AHORA ES ENFERMEDAD

04/11/2010

En Jalisco, proyecto para "curar" la homosexualidad
Víctor Manuel López Álvaro

Unidos en su “asquito” por la diversidad sexual, el gobernador jalisciense, Emilio González Márquez, y el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, se proponen ahora “curar” la homosexualidad. Con esta finalidad el gobierno de Jalisco impulsa a una organización civil de corte ultracatólico que a mediados de este mes, en un congreso, abordará en Guadalajara el tema de las uniones entre personas del mismo sexo, siempre con la oferta de la “sanación” para esta gente “enferma”.
GUADALAJARA, JAL, 3 de noviembre (Proceso).- Como expresión de su “asquito” hacia los matrimonios y adopciones gay, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, ahora promueve y financia a la organización civil Valora, dedicada a “sanar” la homosexualidad, según pregonan sus integrantes.
Integrada por católicos de tendencia ultraconservadora, cuyo lema es Conciencia en los Medios, Valora está registrada formalmente ante el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS). Incluso lleva tres años organizando talleres y retiros espirituales, y periódicamente fomenta encuentros de oración y terapias para “ayudar a los homosexuales a vivir en castidad”, dicen sus promotores.
De 2008 a la fecha, la organización ha recibido ayuda de la Secretaría de Desarrollo Humano estatal por más de 1 millón 300 mil pesos provenientes de la partida 4308, denominada “Aportación a los organismos de la sociedad civil”.
Además, el titular de la dependencia, Martín Balderas, entregó este año 300 mil pesos a Valora para promover los “valores de la familia” con fondos del Programa Estrategia Vive, que sólo debe usarse para impulsar causas sociales.
Valora coadyuva en la organización del congreso de Courage Internacional 5 años caminando… Camino a la castidad, que se celebrará en Guadalajara del 12 al 14 de noviembre y en el cual se abordará el polémico tema de las uniones entre personas del mismo sexo, recientemente legalizadas por el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Esa decisión causó escozor al panista González Márquez y a la Iglesia católica jalisciense “por cuestiones doctrinales”, según los jerarcas religiosos.
Cristian Cortés, integrante de Valora, y Rubén García, de Courage International, se congratulan “por tener a un gobernador que defiende los valores cristianos de la familia” y destacan el entusiasmo con que el Semanario, órgano de la arquidiócesis de Guadalajara, promueve el encuentro.
García dice: Las personas que “tienen atracción por el mismo sexo tienen cura, y usamos las siglas AMS (Atracción al Mismo Sexo) para evitar que se entere la gente morbosa. Mi vivencia es un testimonio de ello; además, plasmé mis vivencias en el libro Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios”. El volumen lo promociona la radiodifusora María Visión y se vende en las librerías del arzobispado.
Para el recién converso García, Courage tiene la aprobación de la santa sede y Dios la “bendice”; es, dice, un grupo confidencial de Guadalajara en el que hay de todo, desde sacerdotes hasta hombres casados con hijos y políticos.
–¿De qué forma apoyan a los homosexuales? –pregunta el reportero a García.
–Primero les aclaramos sus dudas sobre la castidad y la homosexualidad. Les explicamos por qué es un pecado la atracción hacia personas del mismo sexo y les ayudamos a crear un plan de vida espiritual; también les brindamos acompañamiento psicológico.
El promotor de las actividades de Courage en Guadalajara es el obispo auxiliar Francisco González, quien cuenta con el respaldo del también obispo Trinidad González Rodríguez. “Nos falta aún que el cardenal Juan Sandoval nos asigne un asesor”, aclara García.
El sacerdote Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del arzobispado, dice que la Iglesia considera a la homosexualidad como un “pecado” y la rechaza como lo hace con la mentira, el engaño, el soborno y la pedofilia; pero no discrimina a la persona. A su vez, el doctor Kenneth Howell, catedrático católico de la Universidad de Illinois, Estados Unidos, afirma que “los actos homosexuales, y no las tendencias en sí, son los que violan la ley natural”.
Fe trasnacional
De acuerdo con los promocionales del próximo congreso, Courage “es un apostolado, con aprobación del Vaticano, para la atención espiritual de hombres y mujeres que viven una condición de AMS que desean vivir en castidad”. Los carteles muestran los logotipos del gobierno del estado y de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien al igual que el gobernador González Márquez pertenece a la organización ultracatólica del Yunque y a Desarrollo Humano Integral, A.C. (DHIAC), ambas afines a Courage Internacional.
