PERO QUE OLVIDEN SU PESEBRE

30/11/2010

Tres priistas que derrotaron al PRI

Miguel Angel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 29 de noviembre (Proceso).- El próximo miércoles 1 de diciembre empezarán a gobernador sus estados Gabino Cué Monteagudo, en Oaxaca; Rafael Moreno Valle, en Puebla y Mario López Valdez en Sinaloa. Los tres fueron candidatos de una coalición opositora al PRI, partido en el que se formaron y al que pertenecieron, en un caso por lo menos, hasta días antes de su postulación. Los tres eran senadores en el momento de ser ungidos candidatos. Los tres montaron su triunfo, además de su estrategia electoral, en el hartazgo ciudadano provocado por gobiernos impopulares que hasta el momento de su derrota (y aun después, en vísperas de su salida) privilegiaron su interés personal o de grupo por sobre las necesidades y anhelos de la gente común.

Gabino Cué fue priista hasta hace una década. Es, por lo tanto, el de mayor legitimidad opositora, pues aunque ha triunfado en elecciones previas a la de julio pasado se arriesgó a las penurias de vivir a la intemperie política. Su destino político, entonces, estuvo ligado al de Diódoro Carrasco, gobernador priista de 1992 a 1998, con quien trabajó en Oaxaca y después, en la Secretaría de Gobernación, en el último año de Zedillo. Cué se marcharía del PRI un lustro antes que su jefe, que prefirió esperar hasta el proceso electoral de 2006 para manifestarse cercano a Felipe Calderón e ingresar a la Cámara como diputado de la fracción panista.

Cué, en cambio, aprovechó el parentesco político de Convergencia con el PRI y su implantación en Oaxaca para acercarse al partido de Dante Delgado y ser elegido alcalde de la ciudad de Oaxaca, pues el gobierno de José Murat, seguido por el de Ulises Ruiz, rompió el hasta entonces imbatible dominio priista en la entidad. De allí que pareciera posible, tras el estrafalario gobierno de Murat, no exento de carácter represor, arrebatar el gobierno al PRI. Cué logró hacerse apoyar por una coalición del PAN y el PRD, más su propio partido, y estuvo en un tris de vencer a Ruiz. Pero éste contaba con el apoyo del líder nacional priista, Roberto Madrazo, que le permitió imponerse con sólo una leve diferencia en el número de votos.

En otro escenario, Cué pudo remontar esa diferencia cuando dos años después fue candidato a senador por la coalición Por el Bien de Todos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, con quien el oaxaqueño tejió una vinculación especial, basada en la sintonía de Cué con la posición de López Obrador ante el alegado fraude en la elección presidencial. Como senador y como presidente legítimo según lo designó la Convención Nacional Democrática, ambos recorrieron varias veces la entidad tan urgida de un cambio político que permitiera abordar las reformas sociales requeridas para permitir a Oaxaca salir de su postración.

Tan especial ha sido la relación entre Cué y López Obrador que éste tuvo que aceptar en los hechos (y embrollarse cuando trataba de explicar la diferencia) que su amigo fuera candidato de una coalición que incluyera al PAN, en vez de oponerse a ese lazo como hizo en todas las entidades donde se planteó la misma estrategia. Cualquiera que haya sido la razón –conciencia de que la barbarie entronizada en el palacio de gobierno tenía que ser abatida, habilidad suasoria del candidato, necesidad del lopezobradorismo de contar con un mínimo apoyo institucional–, lo cierto es que Cué derrotó al mismo tiempo a Ulises Ruiz y a Eviel Pérez, su frágil candidato, y el primero de diciembre empezará a gobernar.

En sentido contrario a lo que predicó Ruiz de sí mismo en su fastuosa –y por lo tanto cara– propaganda de fin de sexenio, no hubo un solo año en que Ruiz gobernara en bien del grueso de la población. En vez de hacerlo, fortaleció a un breve grupo en torno suyo y combatió los varios intentos de insurgencia política local, que a partir de mayo de 2006 y hasta bien entrado el año siguiente procuró forzar su salida. Son incontables las muertes violentas por motivos políticos perpetradas por autoridades o pasadas por alto en perjuicio de la justicia. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos delinearon y documentaron las atrocidades gubernamentales, la complicidad de los gobiernos federales panistas con el priista oaxaqueño lo mantuvo en su silla, repudiado crecientemente por los gobernados, que tuvieron ocasión de manifestarlo en las urnas el 2 de julio pasado.

