HECHOS DEL PADRINO DE PEÑA NIETO

03/11/2010

Salinas y Negroponte: negociaciones non santas
Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 2 de noviembre (apro).- El pasado martes 26 de octubre, durante su participación en la “cumbre de negocios” organizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en Toluca, el exembajador de Estados Unidos en México, John Dimitri Negroponte, sorprendió a todos con una revelación que pasó desapercibida en los medios televisivos, pero no en algunos medios impresos, como La Jornada.
Negroponte rememoró que durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), fue el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quien ofreció a la contraparte de Estados Unidos abrir el sector energético, especialmente la explotación de hidrocarburos, a la inversión externa.
“Hubo una conversación en San Diego. El presidente Salinas dijo: ‘¿Por qué no incluimos, o permitimos como parte del TLC, inversión extranjera en el sector energético?’”, relató Negroponte, un diplomático con fama de duro, considerado procónsul de Estados Unidos durante la guerra en Centroamérica y hombre clave del gobierno de George W. Bush entre 1989 y 1993.
“Herminio Blanco estaba presente y él se acuerda muy bien de esta historia”, abundó Negroponte durante su estancia en México, según la nota firmada por Roberto González Amador. En esa misma conferencia, el exembajador, perteneciente a la corriente de Henry Kissinger, afirmó que después del ofrecimiento de Salinas, él intervino para explicarle a Bush “las dificultades políticas para cambiar o modificar su política energética”.
Le dije que “incluso hay una festividad que recuerda la expropiación petrolera y que era una cuestión muy seria que se pensara incluir este tema; no había las condiciones políticas necesarias y la producción petrolera de México en ese momento era alta”.
Evidentemente, Negroponte se colocó en el papel de héroe en la historia, pero la revelación constituyó un golpe al corazón y a la imagen de nacionalista y “liberal-social” que el expresidente pretende ahora promover, en contraposición con los “neoliberales”.
Por supuesto, Salinas no podía dejar pasar el golpe. El pasado viernes 29 de octubre, la enigmática “oficina del licenciado Carlos Salinas de Gortari” envió a La Jornada una carta de “aclaración” para negar la revelación de Negroponte. Y para rechazar el dicho del exembajador, el exmandatario ¡se cita a sí mismo!
Es decir, remite a las páginas de su libro México, un paso difícil a la modernidad, el extenso mamotreto donde Salinas se presenta como un héroe de sí mismo.
Lo más divertido de la aclaración de Salinas es que repite el mismo método que utilizó para desacreditar a su antecesor, Miguel de la Madrid, a quien acusó de tener lagunas mentales y demencia senil. Con su peculiar estilo insidioso, “la oficina del licenciado Carlos Salinas” afirma en su carta:
“Cabe destacar que a raíz de este incidente (el secuestro del médico Álvarez Machain, vinculado al caso de Enrique Camarena, exagente asesinado de la DEA), el señor Negroponte, presente en la reunión, se vio imposibilitado de rendir una explicación satisfactoria tanto a su jefe como al gobierno mexicano; se vio también en una situación en la cual no pudo argumentar su posición, dada la energía que el presidente Salinas y su equipo demostró en las negociaciones, por lo cual quizá guardó un resentimiento por 20 años, que lamentablemente ahora está sacando a la luz con una versión distorsionada de la realidad, producto tal vez de su deficiente memoria, de su molestia, o de ambas cosas”.
En otras palabras, Negroponte habla por resentido o por desmemoriado. Y trata de manchar la “enérgica” posición de Salinas y su equipo durante las negociaciones del TLCAN.
El reportero Roberto González Amador aclara en su respuesta que el suceso relatado por Negroponte no fue en 1993, sino durante la reunión que Bush y Salinas sostuvieron en San Diego, en 1990. En esa época, el llamado “espíritu de Houston” predominaba en las relaciones bilaterales. Salinas se sintió arropado por el gobierno republicano y emprendió las negociaciones del TLCAN.
El diferendo entre Negroponte y Salinas no es menor. El único que podría terciar en esta polémica sería Herminio Blanco, negociador del TLCAN, o el propio George W. Bush.
Lo más probable es que, conociendo el método salinista de polemizar, el señor Blanco se “enferme” durante una buena temporada y guarde silencio, ya que difícilmente Bush padre hablará en torno a este sucesos.
