CIUDADANIA EXCLUIDA

08/11/2010

El voto secreto
BERNARDO BÁTIZ V.
Los jaloneos y las negociaciones, la disputa y la rebatiña con motivo de la elección pospuesta de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) son la muestra patente de que los legisladores no ejercen su voto libremente y que tienen que esperar la indicación, la orden o, en el menos malo de los supuestos, la sugerencia de los coordinadores de sus grupos parlamentarios, que toman las decisiones, como que son la réplica en nuestro tiempo de los pastores priístas de antaño.
En la decisión que determine quiénes ocuparán los tres asientos vacantes en el IFE intervienen los coordinadores legislativos, los dirigentes de los partidos y seguramente gobernadores poderosos y funcionarios federales; los únicos que no tienen vela en ese entierro, que no tienen nada que decir ni que decidir son los diputados de infantería, quienes conforme a la ley deberían tener la responsabilidad de hacerlo.
Según nuestra legislación constitucional, los diputados son representantes de la nación y, de acuerdo con la ley y los principios democráticos que rigen en los sistemas legislativos de todo el mundo, los legisladores son iguales entre sí, el voto de cada uno tiene valor idéntico al de los demás representantes populares; en un sistema democrático funcionando conforme a las reglas, no hay votos de calidad ni diputados de primera y diputados de segunda.
Lamentablemente, en la degradada política de nuestros días, salvo un puñado de legisladores que respetan su dignidad y su responsabilidad, la mayoría ni son realmente representantes de la nación ni se sienten iguales frente a sus dirigentes.
Una sana práctica parlamentaria exige que, en el caso de los consejeros del IFE, se cumpla al pie de la letra el texto y el espíritu del artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el cual asienta que las votaciones para elegir personas serán por cédula, esto es, votaciones secretas en las que nadie debiera saber por qué persona votó cada uno de los integrantes del cuerpo colegiado.
Las votaciones en las cámaras son por regla general a mano levantada o económicas o nominativas, esto es, de viva voz, dando cada diputado su nombre y el sentido de su voto; esta última fórmula se ha sustituido por el tablero electrónico, pero levantando la mano, de viva voz o apretando un botón; se sabe con certeza el sentido de la decisión de cada legislador. Sólo hay una excepción a esta práctica de voto abierto: se trata del caso de elección de personas; la sabiduría del reglamento señala que cuando se vote por personas el voto será secreto.
La razón de esta prevención responde a la misma lógica que el sufragio universal para elegir a los poderes Legislativo y Ejecutivo; el voto secreto protege la libertad del votante, sea éste ciudadano o sea un representante popular en alguna de las cámaras del Congreso.
El voto secreto se usó en Grecia y se reinventó en los capítulos generales de las órdenes religiosas en la Edad Media; es indispensable para que el elegido o el perdedor de la elección no sepan quiénes estuvieron en su favor y quienes en favor de otra persona. Así se evitan rencores, animadversiones personales que no deben tener cabida en un cuerpo colegiado con graves responsabilidades e integrado por pares, esto es, por iguales.
Para elegir a los consejeros del IFE se debió dar a conocer una lista de los aspirantes, entregarle a cada diputado un historial de cada uno de ellos, con sus antecedentes personales, estudios, obra escrita, cargos ocupados, militancia política, organizaciones a las que pertenece y cualquier otro dato que ilustre a quien votará, para que al hacerlo contara con la información que le permitiría cumplir su responsabilidad con plena libertad y valorar su propia determinación.
Con la información en su poder, cada diputado podría hacer su juicio personal, escoger por quién votar, ejerciendo por sí mismo su poder de decisión y sin tener que esperar a ver qué negociación cerró con los otros coordinadores su jefe de bancada. No hay que olvidar que en la teoría parlamentaria y en la ley, dicho jefe es tan sólo un coordinador de sus iguales y ni más ni menos que sus compañeros.
La vergonzosa práctica de cuotas a los partidos, que tanto ha desprestigiado al IFE, debe ser desterrada, y las presiones y componendas que rebajan al sistema político mexicano debieran quedar en la historia como una práctica viciada del pasado. Durante unos 40 o 50 años del siglo XX, se avanzó lentamente hacia prácticas democráticas y responsabilidades políticas claras y cabalmente cumplidas; en este avance jugó importante papel la oposición. Será muy penoso que partidos que antaño buscaban mejorar la vida política y democrática del país ahora contribuyan a tan burdo retroceso.
