¿POLITICA DEMOGRAFICA?

01/11/2010

Inegi: cada día mueren 114 niños menores de 14 años en México
Siete de cada 10 decesos corresponden a bebés de menos de 12 meses SUSANA GONZÁLEZ G.
Periódico La Jornada
Lunes 1º de noviembre de 2010, p. 37
En promedio, cada día mueren 114 niños en México, desde recién nacidos hasta de 14 años, indican las cifras más recientes sobre mortalidad infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La muerte de los menores ascendió a 41.8 miles de casos, que equivalen a 7.7 por ciento de todos los decesos registrados en el país, cuyo más reciente registro anual se ubicó en 539.5 miles de casos.
Siete de cada 10 fallecimientos infantiles corresponden a bebés que no cumplieron ni un año de edad (29.6 miles de casos), aun cuando la tasa de mortalidad en este grupo descendió de 19 a 14 defunciones por cada mil nacidos vivos en la presente década.
Incluso, 45 por ciento de las muertes neonatales han sido de tipo precoz, porque 13 mil 500 bebés no vivieron más allá de una semana. A ellos se suman otros 5 mil 600 niños que perecieron antes de cumplir un mes y 10 mil 500 que perdieron la vida antes del año.
El segundo grupo donde se presentan más decesos corresponde a los prescolares: 5.7 mil muertes en niños de uno a cuatro años de edad, que representan 13 por ciento de todos los infantes fallecidos.
En tanto, los fallecimientos entre quienes tienen 10 y 14 años suman 3.7 miles de casos, o bien 8.8 por ciento de la mortalidad infantil; finalmente, los niños de cinco a nueve años suman 2.8 miles de casos (6.9 por ciento del total).
Si bien las cifras más recientes del Inegi sobre mortalidad infantil corresponden a 2008, los accidentes de tránsito se mantienen entre las principales causas de muerte entre mujeres y varones de entre uno y 14 años de edad.
Por orden de importancia, los motivos del deceso varían según el sexo y la edad, con excepción de los menores de un año, quienes en 28 por ciento de los casos perecieron por trastornos respiratorios y cardiovasculares, 11 por ciento por malformaciones congénitas del sistema circulatorio y 9 por ciento por infecciones.
Después de los 12 meses de edad, las principales causas de muerte presentan diferencias de orden y prevalencia entre varones y mujeres: las niñas son más afectadas por las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (9 por ciento), mientras que los niños perecen más debido a enfermedades infecciosas intestinales (7.7 por ciento).
En segundo y tercer lugares de muerte en las niñas se ubican las enfermedades infecciosas intestinales (8.4 por ciento) y los accidentes en transporte (7.9 por ciento). Para los niños, los accidentes (7.6 por ciento) ocupan el segundo lugar de muerte y los tumores malignos el tercero (7.2 por ciento).
Los accidentes de transporte representan la principal causa de muerte en los niños de cinco hasta 14 años de edad (16 por ciento), seguido de los tumores malignos (14 por ciento) y de parálisis cerebral (4.8 por ciento). Las niñas de la misma edad, en cambio, perecen más por tumores malignos (17.8 por ciento), accidentes (10.9 por ciento) y parálisis cerebral (4.9 por ciento).
La guerra antinarco, inútil si no se ataca el lavado de dinero
Jenaro Villamil
Hasta ahora las acciones para acabar con el narcotráfico han sido infructuosas pues no se enfrenta el problema desde su raíz y se aborda sólo la lucha armada contra los sicarios, lo que ha derivado en los 28 mil muertos por esa la guerra de este sexenio. Así lo considera el senador Santiago Creel, quien está convencido de que al crimen organizado sólo podrá derrotársele si se ataca su dinero. En entrevista con Proceso habla de su iniciativa de ley que, afirma, es “más completa y coordinada” que la presentada por Calderón en agosto…
MÉXICO, D.F., 30 de octubre (Proceso).- “Los efectos de la lucha policiaca contra el narcotráfico, cuerpo a cuerpo, son muy limitados. Por más que se aprehenda a los jefes de los cárteles la pregunta obligada es: ‘¿Y su dinero? ¿Dónde están esas ganancias?’ No tenemos un instrumento jurídico que nos permita dar esa lucha”, advierte el senador panista Santiago Creel, quien subraya que ni siquiera 1% de las ganancias anuales derivadas del crimen organizado –alrededor de 25 mil millones de dólares– ha sido confiscado por las autoridades.
