PODER OLIGARCA CONTRA PODER POPULAR
8 oct 2010
El miedo
LUIS JAVIER GARRIDO
El escenario político del país está marcado de manera cada vez más evidente por las querellas entre sí de los grupos mafiosos en el poder, que se advierten en la ruptura de la antigua alianza entre PRI y PAN y en la actitud de apanicamiento de Felipe Calderón, cada vez más incapaz de liderear a la ultraderecha mexicana.
1. El mecanismo de las alianzas electorales entre PAN y PRD, que de proseguir en 2011 en el estado de México, y aún después, permitirían al gobierno calderonista confundir al electorado sobre las propuestas de ambas formaciones políticas y someter más claramente la cúpula perredista al proyecto de la derecha de mantenerse en el poder en 2012, para lo cual habría que llegar al ignominioso escenario de un candidato de unidad PAN-PRD para oponérselo a Enrique Peña Nieto, casi seguro abanderado presidencial priísta, ha quedado desenmascarado al mostrarse que su objetivo fundamental es cerrarle el camino a una candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
2. El ardid de las alianzas electorales PAN-PRD fue posible por las negociaciones entre el perredista Jesús Ortega y César Nava, presidente de Acción Nacional, que llevaron al gobierno a imponer hace dos años a Ortega en la dirección del PRD, mediante un fallo del tribunal electoral, que validó decenas de miles de votos fraudulentos a favor de los Chuchos en la elección interna, a cambio de que Ortega y su grupo pudieran apoderarse del aparato del partido y prestarse a las pretensiones del gobierno.
3. No es de sorprender que dicho acuerdo entre el calderonismo y los Chuchos hubiese sido ultimado por Ortega con el que ha sido señalado como uno de los funcionarios más corruptos del calderonismo, César Nava, acusado en el sexenio pasado de haber entregado concesiones anticonstitucionales a multinacionales hispanas durante su paso como funcionario de Pemex (en los años en que Calderón fungía como titular de Energía) y ahora de un enriquecimiento inexplicable al adquirir un departamento en Rincón del Bosque por cerca de 30 millones de pesos.
4. El miedo de Calderón ante el 2012 lo está llevando a cometer todo género de ilícitos, y ya está empezando ante el azoro de sus propios compañeros de partido que sostenían en privado que se repetiría el escenario de 2006, y lo más significativo es que él se asume como responsable de aquellas y de estas acciones delictivas. Al quedar desenmascarada la estrategia de las alianzas PAN-PRD, adelantándose a los tiempos electorales Calderón ha tenido que descender aún más al lodazal, y durante la entrevista que le organizaron desde Los Pinos con Pablo Hiriart y Salvador Camarena el martes 5 por la noche en W Radio, arremetió una vez más contra López Obrador, el principal líder de la oposición, calumniándolo otra vez como un peligro para México y acusándolo de realizar una campaña de rencor y odio, no sin antes reconocer que la verdadera campaña de odio, que fue la suya, la decidió su equipo de campaña, que el eslogan de descalificación acuñado por los publicistas Dick Morris y Antonio Solá es de su equipo, según se ufanó, no sin antes enredarse en mil y una explicaciones por haber afirmado en 2006 que no le importaba que se le considerara ganador haiga sido como haiga sido, según informó El Universal el miércoles 6.
5. La respuesta a Calderón no se hizo esperar, y desde distintos horizontes políticos se reconoce que su proceder configura una violación a las libertades electorales de los mexicanos, y no puede conducir más que a que se torne en el hazmerreír de todos y a que, de persistir, se le forme juicio político para destituirlo, conforme al 108 constitucional. Los panistas Creel y Espino lo acusaron de no gobernar y estar dedicado a la campaña de 2012. Los consejeros y el presidente del IFE se aterraron ante la posibilidad de que se reviva el trauma de 2006, cuando el propio instituto fue artífice del fraude y fungió además como encubridor de las acciones delictivas de Fox y de Calderón, perdiendo toda credibilidad. Y PRI, PRD y PT lo acusaron de ser el burro hablando de orejas y lo exhortaron a dejar de actuar como jefe de campaña del PAN y de seguir polarizando a la sociedad con sus desatinos (La Jornada, 7 de octubre).
6. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, fue más allá, y tras señalar que la afirmación de Felipe Calderón es una señal de autoritarismo e intolerancia, pidió a la PGR señalar cuáles son los verdaderos peligros para el país (El Universal en línea, del 7 de octubre).
7. La campaña de irracionalidad de los extremistas fanáticos de la ultraderecha ha sido así de momento silenciada, y éstos deberán tener más cuidado en sus planteamientos desaforados con vistas al 2012. Más difícil les va a resultar traer a México a personalidades de la derecha trasnacional para que le hagan el juego a los intereses trasnacionales, como lo hicieron hace una semana con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que por muy Premio Nobel que sea ahora, desconocía y desconoce la realidad de México y el papel del gobierno corrupto, entreguista y antidemocrático del PAN.
8. La respuesta de López Obrador no fue por breve menos significativa, pues al presentar en la Alameda capitalina su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, que tanto ha ofuscado a Calderón y a los que han sido sus cómplices durante estos cuatro años en el desmantelamiento de la nación, se limitó a decir que esa frase burda y ofensiva no se atrevería a usarla ni siquiera contra Calderón, a pesar de que han perdido la vida cerca de 30 mil mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud.
9. La campaña para la sucesión de quien ha sido no sólo un gobernante espurio e inepto sino un individuo violento y de gran perversidad que se prestó a ser instrumento de los poderes trasnacionales para atentar contra los derechos del pueblo mexicano, está abierta, como dicen los franceses malgré lui, a pesar suyo, por su propio miedo, y no anuncia nada bueno para los mexicanos. Se anuncia como una campaña que va a residir en lo esencial en el poder del dinero para comprar y corromper dirigentes y cuadros partidistas y en el poder de los medios para confundir, engañar y someter a los mexicanos, sin olvidar la violencia desatada por Calderón para amedrentar a todos: a fin de impedirles que sean verdaderos ciudadanos libres, con plena capacidad para elegir a sus representantes.
10. El escenario electoral de ilegalidad y de violencia que reposa en el papel del dinero y de los medios no es empero privativo de México, sino que se anuncia como el modelo institucional del neoliberalismo en todas las latitudes. Gobernantes de distintos países están siendo señalados por haberse apoyado en sus campañas en financiamiento ilegal. En Francia Nicolás Sarkozy está siendo acusado de haber recibido de Liliana Bettencourt –dueña de L’Oreal– multimillonarias sumas ilegales para su campaña y deberá afrontar a la justicia, como en España el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, miembro del PP. Y en Estados Unidos, si se acusó también a Obama de ser un peligro para Estados Unidos, ahora se denuncia que el multimillonario australiano Rupert Murdoch, dueño de una vasta red de diarios conservadores en el mundo, ha donado en vísperas de las legislativas un millón de dólares para impulsar a la cadena Fox y al grupo ultraderechista del Tea Party (El País, 6 de octubre).
El poder del dinero y de los medios no puede sin embargo más que el poder del pueblo, y ese va a ser el verdadero desafío en 2012.
LUIS JAVIER GARRIDO
El escenario político del país está marcado de manera cada vez más evidente por las querellas entre sí de los grupos mafiosos en el poder, que se advierten en la ruptura de la antigua alianza entre PRI y PAN y en la actitud de apanicamiento de Felipe Calderón, cada vez más incapaz de liderear a la ultraderecha mexicana.
1. El mecanismo de las alianzas electorales entre PAN y PRD, que de proseguir en 2011 en el estado de México, y aún después, permitirían al gobierno calderonista confundir al electorado sobre las propuestas de ambas formaciones políticas y someter más claramente la cúpula perredista al proyecto de la derecha de mantenerse en el poder en 2012, para lo cual habría que llegar al ignominioso escenario de un candidato de unidad PAN-PRD para oponérselo a Enrique Peña Nieto, casi seguro abanderado presidencial priísta, ha quedado desenmascarado al mostrarse que su objetivo fundamental es cerrarle el camino a una candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
2. El ardid de las alianzas electorales PAN-PRD fue posible por las negociaciones entre el perredista Jesús Ortega y César Nava, presidente de Acción Nacional, que llevaron al gobierno a imponer hace dos años a Ortega en la dirección del PRD, mediante un fallo del tribunal electoral, que validó decenas de miles de votos fraudulentos a favor de los Chuchos en la elección interna, a cambio de que Ortega y su grupo pudieran apoderarse del aparato del partido y prestarse a las pretensiones del gobierno.
