EL TIRANOSAURIO NO SE HA IDO.
15 nov 2010
Los últimos coletazos de Ulises Ruiz
Pedro Matías
La derrota electoral del PRI en Oaxaca no desactivó el terror que Ulises Ruiz institucionalizó como su principal instrumento de control. De hecho, legisladores, dirigentes sociales y obispos temen que el mandatario saliente quiera desestabilizar al estado para mantener impunes sus actos de represión y de presunta corrupción. Y en efecto, en el último tramo de su mandato se desató una espiral de violencia política que segó la vida de opositores como Catarino Torres y Heriberto Pazos.
OAXACA, OAX., 14 de noviembre (Proceso).- Las cifras que no aparecen en el sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz, el lunes 15, son los 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas: los llamados “archivos incómodos” de la administración saliente.
Entre los legajos se perderán las más de 600 detenciones, los 380 casos de tortura, las siete desapariciones forzadas, los innumerables secuestros, los asesinatos de cuatro periodistas y otros agravios que siguen impunes, pese a que están documentados de sobra por organismos civiles de derechos humanos.
También permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron.
El mismo destino tuvieron las 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.
Durante su campaña electoral, en 2004, Ulises Ruiz Ortiz se promovió como “el Benito Juárez del siglo XXI”, pero a decir del sociólogo Porfirio Santibáñez, como gobernador se convirtió en un “Porfirio Díaz, el dictador de esta época”.
Un “accidente automovilístico” del precandidato Aquiles López Sosa encaminó a Ulises Ruiz a la candidatura del PRI para la gubernatura. Ya en campaña, en julio de 2004, los priistas, azuzados por el actual diputado federal Elpidio Concha Arellano, mataron a garrotazos al profesor Serafín García Contreras, quien les estorbaba un acto proselitista en Huautla de Jiménez.
“Sólo Dios quita y pone a las gobernantes”, proclamó Ruiz cuando los maestros y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) exigían su renuncia en 2006. Sin embargo, esa seguridad no provenía de su mística, sino del poder de su partido, el PRI, en el Congreso de la Unión: nunca se le fincó juicio político, pese a que con sus actos de gobierno y la represión sistemática como respuesta a toda protesta enconó al estado.
Pedro Matías
La derrota electoral del PRI en Oaxaca no desactivó el terror que Ulises Ruiz institucionalizó como su principal instrumento de control. De hecho, legisladores, dirigentes sociales y obispos temen que el mandatario saliente quiera desestabilizar al estado para mantener impunes sus actos de represión y de presunta corrupción. Y en efecto, en el último tramo de su mandato se desató una espiral de violencia política que segó la vida de opositores como Catarino Torres y Heriberto Pazos.
OAXACA, OAX., 14 de noviembre (Proceso).- Las cifras que no aparecen en el sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz, el lunes 15, son los 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas: los llamados “archivos incómodos” de la administración saliente.
Entre los legajos se perderán las más de 600 detenciones, los 380 casos de tortura, las siete desapariciones forzadas, los innumerables secuestros, los asesinatos de cuatro periodistas y otros agravios que siguen impunes, pese a que están documentados de sobra por organismos civiles de derechos humanos.
También permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron.
El mismo destino tuvieron las 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.
Durante su campaña electoral, en 2004, Ulises Ruiz Ortiz se promovió como “el Benito Juárez del siglo XXI”, pero a decir del sociólogo Porfirio Santibáñez, como gobernador se convirtió en un “Porfirio Díaz, el dictador de esta época”.
Un “accidente automovilístico” del precandidato Aquiles López Sosa encaminó a Ulises Ruiz a la candidatura del PRI para la gubernatura. Ya en campaña, en julio de 2004, los priistas, azuzados por el actual diputado federal Elpidio Concha Arellano, mataron a garrotazos al profesor Serafín García Contreras, quien les estorbaba un acto proselitista en Huautla de Jiménez.
“Sólo Dios quita y pone a las gobernantes”, proclamó Ruiz cuando los maestros y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) exigían su renuncia en 2006. Sin embargo, esa seguridad no provenía de su mística, sino del poder de su partido, el PRI, en el Congreso de la Unión: nunca se le fincó juicio político, pese a que con sus actos de gobierno y la represión sistemática como respuesta a toda protesta enconó al estado.
Condena el Parlamento Europeo violencia de Copala
El lunes 8, el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo dedicó una sesión al asesinato de los activistas por los derechos humanos Jyri Jaakkola y Beatriz Cariño. Eurodiputados, un abogado mexicano y los padres del joven finlandés condenaron las condiciones de inseguridad que hicieron posible el crimen y la incapacidad de los gobiernos federal y oaxaqueño para avanzar en las investigaciones. Los funcionarios mexicanos presentes, ya sin argumentos, recurrieron a su eterno discurso: se castigará a los culpables...
