¡OJO OAXACA!

04/10/2010

Golpes de pecho
GUSTAVO ESTEVA
El rechazo que produjo la revuelta policial en Ecuador, que no supo ni pudo convertirse en golpe de Estado, es tan confuso como la propia revuelta. La defensa formal de la democracia, acompañada de muy diversos golpes de pecho, no siempre extendió cheques en blanco al presidente Correa. Al contrario. El episodio se convirtió en la oportunidad de llamarlo a cuentas.
Correa mismo denunció que los revoltosos ni siquiera habían leído la ley que era pretexto de la revuelta y según él los beneficiaba. Habrían sido manipulados por los opositores de su revolución ciudadana. Si esto es así, cabe suponer que el propio presidente y los legisladores mantienen la costumbre muy poco democrática de dictar leyes a espaldas de sus supuestos beneficiarios…
En medio de la confusión y la excitación del momento, resulta impresionante la serenidad y firmeza de las principales organizaciones indígenas de Ecuador, que constituyen desde hace tiempo una fuerza social y política determinante en el país: Conaie, Ecuarunari, Confeniae y Conaice. El propio viernes, cuando la revuelta estaba aún en curso, manifestaron con toda claridad su posición.
Pronunciarse contra los golpistas, para ellos, no era una defensa del régimen vigente, sino un paso más en el proceso de construcción de una auténtica democracia.
No les parecía democrático un gobierno dedicado a atacar y deslegitimar a los sectores organizados, como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etcétera, que ha dejado intactas las viejas estructuras de poder dentro de los aparatos de Estado.
Consideraban que la crisis en curso era causada por el carácter autoritario del gobierno y por su no apertura al diálogo en la elaboración de leyes. El presidente habría vetado leyes consensuadas, que habrían podido contribuir a auténticos acuerdos sociales.
Denunciaban que ante las movilizaciones populares contra las corporaciones mineras, petroleras y agrocomerciales “el gobierno… responde con violenta represión”.
Para algunos analistas, esta posición estaba fuera de lugar y de momento. Era imperativo cerrar filas en torno al presidente Correa para defenderlo del ataque de la derecha, dejando para después el desahogo de las diferencias.
La posición del movimiento indígena ecuatoriano responde al riesgo actual e inmediato de que esas presiones de la vieja derecha distorsionen aún más las alianzas e inclinaciones del presidente Correa hacia la nueva derecha. Admiten que existe un proceso de cambio, pero también que es frágil porque no se han instaurado alianzas claras con las mayorías. Mientras no se constituyan, quienes se oponen al cambio pueden detenerlo y tratar de revertirlo. El comunicado lo señala con claridad:
Ya varios sectores y personajes de la vieja derecha pedirán el derrocamiento del gobierno y la instauración de una dictadura civil o militar; pero la nueva derecha, dentro y fuera del gobierno, utilizará esta coyuntura para justificar su total alianza con los sectores más reaccionarios y los empresariales emergentes.
Correa, como otros presidentes que se consideran ubicados en el lado izquierdo del espectro ideológico, ha defendido con muy diversos argumentos sus alianzas con el capital nacional y trasnacional y con sus expresiones políticas. Ante una acusación semejante, hace unos meses, Lula respondió: Si Cristo viniera aquí y Judas tuviera el voto de cualquier partido, lo llamaría para negociar una coalición (La Jornada, 23/10/09). En México está viva la discusión de las alianzas electorales ambiguas.
Lo que se está planteado en Ecuador es asunto de fondo, no cuestión de coaliciones circunstanciales y arreglos de conveniencia ni de una revuelta mal articulada. Por eso el movimiento indígena ecuatoriano aprovechó la coyuntura para manifestar su rechazo a la política económica y social del gobierno y para exigirle que abandone su actitud autoritaria contra los sectores populares, su criminalización de la protesta social y su persecución de los dirigentes sociales. Exigió también deponer la arbitrariedad con que se ha conducido el proceso legislativo, ante reclamos legítimos de los trabajadores.
El movimiento no está dispuesto a aceptar concesión alguna a los grupos que se oponen al proceso de cambio, a la derecha. Convoca a sus bases a mantenerse en alerta de movilización para defender la auténtica democracia plurinacional que impulsa y para seguir luchando contra el modelo extractivista y privatizador en curso.
Se trata, evidentemente, de defender la democracia. Pero no mediante golpes de pecho y retórica hueca sobre procedimientos formales. La única forma de hacerlo, considera el movimiento indígena, es impulsar una verdadera revolución que resuelva las cuestiones más urgentes y estructurales en beneficio de las mayorías. Es esto lo que está realmente de por medio, más allá de este episodio… y no sólo en Ecuador. Ya no es hora de golpes. Tampoco lo es, como bien dice Raúl Zibechi, de gobernar para la población pero sin ella.

