BUENA SOLO PARA REPRIMIR

Policía federal, lo que faltaba
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 31 de octubre (apro).- Hasta ahora, la Policía Federal de Genaro García Luna había mostrado su lado oscuro por las insistentes acusaciones de protección al narcotráfico y su vulnerabilidad ante ataques sorpresa de los grupos armados de los cárteles de la droga. Pero el viernes, en Ciudad Juárez, se mostró abiertamente como uno más de los signos autoritarios del gobierno de Felipe Calderón: reprimió con disparos de arma de fuego una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Los estudiantes protestaban, precisamente, por la presencia de las fuerzas federales civiles y militares en su ciudad, donde ni el Ejército ni la Policía Federal han logrado imponer la autoridad del Estado en el que ahora es uno de los lugares más violentos del mundo. Estudiantes aglutinados en el Comité de Universitarios de Izquierda estaban en la onceava semana de protesta de lo que denominaron Kaminata Kontra la Muerte, cuando un efectivo de la Policía Federal disparó contra uno de ellos, identificado como José Darío Álvarez Orrantia, de la Facultad de Sociología, en momentos en que realizaba una pinta. La acción represiva no fue ninguna casualidad. En distintas ocasiones, ese grupo estudiantil ha tenido confrontaciones con la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial cuando Calderón se ha parado en Ciudad Juárez. De por sí grave, el hecho resulta todavía más preocupante porque Calderón quiere hacer de esa policía un modelo nacional de seguridad pública. En el menor de los males, al balear al estudiante, el efectivo federal demostró su falta de pericia en el manejo de la presión en situaciones de protesta social. En el peor, confirmó que el combate al narcotráfico se ha convertido en coartada para fortalecer el aparato represivo del Estado contra la protesta social. No es el caso sólo de la Policía Federal. Es lo mismo que han hecho el Ejército y la Marina, Armada de México, que junto con la Fuerza Aérea, en este gobierno se han hecho llamar Fuerza Armada Permanente. Punto central en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueven los militares en el Congreso es que cuando el Ejército o la Marina participen en labores de seguridad pública sean los jefes castrenses y no la autoridad civil la que tome las decisiones, lo cual es todo lo opuesto a un régimen democrático de derecho. La que está llamada a cumplir esa función es justamente la Policía Federal, comandada por un general de división, pero que responde a la esfera de poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ni los militares ni la Policía Federal han podido hacer frente a la crisis de inseguridad. Ciudad Juárez es el más claro ejemplo. Primero, Calderón inundó la ciudad con miles de militares que terminaron repudiados por los abusos que cometían contra la población. Luego, los sustituyó con la Policía Federal. Los abusos de los federales resultaron peor, tanto que ahora hay quienes en Juárez piden el retorno de los militares. Así de desesperante está la situación. En el colmo, la Policía Federal ahora dispara contra civiles, ya no como víctimas en fuego cruzado en enfrentamientos con narcotraficantes, sino como abierta y franca represión. ¿Será esto también una manifestación del éxito de la llamada estrategia contra el narcotráfico? Calderón exacerbó la violencia. Oficialmente se reconocen ya unos 30 mil muertos. Y los próximos dos años prometen más. La ilegitimidad está costando mucha sangre en México.
IFE: la última oportunidad
JOHN M. ACKERMAN
El proceso de selección de los nuevos consejeros electorales ha sido mero espectáculo de simulación en un escenario de total ilegalidad. En su búsqueda por imponer dos alfiles más en el Consejo General del IFE, el PRI ha propiciado una olímpica violación a la Carta Magna, la Ley Orgánica del Congreso (LOC) y la misma convocatoria emitida el 30 de septiembre. Se pavimenta así el camino para otra gran crisis electoral en 2012.
Frente a la traición de los políticos, habría que alzar la voz ciudadana. Los 17 finalistas deberían salir hoy de las penumbras del cabildeo y la negociación de sus candidaturas, para comprometerse públicamente a rechazar sus eventuales nombramientos si no surgen del consenso de todos los partidos políticos. La actual ausencia de posicionamientos públicos de este tipo implica una silenciosa pero contundente complicidad de los candidatos con un proceso ilegal e ilegítimo.
Los finalistas supuestamente son los ganadores de la primera etapa del concurso. Pero si todo sigue igual, también serán sus víctimas. Los tres que entren al IFE lo harán con un tufo de ilegitimidad que podría llevar incluso a la terminación anticipada de sus mandatos. Por otra parte, los que se queden en el camino serán fácilmente desechados sin recibir explicación alguna y terminarán siendo meros paleros de un pacto cupular que jamás tuvo en cuenta sus méritos.
Existen numerosas violaciones a la legalidad. Para empezar, los diputados jamás cumplieron con el requisito constitucional de llevar a cabo una amplia consulta a la sociedad. Es cierto que la convocatoria invitó a la población a presentar opiniones sobre los candidatos. Sin embargo, la Comisión de Gobernación nunca quiso asegurar que esta consulta fuera efectivamente amplia, ni ofreció información alguna sobre los respaldos u objeciones a las candidaturas.
