PERO NO BORRARÁ LA MEMORIA

30/11/2010

Ulises Ruiz borra evidencia en la Hemeroteca sobre la represión en Oaxaca

El Frente Estatal de Víctimas de la Represión se manifestó en las instalaciones de la Hemeroteca, ya que argumentan que el material periodístico sobre la represión del año 2006 ha desaparecido.

Ex presos políticos del movimiento magisterial-popular aglutinados en el Frente Estatal de Víctimas de la Represión se manifestaron en las instalaciones de la Hemeroteca, ya que argumentan que el material periodístico sobre la represión del año 2006 extrañamente ha desaparecido.

Los activistas comentaron que la pérdida de esta información atenta contra el derecho a la libre información de los agraviados como de los oaxaqueños, quienes ahora no podrán conocer el contenido de algunos medios de comunicación durante la revuelta social.

Isaac Torres Carmona, responsable del área jurídica de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), aseveró que la pérdida de los ejemplares periodísticos obstaculiza los procedimientos legales en contra del gobierno de Ulises Ruiz, por la violación sistemática a los derechos humanos.

Y es que agregó que la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Elizabeth Roxana López Luna ordenó una inspección judicial al archivo público que se encuentra en la Hemeroteca, con el objetivo de constatar la información pública oficial que utilizó el Gobierno del Estado durante las detenciones arbitrarias de la Policía Federal Preventiva en contra de los oaxaqueños.

Recordó que en el 25 de noviembre del año 2006, decenas de personas fueron detenidas sin justificación alguna y enviadas Centro Federal de Readaptación Social de Nayarti, esto bajo el argumento de Ulises Ruiz que todos presos era de alta peligrosidad.

El defensor de derechos humanos manifestó que en la hemeroteca hay algunas pruebas de la información pública que manejo el estado (boletines) respecto a las detenciones y también hay imágenes gráficas, lo que tiene que recabarse en un procedimiento formal, donde se busca fincar la responsabilidad civil contra el gobernador de Oaxaca.

Pero lo grave, reiteró Torres Carmona que el periódico nacional Reforma no aparece, cuando las ong´s de ahí sacaron la información para las demandas de responsabilidad civil. “Desafortunadamente la Juez dejó de asistir sin explicación alguna”.

Solo como dato adicional, el periódico El Gráfico por no favorecer a los intereses de los gobiernos de los priístas: Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz, los ejemplares jamás fueron archivados en la Hemeroteca, ya que la información y contenido de este medio ha sido crítica y a favor del pueblo oaxaqueño.

Llaman a cruzada estatal para reformar leyes sobre el aborto

“De nada sirve la ley actual en el estado, las mujeres deben arriesgarse al aborto en la clandestinidad, por que las mismas autoridades las arrojan a eso”

ANTONIO MUNDACA

TUXTEPEC, OAXACA.-Existe un oscurantismo total en la ley oaxaqueña del aborto que en lugar de proteger a las victimas encubre a médicos que se enriquecen amparados en la falta de regulación de una práctica ampliamente conocida enfatizó la asesora jurídica de la Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, Laura Díaz López, en marco del inicio de conferencias sobre servicios integrales a mujeres víctimas de violencia sexual.

Auspiciadas por la agrupación “Católicas por el derecho a decidir” , organismo que pertenece a el Observatorio Nacional del Feminicidio y agrupa en red a 70 organizaciones que buscan que en la ley se respete la norma la norma 046 y se reforme en Oaxaca leyes que penalicen a las mujeres por practicarlo y se les dé el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

Díaz López dijo que existe en Oaxaca un retraso significativo en la ley a pesar de que haya habido reformas que permitan a las mujeres abortar en casos de violación “no existen leyes que realmente den la libertad a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y esto es porque las leyes los hacen los hombres, nadie que aborta lo hace con alegría, incluso cuando es en casos de violación las clínicas y el ministerio publico acaban condenando la interrupción del embarazo” apuntó.

Afirmó que en la entidad no se respeta la norma 046 aprobada en 2008, sobre la atención de las mujeres con servicios médicos cuando son víctimas de violación, ya que prácticamente deben ir golpeadas para hacer valida la ley poniendo en entredicho la libertad de la mujer condicionada por costumbres machitas

“De nada sirve esta ley en el estado, las mujeres deben arriesgarse al aborto en la clandestinidad, por que las mismas autoridades las arrojan a eso, ya que los doctores saben que si denuncian ellas también son culpables y entonces si hay negligencias todo queda impune, es un juego de corrupción total” sentenció la asesora jurídica.