En entrevista con Proceso el exsecretario de Gobernación abunda sobre los detalles de su iniciativa de Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo presentada el martes 26 en el Senado y que “complementa” la propuesta de Felipe Calderón, en el mismo sentido, enviada al Congreso a finales de agosto.
Creel considera que el combate actual al narcotráfico, que privilegia la acción policiaca y militar, debe continuar pero advierte que “si no se ataca el motor, el corazón del crimen organizado que son las utilidades, el dinero, la lucha tendrá irremediablemente efectos limitados”.
–La violencia en todo el país se incrementa. ¿Esta escalada se relaciona con el mayor volumen de ganancias? –se le plantea.
–La violencia es directamente proporcional a las utilidades del negocio. A mayores utilidades, mayor violencia. Entre más rentable sea el negocio, más riesgos está decidido a asumir el criminal. Eso ya lo estamos viendo en la lucha por el control de territorios que observamos en el país. Tiene que ver con el dinero. Por tanto, ¿qué estamos haciendo para disminuir las ganancias y capturar el dinero? Absolutamente nada o muy poco.
–¿Su iniciativa lleva implícito un replanteamiento de la lucha contra el narcotráfico?
–Sí porque se abre una nueva avenida que no hemos explorado. Si a un cártel se le ataca por donde más le duele y no cuenta con dinero para comprar armas y precursores químicos, ya no puede desplegar su fuerza por carecer de recursos. Se ve imposibilitado para cooptar a las autoridades, a los policías, a los partidos políticos. Con esta ley la lucha en la calle será muy distinta.
Los "narcos" pobres
Marcela Turati
En su desesperación por allegarse cifras que demuestren que su guerra contra el narcotráfico tiene sentido, Felipe Calderón presume que su gobierno ha detenido a 82 mil presuntos narcos. Lo que no dice es que un alto número de ellos son campesinos o indígenas azotados por la miseria, semianalfabetos que fueron injustificada y arbitrariamente involucrados, por ejemplo, en el cultivo de enervantes.
CHILPANCINGO, Gro., 30 de octubre (Proceso).- Florencia Morales Dircio no se parece a La Reina del Pacífico. A ella no la detuvieron en una residencia ni le confiscaron relojes finos, aunque también se encuentra en la cárcel acusada por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. A esta joven indígena que mira al piso cuando habla, unos judiciales federales la sacaron del jacal de su suegro, le quitaron al hijo que llevaba en brazos, la acusaron de estar “cerca” de semillas de amapola y greñas de mariguana, y por tal delito un juez la condenó a cinco años y tres meses de cárcel.
Su caso engrosa la publicitada cifra de 82 mil detenidos en lo que va del sexenio por delitos relacionados con el narcotráfico, pero el delito de Florencia, si acaso, es ser indígena, analfabeta, mascar mal el español y carecer de dinero para contratar un abogado.
Aunque al ser encarcelada era menor de edad, tenía un hijo lactante, estaba embarazada y no hubo pruebas en su contra, le fijaron la pena máxima para los campesinos “de escasa instrucción y extrema necesidad económica” dedicados a la siembra, cultivo o cosecha de mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote “o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares”.
En el país existen 477 indígenas encerrados bajo la acusación de haber cometido uno o varios delitos contra la salud. Sólo en la cárcel de Chilpancingo hay 27, cuatro son mujeres.
La descripción del operativo de captura de Florencia, plasmada en el expediente 06/2008, ilustra su estilo de vida:
“Teniendo acceso por la puerta de madera sin pintar, se observó un altar con imágenes religiosas y, a un costado, elotes amontonados en el suelo, así como tres botes metálicos. Se encontró sobre el suelo una yerba verde y seca en greña, así como envolturas color azul con un atado con las características propias al parecer de la mariguana y un pañuelo color rosa conteniendo al parecer semillas de amapola (…) se observó una cocina donde se observan un molino, una mesa de madera, una hamaca y un comal donde no se localizó delito alguno (…) es una casa de construcción de adobe con techo de teja y lámina y mide aproximadamente 10 metros de largo y seis de ancho.”
Proponen expropiación discrecional de terrenos para proyectos turísticos
El gobierno sería socio o accionista de negocios
Dirigentes empresariales y académicos, en contra
Se pondrían en peligro el derecho de propiedad y las finanzas públicas, advierten
RAYMUNDO LEÓN
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 1º de noviembre de 2010, p. 29
La Paz, BCS, 31 de octubre. El proyecto de Ley de Turismo que el gobernador Narciso Agúndez Montaño envió al Congreso local otorga facultades discrecionales al Ejecutivo estatal para expropiar por decreto predios particulares.
