POR LA TRANSICIÓN.

28/10/2010

Réquiem
José Gil Olmos.
MEXICO, DF, 28 de octubre (apro).- Nuevas matanzas en el norte del país. Nuevamente las víctimas son jóvenes. Una vez más la violencia. Otra vez la impunidad en una guerra estúpida, como son todas las guerras.
No hace mucho tiempo ocurrieron dos matanzas cuyas heridas aún no cicatrizan en la memoria social. En 1996, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, fueron asesinados 17 campesinos por la policía del estado. A fines de 1997, en la comunidad de Acteal, Chiapas, ocurrió la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares.
Al paso de los años estos dos hechos marcaron profundamente a la sociedad y pusieron en cuestionamiento a los gobiernos de los estados y presidencial del momento.
Hoy llevamos más de 30 mil muertos a la cuenta de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón, muchos de ellos civiles que fueron asesinados a mansalva (en fusilamientos, ejecuciones y torturas), abriendo nuevas heridas sociales que no sabemos cuánto tiempo tardarán en sanar o si algún día cerrarán, porque esta guerra no tiene para cuándo terminar.
Todas estas muertes violentas producirán efectos psicosociales difíciles de sanar, tales como terror, inseguridad, ansiedad, miedo; amén de la desconfianza en las autoridades y en las instancias de justicia sin excepción, así como en todas las formas de gobierno que, independientemente del partido que sea, sólo han demostrado corrupción e ineficacia.
Estas matanzas marcarán al gobierno de transición en el que millones de mexicanos creyeron cuando en el 2000 el PRI fue derrotado por el PAN y otros grupos de poder que estaban hartos de la corrupción, impunidad y el robo.
Sin embargo, hoy a estas lacras se le suma el miedo y el terror de amplios sectores de la población que viven bajo la égida de los grupos del crimen organizado que actúan impunemente en las calles, en el campo y en ciudades más importantes del país.
El número de muertos producto de la guerra declarada por Calderón ha rebasado por mucho las peores expectativas de los expertos y del propio partido en el poder. Cuando hace poco más de cuatro años Calderón hizo esta declaración de guerra al narcotráfico, dijo que iba a haber muchos muertos, pero jamás presentó un plan integral de lucha, jamás pensó en la población civil, su despotismo fue tal que nunca se le cruzó por la mente que habría familias desamparadas, huérfanos, inválidos, y que todos ellos necesitarían de atención especial.
Por la forma en que se ha comportado y por sus discursos, Calderón observó las consecuencias sociales de su guerra como “bajas colaterales”, es decir, como daños necesarios que asumir pero por la propia sociedad, por las familias y sus hijos, no por su gobierno, que ha mostrado una insensibilidad sólo comparada con la de los gobernantes despóticos y autoritarios.
Las matanzas de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, comienzan a repetirse en otras ciudades como Tijuana, en Baja California, porque la impunidad hace que los diferentes grupos del crimen organizado actúen libremente, sin que nadie les ponga un alto.
El gobierno federal ha expresado únicamente sus lamentos, mientras que los gobiernos de los estados se han limitado a perseguir presuntos culpables, emulando el juego del gato y el ratón, sin dar resultados satisfactorios y ejemplares. Las disculpas institucionales saben a ofensa si no hay justicia.
Ahora Calderón está tratando de cambiar semánticamente su guerra y dice que es una “lucha por la seguridad pública”, pero en los hechos no hay ningún cambio, y su gobierno pasará a la historia no sólo como un fracaso, sino como el réquiem de la transición a la democracia.
La disputa por la historia
SOLEDAD LOAEZA
En este año de conmemoraciones históricas el debate a propósito de nuestro pasado ha sido mucho menos agrio de lo que se esperaba. No fueron pocos los escritores, malos y hasta buenos, que amenazaron con demoler lo que llaman la historia oficial, es decir, la versión hegemónica de la historia nacional.
El argumento central de esta idea, mismo que se planteó desde 2000, era que después de la derrota del PRI, era posible y apremiante una revisión de la historia que aprendimos en la escuela, previa aprobación de la Secretaría de Educación Pública. Esta propuesta se apoyaba en propaganda política antes que en una seria reflexión historiográfica. ¿De veras la versión hegemónica de la historia nacional es priísta? Quiero decir, ¿la escribieron los priístas? ¿No será más bien que los priístas se apropiaron de nuestra historia? Si así fue, entonces habría que corregirles la plana a ellos; no se trata de escribir una versión panista ni perredista de la historia nacional, sino de recuperar personajes, causas, acciones y decisiones que forman el legado común de todos los mexicanos.
