INSTITUCIONES PODRIDAS

Chihuahua: muerte y opacidad
JOHN M. ACKERMAN

De las más de 10 mil ejecuciones perpetradas en 2010 en el país, casi 3 mil han tenido lugar en el estado de Chihuahua. De éstas, más de 2 mil se han suscitado en Ciudad Juárez, hoy una de las ciudades más violentas del mundo. Las recientes recriminaciones entre la ex procuradora de Chihuahua Patricia González y el ex alcalde juarense José Reyes Ferriz demuestran que en ese estado las instituciones públicas están podridas hasta la médula. La derrota de las fuerzas militares y el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez a partir de la llegada de la Policía Federal evidencian la profunda debilidad de las autoridades federales.
Si no se toman acciones definitivas para corregir el rumbo, Ciudad Juárez podría llegar a ser el espejo de todo el país. El título del programa gubernamental Todos somos Juárez supuestamente expresa la solidaridad de México con los juarenses, pero igual podría llegar a simbolizar que todo México siga el ejemplo de esta ciudad bañada de sangre.
La única esperanza reside en la construcción de un movimiento ciudadano combativo y crítico que vigile y denuncie a las autoridades públicas corruptas e ineptas. La participación ciudadana bien portada y respetuosa, que tanto gusta al gobierno y a Televisa, simplemente no es suficiente frente a esta desbordada situación.
Afortunadamente, el valiente ejemplo de Luz María Dávila, madre de uno de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, quien declaró a Calderón persona no grata en tierras juarenses, empieza a contagiar a la sociedad entera. Los jóvenes han tomado el estandarte en días recientes por medio de la organización del movimiento Si nos dan a un@, nos dan a tod@s y las Kaminatas contra la muerte, que demandan la salida del Ejército y la Policía Federal, así como la investigación de los numerosos ataques a los derechos humanos y a la integridad física de periodistas y luchadores sociales.
En contraste, el gobierno estatal hace todo lo posible por cerrar el acceso ciudadano a la información que permitiría una contraloría social efectiva. El 29 de septiembre, unos días antes de que el gobernador José Reyes Baeza culminara su mandato, el PRI logró imponer una peligrosa contrarreforma a la ley de transparencia local, que contiene un rosario de violaciones al artículo sexto de la Constitución federal. Ello podría convertir esta ley en una de las peores del país, cuando hoy, al menos en la letra, es una de las más avanzadas.
Claudia Alonso, la consejera más destacada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), ha denunciado que la reforma reduce de manera drástica el universo de entidades del sector privado que estarían sujetas a la ley. Antes, cualquier persona física o moral que ejerciera una función pública era sujeto obligado de la ley. A partir de la reforma únicamente lo serían quienes reciban recursos públicos en los términos de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada. Esta restricción es particularmente grave dada la inminente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas que a escala federal autoriza la subrogación generalizada de casi cualquier servicio público.
Otro grave retroceso radica en la nueva definición de información veraz. Mientras la Real Academia define este concepto como algo que dice, usa o profesa siempre la verdad, el nuevo texto legal define información con esta característica como la que corresponde a la que realmente posee el sujeto obligado. Así, de un plumazo, se convierte una ley que debe proporcionar información verdadera a la ciudadanía a una norma que únicamente permite el acceso a los documentos burocráticos que realmente poseen las entidades gubernamentales. Se abre la puerta a un estratosférico aumento de declaraciones de inexistencia de documentos.
La reforma también elimina la obligación del gobierno de siempre desglosar la información por género; burocratiza y retrasa el proceso de contestación de las solicitudes y de resolución de los recursos de impugnación, e introduce nuevas causales para desechar solicitudes, por ejemplo, cuando sean ofensivas. Las modificaciones centralizan la gestión interna del Ichitaip al restar facultades al Consejo General y entregarlas al consejero presidente y el secretario ejecutivo. Elimina también la prohibición de que personas que hayan ocupado puestos de elección popular sean consejeros.
De manera absurda y antijurídica, la reforma requiere que las argumentaciones de las resoluciones del instituto sean breves y que los consejeros disidentes redacten sus votos particulares en apenas 24 horas, atendiéndose únicamente al principio de sencillez. Asimismo, elimina la obligación del Poder Judicial de publicar de oficio todas las resoluciones que hayan causado estado y del Instituto Electoral de publicar todas las quejas resueltas por violaciones a la ley electoral. Ahora, las autoridades solamente tendrán que subir a la Internet una estadística de las resoluciones y una relación de las quejas.
El nuevo gobernador, César Duarte, todavía cuenta con ocho días para publicar el decreto o, en su caso, emitir observaciones y devolverlo al Congreso local. Esta semana tendrá lugar un importante foro sobre el tema organizado por Francisca Jiménez y el Observatorio para el Acceso a la Información Pública de Chihuahua (www.grupobserva.org/), en el cual una amplia diversidad de voces exigirá al gobernador que tome la decisión correcta. El país entero estará muy atento a su decisión.
A Dan Lund, ejemplo de lucidez y compromiso, in memoriam.

