LA CONSTITUCION INCUMPLIDA

Qué pena

PEDRO MIGUEL

Tener que citar en extenso la Constitución, pero es necesario para cotejarla con los acontecimientos y ver si se cumple o no, y en qué medida. En el gobierno de Felipe Calderón sólo uno de los 21 primeros postulados constitucionales, sólo el 12 (que prohíbe la concesión de títulos nobiliarios), logra plena observancia. En los hechos, el acatamiento a los restantes está total o parcialmente suspendido, ya sea por por las propias autoridades o por entidades que la autoridad no quiere (poderes económicos) o no puede (poderes delictivos) controlar.

El Artículo 1° de la Carta Magna dice que las garantías constitucionales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. El 2° reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomíaen diversas materias. El 3° prescribe: La educación prescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

El 4° apunta que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, a la protección de la salud” y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El 5° señala que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. El 6° establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

El 7° dice: Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. El 8° señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. El 9° indica: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.

El 10 estipula el derecho de los habitantes a poseer armas en su domicilio, con excepción de las reservadas para el uso exclusivo de las fuerzas armadas. El 11 establece el derecho a viajar por el territorio nacional sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 12 dice que en México no se concederán títulos de nobleza.

El 13 afirma que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, que ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley y que cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. El 14 indica que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. El 15 prohíbe los convenios de extradición en los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución.

El 16 señala: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente y apunta que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El 17 indica que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. El 18 dice que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva y que el sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El 19 señala que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. El 20 establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, que toda persona imputada tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, y que queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. El 21 dice que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél.

La fabricación del mito: educación y empresarios

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

La derecha empresarial sigue su ofensiva en contra de la educación pública, los maestros y su sindicato. El pasado 16 de noviembre, Mexicanos Primero presentó el documento titulado Brechas: estado de la educación en México 2010. En el acto, su presidente, Claudio X. González, dijo que el país tiene la fórmula para una educación... ¡mediocre!, que el panorama educativo es desalentador, y que el organismo gremial del magisterio requiere hacer más educación y menos política.

Mexicanos Primero fue fundada por Alejandro Ramírez Magaña, hijo del dueño de Organización Ramírez-Cinépolis. La empresa carga en sus espaldas un oscuro historial, crímenes incluidos (La Jornada, 27/7/96). Su influencia política en Michoacán es relevante. Ramírez Magaña es egresado de Harvard. Fue secretario técnico del gabinete de Desarrollo Humano en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), cuando su titular era Josefina Vázquez Mota.

Aunque Mexicanos Primero fue fundada en 2005 –casualmente cuando Ramírez aún era funcionario de la Sedeso–, su lanzamiento público coincide con la designación de Vázquez Mota como secretaria de Educación.

La conformación del cuerpo directivo de Mexicanos Primero incluye personalidades relacionadas con el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.

El director de Mexicanos Primero es David Calderón, focolarino (laico consagrado del apostolado de la sonrisa), comprometido con la promoción social directa. Llegó a la institución después de laborar con Fernando Landeros en la Fundación Teletón. Allí lo reclutó Claudio X. González.

Mexicanos Primero es un organismo sombra, promotor de los intereses de la derecha empresarial en materia educativa. Aunque formalmente postula la necesidad de ciudadanizar la educación y la intervención directa de los padres de familia, ha dedicado el grueso de sus esfuerzos a criticar la educación pública, a los maestros y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Cuenta con gran cantidad de recursos y espacios relevantes para promover su agenda en los medios de comunicación. La organización tiene una filial en Michoacán.

A lo largo de los recientes tres años, la fundación ha buscado desfondar al sindicato, otorgando recompensas y premios a maestros que coinciden con una visión más humanista de la educación. La idea es que los profesores valoren que los empresarios aprecian su esfuerzo (premios ABC), en contraposición con el sindicato que los enajena y utiliza políticamente.

Según Blanca Heredia, ex titular de la Unidad para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Mexicanos Primero fue creada por un grupo de empresarios de nueva generación; vive de las aportaciones de sus patronos y su liderazgo asume públicamente la defensa de las causas que son el motor de la organización. Su existencia me anima, pues me habla del tipo de líderes empresariales que México requiere con urgencia y sin los cuales ningún país puede prosperar y aspirar a ser grande. (La Razón, 18/11/10.)