Errará quien espere a partir del miércoles primero de diciembre un mundo nuevo en Oaxaca. Una estructura social rígida e inequitativa y una maquinaria de gobierno de la que no puede prescindirse a riesgo de la inacción que desilusione a los ciudadanos, no se remueven en unos cuantos días, acaso ni siquiera en el corto plazo. Pero lo que la sociedad oaxaqueña puede esperar es una nueva actitud de su gobernante (y de los diputados y alcaldes que con él triunfaron) y por ende un trato respetuoso, cuyo solo ejercicio hará una diferencia notable con el pasado que comienza dentro de 72 horas.

La coalición que condujo al senador Rafael Moreno Valle al gobierno que ya encabezó su abuelo del mismo nombre, en la época de la indisputable hegemonía priista, fue de índole distinta a la oaxaqueña. A sus ingredientes principales, el PAN y el PRD, se agregó el Panal, el partido de Elba Esther Gordillo, pues el sucesor de Mario Marín, aunque haya llegado a Xicoténcatl en la fórmula panista, pertenece al establo (en el sentido pugilístico) de la presidenta del sindicato magisterial. Lo es desde que, priistas ambos, coincidieron en la Legislatura número 59, cuya fracción tricolor fue brevemente comandada por la profesora. Miguel Ángel Yunes, Tomás Ruiz y Moreno Valle sobresalieron por su cercanía con la lideresa, a la que permanecieron fieles en sus vicisitudes dentro del PRI y la acompañaron, en diversos momentos y por diversas rutas, cuando la lideresa reconoció ser la fuente nutricia del Panal y se alió con Calderón.

Moreno Valle Rosas se había formado en el molde tecnocrático que el PRI alentó en los últimos años de sus gobiernos. Formado como experto en finanzas para servir lo mismo a empresas trasnacionales que al gobierno local de Puebla, el gobernador Melquiades Morales lo designó secretario de ese ramo y luego lo orientó hacia la política electoral, haciéndolo secretario de Desarrollo Social. De allí pasó a la diputación mencionada y luego, ya fuera del PRI, al Senado como cabeza de la fórmula panista que ganó la mayoría con amplio margen.

Reemplazará a Mario Marín, prototipo de gobernante con historial mediocre (una carrera aldeana lo llevó a la gubernatura) que encuentra en los puestos públicos la oportunidad de medro personal. Autor o solapador de fechorías sin cuento (que hicieron crecer paso a paso a la oposición) se mostró como quien es, sin disfraz ni afeite, en la persecución contra la periodista Lydia Cacho, en pago a favores recibidos del industrial mezclillero Kamel Nacif. Como lo aseveraron indagaciones periodísticas, la investigación constitucional de la Suprema Corte y el voto particular de cuatro ministros que no se avinieron a guardar silencio tras la virtual exoneración con el tribunal constitucional benefició al gobernador poblano (el gober precioso, según el chabacano y elocuente tratamiento que le dio Nacif en una de las conversaciones telefónicas más célebres de la historia política mexicana), Marín puso la justicia de su entidad al servicio de intereses privados, no únicamente los visibles del empresario que quiso castigar a Lydia Cacho por su prestancia y diligencia profesional, sino a las redes de pederastia y pornografía infantil a que estaba y está ligado Jean Succar Kuri, el contacto de Nacif con aquel bajo mundo.

Fortalecido por la elección federal de 2009, Marín incurrió en el error de hacer candidato a un colaborador que parece una calca suya, la del gobernante que dejará de serlo el miércoles próximo. No contó Marín con el sentimiento de dignidad ofendida de cientos de miles de poblanos (cuyo voto fue organizado por la coalición y las habilidades magisteriales en la materia) que resolvieron castigarlo en las urnas. Porque lo ocurrido en julio pasado más que la derrota del borroso Javier López Zavala y la victoria de Moreno Valle Rosas fue un plebiscito contra Marín, cuyo grupo en el partido oficial fue echado del poder a fuerza de votos a causa de su desvergüenza personal.