El poder de los Moreira
Miguel Angel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 7 de noviembre (Proceso).-
En medio de un estruendoso despliegue publicitario y político, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó su V Informe de Gobierno, no en Saltillo, la capital del estado, sede del Poder Legislativo que debe conocer el documento, sino en Torreón, en un local nuevo y enorme, el Coliseo Centenario, digno marco para las pretensiones de Moreira.
Fue su informe postrero, pues pedirá licencia en el próximo enero, a fin de dedicar dos meses a una intensa campaña que lo haga presidente nacional del PRI, si prospera la iniciativa con que busca, y al parecer puede lograr, romper el monopolio de un pequeño grupo que domina el PRI. Cuando hace unas semanas reapareció Emilio Gamboa Patrón para asumir la dirección del sector popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), todo parecía arreglado para que tras un breve lapso en ese cargo fuera elegido sucesor de Beatriz Paredes.
Pero súbitamente apareció Moreira en el escenario. No ha lanzado en vano el desafío al grupo dominante en el PRI. Cuenta con el apoyo de Elba Esther Gordillo, que lo ha amadrinado desde el comienzo de su carrera y luego de un periodo de enfriamiento se dispone a influir de modo determinante para que el ya para entonces exgobernador asuma el liderazgo del partido que la echó en 2006, pero que la busca a menudo para fortalecer sus posibilidades electorales.
Moreira es muy joven; apenas está llegando a los 45 años. Nacido en Saltillo el 28 de julio de 1966, ha hecho una fulgurante carrera política. Maestro normalista, como su familia a la que está humana y políticamente muy apegado, Humberto trabajó en las oficinas centrales de la SEP poco después de haberse graduado. Ahí estaba en el momento del ascenso de Gordillo a la cabeza del SNTE, y desde entonces la carrera del profesor ha seguido un curso cercano al de la maestra. Cuando volvió a Saltillo, en 1994, se desempeñó en cargos educativos federales, y luego fue nombrado secretario de Educación. De allí pasó a la alcaldía de Saltillo. No concluyó su periodo, pues fue postulado candidato a gobernador en 2005. Venció al candidato panista Jorge Zermeño, que había sido presidente municipal de Torreón y ahora es embajador en Madrid, como premio a su desempeño el 1 de diciembre de 2006, cuando pudo lograr, como presidente del Congreso, que Felipe Calderón protestara su cargo.
Moreira es audaz. No conoce rubores ni reparos. Sin pretender lo contrario, se muestra como el verdadero jefe de los legisladores locales y federales. Colocó a su hermano Carlos al frente del sindicato magisterial, y a Rubén lo encamina hacia la gubernatura. Lo hizo presidente del PRI estatal y diputado federal. Y ya en la Cámara, Rubén Moreira ha ganado presencia a fuerza de desplantes. Preside la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, y contó entre los legisladores que escoltaron a Julio César Godoy Toscano en el momento de rendir protesta, con lo cual eludió la acción ministerial que buscaba aprehender a éste antes de que el fuero lo protegiera.
Brilla hasta en el mundo social. Se casó no hace mucho con una colega de Cámara, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, quien con esa decisión depuso sus posibilidades de ser gobernadora en Hidalgo y será primera dama en Coahuila, si prospera el designio del gobernador saliente, su hermano, que con la licencia que obtendrá puede eludir el rubor de entregar el gobierno a otro Moreira.
El actual gobernante se ha distinguido por su animosidad contra el PAN, y especialmente frente a algunos de los personeros locales; de modo particular, el senador Guillermo Anaya, compadre del presidente de la República. Delató el intento de Vicente Fox de orillarlo a presentar cargos falsos contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia. Y a Calderón le ha reprochado ácidamente su estrategia contra el narcotráfico, imputándole que la ordena desde la comodidad de su escritorio.
Tiene razón en parte. Pero esgrime esa imputación como coartada que esconde su propia ineficacia en materia de seguridad. Coahuila no cuenta entre los estados con mayor número de homicidios como resultado de la guerra contra el narco. Pero se caracteriza por el gran número de secuestros y desapariciones, especialmente en la Comarca Lagunera.
