la partidocracia y el debilitamiento del pensamiento democrático en la vida política. Ya en ese entonces Lázaro Cárdenas reconocía que la democracia efectiva era un deber incumplido, pero que debía ser aspiración central y necesaria de los revolucionarios.
Para no repetir los errores históricos que tanto costaron al país, alertaba que sin plena independencia económica no habría autonomía, y señaló a las políticas endeudadoras, la hegemonía estadunidense llamada por su nombre, imperialismo, y todas aquellas decisiones en los gobiernos que favorecían a la oligarquía local y la extranjera como causas de debilitamiento del proyecto nacional. Visto en el sentido que tomaron las cosas con las quiebras financieras de 1976 y 82, que significaron caer atrapados en las políticas del Fondo Monetario y comprometiendo recursos como el petróleo, sucedió lo que advertía su legado y que sería “pesada carga […] sobre la economía del pueblo; […] y mina las bases del desarrollo independiente”. En 1993, la política de integración económica a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue en sentido opuesto y en vez de democracia económica, se profundizó la dependencia y falta de soberanía, lo que mostró la razón de su legado.
Concentración de la riqueza, manipulación de los sindicatos y pérdida de autonomía y democracia sindical, contubernios, destrucción del ejido a través de las contrarreformas en materia agraria, como la ampliación de la pequeña propiedad y el amparo para proteger y legalizar el neolatifundismo, son temas, punto por punto, de la situación de ese momento, en el que también señalaba perspectivas. Ante ello decía: Toda manifestación de democracia, ya sea en el orden político, social o cultural, se nutre de la democracia económica que produce un cambio profundo de estructuras. El sentido nacional era transformar contra los monopolios que ahora prevalecen.
Tema central en el texto es la educación y el papel de la juventud. A dos años del 2 de octubre, Lázaro Cárdenas había dado muestras de su solidaridad al movimiento estudiantil de 1968 protegiendo dirigentes; ya venía de la persecución por su respaldo a Cuba y su derecho a la autodeterminación que forjó la política de México hacia Cuba. Por ello, el régimen priísta y sus aparatos de propaganda lo consideraban un comunista que contradecía al anticomunismo oficial dictado desde Washington.
Lázaro Cárdenas, entrelazado siempre al debate de la izquierda socialista y democrática, ha sido aporte, debate y reflexión. El legado está íntimamente ligado a 1988 con el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas que estableció la alianza puntual con la izquierda atrapada entonces por el gradualismo, el divisionismo, el gremialismo y en la marginalidad electoral. El valor político del legado se hace presente en 1988 y se convierte con Cuauhtémoc Cárdenas en un programa nacional frente al proyecto neoliberal priísta. Es un programa unitario de los revolucionarios.
El programa y el compromiso con la legalidad como principio ético hicieron de la revolución democrática un proyecto de unidad con raíces históricas desde el cardenismo hasta las expresiones sociales, políticas e ideológicas de las izquierdas, que se sumaron con su prestigio desde los movimientos sociales, 1968, las guerrillas y la lucha por reformas y democracia.
La vitalidad y vigencia del cardenismo está más presente hoy que nunca, pues cruza varias generaciones de revolucionarios y demócratas; es afluente del pensamiento ideológico y político para entender la evolución del México contemporáneo y es un referente para reunificar al país con base en principios nacionales, culturales, progresistas y como ideología al servicio de las mayorías del país.
La construcción del PRD fue una alianza de muchas tendencias de izquierda con el cardenismo. La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI fue un acto generoso hacia el país, pues convirtió el legado en acción política y creó las condiciones para avanzar, sabiendo que sin memoria ni raíces no hay cambios.
Ése fue, hace 40 años, el legado del general Lázaro Cárdenas, que hoy sigue vigente.
MARCO RASCÓN
Lo que sería el discurso del general Lázaro Cárdenas del Río para el 20 de noviembre de 1970, al cumplirse los 60 años de la Revolución, se convirtió en legado y programa, pues falleció el 19 de octubre, un mes y un día antes de la conmemoración. Fue Cuauhtémoc Cárdenas quien leería ese legado y lo daría a conocer.
Como Mensaje a los revolucionarios de México, el general Cárdenas trazó entonces una caracterización de la institucionalización de la Revolución mediante el PRI, señalando los desvíos de los principios de la Revolución, pero planteando sobre la crítica objetivos por los cuales luchar y defender.
