ATENTADO
11 nov 2010
Los poderes formales y fácticos atacan a la Constitución y al IFE, acusa Valdés
Se escudan en la libertad de expresión para impulsar sus proyectos políticos, sostiene
Expansión del narco y fiscalización de dinero sucio, retos para AL, señala la Uniore
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 11 de noviembre de 2010, p. 17
Mérida, Yuc,, 10 de noviembre. Los poderes formales y fácticos, afectados por la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión para difundir proyectos y campañas políticas, no dejan pasar oportunidad para atacar el mandato constitucional y al órgano encargado de vigilar su cumplimiento, denunció aquí el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita.
Esos poderes forman parte del gran negocio de la comunicación y esconden en la libertad de expresión sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas, sostuvo Valdés, quien por primera vez lanzó una crítica abierta contra lo que llamó poderes fácticos.
Al participar en la sesión inaugural de la décima Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), señaló –citando al embajador Dante Caputo– que la autoridad electoral se encuentra hoy en el triángulo de las Bermudas, el de la lucha por el poder político, y para eso se requiere temple ante las presiones de los poderes formales, así como de los poderes fácticos.
Ante representantes de organismos electorales de la región, manifestó que en décadas recientes la celebración de comicios periódicos, libres y confiables, se ha convertido en característica indispensable para la legitimidad de los gobiernos en América Latina. Las elecciones se han convertido en una costumbre para la ciudadanía de nuestras naciones.
En entrevista posterior, Valdés Zurita consideró que los mexicanos tienen la responsabilidad de impedir que se presente el fenómeno de la narcopolítica en las elecciones de 2012, pues atentaría contra la vida democrática del país.
Desde su perspectiva, el IFE cuenta con todos los elementos legales para fiscalizar los recursos que entran a las campañas políticas, tanto de financiamiento público como privado, y evitar de esa forma que ingresen los provenientes de la delincuencia organizada.
El presidente saliente de la Uniore, Eugenio Chicas, de El Salvador, indicó que la expansión del narcotráfico y la llegada de dinero ilícito a las campañas políticas, así como la falta de regulación y fiscalización del dinero, son dos de los grandes retos que enfrenta América Latina.
Causa desigualdad insatisfacción con la democracia: Alanís
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, señaló que la insatisfacción que existe en la región con la democracia –que según la encuesta de Latinobarómetro rebasa 50 por ciento– tiene origen en la profunda desigualdad económica y social sobre la que se ha impuesto el régimen democrático.
No se trata, explicó, de un problema de disociación entre la esfera económica y la política, o entre Estado y mercado; es también un problema donde estas distorsiones afectan las posibilidades de ejercer plenamente los derechos, y por ende, la distribución del poder público y las posibilidades de su ejercicio democrático.
Ningún edificio democrático puede fincar cimientos sólidos sobe un agrietado terreno donde la pobreza, la exclusión y la desigualdad han echado raíces tan profundas, dijo.
Alanís pidió no confundirse, pues aun en este contexto la democracia electoral ha sido motor de las libertades en el continente.
En la sesión inaugural se informó que México, de manera compartida entre el TEPJF y el IFE, con un año cada uno, asumirá la presidencia de la Uniore para el periodo 2010-2012.
Se escudan en la libertad de expresión para impulsar sus proyectos políticos, sostiene
Expansión del narco y fiscalización de dinero sucio, retos para AL, señala la Uniore
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 11 de noviembre de 2010, p. 17
Mérida, Yuc,, 10 de noviembre. Los poderes formales y fácticos, afectados por la prohibición de comprar tiempos en radio y televisión para difundir proyectos y campañas políticas, no dejan pasar oportunidad para atacar el mandato constitucional y al órgano encargado de vigilar su cumplimiento, denunció aquí el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita.
Esos poderes forman parte del gran negocio de la comunicación y esconden en la libertad de expresión sus intereses económicos y sus aspiraciones políticas, sostuvo Valdés, quien por primera vez lanzó una crítica abierta contra lo que llamó poderes fácticos.