"Estamos aquí para hablar de la situación en el estado de Oaxaca, donde se elimina a indígenas, a defensores de derechos humanos y a voluntarios humanitarios en la más absoluta impunidad", dijo la eurodiputada Heidi Hautala el lunes 8, en la audiencia pública de una hora en la que el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo revisó el caso del activista finlandés Jyri Jaakkola y de la mexicana Beatriz Cariño, asesinados el pasado 27 de abril en San Juan Copala, Oaxaca.
La audiencia despertó interés. Los eurodiputados, asesores del parlamento y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos abarrotaron el recinto. Los casi 120 asistentes querían conocer las razones de la violencia en México, que cada vez ocupa más espacios en la prensa europea.
Hautala, presidenta del subcomité, comentó que "las autoridades mexicanas están estudiando este caso sólo porque hay presión internacional" y agregó que "la delincuencia organizada, particularmente en las fronteras del país, está llegando a un nivel insoportable, por lo que la seguridad nacional de México está en peligro".
Agregó: "A pesar de que todos los mexicanos se ven afectados, la población indígena es la más vulnerable. Pero para luchar contra esa violencia en México faltan voluntad política y recursos financieros".
De nada informa la PGR, se queja la mamá
Cuando llegó su turno, Eve Leena, madre de Jyri Jaakkola -quien llegó desde la ciudad finlandesa de Tampere acompañada de Raimo, su esposo-, habló en voz baja:
"Nuestro hijo luchó a favor de la paz. Jyri fue a México a aprender de los pueblos autóctonos, a construir vínculos con el resto del mundo. No lo logró. Estamos preocupados por el avance de la investigación sobre su asesinato. En nuestra visita a México en agosto pasado apreciamos avances en los trabajos de la Procuraduría General de la República (PGR). Desde entonces no nos han comunicado nada. A la embajada de Finlandia en México, que ha estado en contacto con la PGR, tampoco".
Agregó que el fin del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca podría favorecer los avances en la investigación y comentó que, a fin de cuentas, el caso de su hijo "es el de un ciudadano europeo asesinado en un país que tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE)", por lo cual "esperamos que las autoridades de la UE mencionen el caso de Jyri en todas sus reuniones con los mexicanos, para que de esa forma se pueda avanzar en las investigaciones. Esto tiene que ser un requisito para las relaciones comerciales entre ambos. Es importante que se solucione este caso porque puede convertirse en un precedente que ayude a cambiar la cultura de impunidad existente en México"
Reclama abogado por impunidad
El abogado de la familia Jaakkola, el mexicano David Peña, separó las violaciones cometidas por el Ejército y la policía en el contexto de la lucha contra el narcotráfico -principalmente en el norte del país- y aquellas con "origen político", que abundan en Oaxaca. Denunció que, a siete meses de ocurrido, el asesinato de Jyri sigue en la impunidad:
"El 70% de los avances que presenta la investigación de la PGR son resultado de los aportes de la representación legal, de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas. Nos preocupa que el gobierno mexicano diga que no está en condiciones de investigar este caso y espera que los testigos vayan a declarar para avanzar, pero no aplica los mecanismos para proteger a esos testigos. Se lo hemos solicitado repetidamente a la PGR, a las autoridades federal y local, que se han resistido a brindar esa protección".
Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea afirmó que a esta instancia "le preocupa la oleada de violaciones a los derechos humanos, la cual se está dando en paralelo a la violencia que genera la lucha contra la delincuencia organizada".
Recordó que en la primera reunión del nuevo diálogo en materia de derechos humanos, el pasado 12 de mayo, el gobierno calderonista y los representantes de la UE se abordaron "puntos preocupantes, como el uso del Ejército en tareas policiacas y los problemas que pueden derivarse, la situación de los defensores de derechos humanos, las amenazas contra la libertad de prensa, la violencia contra la mujer y los derechos de los pueblos indígenas".
Según Mavromichalis, en esa ocasión la Comisión Europea exigió al gobierno mexicano que garantizara una investigación imparcial del asesinato de Jaakkola y la protección eficaz a los testigos.
La débil grandilocuencia
El gobierno mexicano envió a un representante a esta reunión del Parlamento Europeo: Alejandro Negrín, director general para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue la primera vez que un funcionario de su nivel participó en un encuentro de esta naturaleza.