Sin embargo, Salinas no se enfrenta a un enemigo menor. Negroponte es un hombre vinculado a los organismos de inteligencia norteamericanos, es un espía experimentado en guardar secretos, papeles, memorándums y otro tipo de juguetitos.
¿Por qué decidió revelar ahora, 20 años después, este episodio?
Quizá porque a través de Negroponte está hablando una comunidad de la inteligencia norteamericana que no quiere ver el retorno de Salinas a la política y a los negocios mexicanos. No en balde, las palabras de Negroponte fueron pronunciadas en Toluca, el territorio del principal precandidato priista a la presidencia y “ahijado” o protegido político de Salinas.
Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Salinas tendrá que cuidarse más, porque su intento de resurrección popular ya tiene varios tropezones. Primero fue su antecesor y luego Fidel Castro quien, desde Cuba, revivió para recordar que Salinas intentó hacer negocios en la isla caribeña y fue el gestor de los videoescándalos en contra de Andrés Manuel López Obrador, en 2004.
La historia persigue a Salinas. Y ahora se le juntaron dos polos opuestos: Negroponte y Castro. Y ninguno de ellos es como Luis Téllez, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el mismo que tuvo que desdecirse en 2009, cuando se conoció una grabación en la que afirmó que Salinas “se robó la mitad de la partida secreta”.
Doctas barbaries
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA
Lo doctor no quita lo intolerante. En la historia de la represión por cuestiones religiosas abundan los casos de concienzudas lecturas de libros sacros que conducen a la persecución de los heterodoxos. En dos milenios de cristiandad hay una larga cadena de excesos impulsados por estudiosos de la Biblia, libro que tenían por continente de la revelación divina.
En el siglo IV la Iglesia cristiana pasa de ser fe perseguida a religión oficial del imperio romano. Al hecho se oponen algunos liderazgos y sus grupos, por considerar que esa simbiosis es contraria a las enseñanzas de Jesús. La unión Estado-Iglesia (católica en formación) es un parteaguas: por un lado el triunfalista poder político-poder eclesiástico; y por otro la Iglesia de creyentes, que subraya el carácter de adherencia voluntaria a las enseñanzas evangélicas y pertenencia a una comunidad confesante.
San Agustín, teólogo muy citado en ambientes ecuménicos por su frase In necesariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas (En lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, en todo amor), es quien desarrolla, a fines del siglo IV y principios del V, una teología de la persecución contra los donatistas, movimiento cristiano del norte de África. Por su lectura de dos parábolas de Jesús (la de la cizaña y el trigo, Mateo 13:24-30, y la del banquete, Lucas 14:15-24), Agustín concluye que es necesario erradicar la mala hierba del seno de la cristiandad y obligar a seguir las enseñanzas oficiales de la Iglesia católica a los renuentes a cumplirlas. Legitima el uso de la fuerza y la violencia para hacer volver al redil a los descarriados.
Entre los siglos V y XV son reprimidos sangrientamente los valdenses (seguidores de Pedro Valdo), los cátaros y albigenses (contra ellos se crea la Inquisición en 1233), Juan Wyclif y los lolardos (predicadores itinerantes que llamaban a retornar a la sencillez del Evangelio), Pedro Chelcicky y los hermanos checos. A todos se les acusa de herejes, y se desata contra ellos una persecución implacable. La base argumentativa contra los rebeldes no es otra que la desarrollada por San Agustín.
Los doctores católicos fueron muy prolíficos en el siglo XVI para construir teorías de la supremacía de su fe sobre las creencias de protestantes y pueblos considerados por ellos paganos. En el primer caso, en su reacción contra el movimiento desatado por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, al clavar sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg, se organizó una respuesta tanto teológica como persecutoria que gestaron la Contrarreforma. Ésta se caracterizó por un férreo control de la libre circulación de libros e ideas, así como por una política de aniquilación bárbara de los disidentes.
Con el Índice de libros prohibidos (Index librorum prohibitorum et expurgatorum), emitido en 1559, la Iglesia católica quiso expurgar la literatura herética y exigió el decomiso y destrucción de maléficas obras de, para ella, connotados heresiarcas. En México, en 1571, Pedro Moya de Contreras, inquisidor general de la Nueva España, hace circular un edicto prohibicionista titulado Contra la herética pravedad y apostasía en la gran Ciudad de Tenuxchxtitlan México y su arzobispado. En él se refiere a los libros sospechosos de criticar la fe católica en los siguientes términos: “Por ser como son, pozos públicos y fuentes perpetuas de ponzoña y raíces profundas de veneno con los herejes antiguos, especialmente los de estos tiempos, secuaces del malvado heresiarca Lutero…”.
