LOS "LOGROS" DEL SATRAPA
3 nov 2010
Gobierno de Oaxaca, el más demandado ante la SCJN
En 4 años Ulises Ruiz acumuló 39 controversias constitucionales
Ocupa el primer lugar en impugnaciones de presidentes municipales
Fracasó intento de blindar a colaboradores contra revisión de cuentas
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 29
El gobierno de Oaxaca, encabezado por el mandatario priísta Ulises Ruiz, fue el más impugnado mediante controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2004 a 2008, según el registro actualizado del portal de estadística judicial @lex, con 39 demandas durante ese periodo.
Ruiz Ortiz, cuyo mandato termina en diciembre, fue el gobernador que más denuncias recibió de los municipios de la entidad (19) y del gobierno federal (20) por diversas violaciones a la Constitución.
El mandatario que ocupó el segundo lugar en controversias constitucionales en su contra fue el de Sonora, el también priísta Eduardo Bours Castelo, quien además estuvo bajo los reflectores cuando la SCJN investigó diversas violaciones graves de garantías relacionadas con el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, con 29 demandas.
Les sigue el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con 22 demandas.
Después de estas entidades aparecen, con 21 controversias, los estados de México, Jalisco y Morelos. En el periodo de referencia la única entidad que no fue demandada por esta vía fue Campeche.
De acuerdo con @lex, las controversias en contra del gobernador de Oaxaca fueron por: destitución de funcionarios (la gran mayoría municipales), con 23 quejas; discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios, con cinco demandas; revocación del mandato constitucional de funcionarios municipales, tres; acuerdos administrativos y justicia administrativa, un caso cada uno, y otras cuatro por distintos motivos.
De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, en la gran mayoría de los casos los ministros dieron la razón a los demandantes, lo que incluso permitió a la SCJN establecer tesis y criterios jurídicos en defensa de la autonomía e independencia de los municipios y en contra de la intromisión injustificada de los gobiernos locales en actividades propias de los ayuntamientos.
El fallo de la última controversia contra la administración de Ulises Ruiz no forma parte de la estadística mencionada y se dio a conocer la semana pasada, cuando la SCJN invalidó por acción de inconstitucionalidad un decreto de Ruiz Ortiz que reformaba y derogaba diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local y del Reglamento Interior del Congreso, que incluían una disposición que garantizaba al mandatario saliente que parte de su administración no fuera sometida a auditorías.
Además de haber sido el gobernador más impugnado por sus propios municipios, con 19 controversias, enfrentó una investigación de la Suprema Corte por los conflictos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de Oaxaca.
En octubre de 2009 se resolvió que Ulises Ruiz es responsable de violación grave de garantías individuales por los hechos de violencia e ingobernabilidad que tuvieron lugar en la ciudad de Oaxaca, y que el gobernador incurrió en violación grave de los derechos de acceso a la justicia, la integridad personal, a la vida, la libertad de expresión, a la educación, la propiedad, la paz y el acceso a la información.
Sin embargo, las demandas de juicio político en su contra fueron desechadas en su momento por las Cámaras de Diputados federal y el Congreso local.
En 4 años Ulises Ruiz acumuló 39 controversias constitucionales
Ocupa el primer lugar en impugnaciones de presidentes municipales
Fracasó intento de blindar a colaboradores contra revisión de cuentas
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de noviembre de 2010, p. 29
El gobierno de Oaxaca, encabezado por el mandatario priísta Ulises Ruiz, fue el más impugnado mediante controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2004 a 2008, según el registro actualizado del portal de estadística judicial @lex, con 39 demandas durante ese periodo.
Ruiz Ortiz, cuyo mandato termina en diciembre, fue el gobernador que más denuncias recibió de los municipios de la entidad (19) y del gobierno federal (20) por diversas violaciones a la Constitución.
El mandatario que ocupó el segundo lugar en controversias constitucionales en su contra fue el de Sonora, el también priísta Eduardo Bours Castelo, quien además estuvo bajo los reflectores cuando la SCJN investigó diversas violaciones graves de garantías relacionadas con el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, con 29 demandas.
Les sigue el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, con 22 demandas.
Después de estas entidades aparecen, con 21 controversias, los estados de México, Jalisco y Morelos. En el periodo de referencia la única entidad que no fue demandada por esta vía fue Campeche.