El discurso de Mexicanos Primero se modificó tras la salida de Josefina Vázquez Mota de la SEP, en abril de 2009. A partir de entonces, comenzó a reprobar a esa dependencia. Los reproches arreciaron cuando se percibió el distanciamiento de Vázquez Mota y Alonso Lujambio. Ante los señalamientos de la fundación, este último dijo que no está contra la crítica, aunque en este caso la encuentra excesiva.

Sin embargo, la ofensiva empresarial contra la educación pública desde la derecha va más allá de Mexicanos Primero, la cual exigió dar a conocer el padrón magisterial a organismos como México Unido contra la Delincuencia y Causa en Común.

Entre el 25 y el 28 de octubre pasado se efectuó el foro Clase 2010 Cumbre de Líderes en Acción por la Educación 2010, organizado por Compromiso Social por la Calidad de la Educación, que presiden Marinela Servitje y Gerardo Gutiérrez Candiani, líder de la Coparmex, quienes criticaron la política educativa nacional, que, según ellos, no ha logrado avances. Apenas en agosto, frente a Felipe Calderón, Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, denunció que México estaba secuestrado por el SNTE.

La animadversión de la derecha empresarial conservadora hacia la educación pública no es nueva. De manera consistente ha arremetido contra ella por asuntos como la educación socialista, los contenidos de educación sexual y la introducción de los libros de texto gratuitos. Pero ahora va por más. Quiere hacer de ella una oportunidad de negocios y un espacio para formar a niños y jóvenes de acuerdo con su visión del mundo.

No es un hecho exclusivamente mexicano. Según relata Noam Chomsky, grandes inversores como Lehman Brothers, entre otros, mandaban a sus clientes folletos en los que se leía: Mira, ya nos hemos encargado del sistema de salud; nos encargamos del sistema carcelario; el próximo gran objetivo es el sistema educativo. Podemos privatizar el sistema educativo, hacer mucho dinero de él. Instituciones conservadoras como Heritage Foundation, Hudson Institute y la Olin Foundation han dedicado cuantiosos recursos para socavar la educación pública. El centro de su estrategia, como la de Mexicanos Primero, ha sido inventar una crisis en el sector, fabricar mitos sobre el desastre pedagógico nacional y la ineficiencia de los maestros.

No se trata de defender a Elba Esther Gordillo ni a los dirigentes charros del SNTE. Nada de eso. Son impresentables, han degradado profesional y moralmente a una parte del magisterio nacional. Pero no se debe tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Lo que la derecha empresarial quiere hacer con sus críticas al magisterio nacional es preparar el terreno para asaltar la educación pública.

Tiranosaurio mex

Denise Dresser

MÉXICO, D.F., 22 de noviembre.- ¿En qué se parece la Suprema Corte a uno de los dinosaurios más grandes del mundo? ¿Por qué compararlos, si la Corte tiene su sede en la calle de Pino Suárez y el tiranosaurio habitó la parte occidental de Estados Unidos hace 65 millones de años? ¿Hay alguna afinidad entre una institución que imparte justicia y un reptil del Periodo Cretácico? Las similitudes no son obvias hasta que uno lee el documento elaborado por dos investigadores del CIDE –Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni– y titulado: ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?”. Y allí en blanco y negro se percibe el parecido: la Corte, como el tiranosaurio, es un enorme depredador. Un carnívoro hambriento. Un espécimen que devora recursos de la ciudadanía como los dinosaurios devoraban las aves de su era.

El argumento detrás de esa enormidad es el deseo de asegurar la independencia y la autonomía del máximo tribunal. Antes de la reforma emprendida por Ernesto Zedillo en 1994, la Suprema Corte era una entidad sumisa, doblegada, guardián de los deseos del Poder Ejecutivo. No tenía el tamaño o el peso suficientes para ser considerada uno de los depredadores más feroces; ni a hadrosaurio llegaba. Pero a partir del parteaguas que el presidente impulsó, la Corte comenzó a cambiar en aras de convertirse en un árbitro jurídico creíble y aceptable. Esa tarea incluyó una serie de políticas diseñadas para asegurar su independencia: que los ministros duraran 15 años en el cargo, que sus sueldos no pudieran ser reducidos, que cuando se retiraran tendrían derecho a una pensión vitalicia, que la institución podía elaborar su propio presupuesto para que se incluyera –sin cambios– en el Presupuesto de Egresos, y que el presidente de la Corte tenía la facultad de administrar esos recursos como quisiera.