Al participar en la sesión inaugural de la décima Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), señaló –citando al embajador Dante Caputo– que la autoridad electoral se encuentra hoy en el triángulo de las Bermudas, el de la lucha por el poder político, y para eso se requiere temple ante las presiones de los poderes formales, así como de los poderes fácticos.
Ante representantes de organismos electorales de la región, manifestó que en décadas recientes la celebración de comicios periódicos, libres y confiables, se ha convertido en característica indispensable para la legitimidad de los gobiernos en América Latina. Las elecciones se han convertido en una costumbre para la ciudadanía de nuestras naciones.
En entrevista posterior, Valdés Zurita consideró que los mexicanos tienen la responsabilidad de impedir que se presente el fenómeno de la narcopolítica en las elecciones de 2012, pues atentaría contra la vida democrática del país.
Desde su perspectiva, el IFE cuenta con todos los elementos legales para fiscalizar los recursos que entran a las campañas políticas, tanto de financiamiento público como privado, y evitar de esa forma que ingresen los provenientes de la delincuencia organizada.
El presidente saliente de la Uniore, Eugenio Chicas, de El Salvador, indicó que la expansión del narcotráfico y la llegada de dinero ilícito a las campañas políticas, así como la falta de regulación y fiscalización del dinero, son dos de los grandes retos que enfrenta América Latina.
Causa desigualdad insatisfacción con la democracia: Alanís
La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, señaló que la insatisfacción que existe en la región con la democracia –que según la encuesta de Latinobarómetro rebasa 50 por ciento– tiene origen en la profunda desigualdad económica y social sobre la que se ha impuesto el régimen democrático.
No se trata, explicó, de un problema de disociación entre la esfera económica y la política, o entre Estado y mercado; es también un problema donde estas distorsiones afectan las posibilidades de ejercer plenamente los derechos, y por ende, la distribución del poder público y las posibilidades de su ejercicio democrático.
Ningún edificio democrático puede fincar cimientos sólidos sobe un agrietado terreno donde la pobreza, la exclusión y la desigualdad han echado raíces tan profundas, dijo.
Alanís pidió no confundirse, pues aun en este contexto la democracia electoral ha sido motor de las libertades en el continente.
En la sesión inaugural se informó que México, de manera compartida entre el TEPJF y el IFE, con un año cada uno, asumirá la presidencia de la Uniore para el periodo 2010-2012.
Coludidos en el fraude contra el IMSS, funcionarios y laboratorios
Mora Eguiarte, hoy ex coordinador de Adquisiciones y Bienes y Contratación de Servicios del instituto, contó con la participación de Carlos Abelleyra, directivo de la farmacéutica Stendhal
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Jueves 11 de noviembre de 2010, p. 47
Los presuntos actos de corrupción en las licitaciones públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cometidos por César Mora Eguiarte, ex coordinador de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del organismo, supuestamente para beneficiar al laboratorio farmacéutico Novartis, contaron con la participación de Carlos Abelleyra, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y actualmente directivo en laboratorios Stendhal.
Se trata, apenas, de un caso que se conoce, porque Mora Eguiarte tiene un largo historial de acusaciones por malos manejos en las compras del organismo, particularmente desde 2007, cuando asumió la subdirección de Asuntos Administrativos de la Delegación Norte del Distrito Federal.
Por las supuestas irregularidades en la licitación, cuyas bases se publicarían este jueves e involucran un contrato por 80 millones de pesos, desde el martes la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó separar a Mora de su cargo y el IMSS señaló que la medida tiene la finalidad de facilitar las indagaciones sobre la naturaleza de los hechos y probables irregularidades. Entre proveedores es conocido el gusto de Mora Eguiarte por las comisiones a cambio de contratos, por lo que la noticia no les sorprendió.
Información obtenida por este diario indica, respecto de Abelleyra, que sus gestiones las hace como consultor privado que era hasta hace poco tiempo y en coordinación con su ex colaborador, Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos de Novartis.