Negrín tomó una posición defensiva: "Estamos aquí porque México ha adoptado una política de plena integración al sistema internacional de derechos humanos como una forma de impulsar y consolidar transformaciones internas en esta materia".
El funcionario ocupó gran parte de su turno de 10 minutos enumerando los "esfuerzos" de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos. Aseguró que "el país cuenta con instituciones capaces de prevenir las violaciones" a las garantías individuales y aseveró que "nadie puede sostener hoy que en México haya políticas de Estado o de gobierno orientadas a violar los derechos humanos".
En relación con Oaxaca, expuso una ambigua versión oficial: "San Juan Copala se ha caracterizado por una alta conflictividad debido a problemas de orden étnico, social, territorial y político. Existe un conflicto entre tres organizaciones que ha provocado una secuela de violencia (...) Desde luego es responsabilidad del gobierno estatal y del federal la aplicación del estado de derecho y la búsqueda del diálogo entre todos los involucrados para el establecimiento de la paz; pero no se trata de conflictos alentados por el gobierno. Es claramente un conflicto intercomunitario".
Otro mexicano presente, Alejandro Souza -encargado de asuntos de derechos humanos de la embajada de México ante la UE- leyó un largo mensaje enviado por Gabino Cué, gobernador electo de Oaxaca.
A la mitad de su lectura -plagada de lugares comunes y promesas de acabar con la impunidad- fue interrumpido por Hautala: Souza estaba leyendo tan rápido que los intérpretes no podían seguirlo y los no hispanoparlantes en la reunión estaban completamente perdidos.
La eurodiputada finlandesa Satu Hassi, quien en agosto pasado visitó oficialmente Oaxaca, desmintió a Negrín:
"Es importante entender que no es un conflicto interno de un grupo indígena. Hay indicios que muestran que la violencia en esa zona se orquesta desde afuera. La Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) tiene entrenamiento militar y está mucho mejor armada que los otros dos grupos en confrontación.
"Una de las pruebas del vínculo con Ulises Ruiz Ortiz se ve en el hecho de que a la policía local le llevó más de un día llegar al lugar del asesinato, aunque ya sabían lo que había pasado. La policía explica que no se les llamó para que acudieran a la zona. Esta idea de que la policía espera antes de ir al lugar de un crimen es muy rara para los europeos".
A su vez Markus Ferber, eurodiputado alemán, vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para México y militante del Partido Popular Europeo -aliado político tradicional del PAN- observó que en la UE están "comprometidos a hacer todo lo posible para que esa violencia contra un ciudadano europeo sea castigada". Y dirigiéndose a Negrín enfatizó que si bien en la UE "hay voluntad de colaborar" para esclarecer el caso, se espera "más que bellas palabras" de las autoridades mexicanas.
El abogado Peña intervino. Solicitó a Negrín que se comprometiera ante los eurodiputados a aplicar tres medidas concretas: proteger a los testigos y sobrevivientes, investigar el ataque del 27 de abril a la caravana y las relaciones de la Ubisort con el gobierno de Ulises Ruiz, y permitirle a él colaborar directamente con la PGR en las investigaciones.
Evasivo, Negrín respondió que él sólo tenía el encargo de transmitir la "apertura de la PGR en las investigaciones", pero que comunicaría su solicitud a la Secretaría de Gobernación y a la PGR. Luego aprovechó el foro para menospreciar las críticas europeas: según él, "hay muchas cosas de Oaxaca muy complejas para entender" y "una sesión de una hora no es suficiente para explicarlas".
Cerró la audiencia el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, quien se apartó del tema y comentó que la UE "debe apoyar a Calderón y celebrar las buenas noticias que se han producido recientemente, como la detención de varios capos del narcotráfico"...
Foto: ARCHIVO NOTICIAS/MARIO JIMÉNEZ LEYVA
MARCO APPEL/proceso
El lunes 8, el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo dedicó una sesión al asesinato de los activistas por los derechos humanos Jyri Jaakkola y Beatriz Cariño. Eurodiputados, un abogado mexicano y los padres del joven finlandés condenaron las condiciones de inseguridad que hicieron posible el crimen y la incapacidad de los gobiernos federal y oaxaqueño para avanzar en las investigaciones. Los funcionarios mexicanos presentes, ya sin argumentos, recurrieron a su eterno discurso: se castigará a los culpables...
"Estamos aquí para hablar de la situación en el estado de Oaxaca, donde se elimina a indígenas, a defensores de derechos humanos y a voluntarios humanitarios en la más absoluta impunidad", dijo la eurodiputada Heidi Hautala el lunes 8, en la audiencia pública de una hora en la que el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo revisó el caso del activista finlandés Jyri Jaakkola y de la mexicana Beatriz Cariño, asesinados el pasado 27 de abril en San Juan Copala, Oaxaca.
