EL DINERO DEL PUEBLO

10 nov 2010

Paga Oaxaca 169 escoltas de políticos
por CÉSAR GONZÁLEZ
Funcionarios públicos, ex gobernadores, pasando por diputados y exdiputados priístas, empresarios, dueños de medios, dirigentes sociales y hasta ediles en funciones o electos gozan de elementos de seguridad (guardaespaldas) o ayudantías que cuestan al erario al menos un millón ocho mil pesos al mes.
El sueldo de los escoltas es absorbido en su totalidad por la administración estatal.
En la lista figuran El Chucky, Jorge Franco Vargas, con 12 elementos, el que más tiene. También reciben protección el padre del diputado priista, Jorge Franco Jiménez, con 3 elementos; legisladores como Elpidio Concha; exfuncionarios como Sergio Segreste, líderes de oposición como Amador Jara; el dueño de un diario, Héctor Ramírez Puga y su hijo, el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, entre los dos con 4 elementos, dos cada uno; el extinto Heriberto Pazos, líder del MULT tenía asignados a 4 elementos; los opositores Lenin López Nelio, Pedro Celestino y la diputada perredista federal Juanita Cruz Cruz, entre otros.
¡Que paguen!
“No más elementos de seguridad innecesarios para los funcionarios públicos, si quieren tener seguridad que desembolsen de sus sueldos, porque cuando yo estuve en el gobierno en 1994, mi seguridad la pagaba con mi propio dinero, nadie me lo financiaba”, pronunció Gabino Cué Monteagudo, gobernador electos del estado, el pasado 25 de octubre del año en curso.
Los personajes públicos solicitan escoltas a corporaciones policiales como la Agencia Estatal de Investigaciones, en la que por lo menos 168 de los cerca 945 elementos activos son destinados a desempeñarse como escoltas, gastos que absorbe la ciudadanía. Esto significa que 17% de los agentes investigadores son destinados a labores de seguridad personal.
Entre los beneficiados se encuentran particulares y ex-funcionarios públicos, así como familiares de los funcionarios y personas cercanas a ex-gobernadores.
Quien más escoltas tiene a su disposición es el Chucky, Jorge Franco Vargas, quien tiene a su servicio 12 elementos de la AEI conforme al Estado de Fuerza de la corporación (listado de los elementos que la conforman, en el que se especifica el número de placa del agente y a dónde o qué actividad está asignado).
Los elementos que brindan seguridad a El Chucky representan un gasto de al menos 72 mil pesos mensuales, tomando como referencia un sueldo promedio de seis mil pesos al mes por elemento, salario aproximado que recibe cada policía.
Así como El Chucky, quienes tienen asignados escoltas por parte de la AEI reciben protección sin aportar un peso para su seguridad, más que “para el refresco”, como señaló un ex-agente de la desaparecida Policía Ministerial, quien estuvo asignado como escolta.
Empresarios y políticos "bajo resguardo"
Dentro de las personas que sin razón tienen asignados elementos de la AEI para su protección se encuentran ex-funcionarios públicos, como Nahum Carreño Mendoza, ex-diputado, Agustín Acevedo Gutiérrez, ex-Diputado Local del Distrito VI de Tehuantepec, Daniel Camarena Flores, ex-Director de la Policía Ministerial, así como empresarios, por ejemplo Héctor Ramírez Puga, del diario Extra o Neftalí Arango García de Tubos y conexiones.
En el Estado de Fuerza de la AEI, también figura Federico Cortés Manuel, presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, así como Eviel Pérez Magaña y Amador Jara Cruz, presidentes del PRI y PRD, respectivamente.
"Gratificación, otra plaza"
Un ex-escolta señaló que cuando cumplen dicha función, el sueldo que perciben regularmente no varía, pero por el riesgo que corren y porque la persona a la que sirven representa una figura con peso político, les consiguen otra plaza dentro de la misma corporación, por lo que utilizan los papeles de familiares o de su esposa que son registrados en la dependencia para recibir un sueldo extra.