Un par de conversaciones telefónicas entre Abelleyra y Rafael Castro, dadas a conocer la noche del martes en el noticiero de Joaquín López Dóriga, suscitó ayer un debate nacional. Hablaban de una licitación pública, cuya convocatoria emitiría hoy Mora Eguiarte a nivel estatal –más bien delegacional– y de la comisión que recibirían por el contrato Abelleyra, Mora y otras personas a las que no se identificó.
La voz de Abelleyra fue reconocida en el IMSS, donde trabajan otros de sus ex colaboradores, como Juan Lozano, titular de Unidad de Vinculación del instituto.
A las pocas horas de la difusión de la noticia, cuando llegaba a Seúl, Corea, el presidente Felipe Calderón emitió un mensaje en Twitter donde informó que dio instrucciones de investigar a fondo y castigar a quien resulte responsable en los presuntos hechos de corrupción.
Ayer, la SFP puntualizó que la suspensión de Mora se dio desde la tarde del martes, luego de que el director jurídico del IMSS, Fernando Gutiérrez, presentó una denuncia por la participación irregular de funcionarios del instituto en la compra de medicinas con valor de 80 millones de pesos.
Información obtenida en esta dependencia señala que la investigación DE/903/10 abarca varios procesos de licitación del Seguro Social, así como en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Durante la mañana de ayer, Miguel Ángel Toscano, titular de la Cofepris , dio varias entrevistas en las que se deslindó de cualquier responsabilidad y vínculos con las licitaciones del Seguro Social.
La SFP también buscará verificar la concordancia del patrimonio de los servidores públicos involucrados, con sus ingresos. La Procuraduría General de la República inició la averiguación previa PGR/DDF/SPE/XXXI/4933/10-11, en contra de quien resulte responsable de la presunta comisión de los delitos de fraude y desvío de recursos públicos, en contra del IMSS.
Algunos de los proveedores del Seguro Social, señalaron que la trayectoria de Mora Eguiarte es bien conocida desde la Delegación Norte del Distrito Federal del IMSS, donde manejó a su antojo las compras, en particular las de víveres para clínicas y hospitales de esta zona y del área metropolitana y la delegación Oriente del estado de México.
Por la gravedad de las irregularidades cometidas por Mora, en 2009 se presentaron denuncias en su contra ante la SFP, instancia que la admitió en abril pasado y sigue abierta con el número DE/283/10/NC. Aun así, se mantuvo al frente de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del Seguro Social, desde donde tenía el control de las licitaciones públicas por las que el organismo erogará este año alrededor de 40 mil millones de pesos.
Los otros protagonistas de los presuntos actos de corrupción son Carlos Abelleyra y Rafael Castro, ambos con presencia importante en la industria farmacéutica trasnacional. El primero fue director de Wyeth de donde salió en agosto de 2008. Ya era presidente de Canifarma y concluyó su gestión en los primeros meses de 2009. Dirigió una corta temporada el laboratorio nacional Silanés y luego pasó a las consultorías privadas. Recientemente se incorporó como socio en Stendhal. En tanto, Rafael Castro fue gerente de Asuntos Públicos de Wyeth, director de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), cargo que dejó este año de manera inesperada, y se incorporó a la dirección de Asuntos Corporativos de Novartis.
Por la noche, en entrevista televisiva, Daniel Karam informó que debido a la denuncia de corrupción en la compra de medicinas se pospuso la publicación de las bases para su licitación, la cual debería darse a conocer hoy.
Mora Eguiarte, hoy ex coordinador de Adquisiciones y Bienes y Contratación de Servicios del instituto, contó con la participación de Carlos Abelleyra, directivo de la farmacéutica Stendhal
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Jueves 11 de noviembre de 2010, p. 47
Los presuntos actos de corrupción en las licitaciones públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cometidos por César Mora Eguiarte, ex coordinador de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del organismo, supuestamente para beneficiar al laboratorio farmacéutico Novartis, contaron con la participación de Carlos Abelleyra, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y actualmente directivo en laboratorios Stendhal.
Se trata, apenas, de un caso que se conoce, porque Mora Eguiarte tiene un largo historial de acusaciones por malos manejos en las compras del organismo, particularmente desde 2007, cuando asumió la subdirección de Asuntos Administrativos de la Delegación Norte del Distrito Federal.