La audiencia despertó interés. Los eurodiputados, asesores del parlamento y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos abarrotaron el recinto. Los casi 120 asistentes querían conocer las razones de la violencia en México, que cada vez ocupa más espacios en la prensa europea.
Hautala, presidenta del subcomité, comentó que "las autoridades mexicanas están estudiando este caso sólo porque hay presión internacional" y agregó que "la delincuencia organizada, particularmente en las fronteras del país, está llegando a un nivel insoportable, por lo que la seguridad nacional de México está en peligro".
Agregó: "A pesar de que todos los mexicanos se ven afectados, la población indígena es la más vulnerable. Pero para luchar contra esa violencia en México faltan voluntad política y recursos financieros".
De nada informa la PGR, se queja la mamá
Cuando llegó su turno, Eve Leena, madre de Jyri Jaakkola -quien llegó desde la ciudad finlandesa de Tampere acompañada de Raimo, su esposo-, habló en voz baja:
"Nuestro hijo luchó a favor de la paz. Jyri fue a México a aprender de los pueblos autóctonos, a construir vínculos con el resto del mundo. No lo logró. Estamos preocupados por el avance de la investigación sobre su asesinato. En nuestra visita a México en agosto pasado apreciamos avances en los trabajos de la Procuraduría General de la República (PGR). Desde entonces no nos han comunicado nada. A la embajada de Finlandia en México, que ha estado en contacto con la PGR, tampoco".
Agregó que el fin del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca podría favorecer los avances en la investigación y comentó que, a fin de cuentas, el caso de su hijo "es el de un ciudadano europeo asesinado en un país que tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE)", por lo cual "esperamos que las autoridades de la UE mencionen el caso de Jyri en todas sus reuniones con los mexicanos, para que de esa forma se pueda avanzar en las investigaciones. Esto tiene que ser un requisito para las relaciones comerciales entre ambos. Es importante que se solucione este caso porque puede convertirse en un precedente que ayude a cambiar la cultura de impunidad existente en México"
Reclama abogado por impunidad
El abogado de la familia Jaakkola, el mexicano David Peña, separó las violaciones cometidas por el Ejército y la policía en el contexto de la lucha contra el narcotráfico -principalmente en el norte del país- y aquellas con "origen político", que abundan en Oaxaca. Denunció que, a siete meses de ocurrido, el asesinato de Jyri sigue en la impunidad:
"El 70% de los avances que presenta la investigación de la PGR son resultado de los aportes de la representación legal, de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas. Nos preocupa que el gobierno mexicano diga que no está en condiciones de investigar este caso y espera que los testigos vayan a declarar para avanzar, pero no aplica los mecanismos para proteger a esos testigos. Se lo hemos solicitado repetidamente a la PGR, a las autoridades federal y local, que se han resistido a brindar esa protección".
Petros Mavromichalis, jefe de la Unidad para México de la Comisión Europea afirmó que a esta instancia "le preocupa la oleada de violaciones a los derechos humanos, la cual se está dando en paralelo a la violencia que genera la lucha contra la delincuencia organizada".
Recordó que en la primera reunión del nuevo diálogo en materia de derechos humanos, el pasado 12 de mayo, el gobierno calderonista y los representantes de la UE se abordaron "puntos preocupantes, como el uso del Ejército en tareas policiacas y los problemas que pueden derivarse, la situación de los defensores de derechos humanos, las amenazas contra la libertad de prensa, la violencia contra la mujer y los derechos de los pueblos indígenas".
Según Mavromichalis, en esa ocasión la Comisión Europea exigió al gobierno mexicano que garantizara una investigación imparcial del asesinato de Jaakkola y la protección eficaz a los testigos.
La débil grandilocuencia
El gobierno mexicano envió a un representante a esta reunión del Parlamento Europeo: Alejandro Negrín, director general para Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue la primera vez que un funcionario de su nivel participó en un encuentro de esta naturaleza.
Negrín tomó una posición defensiva: "Estamos aquí porque México ha adoptado una política de plena integración al sistema internacional de derechos humanos como una forma de impulsar y consolidar transformaciones internas en esta materia".
El funcionario ocupó gran parte de su turno de 10 minutos enumerando los "esfuerzos" de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos. Aseguró que "el país cuenta con instituciones capaces de prevenir las violaciones" a las garantías individuales y aseveró que "nadie puede sostener hoy que en México haya políticas de Estado o de gobierno orientadas a violar los derechos humanos".