La victoria del PAN por sí misma auguraba la redición de viejas querellas siempre renovadas, en torno al artículo tercero o, por lo menos, en torno al contenido de los libros de historia que edita la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito (Conaliteg). El PAN nació en buena medida para protestar en contra del control del Estado sobre la educación, una práctica extendida en el mundo, en diferentes grados; también había hecho del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) uno de sus principales blancos de ataque, porque encarnaba groseramente rasgos prominentes del autoritarismo: la ausencia de libertad sindical, el control ideológico del Estado sobre la sociedad y la insondable corrupción. Ante la estrecha colaboración que desde 2000 entablaron el PAN y el SNTE, uno se pregunta: ¿quién o qué ha cambiado? Desde luego el PAN, más que el sindicato, porque encuentro pocas diferencias entre Carlos Jonguitud y Elba Ester Gordillo. ¿Acaso el revisionismo histórico que prometieron los panistas ha sido víctima de su alianza con los maestros?
Pero, incluso si hacemos a un lado las cacareadas reivindicaciones de los panistas de una historia no oficial, no ha habido ninguna polémica a propósito de la interpretación más generalmente aceptada de la historia. Los autopropuestos iconoclastas no han hecho mucho más que descubrir el lado humano de los héroes establecidos, por ejemplo, que a Miguel Hidalgo le gustaba bailar y cantar, pero no nos han dicho cómo sus revelaciones nos obligan a una reflexión crítica de su papel en la historia, y de su condición de héroe nacional. A ese respecto vale mucho la pena leer la espléndida novela histórica de Jean Meyer, Camino a Baján, que reconstruye los primeros meses de la guerra de Independencia en Nueva Galicia. Lejos de denunciar a Hidalgo como genocida, como hace José Antonio Crespo en un libro de ensayos que se ocupa de deturpar a las figuras históricas, y que se vende con el atractivo título Contra la historia oficial, Meyer recupera las ambivalencias, los errores y las angustias que despertó en los líderes de la Independencia en Nueva Galicia el frenesí revolucionario que desencadenó la movilización popular.
El poco eco que han alcanzado en la opinión pública las versiones iconoclastas de la historia nacional, sugiere que existe un consenso amplio básico, en torno a los porqués y los cómos de nuestra historia nacional. Este acuerdo se alimenta, en primer lugar, de la historiografía liberal de finales del siglo XIX antes que del PRI. El revisionismo es necesario, pero tendría que ser, más que la humanización de los héroes, la recuperación de episodios y de personajes cuya importancia no ha sido debidamente reconocida.
De nuevo cito la obra de Jean Meyer como ejemplar, pues su Cristiada, publicada en 1974, precipitó un cambio de paradigma en relación con la lucha de los cristeros contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. De su propuesta interpretativa se han derivado muchos trabajos novedosos que nos han obligado a repensar la historia del Estado mexicano y de las minorías políticas. La presencia de este sangriento episodio en el México del siglo XXI está perfectamente registrada en la novela de Juan Villoro, El testigo. Ésta es una forma real de debate que no persigue simplemente la sustitución de un héroe por otro, y tampoco la exhibición de la bajeza humana como prueba de inadecuación patriótica.
Golpe de clase contra el pacto social
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La explosión de la gran crisis que se apoderó del mundo fue vista como un acontecimiento destinado a cambiar la historia. Nos tocó ser testigos privilegiados del fin de una época: si ante nuestros ojos había desaparecido el socialismo de Estado (1989-1991) de manera irreversible, ahora al final de la primera década del siglo XXI presenciábamos, en palabras de Eric Hobsbawm, la implosión del mercado libre mundial. Nada volvería a ser igual, pero ¿hacia dónde se encaminarían los intentos de recuperación, las reformas que a gritos se requerían en las capitales de la economía mundial? No se sabía a ciencia cierta, pero algo debía hacerse y pronto. Las reflexiones abundaron. Para estudiosos como el citado Hobsbawm, la situación exigía algo más que una mera ruptura con los supuestos económicos y morales de los últimos 30 años, pues se hacía indispensable imaginar una nueva relación entre lo público y lo privado, una forma de economía mixta donde el crecimiento económico y el bienestar son un medio y no un fin. El fin es qué hacer con las vidas, las oportunidades de la vida y las esperanzas de la gente.
Sin embargo, pese a la premura, algunas aspiraciones se han desvanecido bajo el peso de las políticas de recuperación que, a cuenta de la austeridad obligatoria, se ensayan de nuevo sin aprender la lección. Puro gatopardismo. Un horizonte orwelliano neutraliza el optimismo utópico de quienes vieron en el fin del neoliberalismo el punto de partida –con Obama a la cabeza– para una salida diferente a la crisis del capitalismo global. Pero no ha ocurrido así, al menos hasta ahora. ¿Qué pasó?