En ese texto histórico establecía que el complemento de la no relección era la efectividad del sufragio, pues uno sin el otro debilita en su base el proceso democrático, propicia continuismos de grupo, engendra privilegios, desmoraliza a la ciudadanía y anquilosa la vida de los partidos. Visto a la luz de la actualidad, vemos los efectos de la partidocracia y el debilitamiento del pensamiento democrático en la vida política. Ya en ese entonces Lázaro Cárdenas reconocía que la democracia efectiva era un deber incumplido, pero que debía ser aspiración central y necesaria de los revolucionarios.
Para no repetir los errores históricos que tanto costaron al país, alertaba que sin plena independencia económica no habría autonomía, y señaló a las políticas endeudadoras, la hegemonía estadunidense llamada por su nombre, imperialismo, y todas aquellas decisiones en los gobiernos que favorecían a la oligarquía local y la extranjera como causas de debilitamiento del proyecto nacional. Visto en el sentido que tomaron las cosas con las quiebras financieras de 1976 y 82, que significaron caer atrapados en las políticas del Fondo Monetario y comprometiendo recursos como el petróleo, sucedió lo que advertía su legado y que sería “pesada carga […] sobre la economía del pueblo; […] y mina las bases del desarrollo independiente”. En 1993, la política de integración económica a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue en sentido opuesto y en vez de democracia económica, se profundizó la dependencia y falta de soberanía, lo que mostró la razón de su legado.
Concentración de la riqueza, manipulación de los sindicatos y pérdida de autonomía y democracia sindical, contubernios, destrucción del ejido a través de las contrarreformas en materia agraria, como la ampliación de la pequeña propiedad y el amparo para proteger y legalizar el neolatifundismo, son temas, punto por punto, de la situación de ese momento, en el que también señalaba perspectivas. Ante ello decía: Toda manifestación de democracia, ya sea en el orden político, social o cultural, se nutre de la democracia económica que produce un cambio profundo de estructuras. El sentido nacional era transformar contra los monopolios que ahora prevalecen.
Tema central en el texto es la educación y el papel de la juventud. A dos años del 2 de octubre, Lázaro Cárdenas había dado muestras de su solidaridad al movimiento estudiantil de 1968 protegiendo dirigentes; ya venía de la persecución por su respaldo a Cuba y su derecho a la autodeterminación que forjó la política de México hacia Cuba. Por ello, el régimen priísta y sus aparatos de propaganda lo consideraban un comunista que contradecía al anticomunismo oficial dictado desde Washington.
Lázaro Cárdenas, entrelazado siempre al debate de la izquierda socialista y democrática, ha sido aporte, debate y reflexión. El legado está íntimamente ligado a 1988 con el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas que estableció la alianza puntual con la izquierda atrapada entonces por el gradualismo, el divisionismo, el gremialismo y en la marginalidad electoral. El valor político del legado se hace presente en 1988 y se convierte con Cuauhtémoc Cárdenas en un programa nacional frente al proyecto neoliberal priísta. Es un programa unitario de los revolucionarios.
El programa y el compromiso con la legalidad como principio ético hicieron de la revolución democrática un proyecto de unidad con raíces históricas desde el cardenismo hasta las expresiones sociales, políticas e ideológicas de las izquierdas, que se sumaron con su prestigio desde los movimientos sociales, 1968, las guerrillas y la lucha por reformas y democracia.
La vitalidad y vigencia del cardenismo está más presente hoy que nunca, pues cruza varias generaciones de revolucionarios y demócratas; es afluente del pensamiento ideológico y político para entender la evolución del México contemporáneo y es un referente para reunificar al país con base en principios nacionales, culturales, progresistas y como ideología al servicio de las mayorías del país.
La construcción del PRD fue una alianza de muchas tendencias de izquierda con el cardenismo. La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI fue un acto generoso hacia el país, pues convirtió el legado en acción política y creó las condiciones para avanzar, sabiendo que sin memoria ni raíces no hay cambios.
Ése fue, hace 40 años, el legado del general Lázaro Cárdenas, que hoy sigue vigente.
Sucesiones
PEDRO MIGUEL
En los primeros días de su régimen, Salinas requería con urgencia de la legitimidad que las urnas le negaron y fue a buscarla hasta Ciudad Madero, a la casa de La Quina. Con el golpe al líder petrolero charro mató tres pájaros de un tiro: exhibió algo que parecía disposición a acabar con los inveterados cacicazgos sindicales, se hizo con el control de ése y de otros sindicatos por medio de la imposición de líderes igual de corruptos que los anteriores pero que le eran incondicionales y cobró venganza por el respaldo electoral de los petroleros a Cuauhtémoc Cárdenas, ganador de los comicios presidenciales de julio de 1988.