De acuerdo con @lex, las controversias en contra del gobernador de Oaxaca fueron por: destitución de funcionarios (la gran mayoría municipales), con 23 quejas; discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios, con cinco demandas; revocación del mandato constitucional de funcionarios municipales, tres; acuerdos administrativos y justicia administrativa, un caso cada uno, y otras cuatro por distintos motivos.
De acuerdo con funcionarios judiciales consultados, en la gran mayoría de los casos los ministros dieron la razón a los demandantes, lo que incluso permitió a la SCJN establecer tesis y criterios jurídicos en defensa de la autonomía e independencia de los municipios y en contra de la intromisión injustificada de los gobiernos locales en actividades propias de los ayuntamientos.
El fallo de la última controversia contra la administración de Ulises Ruiz no forma parte de la estadística mencionada y se dio a conocer la semana pasada, cuando la SCJN invalidó por acción de inconstitucionalidad un decreto de Ruiz Ortiz que reformaba y derogaba diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo local y del Reglamento Interior del Congreso, que incluían una disposición que garantizaba al mandatario saliente que parte de su administración no fuera sometida a auditorías.
Además de haber sido el gobernador más impugnado por sus propios municipios, con 19 controversias, enfrentó una investigación de la Suprema Corte por los conflictos ocurridos entre mayo de 2006 y enero de 2007 en la capital de Oaxaca.
En octubre de 2009 se resolvió que Ulises Ruiz es responsable de violación grave de garantías individuales por los hechos de violencia e ingobernabilidad que tuvieron lugar en la ciudad de Oaxaca, y que el gobernador incurrió en violación grave de los derechos de acceso a la justicia, la integridad personal, a la vida, la libertad de expresión, a la educación, la propiedad, la paz y el acceso a la información.
Sin embargo, las demandas de juicio político en su contra fueron desechadas en su momento por las Cámaras de Diputados federal y el Congreso local.
Recuerdan choque APPO contra PFP
Sayra Cruz
[03:18] Maestros de la Sección 22 del SNTE y organizaciones de la Asamblea de los Pueblos Populares de Oaxaca (APPO) conmemoraron ayer por la tarde con un acto cultural el enfrentamiento que sostuvieron con la Policía Federal Preventiva en los momentos más álgidos de conflicto social del 2006.
Para ello bloquearon el crucero de Cinco Señores para montar una “barricada” con unidades del transporte, además de otras ofrendas que pusieron en el lugar, donde hace cuatro años fueron replegados por los elementos de seguridad.
El representante del sector ciudad, José Luis García Henestrosa dijo que fueron convocados los maestros de la región de Valles Centrales, para que en un 10 por ciento participarán en el evento que se realiza año con año.
Expresó que el “compromiso con el pueblo sigue de pie ya que este comité está comprometido con las causas populares”.
Recordó los actos de violencia registrados hace tres años y aseguró que “fueron la repuesta de un gobierno estatal y federal incapaz de dar solución a las exigencias de los trabajadores de la educación y de las organizaciones sociales”.
Exigió castigo a los responsables de los eventos lamentables de 2006, en el que varias personas perdieron la vida mientras pedían la salida del gobernador Ulises Ruiz.
Sayra Cruz
[03:18] Maestros de la Sección 22 del SNTE y organizaciones de la Asamblea de los Pueblos Populares de Oaxaca (APPO) conmemoraron ayer por la tarde con un acto cultural el enfrentamiento que sostuvieron con la Policía Federal Preventiva en los momentos más álgidos de conflicto social del 2006.
Para ello bloquearon el crucero de Cinco Señores para montar una “barricada” con unidades del transporte, además de otras ofrendas que pusieron en el lugar, donde hace cuatro años fueron replegados por los elementos de seguridad.
El representante del sector ciudad, José Luis García Henestrosa dijo que fueron convocados los maestros de la región de Valles Centrales, para que en un 10 por ciento participarán en el evento que se realiza año con año.
Expresó que el “compromiso con el pueblo sigue de pie ya que este comité está comprometido con las causas populares”.
Recordó los actos de violencia registrados hace tres años y aseguró que “fueron la repuesta de un gobierno estatal y federal incapaz de dar solución a las exigencias de los trabajadores de la educación y de las organizaciones sociales”.