Las izquierdas y las autonomías
GUSTAVO ESTEVA
En el discurso político y académico actual se alude con frecuencia a la relación entre izquierda y autonomía. En general, se da por sentado que estos dos términos son enteramente compatibles entre sí, sin tomar en cuenta que, para ciertas izquierdas, ciertas autonomías son inaceptables. Y a la inversa…
Lo ocurrido en San Andrés en 1996 puede contribuir a esclarecer el asunto, cada vez más importante en la lucha política actual.
En la primera reunión de los dirigentes zapatistas con los asesores que invitaron para sus negociaciones con el gobierno se les preguntó por su noción de autonomía. Tenemos una concepción que aplicamos cotidianamente en nuestras comunidades, respondieron. Pero sabemos que no es la única ni necesariamente la mejor. Los hemos invitado para descubrir la noción de autonomía que represente el consenso de los pueblos indios de todo el país, que es la que negociaremos. Los zapatistas confirmaron esta actitud en el Foro Nacional Indígena que convocaron. Tras escuchar la posición de los pueblos indios, la llevaron a la mesa de negociación.
No todos los asesores admitieron la postura consensuada. Algunos expresaron en público y en privado su desacuerdo con los acuerdos de San Andrés, porque según ellos no se habrían ajustado a las demandas históricas de los pueblos indios. Por ejemplo, al escribir para la Revista del Senado de la República Héctor Díaz Polanco señaló que lo acordado no era realmente autonomía porque no estipulaba lo que según él la definía: base territorial, un gobierno autónomo definido como un orden de gobierno específico, constitutivo del sistema de poderes verticales que conforma la organización del Estado y competencias que configuraran la descentralización política consustancial a todo régimen autonómico (vol. 2, núm. 2, p.109).
Diversas izquierdas y derechas coinciden con ese punto de vista. Es la autonomía que se reconoce a Madrid: una forma de descentralización de los poderes estatales. Pero no fue esto lo que se pactó en San Andrés. No es la autonomía que exigieron los pueblos indios. Los acuerdos comprometieron una reforma profunda del Estado mexicano, que fuera expresión de un nuevo pacto social que fundara una nueva relación entre los pueblos indios y el Estado. Al reconocerlos como tales, podrían ejercer su libre determinación y sus formas propias de gobierno en tanto entidades de derecho público, como los estados de la Federación. Sus prácticas políticas y sociales no serían formas descentralizadas de administrar poderes verticales del Estado, como quiere aquella posición, sino expresión realmente autónoma de la voluntad soberana de los pueblos indios, en un régimen jurídicamente pluralista.
Así torció la puerca el rabo. En vez de lo acordado en San Andrés, los poderes del Estado produjeron una contrarreforma que disolvió en retórica vacía lo acordado. Sin la legislación pactada, los zapatistas y muchos pueblos indios tuvieron que seguir practicando su autonomía de hecho. Continúan demostrando que pueden y quieren ejercerla sin desgarrar la nación ni someterse a los poderes verticales del Estado.
Tal autonomía puede igualmente aplicarse a los pueblos, a los sindicatos, a los grupos sociales, a los grupos campesinos, a los gobiernos de los estados o a los estados que son nominalmente libres y soberanos dentro de la Federación, como aclararon los zapatistas desde mayo de 1994. Lejos de pretender imponer esa noción a otros, buscaban crear un espacio político en que la gente misma, no un líder carismático, un académico, una vanguardia o un partido que pretendiesen hablar en su nombre, pudiera discutir éstas y otras propuestas y llevarlas a la práctica.
En ese proceso seguimos: en la activa creación de ese espacio político, cada vez más amplio y consolidado en la base social, mientras arriba sigue la bulla vacía... que opera como cortina de humo para disimular la agresión constante a los empeños populares, particularmente aquellos que se manifiestan como ejercicios autonómicos.
En Chiapas persiste una agresión incesante, con creciente violencia, contra la rebelde autonomía zapatista. En Oaxaca continúa la violación cotidiana de esfuerzos semejantes. Las reformas conquistadas en 1998 captaron el espíritu de San Andrés al plasmarse en la Constitución del estado que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía. Como “partes integrantes del estado de Oaxaca…tienen personalidad jurídica de derecho público… La ley reglamentaria establecerá las normas… que aseguren el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas para: su organización social y política… sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios…” Nada de esto respetan los poderes constituidos, que siguen viendo la autonomía como algo ajeno a los usos y costumbres de los pueblos oaxaqueños, según acaba de declarar el gobernador electo.