3. No es de sorprender que dicho acuerdo entre el calderonismo y los Chuchos hubiese sido ultimado por Ortega con el que ha sido señalado como uno de los funcionarios más corruptos del calderonismo, César Nava, acusado en el sexenio pasado de haber entregado concesiones anticonstitucionales a multinacionales hispanas durante su paso como funcionario de Pemex (en los años en que Calderón fungía como titular de Energía) y ahora de un enriquecimiento inexplicable al adquirir un departamento en Rincón del Bosque por cerca de 30 millones de pesos.
4. El miedo de Calderón ante el 2012 lo está llevando a cometer todo género de ilícitos, y ya está empezando ante el azoro de sus propios compañeros de partido que sostenían en privado que se repetiría el escenario de 2006, y lo más significativo es que él se asume como responsable de aquellas y de estas acciones delictivas. Al quedar desenmascarada la estrategia de las alianzas PAN-PRD, adelantándose a los tiempos electorales Calderón ha tenido que descender aún más al lodazal, y durante la entrevista que le organizaron desde Los Pinos con Pablo Hiriart y Salvador Camarena el martes 5 por la noche en W Radio, arremetió una vez más contra López Obrador, el principal líder de la oposición, calumniándolo otra vez como un peligro para México y acusándolo de realizar una campaña de rencor y odio, no sin antes reconocer que la verdadera campaña de odio, que fue la suya, la decidió su equipo de campaña, que el eslogan de descalificación acuñado por los publicistas Dick Morris y Antonio Solá es de su equipo, según se ufanó, no sin antes enredarse en mil y una explicaciones por haber afirmado en 2006 que no le importaba que se le considerara ganador haiga sido como haiga sido, según informó El Universal el miércoles 6.
5. La respuesta a Calderón no se hizo esperar, y desde distintos horizontes políticos se reconoce que su proceder configura una violación a las libertades electorales de los mexicanos, y no puede conducir más que a que se torne en el hazmerreír de todos y a que, de persistir, se le forme juicio político para destituirlo, conforme al 108 constitucional. Los panistas Creel y Espino lo acusaron de no gobernar y estar dedicado a la campaña de 2012. Los consejeros y el presidente del IFE se aterraron ante la posibilidad de que se reviva el trauma de 2006, cuando el propio instituto fue artífice del fraude y fungió además como encubridor de las acciones delictivas de Fox y de Calderón, perdiendo toda credibilidad. Y PRI, PRD y PT lo acusaron de ser el burro hablando de orejas y lo exhortaron a dejar de actuar como jefe de campaña del PAN y de seguir polarizando a la sociedad con sus desatinos (La Jornada, 7 de octubre).
6. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, fue más allá, y tras señalar que la afirmación de Felipe Calderón es una señal de autoritarismo e intolerancia, pidió a la PGR señalar cuáles son los verdaderos peligros para el país (El Universal en línea, del 7 de octubre).
7. La campaña de irracionalidad de los extremistas fanáticos de la ultraderecha ha sido así de momento silenciada, y éstos deberán tener más cuidado en sus planteamientos desaforados con vistas al 2012. Más difícil les va a resultar traer a México a personalidades de la derecha trasnacional para que le hagan el juego a los intereses trasnacionales, como lo hicieron hace una semana con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que por muy Premio Nobel que sea ahora, desconocía y desconoce la realidad de México y el papel del gobierno corrupto, entreguista y antidemocrático del PAN.
8. La respuesta de López Obrador no fue por breve menos significativa, pues al presentar en la Alameda capitalina su libro La mafia que se adueñó de México… y el 2012, que tanto ha ofuscado a Calderón y a los que han sido sus cómplices durante estos cuatro años en el desmantelamiento de la nación, se limitó a decir que esa frase burda y ofensiva no se atrevería a usarla ni siquiera contra Calderón, a pesar de que han perdido la vida cerca de 30 mil mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud.