El triunfo opositor en Sinaloa parte asimismo del cansancio ciudadano ante la combinación de abusos e ineficacia priista. Pero la causa del desaguisado que hizo perder al PRI la gubernatura fue, en el fondo, un conflicto entre grupos de poder, que no pudo ser resuelto por las componendas habituales sino que encontró nuevos cauces, donde al mismo tiempo que se satisfizo una necesidad popular se colmaron intereses como los del exgobernador Juan Millán, que hace seis años no pudo evitar que lo sucediera Jesús Aguilar y no pudo tampoco vencerlo en la disputa interna por la candidatura, pero consiguió llevar al gobierno a su amigo y protegido Mario López Valdez. Senador de la república, cargo al que saltó en 2006 desde sus negocios privados más que a partir de una carrera política (que en breve lapso apenas daba para ser alcalde de Ahome y miembro del gabinete de Millán), Malova buscó hasta el momento extremo ser lanzado por el PRI, su partido. Sólo cuando el dedo de Aguilar Padilla se orientó hacia su tocayo y socio Jesús Vizcarra, aceitó las negociaciones que resultaron en una coalición de PAN y PRD que lo condujo al triunfo y, a partir del primero de diciembre, al palacio de gobierno.

Enfrentará no sólo la oposición priista, sino un panorama de descomposición política y social denunciado con vehemencia por el diputado Manuel Clouthier Carrillo, angustiado hasta la desesperación por la creciente intromisión de la narcodelincuencia en la política institucional de su estado. Queda por ver si Malova, es decir Millán, a quien Clouthier Carrillo denunció repetidamente durante y después de su gobierno por al menos solapar al crimen organizado, generador de los males sinaloenses junto con la indolencia del gobierno federal, puede gobernar al margen de los intereses que lo hicieron senador y con los que no rompió en este trance.

Los desatinos de un partido sin rumbo

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Ha transcurrido más de un año desde que se instaló la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados. En ella el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene 237 legisladores, es decir, cuenta con una holgada mayoría. Lo sigue, muy de lejos, el Partido Acción Nacional (PAN) con 143 diputados.

¿De qué ha servido al tricolor contar con la mayoría en San Lázaro? No se trata de una pregunta ociosa. Si, como algunos analistas señalan, es inminente su regreso a Los Pinos, su actual desempeño en la Cámara anticipa el rumbo que desea imprimir al país. Más aún si se considera que el control de este órgano legislativo lo tiene Enrique Peña Nieto, el más aventajado entre los aspirantes a la Presidencia de la República.

Para responder a esta pregunta hay que analizar el comportamiento del partido en seis asuntos centrales: a) la negociación del presupuesto de Egresos; b) la reforma política; c) la elección de consejeros del IFE; d) la definición de la presidencia de la Cámara, e) el caso del diputado Julio César Godoy Toscano y f) la historia de las diputadas juanitas. En todos esos rubros la posición que ha asumido ha sido errática.

El proceso legislativo sobre la Ley de Ingresos para 2010 tuvo tres elementos medulares: 1) la propuesta del gobierno federal de un impuesto de 2 por ciento para el combate a la pobreza; 2) el tránsito entre el debate sobre este gravamen y la discusión de incrementar el IVA de 15 a 16 por ciento, y 3) el acuerdo entre PAN y PRI para evitar la alianza del blanquiazul con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de México con miras al proceso electoral local de 2011.

El impuesto para el combate a la pobreza fue enterrado, pero se sustituyó con una propuesta alterna: incrementar el IVA de 15 a 16 por ciento. El acuerdo fue negociado directamente por diputados priístas con el entonces secretario Carstens, pero los legisladores del tricolor intentaron no pagar el costo político. El trato incluyó el apoyo en paquete para la aprobación no únicamente del incremento en la tasa de IVA a 16 por ciento en el país –excepto en alimentos y medicinas–, sino de otros gravámenes.

La negociación precipitó un alud de inconformidades. Los senadores de ese partido lo objetaron e incluso amagaron con modificarlo. Sin embargo, fue aprobado. En la distribución de los recursos fueron favorecidos varios gobiernos estatales, muy especialmente el del estado de México.