Los recursos naturales pertenecen a la nación
IVÁN RESTREPO

Lo sabe un estudiante del primer semestre de derecho: el artículo 27 de nuestra Constitución establece que los recursos naturales pertenecen a la nación. Y de manera muy clara, desde el 18 de marzo de 1938, todo lo relativo al petróleo.
Quizás porque es fácil pescar a río revuelto, la Gulf Petroleum imaginó que podría explorar y explotar hidrocarburos en las 200 millas mar adentro que conforman la zona económica exclusiva del país. Para ello solicitó el permiso correspondiente a la Secretaría de Energía, alegando que constitucionalmente no se precisa la propiedad de la nación sobre la riqueza petrolera existente en dicha zona. Le fue negado. La trasnacional se amparó. El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que paró en seco el intento de la trasnacional.
Por sorpresas no paramos: Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó cinco áreas de 10 mil kilómetros cuadrados al norte de Veracruz a cinco empresas estadunidenses a fin de que desempeñen tareas de investigación y desarrollo de campos productores de petróleo considerados muy complejos.
Por medio de estos trabajos la paraestatal espera mejorar los sistemas de exploración y explotación en dichos campos, algo urgente y necesario pues, como se sabe, las reservas probadas de petróleo se agotan día a día y es necesario restituirlas lo más pronto.
En un sexenio donde los asuntos de gobierno van de la mano de los intereses empresariales, no debe extrañar que sean trasnacionales las que se encarguen de tal labor (cuestionada legalmente), cuando debía estar a cargo de quienes trabajan en la propia Pemex o en el Instituto Mexicano del Petróleo. Tampoco, que no se guarden ni siquiera las formas: entre las empresas que efectuarán esas tareas en campos petroleros muy complejos figuran dos que tienen problemas en Estados Unidos: Halliburton (la dirigió por años el halcón Dick Cheney, anterior vicepresidente del vecino país) y Transocean, implicadas en el accidente del pozo Macondo, de la British Petroleum, en abril pasado. Se derramaron casi 800 millones de litros de hidrocarburo. Ambas trasnacionales tienen un historial nada recomendable y son investigadas por las autoridades del vecino país.
En previsión de posibles accidentes, Pemex coordina con la Secretaría de Marina un plan para enfrentar con prontitud y eficiencia los problemas que pueda traer un derrame de hidrocarburo en aguas marinas, y muy especialmente en las profundas.
En este plan interviene también Estados Unidos, con el que compartimos la mayor parte de la riqueza petrolera existente en aguas del Golfo de México. El otro es Cuba. Nada mejor que la cooperación internacional para evitar allí otra tragedia. Y mucho más si nos atenemos a las revelaciones que hizo la administradora de la Agencia Ambiental de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lisa P. Jackson, durante la última sesión del Consejo de la Comisión de Cooperación Ambiental, del que hacen parte los secretarios del medio ambiente de México y Canadá.
De la tragedia reciente estamos preparados para aprender, expresó la señora Jackson, al referirse al derrame del pozo Macondo y a que se desconoce la totalidad de las emisiones contaminantes generadas por la industria petrolera en los tres países integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Estados Unidos y Canadá las petroleras no están obligadas a reportarlas en actividades de exploración. Tampoco rinden cuentas al gobierno sobre la materia. Una de las grandes tareas de la administración Obama se dirige precisamente a obligarlas a que lo hagan, tarea nada fácil luego de la reciente derrota legislativa de los demócratas.
Pero las trasnacionales buscan utilidades donde sea y con quien sea. Como en Rusia, donde la British Petroleum mandó a quien la dirigía cuando la tragedia del pozo Macondo en el Golfo de México: Tony Hayward, ya participa en nombre de la empresa angloestadunidense en los planes de exploración y explotación de petróleo y gas de los gigantes rusos TNK y la paraestatal Rosneft. Tiene la bendición del señor Vladimir Putin y su camarilla. Su proyecto más ambicioso y peligroso: explotar el Ártico. ¡Lo que nos espera!