En realidad, como advirtió Hobsbawm, desestimamos la adicción creada por el triunfo absoluto de la revolución neoliberal sobre las fuerzas políticas, aun las más reformistas u opositoras al pensamiento único. Tampoco vimos llegar el golpe de clase que venía de la mano de las emociones desatadas por la crisis. El ascenso generalizado de la derecha –montándose sobre los viejos prejuicios, ese anticomunismo reciclado como horror xenófobo al extraño, como odio al migrante o al islamista, la afirmación irracional del individualismo insolidario– es un grito en defensa de grandes y pequeños privilegios provenientes de la historia, no importa si éstos incluyen a los banqueros y otros atracadores identificables.
¿Qué otra cosa es si no fascismo cotidiano esa actitud que se escandaliza ante el supuesto socialismo de Obama y pide la presencia militar para combatir a los trabajadores sin papeles? A esta debacle de las ilusiones y las expectativas concurren muchos elementos materiales y subjetivos, como la debilidad teórica e ideológica de las alternativas, la pérdida del espíritu crítico hacia el capitalismo y, por lo contrario, su idealización fatalista, la subordinación de la política, los medios, la actividad de la sociedad civil, a la reproducción de los grandes intereses económicos.
Sin embargo, la situación comienza a revertirse muy lentamente en la medida que las soluciones impuestas por los gobiernos encuentran resistencias de amplios sectores. Y no se trata únicamente de acciones puntuales en torno a medidas concretas, sino de una confrontación de fondo entre dos visiones del futuro. En Inglaterra, por ejemplo, el nuevo gobierno conservador se propone el mayor ajuste de los derechos sociales desde Margaret Thatcher para solucionar la crisis, aunque eso signifique lanzar a la calle a un millón de trabajadores. En realidad, como afirma en The Guardian el economista Seumas Milne: bajo el pretexto de la austeridad se esconde un golpe político, pues los gobernantes conservadores carecen de mandato para hacer el desmontaje del estado de bienestar que están llevando a cabo. Lo mismo ocurre en otras partes.
En Francia, al decir de Isabel Turrent (Reforma, 24/10/10), la movilización decretada por sindicatos y estudiantes defiende, en bloque, el pacto social centenario que sustenta al Estado benefactor francés. Un pacto que es el eje de la cultura política del país. En su defensa, el gobierno francés arguye que la reforma legal en las formas (la actuación parlamentaria) no puede ser contravenida por la calle (siete de cada 10 ciudadanos apoya las huelgas), aunque tal visión excluyente reniegue de los principios fundadores del republicanismo, tal como se denuncia en un manifiesto suscrito, entre otros, por la historiadora Florence Gauthier. En él se le recuerda al presidente Sarkozy “que ninguna elección confiere al elegido el ‘derecho’ a destruir su país, a atizar el espíritu de guerra civil y a humillar sin desmayo a quienes no piensan igual: en El contrato social, Rousseau demostró ya que el acto por el que se constituye un pueblo jamás es de subordinación a un jefe, tampoco a un jefe electo, sino contrato de asociación: tanto en relación con los estados extranjeros como en relación a sus ‘jefes’, la soberanía del pueblo es inalienable y sólo el elegido está vinculado por la elección. En una palabra –sigue la cita–: lo que legitima la elección es el respecto del contrato social por parte del elegido: la elección no da por sí misma al ‘jefe’ del Estado el privilegio exorbitante de desmontar el contrato social, en este caso, el principio de una construcción republicana inspirada por la Ilustración, por la Revolución y por la Resistencia”. (Sinpermiso.)
Muy lejos de la intención de estas notas está el proponer analogías artificiosas entre la realidad europea y el México de nuestro tiempo, pero es inevitable recordar que aquí también existe (y se viola sistemáticamente) el acuerdo en lo fundamental contenido en la Constitución de 1917. Una y otra vez se perpetran ataques contra el Estado social que prefigura la Carta Magna (veáse la última concesión a los dueños del Partido Verde Ecologista de México) de modo que la justicia social parezca el resultado de una política pública, más bien arbitraria, pero asociada al mandatario de turno, es decir, una política instrumental al servicio de la reproducción del poder que, en general, destina recursos e inversiones a tal efecto, pero incumple con la noción de justicia consagrada en los derechos constitucionales.
Quizá por eso, antes de que nos abrumen los previsibles discursos del Centenario de la Revolución, habría que preguntarse si aún tiene sentido o no dicho pacto constitucional para pensar en las posibles salidas de la crisis. Y, otra cosa: ¿cuando el gobierno habla de austeridad se refiere a las mismas cosas y a la misma gente que ya vive en el desamparo?