En relación con Oaxaca, expuso una ambigua versión oficial: "San Juan Copala se ha caracterizado por una alta conflictividad debido a problemas de orden étnico, social, territorial y político. Existe un conflicto entre tres organizaciones que ha provocado una secuela de violencia (...) Desde luego es responsabilidad del gobierno estatal y del federal la aplicación del estado de derecho y la búsqueda del diálogo entre todos los involucrados para el establecimiento de la paz; pero no se trata de conflictos alentados por el gobierno. Es claramente un conflicto intercomunitario".
Otro mexicano presente, Alejandro Souza -encargado de asuntos de derechos humanos de la embajada de México ante la UE- leyó un largo mensaje enviado por Gabino Cué, gobernador electo de Oaxaca.
A la mitad de su lectura -plagada de lugares comunes y promesas de acabar con la impunidad- fue interrumpido por Hautala: Souza estaba leyendo tan rápido que los intérpretes no podían seguirlo y los no hispanoparlantes en la reunión estaban completamente perdidos.
La eurodiputada finlandesa Satu Hassi, quien en agosto pasado visitó oficialmente Oaxaca, desmintió a Negrín:
"Es importante entender que no es un conflicto interno de un grupo indígena. Hay indicios que muestran que la violencia en esa zona se orquesta desde afuera. La Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) tiene entrenamiento militar y está mucho mejor armada que los otros dos grupos en confrontación.
"Una de las pruebas del vínculo con Ulises Ruiz Ortiz se ve en el hecho de que a la policía local le llevó más de un día llegar al lugar del asesinato, aunque ya sabían lo que había pasado. La policía explica que no se les llamó para que acudieran a la zona. Esta idea de que la policía espera antes de ir al lugar de un crimen es muy rara para los europeos".
A su vez Markus Ferber, eurodiputado alemán, vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo para México y militante del Partido Popular Europeo -aliado político tradicional del PAN- observó que en la UE están "comprometidos a hacer todo lo posible para que esa violencia contra un ciudadano europeo sea castigada". Y dirigiéndose a Negrín enfatizó que si bien en la UE "hay voluntad de colaborar" para esclarecer el caso, se espera "más que bellas palabras" de las autoridades mexicanas.
El abogado Peña intervino. Solicitó a Negrín que se comprometiera ante los eurodiputados a aplicar tres medidas concretas: proteger a los testigos y sobrevivientes, investigar el ataque del 27 de abril a la caravana y las relaciones de la Ubisort con el gobierno de Ulises Ruiz, y permitirle a él colaborar directamente con la PGR en las investigaciones.
Evasivo, Negrín respondió que él sólo tenía el encargo de transmitir la "apertura de la PGR en las investigaciones", pero que comunicaría su solicitud a la Secretaría de Gobernación y a la PGR. Luego aprovechó el foro para menospreciar las críticas europeas: según él, "hay muchas cosas de Oaxaca muy complejas para entender" y "una sesión de una hora no es suficiente para explicarlas".
Cerró la audiencia el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, quien se apartó del tema y comentó que la UE "debe apoyar a Calderón y celebrar las buenas noticias que se han producido recientemente, como la detención de varios capos del narcotráfico"...
Foto: ARCHIVO NOTICIAS/MARIO JIMÉNEZ LEYVA
MARCO APPEL/proceso
Impedirán maestros pacto entre Gabino y Ulises Ruiz
Sayra Cruz
[01:19] Mientras representantes de la Sección 22 del SNTE rechazaron la llegada de los diputados en la LXI Legislatura, en su asamblea estatal del fin de semana, los delegados advirtieron que vigilarán con “lupa” que el gobernador electo Gabino Cué no pacte con el actual mandatario Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con el secretario de prensa y propaganda, Gabriel Melitón Santiago, confirmaron la marcha masiva del 25 de noviembre que partirá del crucero de Viguera al Zócalo a las 10:00 cuyo objetivo es recriminar el desalojo del 2006.
Asimismo, para el 1 de diciembre acordaron otra movilización masiva, cuya convocatoria que se emitirá en los días próximos traerá la modalidad y el horario a partir, esto con el objetivo de protestas hasta el último día del mandato de Ruiz Ortiz.
El vocero indicó que con esto, se mostrará que el magisterio no “pactará” con ningún gobierno en turno, y le advirtió al electo en que estarán vigilantes a fin de conocer su postura hacia la lucha social y magisterial.