El PRI y la trampa de Calderón
Jesusa Cervantes

MEXICO, D.F., 12 de noviembre (apro).- Los diferendos en el PRI sobre el combate al narcotráfico afloraron en la discusión del Presupuesto para el próximo año, así como la demanda de 13 mil millones de pesos que el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, solicitó para la creación de 18 batallones.
Con el pretexto de que la mayoría de los legisladores priistas quiere ofrecer en sus estados proyectos carreteros y que el sector campesino demandaba 300 mil millones de pesos, de manera oficial se decidió eliminar el dinero que solicitó el general Galván.
Así, todo el trabajo de cabildeo que realizó durante más de dos meses Ardelio Vargas, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional y el trabajo de consenso que logró el propio Galván, fue anulado de un plumazo.
Sin embargo, la Sedena no se quedará sin recursos. Si Felipe Calderón mantiene su estrategia de acabar con el crimen organizado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tiene que entregar los recursos solicitados.
Y ese parece haber sido el acuerdo que Calderón hizo con Galván: seguirlo apoyando, pero fuera del presupuesto.
Para sustentar lo anterior, basta recordar que hace 15 días, elementos del Ejército afinaron la creación de los batallones que atacarán el crimen organizado en zonas urbanas.
El 29 de septiembre, Galván pidió a los legisladores un presupuesto adicional de 10 mil millones de pesos. La Comisión de Defensa Nacional fue magnánima con él: autorizó un recurso adicional por 13 mil 900 millones de pesos.
El dinero es para la creación de 18 batallones con 600 elementos cada uno, los cuales se instalarán en “zonas de alta delincuencia y podrían actuar directamente en la zona norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila”, se indica en un documento de la Sedena.
Además, en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, “donde hay muchas bandas extorsionando y en crecimiento”, y en Chihuahua y Durango, “donde es el mayor número de ejecuciones y extorsiones a la ciudadanía”.
Tambbién se piensa instalar batallones en el sur de Veracruz y en Tabasco “en las zonas rurales, donde incluso actúan `maras` y gente de otros estados”, y en Nayarit, Jalisco y Zacatecas, “donde hay nuevas luchas entre grupos de delincuentes”.
Finalmente, en Guerrero, Michoacán y sur del estado de México, “también son afectados por grupos delincuenciales que buscan asentarse en la región”.
De acuerdo con el Ejército, estas unidades son necesarias para “terminar de acotar y capturar a los delincuentes en las áreas y ciudades presas de la delincuencia. Serán de rápido despliegue y acción a corto plazo”.
En su justificación, el Ejército establece que los militares tienen una gran carga de trabajo. Sostienen que antes actuaban en las sierras contra la siembra y trafico de drogas, “y ahora se patrulla en ciudades y poblados de zonas conflictivas, donde los delincuentes amenazan a autoridades y policías municipales”.
Pero además, esos mismos elementos que combaten el narcotráfico tienen que ayudar cuando se declara el Plan DN-III en los estados afectados por los huracanes.
Galván aceptó hacer público su no aceptación del dinero que, dicho sea de paso, fue solicitado con conocimiento y autorización de Felipe Calderón.
Sin embargo los diferendos al interior del PRI hicieron que Calderón obligara Galván a recular. A cambio, le dará el dinero fuera del presupuesto y, hasta donde se sabe, se le entregará al Ejército 9 mil 750 millones de pesos, suficientes para armar los 18 batallones, la compra de los terreros donde se instalarán, la adquisición de armamento y la compra de cuando menos 20 aparatos escáner, que detectan armas, droga, personas o dinero del crimen organizado.
Con esta maniobra, Calderón queda bien con el PRI y con las Fuerzas Armadas y, de paso, hace pensar a la opinión pública que el PRI abandonó al Ejército dándole con esto un golpe con efecto electoral.