Justicia al estilo Macedo de la Concha
Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- Colocado en el centro de las críticas al Estado mexicano por violar los derechos humanos, lo mismo en la guerra sucia que en la “guerra al narcotráfico”, el Ejército mexicano no respeta la dignidad ni de los suyos.
La próxima semana, un Consejo de Guerra habrá de decidir la suerte del general de brigada Ricardo Martínez Perea, quien desde 2001 cumple una pena de 15 años de prisión acusado de supuesta protección al cártel del Golfo.
Como suele ocurrir en los consejos de guerra, que se integran al arbitrio de la cúpula militar, los jueces castrenses que habrán de resolver la demanda de reconocimiento de inocencia presentada por el general Martínez Perea, tendrán dificultades para actuar con independencia y hacer justicia.
Los jueces designados por el Supremo Tribunal Militar para resolver la demanda sólo tienen dos opciones: rechazar o validar la acusación contra del último general de brigada táctico del Ejército; es decir, no Diplomado de Estado Mayor (DEM).
En términos prácticos, los jueces tendrán que decidir si echan abajo la acusación que enderezó uno de sus exjefes, el generado retirado Rafael Macedo de la Concha, quien al momento de la detención de Martínez Perea era el procurador General de la República, cargo del orden civil al que lo llevó el expresidente Vicente Fox desde la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
El cargo contra el general de brigada resultó del operativo en el que fue capturado Gilberto García Mena, El June, detenido a principios de 2001 en Tamaulipas, acusado de ser lugarteniente del entonces capo del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido dos años después y extraditado a Estados Unidos en 2007.
La acusación sorprendió porque Martínez Perea había sido reconocido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente por su historial de incautación y detenciones de narcotraficantes. Tal vez cometió “un error”: incautar droga de quien no debía.
Macedo de la Concha lo puede saber, en tanto que él inició el proceso judicial. Fuera del servicio público en lo que va de este sexenio, ahora se le menciona como eventual secretario de Seguridad Pública o procurador de Justicia de Veracruz en el gobierno del priista Javier Duarte, quien aún debe asegurar la gubernatura en los tribunales electorales.
La presencia del exprocurador no es la única peculiaridad del proceso. Como ya es costumbre en el Ministerio Público civil y militar en los casos de delincuencia organizada, los cargos contra Martínez Perea son de oídas. A partir de ahí, las irregularidades no han dejado de acumularse.
Durante todo el proceso, que derivó en una condena de 15 años, los testigos de oídas nunca se presentaron a declarar. Como consecuencia, el general de brigada no sabe ni quiénes son sus acusadores.
Peor aún, los propios testigos ofrecidos por la PGJM –los dos policías judiciales militares responsables del informe incriminatorio contra el general de brigada– admitieron públicamente durante un Consejo de Guerra que no habían investigado para elaborar el reporte.
Una más. Los detenidos en Guardados de Abajo, Tamaulipas, donde el Ejército detuvo al June, nunca identificaron al general como supuesto protector. Todo eso lo hizo saber el general Martínez Perea el pasado miércoles al Consejo de Guerra que lo escuchó antes de emitir su fallo, programado para el próximo 8 de octubre.
En su argumentación, el general procesado lanzó también una advertencia: en la actual “guerra a las drogas” lo mismo le puede pasar a cualquiera de los generales, jefes, oficiales o tropa al ser acusados, sin pruebas, de servir al narcotráfico.
Fuera de los militares verdaderamente implicados con la delincuencia organizada, basta con que un elemento caiga de la gracia del superior, se entere de lo que no debía o en sus servicios afecte a quienes gozan de la protección. Los casos dentro del Ejército no son pocos.