La conferencia magistral estará a cargo del sacerdote Paul Check, director de Courage, y de Richard Cohen, de la Fundación Internacional para la Sanación y escritor del libro Comprender y sanar la homosexualidad.
Fundada en Estados Unidos por el sacerdote católico John Harvey, de la congregación de San Francisco de Sales hace un quinquenio, Courage International organizó un evento similar en Guadalajara en 2007, bajo el lema Camino a la castidad, que pasó inadvertido.
Renacer, otra de las organizaciones que auspician el congreso, se formó en 2005 en México y forma parte de la Asociación para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad, cuya matriz se encuentra en Estados Unidos y fue creada en 1992.
Grupos que defienden la diversidad sexual en Jalisco consideran “lamentable” que el gobernador González Márquez promueva e incluso financie a esas organizaciones ultracatólicas. Rodrigo Rincón, de Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codice), dice que “los recursos públicos deben servir para ampliar las libertades, no para limitarlas. Lo que hace el gobernador es promover la homofobia desde el Estado. Y eso es ilegal”.
Según el activista, ante iniciativas como ésta existe el riesgo de que surjan grupos gay de choque, “aprovechando que viven en la represión sexual y en la confusión”. Esos grupos, agrega, son los que rechazan el uso del condón y dicen vivir en castidad; muchos de ellos “ven al cardenal Juan Sandoval como un elegido de Dios al que no se le puede criticar; viven acomplejados y en el fondo no son sino carne de cañón para pulverizar los movimientos de diversidad sexual”, sintetiza el dirigente de Codice.
Otra promotora de la diversidad sexual, Guadalupe López, integrante de Lesbianas en Patlatonalli, asegura que los cursos y talleres que impulsa Valora y otras organizaciones católicas afines a ella no sirven para nada.
“La orientación sexual –puntualiza– de ninguna manera está sujeta a terapias y puede resultar contraproducente. La suya es una batalla inútil. Si ese tipo de programas funcionaran, ya se hubieran curado Emilio y el cardenal Sandoval Íñiguez. Por eso digo que es una batalla perdida.”
A su vez, el académico y teólogo Arturo Navarro, miembro del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), sostiene que el congreso Camino a la castidad busca etiquetar como “enfermos” a los homosexuales y a quienes no viven en castidad.
Navarro asegura que los grupos católicos conservadores pretenden absolutizar “la verdad” y “hacer la voluntad de Dios desde el chantaje emocional al pensar que como único camino de vida Dios te quiere casto”. Y concluye: “Finalmente es un evento para minorías (el costo por persona es de 850 pesos, sin incluir hospedaje, transporte ni comida)”.
El jueves 14, el diputado perredista Raúl Vargas incluso amenazó con demandar judicialmente por peculado al secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, por patrocinar esas actividades de carácter religioso.
El góber homófobo
El gobernador Emilio González, quien en 2007 organizó clases de Biblia en la Casa Jalisco para los miembros de su gabinete y sus esposas (Proceso Jalisco 140), es conocido por sus simpatías con organizaciones civiles que rechazan a los homosexuales y el aborto; incluso ha presentado controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las leyes que protegen a esos grupos.
El 15 de febrero pasado, el gobierno de Jalisco presentó una controversia de inconstitucionalidad ante la SCJN para impedir el matrimonio y las adopciones entre las parejas homosexuales, que son permitidos por las leyes del Distrito Federal, a pesar de que se trata de leyes aprobadas en otra entidad. Los alegatos de González Márquez fueron desechados por el ministro Sergio Valls Hernández.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, critican al mandatario porque, dicen, con el solo hecho de presentar ese recurso ante la Corte evidencia una discriminación desde el poder político.
El cardenal Juan Sandoval Íñiguez no va a la zaga de González Márquez. En agosto pasado, durante una conferencia impartida en Aguascalientes, increpó a los reporteros: “¿A ustedes les gustaría que los adopte una pareja de maricones o lesbianas?”.
En ese mismo acto acusó a los magistrados de estar maiceados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, por aprobar la adopción de niños de parte de parejas de homosexuales.
El fuego se reavivó el jueves 21, cuando González Márquez dijo frente a Sandoval Íñiguez que las bodas entre personas del mismo sexo le dan asco, y que prefiere la concepción del matrimonio a la “antigüita” entre un hombre y una mujer.