Imperó una total discrecionalidad y opacidad en la actuación de esta comisión. Más allá de la transmisión por el Canal del Congreso de las entrevistas, la confección de la lista de los finalistas se desarrolló en la oscuridad más vergonzante. La convocatoria señalaba que el dictamen legislativo incluiría una lista de los candidatos con las mejores cualidades en términos de experiencia y formación electoral, así como el perfil académico. Sin embargo, en los hechos el dictamen no incluye la más mínima evaluación comparativa de las capacidades de los candidatos. Simplemente se limita a cortar y pegar un resumen, tendencioso y con graves erratas, de los currículos de los candidatos bendecidos por los partidos políticos.
Al no exponer las razones específicas que llevaron a seleccionar a estos candidatos y no a otros, el dictamen viola de manera grave el artículo 16 constitucional, que obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus actos. Los 118 candidatos excluidos en esta primera etapa deberían considerar con toda seriedad ampararse contra su exclusión para no quedar como simples legitimadores del proceso.
Los diputados también han violado el mandato de la LOC de procurar la inclusión paritaria de hombres y mujeres. No se hizo referencia alguna a este tema en la convocatoria y únicamente se incluyeron seis mujeres en la lista de finalistas. Para dar escrito cumplimiento a la ley, los tres vacantes tendrían que ser ocupados por mujeres. Pero esta aspiración de paridad está muy lejos de cumplirse en el ambiente tan misógino de la política nacional.
Tanto los diputados como los candidatos, y sobre todo los finalistas, también han violado de manera abierta y constante la disposición que prohíbe la realización de entrevistas o reuniones con aspirantes o candidatos fuera del procedimiento de esta convocatoria. La burla a este artículo ha sido tan evidente que hasta los medios de comunicación han dado fe de su violación (véase Reforma, 29/10/10, p. 6).
Finalmente, la Junta de Coordinación Política ha incumplido con el plazo legal. A partir de ayer, el IFE funciona con únicamente seis integrantes, una situación que pone en duda la validez legal de todos y cada uno de sus actos.
Ahora bien, con la propuesta de que los finalistas levanten la voz para poner un alto a esta farsa, estamos suponiendo que en principio representan intereses ciudadanos y no de bandos o facciones políticas. Pero en algunos casos este supuesto simplemente no se cumple. Por ejemplo, cinco candidatos (Enrique Ochoa, Roberto Duque, Cecilia Tapia, Jacinto Silva y Adriana Favela) son funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los primeros tres están íntimamente ligados tanto al PRI como a María del Carmen Alanís.
Ochoa, por ejemplo, fue consejero político nacional del PRI en 2006 y tiene como padrino de su carrera política ni más ni menos que a Luis Téllez, aquel pulcro funcionario que forma parte del Grupo Carlyle y hoy dirige la Bolsa Mexicana de Valores después de haber sido obligado a renunciar al gabinete de Calderón de forma vergonzosa. Duque se formó a la sombra de Emilio Chuayffet en la Secretaría de Gobernación. Tapia ha trabajado con Alanís desde hace más de una década, y de manera sospechosa ni siquiera ha permitido el acceso público a su currículo.
Pero todavía existe una pequeña ventana de oportunidad para que los verdaderos ciudadanos hablen, o callen para siempre, antes de que se consume el nuevo atraco de nuestras instituciones por el matrimonio reconciliado entre PRI y PAN.
San Lázaro, la desvergüenza política
Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 29 de octubre (apro).- Cada vez que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, comparece ante los legisladores federales, más de uno lo acusa de “cínico”, pero lo ocurrido la noche del jueves pasado en la Cámara de Diputados no puede ser más que un gran monumento a la desfachatez, en donde los diputados, quienes hacen las leyes del país, recurrieron a una “chicanada” jurídica para violar la ley.
Tan cínicos han sido varios de lo secretarios de Estado del actual gobierno panista cuando comparecen ante senadores y diputados, como los propios legisladores que ayer, al no llegar a un acuerdo para “agandallarse” espacios en el Instituto Federal Electoral (IFE), como ha ocurrido desde 2003, decidieron no respetar la ley.
De los doce meses del año, la Cámara de Diputados sesiona solamente seis, tiempo más que suficiente para buscar consensos entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de conciencia política de muchos de los legisladores, su desinterés por lo que el país requiere y el centrarse en sus propios beneficios o los de su partido durante los procesos electorales, todo lo dejan para el último momento.
Esto ocurrió, como en dos ocasiones anteriores (2003 y 2007), sólo que ahora con otros agregados: cinismo, irresponsabilidad y desvergüenza política.
De acuerdo con la ley, tres de los nueve consejeros del IFE deben dejar el cargo a la medianoche del 30 de octubre, por lo tanto, y es de lógica elemental, quienes los han de sustituir deben ser designados cuando menos un minuto antes.