“Nosotros no le llamamos aborto, sino interrupción del embarazo y hay reglas, que se interrumpa hasta las 12 semanas como máximo, no es que la mujer se vuelva irresponsable esa una mentalidad muy del hombre, lo que nosotros pedimos es el derecho sobre nuestro cuerpo, pero lamentablemente existe en nuestro país la doble moralidad” argumentó

Refirió que según datos obtenidos por la comisión de derechos humanos y el INEGI el 75 % de las mujeres que se realizan abortos de forma clandestina muere

“¿Quien castiga esos delitos? Lo que hace falta es una real calidad de políticas públicas ya que incluso en casos de violación el ministerio publico no consiente el aborto no se realiza ¿cómo comprueban fueron violadas? Ponen requerimientos absurdos y fuera de tiempo sin que exista una análisis profundo de la decisión de las propias mujeres”

Dentro del foro de debate que dio inicio el día de hoy en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional a decir de la especialista se buscará tratar temas al respecto y exigir a los legisladores del congreso local que aprueben una iniciativa de ley que establezca un procedimiento expedito “y real” para garantizar un aborto seguro para las mujeres con embarazo de alto riesgo o producto de una violación.

“No queremos quede en papel o se pongan trabas por asunto de corrupción, las y los legisladores de Oaxaca tienen un compromiso con más de un millón y medio de mujeres en una situación de vulnerabilidad y les niegan el acceso a la justicia” detalló.

Al respecto afirma la asesora legal de Derechos Humanos que en Oaxaca esto no pasó, la decisión de violar la individualidad ciudadana se palpó desde antes que se aprobara la ley, al no difundir y promover los parlamentarios oaxaqueños un debate abierto, cara a cara en la sociedad oaxaqueña. Esto sólo demuestra que todos los diputados locales de Oaxaca, hayan votado en contra o a favor, son autoritarios, porque nunca hicieron lo necesario para que los oaxaqueños participaran en esta decisión.

Sector H3 exige justicia a Gabino

Juan Carlos Medrano

[08:05] El fraude cometido en contra de familias asentadas en el llamado Sector H3 de Bahías de Huatulco y cometido por los ex diputados Jordi Masdefiol, Bulmaro Rito Salinas, José Humberto Cruz Ramos y los empresarios Alfonso Mireles, David Jarquín y José Luis Quintana, sigue impune. Desesperados, los afectados que viven en un lugar insalubre, demandan la intervención del gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo para que investigue el caso “y meta a la cárcel a los responsables”. Para colmo de males, pesa sobre ellos la amenaza de desalojo por parte de Fonatur, que se ostenta dueño de las tierras.

La incertidumbre y la angustia lacera a los 300 afectados pues a treinta días de que Miguel Ángel Galán Salinas deje el cargo de Presidente Municipal interino de Santa Cruz Huatulco, los problemas en el Sector H3, aumentan y nadie responde por este megafraude

LA HISTORIA
En el 2004, al iniciar el gobierno que está por concluir, el empresario Alfonso Mireles les ofreció tierras para viviendas a familias de escasos recursos económicos, la mayoría trabajadores de hoteles, quienes pagaron entre 30 mil y 55 mil pesos por predios de 120 metros que al final le redituaron la suma de 30 millones de pesos. El entonces presidente municipal de bahías de Huatulco, José Humberto Cruz Ramos se involucró en el “negocio”.

Para la construcción de lo que pretendía ser una zona habitacional para trabajadores de la zona hotelera, se utilizaron casi 45 hectáreas localizadas cerca del pueblo de La Crucecita, donadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al municipio de Hatulco en dos partes -2004 y 2007-.

Los ahora defraudados, los cuales omiten sus identidades por temor a represalias aseguran que fue el entonces edil, José Humberto Cruz Ramos quien “obsequió” las tierras al empresario Alfonso Mireles. Éste se comprometió a dotar de servicios el área prevista para la vivienda y vender lotes de 120 metros a precios accesibles para los colonos. Los contratos 13 098 y 13 700 fueron firmados en septiembre de 2007 con el ayuntamiento ante el notario Gilberto Gamboa Medina,

Alfonso Mireles, en lugar de fraccionar los terrenos, pidió a las familias que depositaran en su cuenta bancaria los abonos hasta saldar el adeudo. Les advirtió que si tenían un retraso les cobraría intereses, y si tardaban más de tres meses en depositar, se invalidaría el acuerdo. Para que se sintieran seguros les dio una simple hoja donde aparecía su firma con el logotipo de su empresa, “Servicios Topográficos y Asesoría”.

Mientras esperaban la entrega de los terrenos, los futuros dueños ocuparon lotes de tres, cuatro y hasta cinco metros en donde armaron casas de cartón; ahí se hacinaban hasta cinco miembros por vivienda.