La iniciativa –cuyo artículo 71 permite al gobernador establecer a su arbitrio zonas turísticas de utilidad pública– fue turnada en mayo a la Comisión de Turismo y se retomó en el actual periodo ordinario de sesiones para su análisis en foros, donde académicos y empresarios la rechazaron abiertamente.
El legajo de 93 artículos y 11 transitorios prevé crear un fideicomiso equiparable al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Según el artículo 68, de esta forma se promovería el desarrollo y consolidación del sector, así como el crecimiento y regulación del mercado inmobiliario correlativo y la generación de oportunidades para los inversionistas.
El fideicomiso incentivaría la identificación de inmuebles, zonas y regiones susceptibles de explotación turística para adquirir, fraccionar, arrendar, administrar o efectuar cualquier enajenación de bienes –tanto muebles como inmuebles– para evitar la especulación de cualquier persona física o moral.
Entre las atribuciones del fideicomiso también destaca participar con los sectores público, social y privado en la constitución, desarrollo y operación de empresas turísticas, así como gestionar y obtener financiamiento.
La estructura planeada garantizaría a las instituciones de crédito el pago de los préstamos y la colocación de instrumentos bursátiles para la inversión en el sector. El fondo participaría como socio o accionista en empresas u organismos que desarrollan proyectos.
Alertan sobre excesiva concentración de facultades
Por separado, los dirigentes locales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de los consejos coordinadores empresariales de La Paz y Los Cabos rechazaron el proyecto por el exceso de facultades que confiere a la Secretaría Estatal de Turismo, al gobernador y al fideicomiso.
Coincidieron en que el artículo 71 pone en riesgo el derecho de propiedad, pues cualquier persona con un terreno con frente de playa podría ser expropiada con el pretexto de beneficiar al turismo.
El dirigente de Los Cabos, Rubén Reachi Lugo, sostuvo que aunque el fondo administrara las donaciones de tierra que por ley deben hacer los desarrolladores a los municipios para la creación de infraestructura, en la práctica sería una especie de Fonatur estatal, lo que preocupa al sector productivo, pues cuando el gobierno se mete de empresario siempre ocurre un desastre.
Según la iniciativa –dijo– el gobernador podría zonificar u ordenar el territorio por decreto y sin pasar por la autorización de los cabildos, con facultades para dar permisos de uso de suelo, coeficientes de ocupación y densidades, lo cual es peligroso en manos de una sola persona.
A su vez Guillermo Beltrán Rochín, de la Coparmex, señaló que la propuesta deja manos libres a la autoridad para manejar a su antojo el fideicomiso, cuando lo deseable es que fuese la propia ley o una distinta la que regule este organismo.
Dijo estar en contra de que el Estado pretenda impedir con un fondo la supuesta especulación inmobiliaria, pues dicho concepto no está definido legalmente y la actividad inmobiliaria no está reservada a la nación y mucho menos a una entidad federativa.
Consideró inviable que a un fideicomiso público se le otorguen atributos para ser socio o accionista en otras inversiones o en una propia, o que sea administrador de desarrollos inmobiliarios.
Advirtió que por ningún motivo un organismo como el propuesto debe tener facultades para endeudarse y garantizar con bienes públicos un desarrollo inmobiliario privado, pues ello pondría en peligro las finanzas públicas, además de que podrían cometerse atropellos.
Beltrán Rochín criticó también la propuesta de hacer obligatoria la inscripción a un registro estatal de turismo, que se sumaría a los existentes, y la imposición de multas superiores a un millón de pesos a los prestadores de servicios turísticos que contravengan tal disposición, mientras las autoridades quedan eximidas de cualquier sanción.
Reachi y Beltrán coincidieron en que la iniciativa no tuvo consenso antes de ser enviada al Congreso, y respecto al mandato federal, vigente desde junio de 2009, para que las entidades legislen en materia turística, consideraron preferible que en Baja California Sur ello no suceda.
Carlos Estrada Talamantes, del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, señaló que la iniciativa presenta inconsistencias jurídicas y elementos de inconstitucionalidad, así como duplicidad de funciones e invasión de esferas de otras dependencias de la administración pública.