Después de dedicarse durante varios años a la labor de escolta, el agente reveló que para que un elemento de la AEI sea asignado como guardia de seguridad se tramita una solicitud al director o a algún directivo de la corporación, quien asigna al elemento que se encargará de cuidar a una persona.
Bodyguard y niñera
Quienes solicitan protección al Estado, en ocasiones se valen de operaciones diversas para activar a personas de su confianza que se convierten en “Agentes” de la AEI, pero que en realidad son civiles con permiso para portar un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, pero en verdad son individuos muy cercanos al funcionario o personaje público, para el que trabajan recogiendo a sus hijos de la escuela o para llevar a la esposa de compras, además de que su sueldo, también es emitido desde la corporación sin aportación por parte de su “patrón”, aseguró un agente retirado de la corporación de Policías Investigadores.
¿Escolta o Guardaespaldas?
Con un sueldo de seis mil pesos mensuales, los elementos de la AEI que sean asignados como escoltas, deben cumplir con la función de proteger a la persona a la que han sido asignados, pues es su trabajo, en caso contrario, incurrirían en un delito por omisión de labores, como sucede con el proceso penal en contra de los dos integrantes de la agencia investigadora que acompañaban al líder del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz,el día de su ejecución, a pesar de haber accionado sus armas en contra de los sicarios, a quienes persiguieron por varias cuadras, son acusados por el delito por omisión. Además de la responsabilidad que conlleva la labor de escolta, en la que presuntamente se tiene que anteponer la vida por la de alguien más, las implicaciones son mayores, pues en su mayoría quienes realizan dicho trabajo no reciben capacitación especializada.
Son muy pocos los elementos que tiene una preparación de guardaespaldas, que conocen técnicas para resguardar la vida de alguien.
En Oaxaca, solamente las tres primeras generaciones de elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) y de la desaparecida Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT) llevaron una capacitación intensiva en técnicas policiales y de protección, en algunos casos, adiestrados por instructores que formaban parte de la policía israelí.
Con un millón 8 mil pesos se podrían pagar
• 2 mil 880 becas para adultos mayores del programa Oportunidades al mes
• 4 mil 581 apoyos alimentarios a igual número de familias oaxaqueñas
• En 11 meses se pagaría la deuda de 11 millones de pesos que tiene el ayuntamiento por alumbrado público ante la Comisión Federal de Electricidad
• 187 ayudantes de investigador en la UABJO
• 121 profesores investigadores titulares de tiempo completo en la UABJO
• 91 mil 636 oaxaqueños pagarían un viaje de ida y vuelta a sus destinos en un camión urbano
• Se pagarían el costo de desayunos escolares de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
Mi Bodyguard
• 700 por hora, tarifa por guardaespaldas de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas SC
• mil 365 pesos diarios por un guarda segundo
• 2 mil 290 pesos diarios un guarda primero
• 2 mil 620 pesos guardia segundo con vehículo
• mil 845 pesos diarios un guardia del SPF con motocicleta
• 40 mil 950 pesos al mes, un guarda segundo
• 68 mil 700 pesos al mes, un guarda primero
• 14 mil 621 pesos cobra la Policía Bancaria por los servicios de un policía primero
• 20 mil y 30 mil pesos al mes por un escolta contratado por vía de empresas de guardaespaldas
Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal: tarifas dadas a conocer el 13 de julio de 2010
Los escoltas del SPF deben tener al menos estudios de nivel medio superior y los hombres medir 1.65 metros de altura, en tanto que las mujeres 1.60.
Oposición rechaza imposición del PRI
Misael Sánchez
[03:19] El diputado electo Juan Mendoza Reyes, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN para la próxima Legislatura, dijo ayer que los partidos políticos de oposición no van a aceptar la imposición de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y que propondrán la creación de una Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos como nuevo órgano de gobierno.