Alfonso Mireles recibió las 11.8 hectáreas e inició los trabajos de urbanización, sin licitar, lo que motivó que Fonatur exigiera la devolución de los terrenos porque en una cláusula del contrato de entrega-recepción especificaba que los trabajos deberían asignarse como marca la ley de adquisiciones públicas.

El gobierno de José Humberto Cruz Ramos no sólo “regaló” los terrenos a Alfonso Mireles sino que también le obsequió la mano de obra pues de acuerdo con el expediente número JHCR/0357/06, notificó al IMSS que los trabajadores que se encontraban laborando en el Sector H3 eran empleados eventuales del Ayuntamiento de Santa María Huatulco.

Y en efecto. Dieciocho trabajadores con diferentes categorías realizaban trabajos de urbanización, es decir, laboraban para la empresa de Alfonso Míreles, pero cobraban en la ventanilla de la Tesorería del ayuntamiento.

De ese número de hectáreas, 15 serían urbanizadas por la empresa Geo Oaxaca, diez para un empresa que estaba por definirse pero, 11.8 hectáreas pasaron a manos de Alfonso Míreles de manera sorprendente sin erogar un solo centavo a las arcas del Ayuntamiento.

Al existir inconsistencias con la donación de las 36 hectáreas de terrenos, Fonatur, mediante oficio DG/MGM/001/2008, le pidió al gobierno entrante de Miguel Ángel Olmedo la devolución de las mismas, derivada de la notificación anterior número DG/223/2007 que fue recibida por el gobierno del presidente interino.

Geo Oaxaca no pudo empezar con los trabajos de urbanización por las trabas que le pusieron las autoridades que le habían donado los terrenos y brindado todas las facilidades a la empresa de Míreles.

Fuerzas obscuras gestan un clima desestabilizador: PRD

Iván Castellanos

[00:50] El Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció que fuerzas obscuras gestan un clima de desestabilización y violencia en la entidad en el marco de la transición de poderes, aseguró el vicepresidente de la Mesa Directiva del Sexto Consejo Estatal del sol azteca, Omar Blas Pacheco.

Hizo un llamado al gobernador electo Gabino Cué Monteagudo a cambiar las formas de gobernar, a garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y a su partido a cerrar filas ante el clima de incertidumbre que se pretende imponer.

Explicó que en el PRD reivindicarán el derecho a la manifestación, a la diferencia política, basada en el respeto irrestricto de ideas, “sin embargo, en estos momentos fuerzas obscuras gestan un clima de desestabilización y violencia en la marco de la transición de poderes en Oaxaca, ante ello es necesario e indispensable manifestar nuestro rechazo y condena”.

Indicaron al gobernador electo que la esperanza fue el motor que impulsó el triunfo, la confianza y legitimidad que el pueblo le ha otorgado, y por ello creen se traducirá seguramente en un inmediato cambio de actitudes en la forma de gobernar.

De esta forma, deberá garantizarse el cumplimiento de las futuras políticas públicas, ya que ahora se necesita de nuevos funcionarios con vocación de servicio social y no sólo de aquellos con cartas credenciales de políticas de estado que sean un refrito de más de lo mismo y ello sea el inicio de un fracaso en este proceso democrático conquistado por la ciudadanía oaxaqueña.

De la misma forma, llamó a la militancia perredista para que se oponga de manera enérgica a las injusticias y abusos que se cometen en contra de cualquier ciudadano, “en donde el pueblo también debe ser responsable y avanzar a la etapa siguiente con la bandera de la razón y la conciencia ante una nueva realidad política, económica y social en Oaxaca”.

SOLICITAN JUICIO POLITICO A URO.

Redacción
Oaxaca, Oax.-
Jesús Alfredo López García Presidente del Protectorado de Defensa de los Derechos Humanos, informó en conferencia de prensa que martes 23 de noviembre se presentó una denuncia de procedencia para que se inicie el juicio político al Gobernador del Estado Ulises Ernesto Ruiz Ortiz ante la LXI Legislatura del Congreso Estado.
Ante ello hizo un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, así como a las organizaciones defensoras derechos humanos, para que se sumen a esta exigencia.
Apuntó que ha ratificando la denuncia en contra del gobernador del Estado por su responsabilidad en violación de Derechos Humano y prácticas que convino y perpetro en la ciudadanía de Oaxaca, País y extranjera, quienes se revelaron en su contra en 2006.
En esta denuncia se le acusa a Ruiz Ortiz de una Administración pública irregular, precarización de soberanía, felonía contra la democracia y simulación maliciosa de actos judiciales.

La alternancia y más allá
Eduardo Bautista.