Seis años después, la presidencia enclenque de Zedillo se vio enfrentada a un imperativo similar. Su antecesor había dejado la economía en ruinas y un reguero de sangre: cientos de perredistas asesinados, además de los homicidios de priístas de primera línea cuya responsabilidad, ante la incapacidad o la falta de voluntad del salinato para investigarlos, fue atribuida por la opinión pública al propio jefe del régimen. El actual empleado de trasnacionales gringas ganó la elección de 1994 en la literalidad legal, pero con el aplastante apoyo propagandístico y corruptor de la Presidencia, y fue percibido como pelele. Para darse un margen de maniobra y una mínima credibilidad, Zedillo tenía que meter al bote a un delincuente que se apellidara Salinas, y así lo hizo con el más vulnerable de la familia. Mediante el atraco del Fobaproa, el graduado de Yale inició la legalización de la corrupción oficial –transparencia, le dicen ahora–, despedazó la economía y encabezó un sexenio cruento, caracterizado por el restreno nacional de la contrainsurgencia y por las masacres de campesinos, de Aguas Blancas a Acteal.
A pesar de ese saldo negro, que exigía la imputación de responsabilidades penales contra el equipo gubernamental del zedillato, Fox se abstuvo de emprender acciones en este sentido, no porque no fueran procedentes, sino porque no las necesitaba: empezó su gobierno parado sobre un sólido bono democrático, como efecto de la alternancia presidencial entre logotipos y colores distintos, y perdonó incluso a los perpetradores del Pemexgate. En sus primeros cuatro años, el de las botas reprimió con discreción, aunque en 2005 y 2006 el gobierno cometió atrocidades dignas de causa penal en Lázaro Cárdenas, Texcoco-Acteal y Oaxaca. La economía fue sometida a un intenso maquillaje que le permitió una aprobación de panzazo, pero la sociedad se sintió agraviada por el intenso enriquecimiento de la esposa y de los hijastros, con el telón de fondo de la desaparición de 75 mil millones de dólares producto de los excedentes petroleros (hasta la fecha, nadie ha sabido explicar con precisión adónde fueron a parar y, en consecuencia, se aceptan sospechas).
De Calderón se esperaba que actuara penalmente contra los parientes de Fox, no sólo porque había suficientes indicios para ello, sino también por el menguadísimo margen político de su gestión usurpadora. Pero esa misma debilidad impidió al michoacano un ejercicio de deslinde: carecía (carece) de apoyos sólidos fuera de la oligarquía que lo impuso, y de la que su antecesor forma parte; por añadidura, Calderón sabe perfectamente que cualquier gesto de abierta hostilidad contra Fox se le revertiría en la forma de una campechana confesión sobre manejos electorales turbios, urdidos desde el poder, para poner en la Presidencia a quien no ganó los comicios de 2006. Así las cosas, e imposibilitado para gobernar, hubo de conformarse con desgobernar, y en ese afán se inventó, para probar su audacia ante el público, una gesta heroica contra la delincuencia organizada, enemigo difuso y confuso que, en última instancia, forma parte de la oligarquía dominante, vía lavado de fortunas. La lucha ha sido muy sangrienta, pero inútil, y en su transcurso se ha perdido lo que quedaba de seguridad pública, estado de derecho, certeza jurídica y normalidad institucional. Y qué decir de las transparentes raterías cometidas día a día por el grupo mediático-político-empresarial que controla las instituciones o de una situación económica que ya no responde ni con inversiones millonarias en maquillaje y publicidad.
Con tales saldos de desastre, Calderón debe tener suficientes motivos de inquietud con el tema de la sucesión y de su futuro en general. Ahora, ante la caída electoral de su partido, le toca negociar su impunidad con algún político priísta inventado por la televisión o con un bateador emergente emanado del gatopardismo camachucho y, lo más complicado, lograr que cualquiera de esos gane unos comicios impolutos. Más difícil es irse que llegar. ¿Y si estuviera acariciando la posibilidad de quedarse?