“Además seremos vigilantes para que no pacte con Ulises Ruiz Ortiz, quien sin duda buscará impunidad luego de los errores cometidos en su administración y la represión al pueblo de Oaxaca”, aseguró.
Por eso, los contingentes del magisterio estarán atentos para participar en las manifestaciones, así como en todo acto de protesta.
Cabe recordar que en la instalación formal de la LXI Legislatura, representantes del sector de Valles Centrales arribó a la sede ubicada en San Raymundo Jalpan para exigir justicia y rechazar la “impunidad” que se vive en el estado.
El representante del sector Ciudad, José Luis García Henestrosa sostuvo que la acción se determinó en consenso con este sector para mostrar la postura democrática de este sector.
En tanto, en su plan de acción tienen actividades para esta semana ya que del 12 al 14 celebraron asambleas comunitarias con pueblos, barrios y colonias, rumbo a la convención estatal.
Los días 18 y 19 su Convención Democrática Estatal; del 19 al 21 su segundo Congreso Nacional Constituyente, y el 22 ronda de asambleas delegacionales.
Sayra Cruz
[01:19] Mientras representantes de la Sección 22 del SNTE rechazaron la llegada de los diputados en la LXI Legislatura, en su asamblea estatal del fin de semana, los delegados advirtieron que vigilarán con “lupa” que el gobernador electo Gabino Cué no pacte con el actual mandatario Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con el secretario de prensa y propaganda, Gabriel Melitón Santiago, confirmaron la marcha masiva del 25 de noviembre que partirá del crucero de Viguera al Zócalo a las 10:00 cuyo objetivo es recriminar el desalojo del 2006.
Asimismo, para el 1 de diciembre acordaron otra movilización masiva, cuya convocatoria que se emitirá en los días próximos traerá la modalidad y el horario a partir, esto con el objetivo de protestas hasta el último día del mandato de Ruiz Ortiz.
El vocero indicó que con esto, se mostrará que el magisterio no “pactará” con ningún gobierno en turno, y le advirtió al electo en que estarán vigilantes a fin de conocer su postura hacia la lucha social y magisterial.
“Además seremos vigilantes para que no pacte con Ulises Ruiz Ortiz, quien sin duda buscará impunidad luego de los errores cometidos en su administración y la represión al pueblo de Oaxaca”, aseguró.
Por eso, los contingentes del magisterio estarán atentos para participar en las manifestaciones, así como en todo acto de protesta.
Cabe recordar que en la instalación formal de la LXI Legislatura, representantes del sector de Valles Centrales arribó a la sede ubicada en San Raymundo Jalpan para exigir justicia y rechazar la “impunidad” que se vive en el estado.
El representante del sector Ciudad, José Luis García Henestrosa sostuvo que la acción se determinó en consenso con este sector para mostrar la postura democrática de este sector.
En tanto, en su plan de acción tienen actividades para esta semana ya que del 12 al 14 celebraron asambleas comunitarias con pueblos, barrios y colonias, rumbo a la convención estatal.
Los días 18 y 19 su Convención Democrática Estatal; del 19 al 21 su segundo Congreso Nacional Constituyente, y el 22 ronda de asambleas delegacionales.
Incendian alcaldía en Oaxaca
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 15 de noviembre de 2010, p. 29
Oaxaca, Oax., 14 de noviembre. Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) incendiaron la tarde de este domingo el palacio municipal de Santiago Laollaga –en el istmo de Tehuantepec– luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó los resultados en las elecciones del 4 de julio, en las cuales triunfó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, dijo que los perredistas –encabezados por el ex secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y fundador de la sección 59, Humberto Alcalá Betanzos– bloqueaban desde hacía varios días la supercarretera a Ciudad Ixtepec, en rechazo a los resultados.
Explicó que los militantes del sol azteca recurrieron en primera instancia al Tribunal Estatal Electoral y posteriormente al TEPJF por considerar que hubo fraude.
Añadió que los perredistas dejaron el bloqueo y se dirigieron al palacio municipal de Santiago Laollaga –que estaba vacío– para incendiarlo.
La Policía Estatal Preventiva llegó cuando los manifestantes ya se habían retirado. Peritos y agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones.
Golpea secuestro a los istmeños: A. Solalinde
Sayra Cruz
[07:41] En la región del Istmo, el secuestro atosiga a comerciantes y todo tipo de profesionistas, incluyendo a las personas pobres, alertó el defensor de los Derechos Humanos, Alejandro Solalinde Guerra.
En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Javier Rueda Velásquez informó que en este año han sido detenidos 196 secuestradores en Oaxaca.