“El Congreso del Estado necesita un órgano de gobierno democrático, sin imposiciones ni autoritarismos y por consenso, donde realmente estén integradas todas las fuerzas políticas”, indicó.
Tras acreditarse como integrante de la LXI Legislatura, el legislador electo dijo que las reformas a la Ley Orgánica del Congreso para crear la Junta de Coordinación Política es una mala señal de que se pretende imponer un órgano de gobierno a la cámara de Diputados.
“A partir del 13 de noviembre inicia una nueva etapa en Oaxaca y vamos a tener que reformar la ley que nos impusieron por antidemocrática”, señaló.
Dijo que la fracción parlamentaria panista, así como las demás representaciones de la oposición, pugnan por una reforma democrática en la Cámara de Diputados.
“Tenemos que empezar por la casa. Reformarnos al interior del Congreso y darnos un órgano democrático, donde estén representadas todas las fuerzas políticas, ya que sólo así podremos hacer las reformas de otros poderes”, añadió.
Señaló que una de las propuestas más viables que se analiza hasta ahora es la creación de una Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, la cual estaría integrada por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
“No estamos de acuerdo con las modificaciones al órgano de gobierno de la Cámara de Diputados y vamos por la reforma para que ésta realmente se democratice”, concluyó.
Recorren militares la región Triqui
JUAN PABLO MONTES JIMÉNEZ/CORRESPONSAL
Bajo mucha incertidumbre y ante el temor de algún ataque hacia las fuerzas federales, por el grupo paramilitar que mantiene presencia en la región Triqui, este lunes, decenas de elementos del Ejército Mexicano entraron recorriendo algunas comunidades que se mantienen en conflicto por la disputa del control de la zona.
Según versiones de los indígenas triquis, los militares hicieron un recorrido a pie causando temor entre los habitantes, mismos que se refugiaron en sus casas por el miedo a ser detenidos.
Explicaron que los soldados transitaron algunas comunidades como son Cerro Pájaro, Yosoyusi Copala, Agua Fría Copala y Tres Cruces, para posteriormente retirarse sin llevarse algún detenido.
En entrevista, Omar Esparza Zárate, integrante del Movimiento Indígena Zapatista en la Mixteca, mencionó que la entrada del Ejército Mexicano a la región Triqui no es la solución al problema que se tiene, ya que deberían centrarse más en la detención de los responsables de las diferentes muertes que se han tenido en la región, por parte del grupo paramilitar de la Ubisort.
"No habrá paz en la región mientras haya impunidad en el estado, no exista un libre tránsito y se continúe violentando todo tipo de leyes; la presencia del Ejército Mexicano podría generar más enfrentamiento y más violaciones por parte del grupo paramilitar de la Ubisort, ya que actuarían de manera impune protegidos por el estado", remarcó el líder del MAIZ.
Omar Esparza --quien fue esposo de Betty Cariño-- explicó que la entrada del Ejército por varias horas en comunidades indígenas Triquis, sólo fue para justificar que no hay nada en la región; cuando existe un grupo paramilitar fuertemente armado que cuida cada salida y entrada hacia comunidades como La Sabana y San Juan Copala, y es allí donde el Ejército debe de actuar y detener.
Tensión y zozobra
Cabe mencionar que el recorrido del Ejército Mexicano se dio 48 horas después de que el pasado viernes 5 de noviembre se llevara a cabo una reunión entre el Estado Mexicano y las personas beneficiarias para atender las Medidas Cautelares MC-197-10 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC, en beneficio de integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
El gobierno mexicano no había implementado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de 135 habitantes de San Juan Copala, por lo que organizaciones de la sociedad civil pidieron a la CIDH solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas provisionales.
La reunión se realizó en el auditorio del Centro SCT de esta ciudad, asistiendo por parte del gobierno federal Carlos Garduño Salinas, director general adjunto de Investigación y Atención a Casos de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Funcionarios de la PGR, SRE, CDI, SSPF.