Tan intensa es la práctica que priva de la libertad a toda suerte de personas, que se ha constituido una agrupación llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, la cual ha documentado innumerables casos de tal delito sin merecer la atención gubernamental. El organismo se ha erigido, por extensión, en una suerte de observatorio ciudadano que señala puntualmente la ineficacia de la procuración de justicia y de la seguridad pública. Ha denunciado, por ejemplo, la impunidad que rodea a quienes mataron a miembros de la familia Siller Galindo el 24 de octubre:
“Los asesinatos de María Angélica Galindo Sánchez, su hija Karen Alejandra y su hijo Ricardo Siller Galindo a manos de agentes de la Policía Investigadora del estado manifiesta la seria crisis de seguridad que se vive en Coahuila. Asimismo, demuestra la falta de capacidad por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a cargo del licenciado Jesús Torres Charles, para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos.”
A Moreira esa agrupación civil lo señala porque con sus discursos en torno a la muerte de esas tres personas “trata de simular actos de justicia”, y juzga inaceptable que se minimice “esta tragedia al comparar lo que sucede en nuestro estado con índices de violencia en otros lugares del país”.
En enero Moreira se irá del gobierno. Y pondrá al PRI en el incómodo, terrible dilema de optar entre él y Gamboa Patrón. Tan malo el pinto como el colorado.
Migración, la cloaca
Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 5 de noviembre (apro).- El horror cotidiano de la violencia del narcotráfico y del reiterado discurso de muerte desde la Presidencia de la República, impide ver otras tragedias que ocurren en distintos puntos del país y en las que también están involucradas autoridades mexicanas.
Cada día, cientos de extranjeros que pasan por nuestro territorio en su camino hacia Estados Unidos acaban por convertirse en una de las partes más vulnerables en el desmoronamiento institucional de México.
Cuando se habla de inmigrantes extranjeros que transitan por nuestro país, la referencia inmediata son los ciudadanos centroamericanos.
Pero basta con revisar los dudosos registros públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) para constatar que día a día cientos de cubanos, ecuatorianos, chinos, indios, iraquíes y africanos, entre otros, son detenidos en las estaciones migratorias que se han abierto prácticamente en todo el país por presión de Estados Unidos para que México le cuide la frontera.
A diferencia de lo que ocurría hace algunos años con el fenómeno migratorio conocido como el de los polleros, ahora el país es un ejemplo mundial de cómo la migración es, incluso, más que un problema de tráfico de personas.
Para las autoridades mexicanas, según las recientes declaraciones del nuevo comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, lo que ocurre con los migrantes es ajeno al Estado mexicano.
En vísperas del Foro Mundial de Migración, de Puerto Vallarta, Jalisco, el comisionado antepuso la obviedad y la simpleza con la que el gobierno mexicano quiere hacer ver el problema.
El funcionario repitió lo que desde hace años se sabe en todo el mundo: que el tráfico de personas es una expresión más de la delincuencia organizada y la segunda actividad delictiva más lucrativa después del tráfico de drogas.
Menuda posición del funcionario encargado de una de las instituciones que en México, precisamente, es parte del problema.
La delincuencia organizada no se explica sin la protección oficial. Esa colaboración es uno de sus componentes. Pero en México va más allá de eso: es la descomposición del Estado.
En el mejor de los casos, empleados que son pagados con dinero de los mexicanos en el INM sirven a la delincuencia organizada a cambio de jugosos pagos que salen del robo y extorsión de los migrantes detenidos y secuestrados.
En el peor, son en sí mismos delincuencia organizada.
Ahí se inicia la falla del Estado mexicano. Sigue con la impunidad cuando la PGR, como en tantos temas, se desentiende de sus funciones de fiscalía y nada investiga.
De esa manera, el Poder Judicial tiene todo el espacio para quedar como mero observador, aunque ante sus ojos y los de todo el mundo ocurran tragedias como la de los 72 migrantes de San Fernando, en Tamaulipas.
Y el Congreso, irresponsablemente omiso. No sólo por las iniciativas sobre migración acumuladas durante la última década, sino porque a hecho ojos ciegos a las discrecionales circulares con la que opera el INM que rebasan incluso a la Ley General de Población y que abren los anchos caminos de la corrupción.
Cualquiera de los Estados que se sienten agraviados por lo que ocurre con sus nacionales cuando pasan por México, podrían con facilidad enderezar y ganar un juicio internacional contra el Estado mexicano por la indolencia de sus tres poderes ante la tragedia humanitaria que está propiciando el debilitamiento del Estado en México.