Pero como la ley no lo dice expresamente, los diputados federales decidieron recurrir a una “chicanada leguleya” y considerar que lo que no está prohibido esté permitido. Es decir, si no está prohibido rebasar el día 30 de octubre para nombrar a los tres nuevos consejeros, pues está permitido elegirlos cualquier día del año, cuando a los diputados se les antoje, cuando “lleguen a un acuerdo”, a “un consenso”.
Incluso, justifican su actuación invocando “la responsabilidad” para “el diálogo” y la “construcción de acuerdos”.
Nada más grotesco que argumentar que como la ley sólo dice que el 30 de octubre deben dejar el cargo los consejeros a relevar, los diputados no están obligados a elegir a quienes habrán de sustituirlos. Lo absurdo proviene de que, en derecho, ante este tipo de circunstancias que el legislador no previó cuando realizó los cambios a la ley, debe hacerse una interpretación a contrario censu, es decir, al dejar el cargo --por ley-- un integrante de un órgano colegiado, se debe prever el nombramiento de quien lo habrá de sustituir por lo menos unos minutos antes.
El Poder Legislativo está obligado a mantener la conformación de un órgano colegiado con todos sus integrantes, no sólo con dos terceras partes.
Uno de los legisladores, el vicecoordinador panista Carlos Pérez Cuevas, dijo que no había problema en que el IFE se quedara con seis y no los nueve consejeros que lo integran, primero “porque son días de asueto, no trabajará el instituto”; y no sólo eso, justificó el actuar de los diputados que aprobaron la suspensión de la elección de los funcionarios electorales al exponer que si hubiera necesidad de reunirse, el IFE cuenta en este momento con seis integrantes, suficientes para hacer quórum.
No se trata de tomar decisiones de última hora ni de establecer que se está de vacaciones, que el IFE no va a trabajar, o decir, “qué importa, si hay quórum”. Lo destacable aquí es la falta de cumplimiento del marco legal de quienes hacen las leyes en el país, las salidas fáciles, la distribución de cuotas, la utilización del IFE como si fuera propiedad de los partidos políticos y no de una institución que tuvo como preámbulo marchas, muertes, abusos y robos de elecciones. Es, en síntesis, una bofetada a uno de los órganos clave para avanzar hacia una democracia efectiva, no sólo formal.
El cinismo con que actuaron los diputados no es menor que el que exhibieron los secretarios de Estado en sus comparecencias ante los legisladores. En suma, cayeron en lo mismo que tanto le han criticado al gobierno en turno.
Esa falta de respeto a sí mismo aumenta más cuando los partidos políticos dicen ante la ciudadanía que ya no quieren caer en los mismos errores de las dos últimas elecciones, el reparto de cuotas, y que ha dado como consecuencia la falta de credibilidad del IFE, e incluso su burla.
En esto momento, según encuestas diversas que se han publicado, la percepción de la gente es que el IFE dejó de ser “autónomo”. La actuación de los diputados del pasado jueves lleva a suponer que esto continuará.
Así, los diputados no sólo violentaron sus propias leyes, sino que además evidenciaron las luchas internas que tienen en sus partidos; por ejemplo, el PRI que pretendió nombrar a dos de los tres consejeros, uno de ellos respondería a los deseos del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el otro a los del senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, ambos posibles aspirantes a la candidatura priista a la Presidencia.
Pero al interior del PRI surgió un tercer bloque, el que dijo no a ese reparto sin que se les incluya a ellos. Se trata de quienes tienen simpatías con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Esos diputados de Veracruz, Oaxaca y Puebla también actuaron por intereses partidarios y no por un afán de “democratizar” al IFE. Incluso amenazaron con votar en contra si se les dejaba fuera.
Por esto también es que se suspendió la elección: por desacuerdos al interior del PRI, por desacuerdos entre uno y otro partido.
Meses tuvieron los diputados para ir preparando la elección, meses para hacer un proceso limpio que no creará suspicacias entre la población o, ya de perdida, entre la clase política, pero las prioridades electorales hicieron de los legisladores actuar sin ética, hicieron que mostraran su incapacidad política.
Bien pudieran decir que convocarían a sesión extraordinaria para tratar de llegar a un acuerdo, lograr consensos al interior de sus partidos y luego hacia fuera, y consumarla elección el 30 de octubre. Pero en lugar de eso prefirieron, además de todo, irse de “puente” y elegirlos cuatro días después. La falta de tacto político, de todos por aceptar este retraso, lo único que logró fue minar aún más la credibilidad el IFE.
Y el tema no es si los 17 que acordó la Comisión de Gobernación son buenos o malos para ocupar este cargo, no, el asunto es la evidencia con que actuaron quienes elegirán a los próximos tres nuevos consejeros que saldrán de esa lista. Bastante trabajo tendrán a quienes elijan para remontar el estigma con el que llegarán a un ya de por sí desvencijado instituto. Y en esto, todos los partidos que votaron a favor y los que se abstuvieron tienen ya responsabilidad.