9. La campaña para la sucesión de quien ha sido no sólo un gobernante espurio e inepto sino un individuo violento y de gran perversidad que se prestó a ser instrumento de los poderes trasnacionales para atentar contra los derechos del pueblo mexicano, está abierta, como dicen los franceses malgré lui, a pesar suyo, por su propio miedo, y no anuncia nada bueno para los mexicanos. Se anuncia como una campaña que va a residir en lo esencial en el poder del dinero para comprar y corromper dirigentes y cuadros partidistas y en el poder de los medios para confundir, engañar y someter a los mexicanos, sin olvidar la violencia desatada por Calderón para amedrentar a todos: a fin de impedirles que sean verdaderos ciudadanos libres, con plena capacidad para elegir a sus representantes.
10. El escenario electoral de ilegalidad y de violencia que reposa en el papel del dinero y de los medios no es empero privativo de México, sino que se anuncia como el modelo institucional del neoliberalismo en todas las latitudes. Gobernantes de distintos países están siendo señalados por haberse apoyado en sus campañas en financiamiento ilegal. En Francia Nicolás Sarkozy está siendo acusado de haber recibido de Liliana Bettencourt –dueña de L’Oreal– multimillonarias sumas ilegales para su campaña y deberá afrontar a la justicia, como en España el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, miembro del PP. Y en Estados Unidos, si se acusó también a Obama de ser un peligro para Estados Unidos, ahora se denuncia que el multimillonario australiano Rupert Murdoch, dueño de una vasta red de diarios conservadores en el mundo, ha donado en vísperas de las legislativas un millón de dólares para impulsar a la cadena Fox y al grupo ultraderechista del Tea Party (El País, 6 de octubre).
El poder del dinero y de los medios no puede sin embargo más que el poder del pueblo, y ese va a ser el verdadero desafío en 2012.
Agenda legislativa: militares y fuero civil
Sara Lovera
MÉXICO, D.F., 7 de octubre (apro).- Mujeres organizadas se dispusieron a analizar, el pasado viernes 1, cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente, que nos tendría que hacer reflexionar.
De manera central, esta agenda debería atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de policías y militares.
Hace una semana, los senadores –encabezados por Manlio Fabio Beltrones– señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aun cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.
Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución, que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.
El mandato constitucional es tan claro que provoca ira saber que las quejas realizadas a través de mecanismos nacionales e internacionales sobre abusos militares, no a paisanos, sino a paisanas, rebasa media centena, sin embargo persiste una impunidad que lacera.
Pero con frecuencia se ve que hay fiebre por legislar. Llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial, e irse al bosque sin mirar la rama. ¿Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara?
En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.
Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez --la primera gobernadora del país, a finales de los años 70-- puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor el robo de una vaca, que la violación a una mujer.
Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso. Las modificaciones urgen en los estados, o habría que hacer uso del 133 constitucional para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, que México ratificó desde 1994.
Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del Ejército son ciertas, insostenibles e inaceptables y se mantienen impunes.
Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras más en San Cristobalito, en 1995, y también en Lagos de Montebello, por hablar sólo de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, donde en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello. Y también la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.
Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria, y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.
Todo esto viene a cuenta porque el pasado viernes 1, cuando sesudamente se revisaba lo que había que hacerse, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 (la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani).
Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del Ejército, y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero, significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para, de una vez, juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.
Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas, en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.
Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas el pasado viernes 1 y significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Querella similar existe desde 1994 por el atropello a las indígenas tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.
El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparán miradas y comentarios, porque la CoIDH considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia, a no ser torturadas, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El tribunal estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales”, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República, que garantizan una vida libre de violencia para las mujeres, está, por supuesto, armonizada al derecho internacional.
Lo grave es que no se cumpla ninguna de las dos aristas y que, se sabe, “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Lo importante es ir más allá: Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas, las que están documentadas en la misma Corte, las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos, y no quitar el dedo del renglón, en el sentido de señalar que el Ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.
Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir.
Los documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.
Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano. Lo de siempre.
Sara Lovera
MÉXICO, D.F., 7 de octubre (apro).- Mujeres organizadas se dispusieron a analizar, el pasado viernes 1, cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente, que nos tendría que hacer reflexionar.
De manera central, esta agenda debería atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de policías y militares.
Hace una semana, los senadores –encabezados por Manlio Fabio Beltrones– señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aun cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.
Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución, que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.
El mandato constitucional es tan claro que provoca ira saber que las quejas realizadas a través de mecanismos nacionales e internacionales sobre abusos militares, no a paisanos, sino a paisanas, rebasa media centena, sin embargo persiste una impunidad que lacera.
Pero con frecuencia se ve que hay fiebre por legislar. Llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial, e irse al bosque sin mirar la rama. ¿Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara?
En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.
Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez --la primera gobernadora del país, a finales de los años 70-- puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor el robo de una vaca, que la violación a una mujer.
Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso. Las modificaciones urgen en los estados, o habría que hacer uso del 133 constitucional para hacer efectiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, que México ratificó desde 1994.
Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del Ejército son ciertas, insostenibles e inaceptables y se mantienen impunes.
Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras más en San Cristobalito, en 1995, y también en Lagos de Montebello, por hablar sólo de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, donde en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello. Y también la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.
Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria, y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.
Todo esto viene a cuenta porque el pasado viernes 1, cuando sesudamente se revisaba lo que había que hacerse, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002 (la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani).
Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del Ejército, y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero, significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para, de una vez, juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.
Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas, en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.
Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas el pasado viernes 1 y significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Querella similar existe desde 1994 por el atropello a las indígenas tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.
El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparán miradas y comentarios, porque la CoIDH considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia, a no ser torturadas, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El tribunal estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales”, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República, que garantizan una vida libre de violencia para las mujeres, está, por supuesto, armonizada al derecho internacional.
Lo grave es que no se cumpla ninguna de las dos aristas y que, se sabe, “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Lo importante es ir más allá: Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas, las que están documentadas en la misma Corte, las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos, y no quitar el dedo del renglón, en el sentido de señalar que el Ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.
Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir.
Los documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.
Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano. Lo de siempre.
Madres que mueren
GABRIELA RODRÍGUEZ
Madre, tú me tuviste pero yo nunca te tuve. Yo te quise, pero tú no me quisiste. Así que debo decirte adiós, adiós. Padre, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé. Yo te necesitaba, pero tú no me necesitaste. Así que debo decirte adiós, adiós. La muerte temprana de la madre y el abandono de su padre fueron expresados por John Lennon en ese llanto que es Mother, mucho más que una canción. Este gran músico mañana cumpliría 70 años de vida, si un disparo no hubiese silenciado una creatividad que alcanzaba altísimos vuelos. Habría que ser poeta para elaborar con tal estética la desolación con que nos deja la orfandad.
Los avances en la ciencia y la tecnología médica han logrado que la mortalidad materna se reduzca significativamente. Pese a que eran tan frecuentes en la generación de nuestras abuelas, esas muertes por embarazo, parto o aborto no eran menos sombrías ni llegaron a naturalizarse. Sin embargo, hoy resulta inaceptable que siga habiendo tasas de mortalidad materna tan altas, y que esto solamente ocurra en las regiones donde se vive con precariedad.