El camino del cambio político no es plano, tiene vericuetos, vueltas en u, escondrijos y salidas que conducen a despeñaderos cuando la ruta se pierde. El cambio político tiene tras de sí un sinnúmero de luchas acumuladas durante décadas y por diferentes actores sociales, en las organizaciones, en los sindicatos, en las comunidades; la alternancia gubernamental es uno de los eslabones del cambio político y no puede entenderse como un producto limitado a las estrategias electorales de corto plazo de los partidos políticos.

En este sentido, la alternancia es un mérito es colectivo; los autores son anónimos, hay detrás muchos que soñaron en transformar el estado de cosas y quienes dejaron la vida en la batalla, otros más sobreviven con las marcas de los agravios y de las impunidades; seguramente, una mayoría ha escuchado con esperanza la expresión del gobernador electo, de que “ningún oaxaqueño estará tranquilo hasta que haya justicia” (Noticias, 23/11/10).

Resulta alentador el reconocimiento a las añejas demandas de justicia como un asunto pendiente para construir la confianza de los ciudadanos en la legalidad, que remite simplemente a la aplicación de la ley a todos aquellos que la violentaron, sin el escudo ramplón de que se trata de “una cacería de brujas” por parte de aquellos quienes están acostumbrados al ajuste de cuentas y al cobro de favores.

La agenda para la restitución de derechos ha recibido importantes aportaciones desde la sociedad civil; una de ellas se sintetiza en el documento “Balance de los derechos humanos en Oaxaca”, un trabajo coordinado por el Comité de Liberación 25 de noviembre, y que recupera la multiplicidad de voces que se han levantado antes las acciones represivas de los últimos años. Acciones que fueron documentadas por diferentes visitas, misiones e informes de organizaciones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales.

Se trata entonces de poner al día el conjunto de recomendaciones de los distintos organismos humanitarios para atender la exigencia social de justicia y de rechazo a la impunidad, como un asunto que no puede dejarse de lado en una coyuntura tan importante como la que se vive en Oaxaca, puesto que el inicio de la transición ha sido empujada en buena medida desde los sectores agraviados en sus derechos humanos y políticos.

La participación de estos sectores en construir nuevas condiciones políticas se pone sobre la mesa en el informe público “Los movimientos sociales y el cambio democrático en Oaxaca”, coordinado por Educa, Asociación Civil, en el cual se argumenta que el proceso de cambio tienen tras de sí una temporalidad más extensa de la que podrían visualizar las elites de los partidos y sus burocracias.

En este documento se da cuenta de las aportaciones de las movilizaciones sociales en cuatro décadas y en distintas arenas, en el sector magistral, en las luchas estudiantiles, en las comunidades indígenas, en las agrupaciones populares, y en muchos ciudadanos sin partido, que se articularon en el movimiento del 2006, que se dispersaron ante la represión, pero que continuaron participando en diferentes frentes en sus demandas por la democratización y la justicia; en su insistencia por hacer visibles los problemas sociales que se ocultan bajo el tejido mediático del poder gubernamental y su excesivo financiamiento en propaganda.

Como sugiere el documento de Educa, los movimientos sociales son parte del contexto que ha incidido en la alternancia y van más allá, remiten a una sociedad en movimiento que no se limita a la contemplación pasiva, por el contrario, se espera más, se exige más y se participa más. Los movimientos no se reducen al estigma del alboroto, la desestabilización y la violencia; los movimientos apuestan al cambio político de largo plazo, en sentido contrario a lo que esperan quienes se han beneficiado de los recursos públicos y se resisten a perder sus privilegios.

Estos grupos de poder que se oponen al cambio y que harán todo lo posible por mantener las mismas condiciones que los benefician, incluso, que podrían recurrir a prácticas encaminadas a la desestabilización del nuevo gobierno, se articularon a un tipo de dominio que en estos momentos se encuentra herido, “el gobernadurismo”, como le ha llamado el profesor Víctor Raúl Martínez Vásquez.

Una definición que engloba la supremacía del gobernador sobre los otros poderes instituidos, sobre los municipios, las comunidades, las organizaciones, y que pone en evidencia lo que el viejo régimen representa, que permite observar con más claridad las prácticas autoritarias, y por supuesto, se trata de una definición que ha afectado intereses facciosos y personalistas.

El mérito de definiciones como las del profesor alerta para no hacer concesiones con el pasado autoritario y permite generar posiciones críticas entre un amplio sector de los ciudadanos, dentro de los movimientos y fuera de estos; entre ciudadanos que comparten el anhelo de un cambio pacífico, de un cambio necesario que no debería contaminarse del clima de descomposición que se observa tanto en el país como en nuestra entidad.

Va mi solidaridad con Víctor Raúl, maestro de varias generaciones de sociólogos entre quienes se incluye el autor de este artículo.
Investigador del IISUABJO