Por las supuestas irregularidades en la licitación, cuyas bases se publicarían este jueves e involucran un contrato por 80 millones de pesos, desde el martes la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó separar a Mora de su cargo y el IMSS señaló que la medida tiene la finalidad de facilitar las indagaciones sobre la naturaleza de los hechos y probables irregularidades. Entre proveedores es conocido el gusto de Mora Eguiarte por las comisiones a cambio de contratos, por lo que la noticia no les sorprendió.
Información obtenida por este diario indica, respecto de Abelleyra, que sus gestiones las hace como consultor privado que era hasta hace poco tiempo y en coordinación con su ex colaborador, Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos de Novartis.
Un par de conversaciones telefónicas entre Abelleyra y Rafael Castro, dadas a conocer la noche del martes en el noticiero de Joaquín López Dóriga, suscitó ayer un debate nacional. Hablaban de una licitación pública, cuya convocatoria emitiría hoy Mora Eguiarte a nivel estatal –más bien delegacional– y de la comisión que recibirían por el contrato Abelleyra, Mora y otras personas a las que no se identificó.
La voz de Abelleyra fue reconocida en el IMSS, donde trabajan otros de sus ex colaboradores, como Juan Lozano, titular de Unidad de Vinculación del instituto.
A las pocas horas de la difusión de la noticia, cuando llegaba a Seúl, Corea, el presidente Felipe Calderón emitió un mensaje en Twitter donde informó que dio instrucciones de investigar a fondo y castigar a quien resulte responsable en los presuntos hechos de corrupción.
Ayer, la SFP puntualizó que la suspensión de Mora se dio desde la tarde del martes, luego de que el director jurídico del IMSS, Fernando Gutiérrez, presentó una denuncia por la participación irregular de funcionarios del instituto en la compra de medicinas con valor de 80 millones de pesos.
Información obtenida en esta dependencia señala que la investigación DE/903/10 abarca varios procesos de licitación del Seguro Social, así como en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Durante la mañana de ayer, Miguel Ángel Toscano, titular de la Cofepris , dio varias entrevistas en las que se deslindó de cualquier responsabilidad y vínculos con las licitaciones del Seguro Social.
La SFP también buscará verificar la concordancia del patrimonio de los servidores públicos involucrados, con sus ingresos. La Procuraduría General de la República inició la averiguación previa PGR/DDF/SPE/XXXI/4933/10-11, en contra de quien resulte responsable de la presunta comisión de los delitos de fraude y desvío de recursos públicos, en contra del IMSS.
Algunos de los proveedores del Seguro Social, señalaron que la trayectoria de Mora Eguiarte es bien conocida desde la Delegación Norte del Distrito Federal del IMSS, donde manejó a su antojo las compras, en particular las de víveres para clínicas y hospitales de esta zona y del área metropolitana y la delegación Oriente del estado de México.
Por la gravedad de las irregularidades cometidas por Mora, en 2009 se presentaron denuncias en su contra ante la SFP, instancia que la admitió en abril pasado y sigue abierta con el número DE/283/10/NC. Aun así, se mantuvo al frente de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del Seguro Social, desde donde tenía el control de las licitaciones públicas por las que el organismo erogará este año alrededor de 40 mil millones de pesos.
Los otros protagonistas de los presuntos actos de corrupción son Carlos Abelleyra y Rafael Castro, ambos con presencia importante en la industria farmacéutica trasnacional. El primero fue director de Wyeth de donde salió en agosto de 2008. Ya era presidente de Canifarma y concluyó su gestión en los primeros meses de 2009. Dirigió una corta temporada el laboratorio nacional Silanés y luego pasó a las consultorías privadas. Recientemente se incorporó como socio en Stendhal. En tanto, Rafael Castro fue gerente de Asuntos Públicos de Wyeth, director de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), cargo que dejó este año de manera inesperada, y se incorporó a la dirección de Asuntos Corporativos de Novartis.
Por la noche, en entrevista televisiva, Daniel Karam informó que debido a la denuncia de corrupción en la compra de medicinas se pospuso la publicación de las bases para su licitación, la cual debería darse a conocer hoy.