Según la Organización Mundial de la Salud medio millón de mujeres y 10 millones de niños morirán cada año si los gobiernos del mundo no toman con seriedad un conjunto de medidas bien conocidas. Sabemos que 70 por ciento de las muertes maternas e infantiles podrían evitarse si se diera de manera oportuna y mejorara la calidad de los servicios de salud. Al delinearse las llamadas Metas del Milenio, los países del orbe se comprometieron ante Naciones Unidas para reducir en tres cuartas partes la razón de la mortalidad materna y en dos tercios la mortalidad infantil, entre 1990 y 2015. México se encuentra entre esos países que difícilmente van a lograrlo, considerando el nivel actual que es de 57 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, pues habría que alcanzar una cifra no mayor de 22. Se trata de un indicador que refleja las disparidades sociales y económicas. Entre 1955 y 2006 el número disminuyó de 204 a 60 muertes maternas por 100 mil mexicanos nacidos vivos. Ochenta por ciento de esta reducción se logró entre 1955 y 1989 y el restante 20 por ciento entre 1990 y 2006; es decir, que la velocidad de descenso empezó a frenarse al comenzar la década de los 90, aunque en diferentes niveles: Chiapas y el estado de México presentan los números más altos de muertes maternas. Las adolescentes de 15 a 19 años tienen una razón ligeramente más alta que las mujeres en sus años veinte, y las mujeres de 30 años y más presentan los niveles más elevados. Actualmente las principales causas de muerte materna son: hipertensión y hemorragia durante el embarazo (25 por ciento cada una), enfermedades existentes o prexistentes que se agravan con el embarazo o parto (22 por ciento), otras complicaciones (13 por ciento), y el aborto inseguro (7 por ciento). El control de estas causas exige mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva, diagnósticos oportunos, atención con personal capacitado, transportación rápida de las mujeres hacia instituciones médicas adecuadamente equipadas con bancos de sangre y capacidad instalada, así como despenalizar el aborto y garantizar servicios de interrupción del embarazo expeditos y seguros. Comparadas con las latinoamericanas, la mortalidad materna por aborto es menor probablemente porque las mexicanas usan métodos relativamente seguros; sin embargo, la tasa de aborto por mil mujeres aumentó de 25 a 33 entre 1990 y 2006, lo cual subraya la necesidad de garantizar servicios legales y seguros de interrupción del embarazo, así como el acceso a servicios adecuados de anticoncepción (Fátima Juárez et al., Barreras para la maternidad segura en México, Guttmacher Institute, enero de 2010).
A 50 años de que la aprobación de la píldora anticonceptiva se celebraba haciendo el amor y no la guerra (All we are saying is give peace a chance) ha quedado claro que su acceso universal es un paso crítico para reducir la mortalidad materna y los embarazos no deseados. Más de 200 millones de mujeres han utilizado la píldora desde su aprobación, mientras 200 millones todavía no tienen acceso a la misma. Un estudio reciente demostró que si se cubrieran las necesidades no satisfechas de anticoncepción se evitarían más de 50 millones de embarazos no deseados, se salvaría la vida de 150 mil mujeres, así como la de 640 mil recién nacidos (The costs and benefits of investing in family planning and maternal and newborn health, UNFPA/ Guttmacher Institute, Nueva York, 2009.) Esta realidad está lejos de comprenderse desde la política federal, mientras la ciudad de México está marcando la pauta. Aquí la lucha contra la mortalidad materna se ha traducido en leyes que garantizan el derecho a decidir de las mujeres, en mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva y en políticas públicas con perspectiva de género.
Paul McCartney, otro chico que perdió a su madre a edad temprana, dio trato de sabia a su madre en el conocido himno a la maternidad Let it be: Cuando me encuentro ante problemas, mi madre María viene hacia mí a ofrecerme la sabiduría que necesito, y en los momentos más oscuros ella viene y se para frente a mí con palabras de sabiduría. ¡Déjalo ser! Debe haber alguna respuesta. ¡Déjalo ser!
GABRIELA RODRÍGUEZ
Madre, tú me tuviste pero yo nunca te tuve. Yo te quise, pero tú no me quisiste. Así que debo decirte adiós, adiós. Padre, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé. Yo te necesitaba, pero tú no me necesitaste. Así que debo decirte adiós, adiós. La muerte temprana de la madre y el abandono de su padre fueron expresados por John Lennon en ese llanto que es Mother, mucho más que una canción. Este gran músico mañana cumpliría 70 años de vida, si un disparo no hubiese silenciado una creatividad que alcanzaba altísimos vuelos. Habría que ser poeta para elaborar con tal estética la desolación con que nos deja la orfandad.
Los avances en la ciencia y la tecnología médica han logrado que la mortalidad materna se reduzca significativamente. Pese a que eran tan frecuentes en la generación de nuestras abuelas, esas muertes por embarazo, parto o aborto no eran menos sombrías ni llegaron a naturalizarse. Sin embargo, hoy resulta inaceptable que siga habiendo tasas de mortalidad materna tan altas, y que esto solamente ocurra en las regiones donde se vive con precariedad.