“En el Istmo, policías y ex policías están inmersos en la industria del crimen organizado; las personas de la región los pueden identificar: saben quiénes son”, expresó el sacerdote católico.
Solalinde Guerra, dijo que en la gran mayoría de casos, los plagios no se hacen público, no se denuncian por terror, “hay miedo; en los últimos meses se ha acentuado el pánico al aumentar el número de secuestros”.
E0l encargado del albergue “Hermanos del Camino”, y defensor de los derechos de los migrantes centroamericanos, expresó que los secuestros se registran en mayor medida en Juchitán, Salina Cruz, pero también en comunidades pequeñas como San Pedro Comitancillo.
“Ahí una persona, pobre, la levantaron; no se necesita ser rico para que puedas ser secuestrado; hay miedo y mientras exista el miedo no se cambiará nada”, precisó el clérigo.
“No paran los secuestros en el Istmo; es un calvario que viven los comerciantes desde hace dos años”, agregó.
Desalienta a la sociedad la falta de cumplimiento en la ley. “Está desatada la inseguridad a causa de bajos sueldos de los policías, del sistema de justicia que no ofrece mayores beneficios a sus empleados y provoca la corrupción”.
“Los encargados de dar protección a la sociedad son los que participan en eso. Ojalá con la nueva administración se dé una capacitación, que logren impartir valores y mejores sueldos para que se termine con este cáncer”, sostuvo.
Para Solalinde, se requiere de un cambio profundo en los cuerpos de seguridad. “Los mismos judiciales deben tener un trabajo a la buena y no delinquiendo”.
Y es que, de acuerdo con su experiencia, los Ministerios Públicos no gozan de buenos salarios y en sus oficinas no tienen material para desarrollar su trabajo. “No hay ni papeles, por eso, ante la falta de recursos los ha envilecido el mismo sistema”.
Consideró que Oaxaca es un estado que no protege a los ciudadanos que están produciendo, y es una situación triste que se vive en la región del Istmo en los últimos dos años agravándose en los últimos meses.
Los comerciantes son personas que apoyan al fisco, a la economía del estado. No se vale que los secuestren, porque estaremos acabando con las fuentes de empleo, sostuvo.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Velásquez informó que se resolvieron diversos casos y se detuvieron a 196 secuestradores. “Es una cifra nada despreciable, y se trabaja de manera muy intensa en ese sentido”, dijo. La cuestión es que nos dejen intervenir porque muchas veces los familiares de los secuestrados no lo permiten, aseguró.
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70 años de cárcel a plagiarios
El pasado 7 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la primera Ley Antisecuestro en México, la cual establece sanciones de hasta 70 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas.
Además establece atribuciones a la Federación y municipios, así como sanciones severas a policías y funcionarios que formen parte de las bandas.
La nueva ley, que previamente fue avalada por el Senado, establece que las penas se incrementarán de veinticinco a cincuenta años de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima; durante el cautiverio se lesione a la víctima.
En tribuna, el diputado del PRI, Josué Valdés Huezo expuso que la misma penalidad si durante el secuestro la víctima haya sido torturada o violada; que durante el cautiverio la víctima muera por alteración de su salud debido al secuestro.
Argumentó que prácticamente se federaliza el combate al delito del secuestro, ya que la PGR tendrá la atribución de investigar los casos en que participen más de tres personas, es decir se considerará delincuencia organizada.
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En el resto de los casos como el exprés y otros plagios donde no intervengan bandas organizadas, las investigaciones las llevarán a cabo las procuradurías estatales, precisó.
Asimismo es una virtual cadena perpetua para los secuestradores que asesinen a sus víctimas, ya que un delincuente que ingrese al penal por ello, que en promedio tenga 20 años de edad, saldría cuando tenga 90 años de edad, al no tener ningún beneficio de preliberación o por edad avanzada.
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 15 de noviembre de 2010, p. 29
Oaxaca, Oax., 14 de noviembre. Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) incendiaron la tarde de este domingo el palacio municipal de Santiago Laollaga –en el istmo de Tehuantepec– luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó los resultados en las elecciones del 4 de julio, en las cuales triunfó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, dijo que los perredistas –encabezados por el ex secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y fundador de la sección 59, Humberto Alcalá Betanzos– bloqueaban desde hacía varios días la supercarretera a Ciudad Ixtepec, en rechazo a los resultados.
Explicó que los militantes del sol azteca recurrieron en primera instancia al Tribunal Estatal Electoral y posteriormente al TEPJF por considerar que hubo fraude.
Añadió que los perredistas dejaron el bloqueo y se dirigieron al palacio municipal de Santiago Laollaga –que estaba vacío– para incendiarlo.