Y allí está el resultado casi 20 años después: una Corte independiente pero cara, autónoma pero rapaz. La independencia no ha asegurado el buen uso de los recursos. Más bien ha transformado a la Corte en un carnívoro constante que se alimenta a sí misma de forma ineficiente, irracional e ineficaz. En lugar de evolucionar y transformarse en pájaro, la Suprema Corte tan sólo prosiguió con las mismas prácticas del Pleistoceno priista. Y así, mordida tras mordida del presupuesto público, ha llegado a ser la Corte más cara del mundo, sin ser la más productiva o la más generadora de confianza ciudadana. Así como hay 30 especímenes de tiranosuarios rex, en México la Corte despliega un gran número de prácticas asociadas con su conversión en tiranosaurio mex.

Desde el 2003, el presupuesto asignado a la Suprema Corte ha aumentado. En 2009, la Corte gastó entre 40 y 90% más que los Poderes Judiciales en los estados. Hoy la SCJN gasta mucho más que otros tribunales prestigiados en el mundo. La Suprema Corte de Estados Unidos aplica el 37% de lo que ejerce la mexicana. La de Canadá gasta el 15.2% de lo que eroga la nuestra. El Tribunal Constitucional de España usa sólo el 14.4% de los recursos que se embolsa anualmente el de México. Y a pesar de que la SCJN gasta tanto, no es la más productiva. El tribunal constitucional de Perú resuelve 37% más asuntos que nuestra Corte, pero con un presupuesto equivalente a 3% del ejercido por nuestro máximo tribunal.

Y llegamos hasta aquí con una Suprema Corte cara y comparativamente improductiva porque ha seguido las prácticas del viejo régimen, las reglas del juego de la era priista que convirtieron la función pública en una fórmula para la distribución del botín. Para la contratación de familiares. Para la creación de empleos. Para el otorgamiento de favores. Para la institucionalización del patronazgo. Por ello nuestra Corte, con sus 3 mil 116 funcionarios, tiene casi siete veces más personal que la Suprema Corte estadunidense y 45 veces más que el Tribunal Constitucional de Chile. Peor aún: de esas 3 mil 116 plazas, el 75% son para funciones de carácter administrativo y sólo el 25% sirven en funciones sustantivas o jurisdiccionales. La Corte mexicana dispone de 108 secretarios de estudio y cuenta. Pues resulta que el Tribunal Constitucional Español tiene sólo 54 plazas similares, pero con la mitad del número que emplea la nuestra resolvió más casos en el 2009. Nuestro tribunal supremo es tan grande, pesado y aletargado como los fósiles de sus contrapartes dinosáuricas.

¿Y en qué gastan tanto? Pues cada uno de los ministros gana 347 mil pesos netos al mes, más que el presidente de la República, quien percibe 152 mil pesos netos. Gastan más en los sueldos que se otorgan que los ministros en Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Colombia y Perú. Gastan en pensiones vitalicias que van de 150 mil a 225 mil pesos mensuales. Gastan en seguros de gastos médicos mayores, por los cuales el máximo tribunal eroga de 10 mil a 100 mil pesos anuales por cada ministro, incluyendo a los ya retirados. Gastan una suma diaria de 33 mil 766 pesos presupuestada para alimentos por ministro. Gastan en viáticos para viajes nacionales e internacionales la cantidad de 19 millones 148 mil 457 pesos, que diariamente serían 54 mil 115 pesos por persona. Gastan porque pueden hacerlo.

Los ministros, lamentablemente, habitan ese país paralelo distinto al de la mayor parte de los ciudadanos. En esa otra realidad pueden ser los reyes mejor alimentados, los sultanes más apapachados, los dinosaurios más engordados. Desde su posición privilegiada no tienen que predicar con el ejemplo, dejar de autoasignarse prestaciones excesivas o injustificables, valorar la ética pública o afianzar la confianza ciudadana. Ante los escandalosos datos revelados por el CIDE han respondido con el silencio o la ofuscación. Quizás creen en el viejo dicho que se usa para justificar los sueldos altos: “si pagas cacahuates, obtendrás monos”. El problema no es que hayamos creado monos, pero sí hemos concebido un dinosaurio insaciable. Tenemos una Corte muy cara, mal administrada, con una burocracia demasiado amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos. Un tiranosaurio mex que se nutre del erario y de los impuestos pagados por millones de ciudadanos.