Exigió castigo a los responsables de los eventos lamentables de 2006, en el que varias personas perdieron la vida mientras pedían la salida del gobernador Ulises Ruiz.
Munícipe de Pinotepa no cumplió con obras
por RACIEL MARTÍNEZ
Con el lema, "prometer hasta obtener y después de lo obtenido olvidar lo prometido", el presidente municipal de Pinotepa Nacional, Isidro Toscano Vásquez, quien se ha convertido en un embustero al prometer una serie de obras las cuales incumplió.
Así lo denunciaron habitantes de las agencias municipales de El Carrizo, El Ciruelo, Hornos, Santa María Jicaltepec, Agua de la Caña y La Noria
Los ciudadanos inconformes, están tan desesperados por las promesas incumplidas y han llegado a bloquear la carretera que va hacia el Puerto de Acapulco, entre otras protestas.
Todo lo anterior los denunció el diputado perredista Wilfredo Fidel Vásquez López, quien precisó que el referido edil tampoco ha cumplido con la comprobación de los recursos públicos de los años 2009 y 2010, "más de 100 millones de pesos están sin comprobar ¡No tiene vergüenza, el fulano este!"
El manto de impunidad, anotó, tiene su origen en la Auditora Superior del Estado, donde la señora Rosa Lizbeth Caña Cadeza lo está protegiendo, por ser priísta".
Frente el encono social, el legislador hizo responsable a la Secretaria General de Gobierno de lo que desafortunadamente pueda suceder.
Y desde luego a la Auditora Superior del Estado, "por la protección que le brida al municipe desconocemos por ahora la causa de la protección. Me duele decirlo, pero proteger a un obtuso sujeto de nombre José Isidro Toscano Vásquez, presidente municipal de Pinotepa Nacional, no es precisamente labor de una dama".
Por otra parte, vecinos de esa comunidad confiaron en que Carlos Sarabia Camacho, presidente municipal electo, "ahora sí cumpla su palabra. El señor presumió ser parte del equipo de seguridad del ex presidente de Vicente Fox pues es capitán militar. También anduvo diciendo que era embajador de la ONU para apoyar a municipios en la pobreza. Esperemos que ahora sí cumpla".
por RACIEL MARTÍNEZ
Con el lema, "prometer hasta obtener y después de lo obtenido olvidar lo prometido", el presidente municipal de Pinotepa Nacional, Isidro Toscano Vásquez, quien se ha convertido en un embustero al prometer una serie de obras las cuales incumplió.
Así lo denunciaron habitantes de las agencias municipales de El Carrizo, El Ciruelo, Hornos, Santa María Jicaltepec, Agua de la Caña y La Noria
Los ciudadanos inconformes, están tan desesperados por las promesas incumplidas y han llegado a bloquear la carretera que va hacia el Puerto de Acapulco, entre otras protestas.
Todo lo anterior los denunció el diputado perredista Wilfredo Fidel Vásquez López, quien precisó que el referido edil tampoco ha cumplido con la comprobación de los recursos públicos de los años 2009 y 2010, "más de 100 millones de pesos están sin comprobar ¡No tiene vergüenza, el fulano este!"
El manto de impunidad, anotó, tiene su origen en la Auditora Superior del Estado, donde la señora Rosa Lizbeth Caña Cadeza lo está protegiendo, por ser priísta".
Frente el encono social, el legislador hizo responsable a la Secretaria General de Gobierno de lo que desafortunadamente pueda suceder.
Y desde luego a la Auditora Superior del Estado, "por la protección que le brida al municipe desconocemos por ahora la causa de la protección. Me duele decirlo, pero proteger a un obtuso sujeto de nombre José Isidro Toscano Vásquez, presidente municipal de Pinotepa Nacional, no es precisamente labor de una dama".
Por otra parte, vecinos de esa comunidad confiaron en que Carlos Sarabia Camacho, presidente municipal electo, "ahora sí cumpla su palabra. El señor presumió ser parte del equipo de seguridad del ex presidente de Vicente Fox pues es capitán militar. También anduvo diciendo que era embajador de la ONU para apoyar a municipios en la pobreza. Esperemos que ahora sí cumpla".