La Policía Estatal Preventiva llegó cuando los manifestantes ya se habían retirado. Peritos y agentes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones.
Golpea secuestro a los istmeños: A. Solalinde
Sayra Cruz
[07:41] En la región del Istmo, el secuestro atosiga a comerciantes y todo tipo de profesionistas, incluyendo a las personas pobres, alertó el defensor de los Derechos Humanos, Alejandro Solalinde Guerra.
En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Javier Rueda Velásquez informó que en este año han sido detenidos 196 secuestradores en Oaxaca.
“En el Istmo, policías y ex policías están inmersos en la industria del crimen organizado; las personas de la región los pueden identificar: saben quiénes son”, expresó el sacerdote católico.
Solalinde Guerra, dijo que en la gran mayoría de casos, los plagios no se hacen público, no se denuncian por terror, “hay miedo; en los últimos meses se ha acentuado el pánico al aumentar el número de secuestros”.
E0l encargado del albergue “Hermanos del Camino”, y defensor de los derechos de los migrantes centroamericanos, expresó que los secuestros se registran en mayor medida en Juchitán, Salina Cruz, pero también en comunidades pequeñas como San Pedro Comitancillo.
“Ahí una persona, pobre, la levantaron; no se necesita ser rico para que puedas ser secuestrado; hay miedo y mientras exista el miedo no se cambiará nada”, precisó el clérigo.
“No paran los secuestros en el Istmo; es un calvario que viven los comerciantes desde hace dos años”, agregó.
Desalienta a la sociedad la falta de cumplimiento en la ley. “Está desatada la inseguridad a causa de bajos sueldos de los policías, del sistema de justicia que no ofrece mayores beneficios a sus empleados y provoca la corrupción”.
“Los encargados de dar protección a la sociedad son los que participan en eso. Ojalá con la nueva administración se dé una capacitación, que logren impartir valores y mejores sueldos para que se termine con este cáncer”, sostuvo.
Para Solalinde, se requiere de un cambio profundo en los cuerpos de seguridad. “Los mismos judiciales deben tener un trabajo a la buena y no delinquiendo”.
Y es que, de acuerdo con su experiencia, los Ministerios Públicos no gozan de buenos salarios y en sus oficinas no tienen material para desarrollar su trabajo. “No hay ni papeles, por eso, ante la falta de recursos los ha envilecido el mismo sistema”.
Consideró que Oaxaca es un estado que no protege a los ciudadanos que están produciendo, y es una situación triste que se vive en la región del Istmo en los últimos dos años agravándose en los últimos meses.
Los comerciantes son personas que apoyan al fisco, a la economía del estado. No se vale que los secuestren, porque estaremos acabando con las fuentes de empleo, sostuvo.
Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública, Javier Rueda Velásquez informó que se resolvieron diversos casos y se detuvieron a 196 secuestradores. “Es una cifra nada despreciable, y se trabaja de manera muy intensa en ese sentido”, dijo. La cuestión es que nos dejen intervenir porque muchas veces los familiares de los secuestrados no lo permiten, aseguró.
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70 años de cárcel a plagiarios
El pasado 7 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la primera Ley Antisecuestro en México, la cual establece sanciones de hasta 70 años de cárcel a los plagiarios que asesinen a sus víctimas.
Además establece atribuciones a la Federación y municipios, así como sanciones severas a policías y funcionarios que formen parte de las bandas.
La nueva ley, que previamente fue avalada por el Senado, establece que las penas se incrementarán de veinticinco a cincuenta años de prisión si los secuestradores fueron policías, militares o se ostenten como tales, tengan vínculos de parentesco o amistad con la víctima; durante el cautiverio se lesione a la víctima.
En tribuna, el diputado del PRI, Josué Valdés Huezo expuso que la misma penalidad si durante el secuestro la víctima haya sido torturada o violada; que durante el cautiverio la víctima muera por alteración de su salud debido al secuestro.
Argumentó que prácticamente se federaliza el combate al delito del secuestro, ya que la PGR tendrá la atribución de investigar los casos en que participen más de tres personas, es decir se considerará delincuencia organizada.
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En el resto de los casos como el exprés y otros plagios donde no intervengan bandas organizadas, las investigaciones las llevarán a cabo las procuradurías estatales, precisó.
Asimismo es una virtual cadena perpetua para los secuestradores que asesinen a sus víctimas, ya que un delincuente que ingrese al penal por ello, que en promedio tenga 20 años de edad, saldría cuando tenga 90 años de edad, al no tener ningún beneficio de preliberación o por edad avanzada.