“Para mí el matrimonio es de un hombre y una mujer. ¿Qué quieren? ¡Uno es a la antigüita y uno es así! Al otro (matrimonio gay) todavía no le he perdido el asquito”, declaró ante más de 200 asistentes a la inauguración de la II Cumbre Iberoamericana de la Familia en la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), institución manejada por el clero diocesano.
Ese encuentro de la Univa fue organizado por la arquidiócesis de Guadalajara y contó con el apoyo de González Márquez y la Unión Nacional de Padres de Familia.
Molestos por las afirmaciones de González Márquez, defensores de la diversidad sexual y organizaciones ciudadanas acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para presentar quejas contra el gobernador. En una semana se acumularon 313 inconformidades.
El lunes 11, el ómbudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, solicitó a González Márquez disculparse públicamente por sus dichos ofensivos. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también abrió un expediente por esas declaraciones que consideró ofensivas.
El martes 12, el director de Comunicación Social del gobierno jalisciense, Rubén Alonso, respondió de manera escueta que mientras la CEDHJ no emita una recomendación, el gobernador no se disculpará.
La propuesta de Codice
Rodrigo Rincón, dirigente de Codice, asegura que su organización prepara una iniciativa ciudadana para crear una Ley de Sociedades de Convivencia en Jalisco.
El activista considera que el ómbudsman Álvarez Cibrián se conduce con tibieza, e insiste: “El gobernador debe, como servidor público y como hombre, reflexionar sobre su sexualidad; pudiera ser que haya de trasfondo algo que no lo deje sentirse como él quiere ser”.
Finalmente, el jueves 14 Emilio envió una carta al ómbudsman: “La palabra que ha causado controversia (“asquito”) y a la que usted hace referencia muestra una reflexión totalmente personal y no motiva o sustenta una política pública del Poder Ejecutivo de Jalisco. Y ratifico mi convicción y compromiso evidenciados en acciones para construir una sociedad tolerante y democrática, respetuosa de las libertades individuales”.
Con todo, en la misiva advirtió que seguirá defendiendo “el derecho a expresar libremente mis ideas y convicciones, tanto propias como de otros. Afirmo que respeto también con tolerancia a los que no piensan igual que yo”.
Y se justificó: “Si la expresión a la que usted hace referencia ha provocado molestia, aclaro que no fue mi intención ofender a nadie ni herir sentimientos”.
Esto bastó para que se archivaran las quejas ciudadanas. Los denunciantes aseguran que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque, arguyen, las declaraciones homofóbicas del gobernador no pueden quedar impunes.
El viernes 15 realizaron incluso una manifestación de protesta frente al Congreso local. Representantes de 20 colectivos y asociaciones civiles presentaron un performance artístico y entregaron un pliego petitorio al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Casillas Romero.
“Pedimos que exhorten al gobernador y al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, así como al regidor de Guadalajara, Gamaliel Ramírez, para que cesen sus declaraciones homofóbicas”, señalaron los defensores de la diversidad sexual.
Rodrigo Rincón reitera que la ofensa de González Márquez fue pública y al enviar una carta a Álvarez Cibrián sólo denota cobardía. Por ello, dice, solicitó a la Presidencia de la República que, mediante la Secretaría de Gobernación, exhorte a González Márquez y al arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, para que respeten las leyes y el Estado laico.
Señal y aviso
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La cruda realidad, valga la frase hecha, es que los jóvenes son las víctimas irremplazables de la violencia. Sea que tengan un arma homicida entre las manos o sean el blanco fijo de las matanzas, para ellos, al menos en Ciudad Juárez y en otros muchos puntos del país, no hay futuro: se acabó. La vida expira sin ruido bajo el miedo. A los sicarios se les recluta en los laberintos de la miseria urbana porque es ahí donde se cocina la no esperanza, esa especie de resistencia primaria a un orden al que nada le piden porque saben que ellos no entran en sus planes. Lejano, indiferente, hostil, el mundo en el que han crecido no tiene puertas de salida. En sus barrios vegetan sin educación ni empleo, sin vida familiar o comunitaria propiamente dicha, los potenciales pandilleros que el narco usará, pero no ha creado. La criminalidad organizada aprovecha el destino sociológico de los jóvenes, los efectos niveladores del fatalismo para ensalzar la idea de que la vida sólo vale vivirla si se reconoce como una fuga hacia la muerte, donde la violencia, el poder o la identidad son nombres del placer que es siempre instantáneo, apenas igual a una ráfaga de viento en el desierto.