Mueren en incendio 6 empleadas de tienda Coppel; estaban encerradas
Trabajadores dicen que es habitual que los recluyan de noche para inventarios o cortes de caja
La empresa afirma estar dispuesta a dar apoyo a los deudos e información a las autoridades
JAVIER VALDEZ CÁRDENAS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de noviembre de 2010, p. 39
Culiacán, Sin, 10 de noviembre. Seis trabajadoras de la empresa Coppel murieron en un incendio ocurrido en una tienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de esta capital.
La conflagración se inició alrededor de las 21:50 horas del martes y fue controlada 13 horas después por decenas de bomberos de tres municipios y elementos de Protección Civil.
Las empleadas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde todos los accesos estaban cerrados con candados.
Al parecer el fuego se debió a un cortocircuito y se propagó rápidamente en el primer piso, donde consumió llantas, muebles, ropa y artículos de plástico, informó Francisco Miguel Díaz Angulo, director de Protección Civil.
Las víctimas fueron identificadas como Ariana López Soto, de 24 años; Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36; Verónica Picos Bastidas, de 22; Claudia Yaneth Bernal Delgado, de 25, y Rosa Imelda Félix Gamboa. Todas eran residentes de Culiacán.
Las empleadas pudieron comunicarse con socorristas y familiares para avisarles que estaban atrapadas porque los accesos a la sucursal, así como ventanas y escaparates, estaban cerrados por fuera, con candados y cortinas de acero.
Los bomberos de Culiacán recibieron apoyo de sus compañeros de Navolato y Guamúchil (municipio de Salvador Alvarado). Al menos 15 de más de 80 elementos resultaron intoxicados.
Díaz Angulo explicó que cuando llegaron los bomberos no sabían que había personas dentro y se concentraron en combatir las llamas, que avanzaron rápidamente.
Los apagafuegos y algunos voluntarios intentaron romper cortinas y candados, incluso con gatos hidráulicos, pero no lo consiguieron. Horas después utilizaron maquinaria pesada para abrir boquetes en las paredes a fin de que saliera el humo.
El director de Protección Civil dijo que fue imposible salvar a las trabajadoras por tanto humo y porque las cinco puertas estaban cerradas.
Alrededor de las 11 horas del miércoles, agregó, los bomberos pensaban que el fuego había sido controlado, pero las llamas se reavivaron en el inmueble y fueron sofocadas en unos minutos.
Algunos trabajadores de Coppel aseguraron que es habitual que los directivos de la compañía los encierren por las noches para realizar inventarios o cortes de caja.
Martín Robles, subprocurador de Justicia en la zona centro, informó que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa investiga quién ordenó cerrar las puertas y si el edificio contaba con salidas de emergencia y otras medidas de seguridad. Versiones extraoficiales señalan que la única salida estaba en la azotea, fuera del alcance de las empleadas.
La Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría informó que las seis empleadas murieron por asfixia y los cuerpos de tres quedaron calcinados. Robles agregó que directivos de Coppel ofrecieron información a la fiscalía y apoyo a las familias de las víctimas.
Trabajadores dicen que es habitual que los recluyan de noche para inventarios o cortes de caja
La empresa afirma estar dispuesta a dar apoyo a los deudos e información a las autoridades
JAVIER VALDEZ CÁRDENAS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de noviembre de 2010, p. 39
Culiacán, Sin, 10 de noviembre. Seis trabajadoras de la empresa Coppel murieron en un incendio ocurrido en una tienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de esta capital.
La conflagración se inició alrededor de las 21:50 horas del martes y fue controlada 13 horas después por decenas de bomberos de tres municipios y elementos de Protección Civil.
Las empleadas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde todos los accesos estaban cerrados con candados.
Al parecer el fuego se debió a un cortocircuito y se propagó rápidamente en el primer piso, donde consumió llantas, muebles, ropa y artículos de plástico, informó Francisco Miguel Díaz Angulo, director de Protección Civil.