Testimonios prohijados en el seno de las clandestinas comunidades protestantes españolas del siglo XVI trascendieron muy temprano y con detallados recuentos de las acciones persecutorias inquisitoriales. En una obra de 1567, firmada por Reginaldus Gonsalvius Montanus (seudónimo que según algunos estudiosos ocultaba la identidad de sus verdaderos autores: los protestantes Casiodoro de Reina –traductor de la Biblia al castellano– y Antonio del Corro), su título revela el modus operandi de la institución perseguidora por excelencia: Artes de la Santa Inquisición española.
El teólogo católico español Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), en la polémica que tiene en Valladolid (1550-1551) con Bartolomé de las Casas se pronuncia tajantemente por la conquista de los pueblos indios, y si en ella debe recurrirse a la violencia es por la negativa de los aborígenes a convertirse a la verdadera fe. Por cierto que en su intercambio con Las Casas, una y otra vez Ginés de Sepúlveda recurre al filósofo Aristóteles para demostrar la superioridad de la cultura hispana y la consecuente inferioridad natural de los indios del Nuevo Mundo. No vacila en defender la destrucción de los ídolos aztecas y sus códices y si es necesario quemarlos, como para él lo es. Al arrojar a las llamas los escritos de los indígenas se estará prestando, Ginés afirma, invaluable servicio a la cristianización de los salvajes.
En nuestros días la mentalidad inquisitorial sigue cosechando cultivadores de ella. Aunque sin la exposición de rebuscados y doctorales argumentos como los de personajes a que nos hemos referido, sino más bien con ideas reduccionistas y en extremo esquemáticas. Terry Jones, pastor de una pequeña iglesia en Gainesville, Florida, alcanzó notoriedad informativa global tras anunciar su intención, finalmente no cumplida, de quemar ejemplares del Corán cada 11 de septiembre en una especie de revancha por el atentado coordinado por integrantes de Al Qaeda que hizo añicos dos torres de Nueva York ese día en 2001.
En México tenemos connotados clérigos católicos que personifican el autoritarismo que rehúye la diversidad, al amparo de supuestas doctas disquisiciones y seguras barbaries que rinden culto al pensamiento único.

IFE: resolución pusilánime y contradictoria
Jesús Cantú

Los consejeros electorales, incluido el consejero presidente, consideraron que carecen de definiciones precisas para pronunciarse “con toda claridad respecto de cuáles son los elementos que con objetividad permitan definir la presencia de algún acto anticipado de precampaña, o bien de campaña”, pero siete de ellos estuvieron prestos para exonerar a Andrés Manuel López Obrador y al Partido del Trabajo ante la acusación de que incurrieron en esa falta.
En su sesión del viernes 22, los integrantes del Consejo, que abarca a los representantes de los partidos políticos y a los consejeros del Poder Legislativo, acordaron discutir en fecha próxima dichas definiciones y precisarlas para dar claridad a todos los actores políticos. Pero en lugar de posponer también hasta entonces la discusión del fondo de la queja, resolvieron exonerar a los demandados e, incluso, facultar al PT para determinar si reinicia o no la transmisión de los promocionales que dieron origen a la denuncia.
Únicamente la consejera Macarita Elizondo y el consejero Marco Antonio Gómez votaron en contra de la resolución, porque consideraron que “el ciudadano López Obrador (…) ha realizado actos tendientes a promover su imagen, de manera anticipada (…) con la participación del partido”. Por lo tanto, en el proyecto de resolución –precisó la consejera–, es “al partido político al que se le debe atribuir la promoción material de la imagen de un ciudadano, de manera anticipada, en espacios de radio y televisión”.
En la presentación del proyecto de resolución, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, planteó que los actos anticipados de precampaña o de campaña únicamente podían configurarse durante el desarrollo del proceso electoral, pues argumentó que la reforma de 2007 y 2008 no “quiso disminuir la libertad de los ciudadanos, los políticos o los partidos para expresar sus mensajes, propuestas e intenciones”.
Con lo anterior, prácticamente daba luz verde para que todos los aspirantes a puestos federales de elección popular realicen abiertamente campaña para posicionar su imagen, difundir sus plataformas electorales y promover sus candidaturas desde ese momento hasta algún día de la primera semana de octubre de 2011, que es cuando, de acuerdo con el Cofipe, inicia el proceso electoral federal.