Jóvenes son también los asesinados en brutales matanzas que nos avergüenzan como país que se dice civilizado. La tragedia de Villas de Salvárcar y las recientes masacres –juvenicidios comienzan a llamarlas– dan cuenta de la naturaleza de esta guerra singular que nadie, salvo de la república, cree que se está ganando. De un error a otro, el tiempo pasa, las cifras –y la crueldad– crecen y, aunque ahora se ensaya con la incorporación de algunos programas de apoyo social, la verdad es que la decepción cunde, incluso allí donde la sociedad civil ha probado sus fortalezas, como ocurre en la frontera norte. El caso es que la gente no ve resultados y sí, en cambio, se siente más y más amenazada que nunca y eso no se inventa.
La inseguridad cala en la sociedad entera. La mecánica del terror pretende maniatar a los medios y atemorizar a la ciudadanía sin distinciones. Sólo en octubre se registraron 352 homicidios en Ciudad Juárez, la cifra más alta del año. En esas circunstancias, el rechazo a la presencia del Ejército y la Policía Federal deviene un grito desesperado ante una situación que ya es insoportable. De ahí la extraordinaria significación de actitudes como las asumidas por El Diario de Juárez, las protestas de los estudiantes y profesores por la militarización del estado. Es importante recordarlo porque es allí donde comienza a perfilarse la verdadera defensa de la comunidad que hoy por hoy está sujeta al doble fuego de la criminalidad y las fuerzas del orden. Falta poner en pie el germen de verdadera legalidad, la gran ausente.
Volviendo al caso último, es una aberración que los agentes federales usaran las armas contra la llamada Kaminata contra la Violencia en Juárez, convocada y llevada a cabo por jóvenes que se dirigían hacia la universidad para participar en el Foro contra la violencia y la militarización: por una cultura diferente cuando fueron atacados por un convoy de federales, que de acuerdo con el testimonio de quienes participaron, sólo porque –óigase bien el pretexto– algunos manifestantes los recibieron con mentadas de madre y, según señala el comunicado oficial, porque varias personan iban con el rostro cubierto, motivo por el cual los elementos federales descendieron de las unidades y lanzaron disparos al aire de manera preventiva y de advertencia. Uno de esos disparos alcanzó al estudiante José Darío Alvarez Orrantia, cuyo estado de salud sigue siendo muy grave. Sin embargo, gracias a la protesta y a la oportuna actuación de las autoridades universitarias para impedir que la información fuera tergiversada como en el caso de los estudiantes fallecidos luego de ser baleados por militares a las afueras del Tecnológico de Monterrey, se logró la detención de los presuntos responsables de tirotear a los manifestantes. Pero el tema que originó la protesta sigue en pie.
Como lo ha escrito Víctor Orozco desde Juárez: Los militares, de verde o de azul, en nada han ayudado a disminuir los crímenes de toda índole, pero usan sus rifles de alto poder (sus balas, explica un médico, producen en el cuerpo un orificio de entrada de un centímetro y otro de salida 10 veces mayor) contra los integrantes de una manifestación pacífica que exige su retiro del territorio chihuahuense. El disparo fue por la espalda, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez campus ICB.
¿Cómo podrá el gobierno federal justificar la atrocidad? ¿Cómo explicar la presencia de estas patrullas de comandos armados hasta los dientes siguiendo a los manifestantes? ¿Cómo? Los responsables deben ser castigados, sin duda, pero debe irse mucho más lejos, porque el hecho constituye la gota que ha derramado el vaso: los federales deben irse de Ciudad Juárez.
El gobierno, que ahora quiere bajarle calor informativo a los excesos cometidos, pierde los papeles en cada una de sus comunicaciones. En vez de la anunciada nueva narrativa cacareada por la autoridad, persiste la opacidad cuando se trata de hechos en los que manifiestan los antiguos reflejos autoritarios de las fuerzas del orden, la torpeza (y la complicidad según se ha visto en la misma Ciudad Juárez) que sería inimaginable en cuerpos de seguridad entrenados para combatir dentro de la ley a grupos criminales cada vez más despiadados. Pero esa reacción represiva, ensayada de nuevo contra una marcha pacífica, revela la faceta oscura, casi instintiva, que acompaña a los procesos de militarización una vez que éstos se instalan. El sueño de la mano dura se nutre de estas pesadillas, alimentadas a su vez por la corrupción y la impunidad.