Las víctimas fueron identificadas como Ariana López Soto, de 24 años; Carmen Selene Moreno Zazueta, de 36; Verónica Picos Bastidas, de 22; Claudia Yaneth Bernal Delgado, de 25, y Rosa Imelda Félix Gamboa. Todas eran residentes de Culiacán.
Las empleadas pudieron comunicarse con socorristas y familiares para avisarles que estaban atrapadas porque los accesos a la sucursal, así como ventanas y escaparates, estaban cerrados por fuera, con candados y cortinas de acero.
Los bomberos de Culiacán recibieron apoyo de sus compañeros de Navolato y Guamúchil (municipio de Salvador Alvarado). Al menos 15 de más de 80 elementos resultaron intoxicados.
Díaz Angulo explicó que cuando llegaron los bomberos no sabían que había personas dentro y se concentraron en combatir las llamas, que avanzaron rápidamente.
Los apagafuegos y algunos voluntarios intentaron romper cortinas y candados, incluso con gatos hidráulicos, pero no lo consiguieron. Horas después utilizaron maquinaria pesada para abrir boquetes en las paredes a fin de que saliera el humo.
El director de Protección Civil dijo que fue imposible salvar a las trabajadoras por tanto humo y porque las cinco puertas estaban cerradas.
Alrededor de las 11 horas del miércoles, agregó, los bomberos pensaban que el fuego había sido controlado, pero las llamas se reavivaron en el inmueble y fueron sofocadas en unos minutos.
Algunos trabajadores de Coppel aseguraron que es habitual que los directivos de la compañía los encierren por las noches para realizar inventarios o cortes de caja.
Martín Robles, subprocurador de Justicia en la zona centro, informó que la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa investiga quién ordenó cerrar las puertas y si el edificio contaba con salidas de emergencia y otras medidas de seguridad. Versiones extraoficiales señalan que la única salida estaba en la azotea, fuera del alcance de las empleadas.
La Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría informó que las seis empleadas murieron por asfixia y los cuerpos de tres quedaron calcinados. Robles agregó que directivos de Coppel ofrecieron información a la fiscalía y apoyo a las familias de las víctimas.
Desmantelan dos radios comunitarias en Chiapas
Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 10 de noviembre (apro).- En el marco de los operativos contra las radios comunitarias “piratas” o ilegales, la Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy del desmantelamiento de dos estaciones en la ciudad de Cintalapa, a unos 80 kilómetros de esta ciudad.
Con base en un mandamiento judicial, la PGR cerró las emisoras “Radio Ecos del Valle” e “Itan la Radio Cultural de Cintalapa” que operaban ilegalmente desde hace tres años.
La PGR dijo que el material asegurado quedó a disposición del fiscal de la federación, quien continúa con la integración de la averiguación previa correspondiente contra quien o quienes resulten responsables de los delitos de robo equiparado y uso de un bien perteneciente a la nación.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Simón Valanci Buzali dijo recientemente que se habían desmantelado “20 estaciones piratas” e incautado equipo y detenido a personas por ese delito, el cual no alcanza fianza.
Añadió que se esperan al menos 30 acciones más en igual número de frecuencias ilegales antes de que finalice este año.
Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 10 de noviembre (apro).- En el marco de los operativos contra las radios comunitarias “piratas” o ilegales, la Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy del desmantelamiento de dos estaciones en la ciudad de Cintalapa, a unos 80 kilómetros de esta ciudad.
Con base en un mandamiento judicial, la PGR cerró las emisoras “Radio Ecos del Valle” e “Itan la Radio Cultural de Cintalapa” que operaban ilegalmente desde hace tres años.
La PGR dijo que el material asegurado quedó a disposición del fiscal de la federación, quien continúa con la integración de la averiguación previa correspondiente contra quien o quienes resulten responsables de los delitos de robo equiparado y uso de un bien perteneciente a la nación.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Simón Valanci Buzali dijo recientemente que se habían desmantelado “20 estaciones piratas” e incautado equipo y detenido a personas por ese delito, el cual no alcanza fianza.
Añadió que se esperan al menos 30 acciones más en igual número de frecuencias ilegales antes de que finalice este año.