PEDRO MIGUEL
En los primeros días de su régimen, Salinas requería con urgencia de la legitimidad que las urnas le negaron y fue a buscarla hasta Ciudad Madero, a la casa de La Quina. Con el golpe al líder petrolero charro mató tres pájaros de un tiro: exhibió algo que parecía disposición a acabar con los inveterados cacicazgos sindicales, se hizo con el control de ése y de otros sindicatos por medio de la imposición de líderes igual de corruptos que los anteriores pero que le eran incondicionales y cobró venganza por el respaldo electoral de los petroleros a Cuauhtémoc Cárdenas, ganador de los comicios presidenciales de julio de 1988.
Seis años después, la presidencia enclenque de Zedillo se vio enfrentada a un imperativo similar. Su antecesor había dejado la economía en ruinas y un reguero de sangre: cientos de perredistas asesinados, además de los homicidios de priístas de primera línea cuya responsabilidad, ante la incapacidad o la falta de voluntad del salinato para investigarlos, fue atribuida por la opinión pública al propio jefe del régimen. El actual empleado de trasnacionales gringas ganó la elección de 1994 en la literalidad legal, pero con el aplastante apoyo propagandístico y corruptor de la Presidencia, y fue percibido como pelele. Para darse un margen de maniobra y una mínima credibilidad, Zedillo tenía que meter al bote a un delincuente que se apellidara Salinas, y así lo hizo con el más vulnerable de la familia. Mediante el atraco del Fobaproa, el graduado de Yale inició la legalización de la corrupción oficial –transparencia, le dicen ahora–, despedazó la economía y encabezó un sexenio cruento, caracterizado por el restreno nacional de la contrainsurgencia y por las masacres de campesinos, de Aguas Blancas a Acteal.
A pesar de ese saldo negro, que exigía la imputación de responsabilidades penales contra el equipo gubernamental del zedillato, Fox se abstuvo de emprender acciones en este sentido, no porque no fueran procedentes, sino porque no las necesitaba: empezó su gobierno parado sobre un sólido bono democrático, como efecto de la alternancia presidencial entre logotipos y colores distintos, y perdonó incluso a los perpetradores del Pemexgate. En sus primeros cuatro años, el de las botas reprimió con discreción, aunque en 2005 y 2006 el gobierno cometió atrocidades dignas de causa penal en Lázaro Cárdenas, Texcoco-Acteal y Oaxaca. La economía fue sometida a un intenso maquillaje que le permitió una aprobación de panzazo, pero la sociedad se sintió agraviada por el intenso enriquecimiento de la esposa y de los hijastros, con el telón de fondo de la desaparición de 75 mil millones de dólares producto de los excedentes petroleros (hasta la fecha, nadie ha sabido explicar con precisión adónde fueron a parar y, en consecuencia, se aceptan sospechas).
De Calderón se esperaba que actuara penalmente contra los parientes de Fox, no sólo porque había suficientes indicios para ello, sino también por el menguadísimo margen político de su gestión usurpadora. Pero esa misma debilidad impidió al michoacano un ejercicio de deslinde: carecía (carece) de apoyos sólidos fuera de la oligarquía que lo impuso, y de la que su antecesor forma parte; por añadidura, Calderón sabe perfectamente que cualquier gesto de abierta hostilidad contra Fox se le revertiría en la forma de una campechana confesión sobre manejos electorales turbios, urdidos desde el poder, para poner en la Presidencia a quien no ganó los comicios de 2006. Así las cosas, e imposibilitado para gobernar, hubo de conformarse con desgobernar, y en ese afán se inventó, para probar su audacia ante el público, una gesta heroica contra la delincuencia organizada, enemigo difuso y confuso que, en última instancia, forma parte de la oligarquía dominante, vía lavado de fortunas. La lucha ha sido muy sangrienta, pero inútil, y en su transcurso se ha perdido lo que quedaba de seguridad pública, estado de derecho, certeza jurídica y normalidad institucional. Y qué decir de las transparentes raterías cometidas día a día por el grupo mediático-político-empresarial que controla las instituciones o de una situación económica que ya no responde ni con inversiones millonarias en maquillaje y publicidad.
Con tales saldos de desastre, Calderón debe tener suficientes motivos de inquietud con el tema de la sucesión y de su futuro en general. Ahora, ante la caída electoral de su partido, le toca negociar su impunidad con algún político priísta inventado por la televisión o con un bateador emergente emanado del gatopardismo camachucho y, lo más complicado, lograr que cualquiera de esos gane unos comicios impolutos. Más difícil es irse que llegar. ¿Y si estuviera acariciando la posibilidad de quedarse?