Sólo justicia, no más muertes en zona Triqui
SIMITRIO ROBLES IBÁÑEZ/CORRESPONSAL
La Asamblea de los Pueblos Indígenas de Tlaxiaco, simpatizante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), exige al gobierno del estado el esclarecimiento del asesinato de Heriberto Pazos; éste no es un asesinato aislado, pues debemos recordar que días antes, ocurrió el asesinato de otro líder social Catarino Torres Pereda, de la organización del comité de defensa ciudadana (CODECI), señaló Austreberto Santiago Vega, integrante del MULT y coordinador de la Asamblea de los Pueblos Indígenas de Tlaxiaco (APIT).
"No sabemos quién lo hizo, pero caiga quien caiga, debe ser castigado de manera ejemplar porque no vamos a dejar de implementar nuestras acciones hasta dar con el o los responsables; no podemos vivir en un clima de incertidumbre e inseguridad en el estado", señaló.
Dijo que esta semana, la comisión política del MULT determinará mayores acciones; entonces, los puntos que se establezcan girarán en torno a exigir una investigación exhaustiva sobre los hechos, hasta dar con los directos responsables; esto nos lleva a poner en riesgo a nuestras familias en los pueblos y comunidades triquis.
Santiago Vega explicó que desde el año de 1981, los pueblos triquis han sufrido enfrentamientos por serios rencores entre habitantes, originando agresiones y muertes que han inculpado a la dirigencia del MULT, que nada tiene que ver con los asesinatos cometidos, sobre todo, en el municipio de San Juan Copala.
Agregó que "las acciones las estamos implementando en todo el estado hasta que el gobierno escuche el clamor de justicia de un pueblo lastimado, ya de por sí con sus asuntos internos, como ciudadanos tenemos el derecho a la justicia y que escuche el estado nuestra voz".
Ante la toma de vías de comunicación, Santiago Vega expresó que han sido severamente cuestionados, sin embargo remarcó, no tenemos por qué dejar caer los brazos; sólo exigimos justicia y es la única alternativa que nos deja el gobierno para ser escuchados; los bloqueos no son severos, pues conscientes de la situación ciudadana, establecemos horas de paso y preferentemente a los servicios de urgencia.
SIMITRIO ROBLES IBÁÑEZ/CORRESPONSAL
La Asamblea de los Pueblos Indígenas de Tlaxiaco, simpatizante del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), exige al gobierno del estado el esclarecimiento del asesinato de Heriberto Pazos; éste no es un asesinato aislado, pues debemos recordar que días antes, ocurrió el asesinato de otro líder social Catarino Torres Pereda, de la organización del comité de defensa ciudadana (CODECI), señaló Austreberto Santiago Vega, integrante del MULT y coordinador de la Asamblea de los Pueblos Indígenas de Tlaxiaco (APIT).
"No sabemos quién lo hizo, pero caiga quien caiga, debe ser castigado de manera ejemplar porque no vamos a dejar de implementar nuestras acciones hasta dar con el o los responsables; no podemos vivir en un clima de incertidumbre e inseguridad en el estado", señaló.
Dijo que esta semana, la comisión política del MULT determinará mayores acciones; entonces, los puntos que se establezcan girarán en torno a exigir una investigación exhaustiva sobre los hechos, hasta dar con los directos responsables; esto nos lleva a poner en riesgo a nuestras familias en los pueblos y comunidades triquis.
Santiago Vega explicó que desde el año de 1981, los pueblos triquis han sufrido enfrentamientos por serios rencores entre habitantes, originando agresiones y muertes que han inculpado a la dirigencia del MULT, que nada tiene que ver con los asesinatos cometidos, sobre todo, en el municipio de San Juan Copala.
Agregó que "las acciones las estamos implementando en todo el estado hasta que el gobierno escuche el clamor de justicia de un pueblo lastimado, ya de por sí con sus asuntos internos, como ciudadanos tenemos el derecho a la justicia y que escuche el estado nuestra voz".
Ante la toma de vías de comunicación, Santiago Vega expresó que han sido severamente cuestionados, sin embargo remarcó, no tenemos por qué dejar caer los brazos; sólo exigimos justicia y es la única alternativa que nos deja el gobierno para ser escuchados; los bloqueos no son severos, pues conscientes de la situación ciudadana, establecemos horas de paso y preferentemente a los servicios de urgencia.