Según la Organización Mundial de la Salud medio millón de mujeres y 10 millones de niños morirán cada año si los gobiernos del mundo no toman con seriedad un conjunto de medidas bien conocidas. Sabemos que 70 por ciento de las muertes maternas e infantiles podrían evitarse si se diera de manera oportuna y mejorara la calidad de los servicios de salud. Al delinearse las llamadas Metas del Milenio, los países del orbe se comprometieron ante Naciones Unidas para reducir en tres cuartas partes la razón de la mortalidad materna y en dos tercios la mortalidad infantil, entre 1990 y 2015. México se encuentra entre esos países que difícilmente van a lograrlo, considerando el nivel actual que es de 57 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, pues habría que alcanzar una cifra no mayor de 22. Se trata de un indicador que refleja las disparidades sociales y económicas. Entre 1955 y 2006 el número disminuyó de 204 a 60 muertes maternas por 100 mil mexicanos nacidos vivos. Ochenta por ciento de esta reducción se logró entre 1955 y 1989 y el restante 20 por ciento entre 1990 y 2006; es decir, que la velocidad de descenso empezó a frenarse al comenzar la década de los 90, aunque en diferentes niveles: Chiapas y el estado de México presentan los números más altos de muertes maternas. Las adolescentes de 15 a 19 años tienen una razón ligeramente más alta que las mujeres en sus años veinte, y las mujeres de 30 años y más presentan los niveles más elevados. Actualmente las principales causas de muerte materna son: hipertensión y hemorragia durante el embarazo (25 por ciento cada una), enfermedades existentes o prexistentes que se agravan con el embarazo o parto (22 por ciento), otras complicaciones (13 por ciento), y el aborto inseguro (7 por ciento). El control de estas causas exige mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva, diagnósticos oportunos, atención con personal capacitado, transportación rápida de las mujeres hacia instituciones médicas adecuadamente equipadas con bancos de sangre y capacidad instalada, así como despenalizar el aborto y garantizar servicios de interrupción del embarazo expeditos y seguros. Comparadas con las latinoamericanas, la mortalidad materna por aborto es menor probablemente porque las mexicanas usan métodos relativamente seguros; sin embargo, la tasa de aborto por mil mujeres aumentó de 25 a 33 entre 1990 y 2006, lo cual subraya la necesidad de garantizar servicios legales y seguros de interrupción del embarazo, así como el acceso a servicios adecuados de anticoncepción (Fátima Juárez et al., Barreras para la maternidad segura en México, Guttmacher Institute, enero de 2010).
A 50 años de que la aprobación de la píldora anticonceptiva se celebraba haciendo el amor y no la guerra (All we are saying is give peace a chance) ha quedado claro que su acceso universal es un paso crítico para reducir la mortalidad materna y los embarazos no deseados. Más de 200 millones de mujeres han utilizado la píldora desde su aprobación, mientras 200 millones todavía no tienen acceso a la misma. Un estudio reciente demostró que si se cubrieran las necesidades no satisfechas de anticoncepción se evitarían más de 50 millones de embarazos no deseados, se salvaría la vida de 150 mil mujeres, así como la de 640 mil recién nacidos (The costs and benefits of investing in family planning and maternal and newborn health, UNFPA/ Guttmacher Institute, Nueva York, 2009.) Esta realidad está lejos de comprenderse desde la política federal, mientras la ciudad de México está marcando la pauta. Aquí la lucha contra la mortalidad materna se ha traducido en leyes que garantizan el derecho a decidir de las mujeres, en mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva y en políticas públicas con perspectiva de género.
Paul McCartney, otro chico que perdió a su madre a edad temprana, dio trato de sabia a su madre en el conocido himno a la maternidad Let it be: Cuando me encuentro ante problemas, mi madre María viene hacia mí a ofrecerme la sabiduría que necesito, y en los momentos más oscuros ella viene y se para frente a mí con palabras de sabiduría. ¡Déjalo ser! Debe haber alguna respuesta. ¡Déjalo ser!