Pero además mostró total desconocimiento de las tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, que en febrero de 2004 señaló que las leyes electorales, al establecer una fecha para el inicio de las precampañas y campañas electorales y sancionar su inobservancia con la posible pérdida del registro del precandidato o candidato, “no violentan los artículos 6, 7, 9 y 31, fracciones I, II y III constitucionales, en los que se consagran las garantías y prerrogativas que se traducen en libertad de expresión, escribir y publicar escritos, derecho de asociación, de votar y ser votado para ocupar un cargo de elección popular, así como de asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país. Lo anterior, ya que los artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, de la Constitución federal, establecen, entre otros, los principios de equidad y certeza, con el objeto de garantizar condiciones de equidad que propicien la participación de los partidos políticos en igualdad de condiciones”. (Tesis: P/J 3/2004.)
Los oradores que sucedieron a Edmundo Jacobo desmontaron dicho argumento. Primero fue el consejero Alfredo Figueroa, quien señaló: “Una cosa es que esta autoridad pueda entrar al fondo de un asunto cuando una de las hipótesis de la ley se establezca, y otra, que no pueda haber, antes de que inicie el proceso electoral, actos que (…) esta autoridad juzgue como actos anticipados de campaña o de precampaña”.
Después fue el mismo representante del PRD, Rafael Hernández, quien dijo: “Me preocupa un criterio legal que aquí se sugiere y que por cierto fue retomado en la presentación que hizo el secretario ejecutivo, que dice (…) que los actos anticipados de precampaña y de campaña están permitidos, todos los que realicen, los que quieran, hasta octubre de 2011. Hay que clarificar ese punto porque no es así”.
Otros dos criterios propuestos en el proyecto inicial y expuestos por Jacobo, que se desmontaron durante la sesión, fueron que en los promocionales de los partidos políticos no podían aparecer servidores públicos porque estaban sujetos a la prohibición establecida en el artículo 134 constitucional; y que por definición “el uso de las prerrogativas en radio y televisión no pueden, en modo alguno, generar inequidad” y, por lo mismo, nunca podrían considerarse actos anticipados de precampaña o campaña.
Esto fue lo que quedó claro. Pero lo que no pudo definirse en la mesa fue la distinción entre propaganda electoral y propaganda político-electoral, pues la segunda está expresamente prohibida fuera de los tiempos precisos marcados en el Cofipe para la realización de precampañas y campañas, que son respectivamente el 11 de diciembre de 2011 y el 30 de mayo del 2012. La definición de lo que se entiende por propaganda político-electoral también permitirá dilucidar en qué términos podrán aparecer los diversos personajes de la vida nacional en los promocionales que los partidos difunden en radio y televisión.
Tampoco pudo determinarse el momento en que la autoridad puede juzgar si hubo o no actos anticipados de precampaña o campaña, pues por las intervenciones parecía claro –entre los siete que apoyaron el proyecto– que no es sino hasta el proceso electoral “cuando hay un aspirante, cuando hay un precandidato o cuando hay un candidato”, pero finalmente aceptaron la petición del representante perredista de juzgarlo en esa fecha.
Y aunque se comprometieron a aprobar un acuerdo que identifique lo que considerarán como actos anticipados de precampaña y de campaña, no quedó claro si precisarán el término “campaña”, como solicitó el senador Pablo Gómez, para hacer la lista de los elementos de permanencia, sistematicidad, elementos visuales, auditivos, etcétera que, ligados a una persona o partido, permiten establecer que se trata de una campaña, pues ésta puede desarrollarse también fuera de los promocionales de un partido político e, inclusive, fuera de los medios de comunicación masiva, a través de actos masivos, reuniones públicas o la creación de organismos ex profeso para ello.
La falta de estas definiciones fundamentales para resolver la queja en cuestión no fue óbice para que siete de los nueve miembros del Consejo General con derecho a voto procedieran a exonerar a López Obrador y al Partido del Trabajo.
Nuevamente la realidad rebasó a los consejeros, y nuevamente éstos se aprestaron a exonerar, aunque ahora haya sido a AMLO y al PT; pero en el pasado hicieron otro tanto con Fox, Calderón, el Consejo Coordinador Empresarial y el PAN.
Los actores son diferentes, pero la actitud de los consejeros es la misma. Falta ver cuáles son las consecuencias de ello. Mientras tanto, no se puede ser optimista cuando es evidente que los atemoriza sancionar para hacer prevalecer el estado de derecho