Terror e imperio
JOHN SAXE-FERNÁNDEZ
Le pagamos a mexicanos para que maten a mexicanos y esta carnicería no afecta ni el suministro de drogas ni los precios. Éste es el meollo del programa antidrogas o contra el crimen organizado auspiciado por Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida (IM) en México y Centroamérica, según Charles Bowden y Molly Molloy, en un nítido estudio sobre Quién está detrás de las 25 mil muertes en México? (The Nation, 23/VII/2010). Con una factura de 1.4 mil millones de dólares, la IM, igual que el Plan Colombia (PC) es un diseño castrense, paramilitar y mercenario, de invasión y ocupación que incluye, de manera ostensible, el control estadunidense de las políticas de seguridad del Estado-cliente sobre su jurisdicción territorial, muestra notable de las continuidades entre demócratas y republicanos.
Iniciado por Bill Clinton, el PC se orientó, por medio del terror castrense y paramilitar: 1) al brutal desalojo de campesinos y pequeños y medianos propietarios, de vastos y fértiles territorios ricos en recursos naturales, a favor de latifundistas, agrobusiness y empresas forestales, carboníferas, mineras, petroleras; y 2) a fragilizar el Estado-nación, encargándole el trabajo sucio, bajo supervisión de Estados Unidos, acentuando su dependencia de los instrumentos de proyección y dominio: los Comandos Sur y Norte del Pentágono, la CIA-DEA y el FMI-Banco Mundial/BID. Subrogados a la Casa Blanca por medio del Departamento del Tesoro, estos últimos inducen la privatización/extranjerización de entes públicos, universidades y patrimonio nacional.
Junto a diseños de integración comercial y de inversión, tipo ALCA, Clinton y Bush II ampliaron el PC a las naciones andinas y desde 2007, bajo la IM, a México y Centroamérica. Como es natural el clima de terror y los resultados son semejantes: el jesuita Javier Giraldo calcula que entre 1988 y 1995 más de 60 mil colombianos fueron asesinados, la mayoría a manos del ejército y de cuerpos para-militares o escuadrones de la muerte que operan bajo dirección estatal. Al inicio de 2010 en la aldea La Macarena se descubrió una tumba colectiva, reminiscencia de la era nazi, con al menos 2 mil cadáveres que, según fuentes locales, el ejército acumuló desde 2005. Ahora, dice Giraldo, el procurador general investiga 150 mil asesinatos extrajudiciales por paramilitares, de 1980 a la fecha.
A cuatro años de que Calderón lanzara el ejército a la calle en la “guerra antinarco”, en México la estela de muerte (que a decir del encargado del Comando Norte es la guerra no-convencional apoyada por la IM, donde el enemigo está entre los civiles), es de 30 mil bajas y los crímenes de lesa humanidad van dejando su huella mortal: a mediados de 2010 se descubrió un depósito de 51 cadáveres cerca de Monterrey, mientras, a semejanza de Iraq y Afganistán, se aterroriza a toda la nación y sus morgues se abarrotan con una cauda diaria de muertos, 90 por ciento de los cuales Calderón vincula al narco, aunque, como recuerdan Bowden y Molloy, según el procurador general de la República, en informe confidencial al Senado, sólo 5 por ciento han sido investigados, así que nadie sabe “quiénes están siendo ejecutados, quién los está matando y por qué se asesina a la gente”. Se ostenta una fuerza destructora que intimida y aterroriza, lanzando a la población el mensaje del Estado fallido: no hay Estado que los proteja y los mato con impunidad, mientras Estados Unidos realiza la ocupación territorial.
Con bases en Colombia, con presencia militar en puertos, fondeaderos y aguas territoriales de Costa Rica, previo endoso del gobierno de Chinchilla (quien logró lo que Calderón no pudo al inicio de su sexenio al tratar de abrogar la Ley de Neutralidad). En México el Partido del Trabajo advirtió que se estarían financiando escuadrones de la muerte al tiempo que el presidente de Afganistán dejó saber que Estados Unidos financia empresas de seguridad tipo mafia, que matan civiles y realizan otros actos de desestabilización.