Como resultado del acuerdo, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, renunció a su militancia en el PAN. Varios priístas atribuyeron la decisión al incumplimiento del blanquiazul de acuerdos concertados para aprobar el paquete económico a cambio de ceder en su propósito de entablar alianzas electorales con el PRD. Obligados por las evidencias, tanto Francisco Rojas Gutiérrez como el secretario Gómez Mont admitieron la existencia del pacto. Peña Nieto reveló que César Nava firmó el acuerdo con Beatriz Paredes.

Con mucho menos estruendo mediático que la negociación del Presupuesto de Egresos 2010, la discusión del paquete económico 2011 no escapó a la misma forma de operar observada un año antes. En ella pueden distinguirse al menos tres momentos distintos: el tránsito de la propuesta de reducción del IVA de 16 a 15 por ciento (y su posterior abandono) al Fondo de Reconstrucción. El cabildeo para otorgar más recursos a Sedena y su posterior declinación. Y la inconformidad y el pataleo de la CNC. En los tres casos, el papelón del tricolor fue mayúsculo. Al descubierto quedó la veleidosidad en la conducción de la fracción parlamentaria, el poco sustento de sus propuestas, y un enorme desgaste de la imagen del partido.

Eso sí, la bancada del PRI logró remontar el recorte de 50 por ciento que el gobierno federal pretendía imponer al presupuesto carretero del estado de México, entidad que recibirá reasignaciones por mil 600 millones de pesos, lo que representa el incremento más alto de los negociados para los estados.

En febrero los senadores priístas presentaron una propuesta de reforma política. Al poco tiempo los diputados de ese instituto político anunciaron que elaborarían un planteamiento distinto. Finalmente, la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados, cuyo origen fue atribuido a Peña Nieto, se centró en la eliminación de la cláusula de gobernabilidad y en una confusa mezcla de temas judiciales y electorales, que precipitaron un alud de críticas.

Por ley, el 30 de octubre debió nombrarse a tres consejeros electorales del IFE. Esto no ha sucedido por falta de acuerdos. Más aún, se ha afirmado que el nombramiento podría no resolverse hasta 2011. El PRI mantiene su postura de imponer dos consejeros y dejar uno al PAN. El nombre de los candidatos impulsados por el tricolor es desconocido para la mayoría de los diputados del Revolucionario Institucional.

Al inicio de la legislatura, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios convinieron en mantener la práctica de que la mesa directiva fuera presidida, cada año, por un diputado de las tres principales fuerzas políticas. El PRD argumenta que durante el segundo año le corresponde encabezar la presidencia en la Cámara. Sin embargo, el PRI negó la existencia del convenio.

Haciendo un papelón, el diputado Rubén Moreira Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó al controvertido Julio César Godoy Toscano –acusado de tener vínculos con el narcotráfico– en su toma de protesta como legislador federal por el partido del sol azteca.

En un lamentable espectáculo al que la prensa bautizó como el caso de las juanitas, entre septiembre de 2009 y febrero de 2010 al menos 19 diputadas federales pidieron licencia indefinida para estar en condición de ceder su lugar a sus suplentes varones, violentando así la cuota de género a que se encuentran sujetos los partidos políticos. Seis de ellas pertenecen al tricolor.

De querer, el PRI cuenta en la Cámara de Diputados con una mayoría suficiente para avanzar en la realización de reformas relevantes. En lugar de ello, camina de desatino en desatino, y de agandalle en agandalle. ¿Para eso quiere la Presidencia?

EL LEGADO DE ULISES RUIZ ORTIZ.

Tomado de Oaxaca libre.org

MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz dice en la televisión que fue un orgullo ser gobernador de Oaxaca en los últimos seis años, y que, a pesar de que algunos grupos quisieron deponerlo, sus gobernados lo impidieron. “Pronto nos veremos”, afirma al final de su mensaje, dejando ver que seguirá actuando en la política con nuevos espacios de poder.

El cinismo ha sido una de las características que Ulises Ruiz ha mostrado desde joven, cuando era el operador electoral más avezado del equipo de Roberto Madrazo y de César Augusto Santiago. Desde mediados de los noventa ya se distinguía por ufanarse de saber cómo realizar un fraude electoral sin que hubiera réplicas de la oposición; con esas credenciales llegó a gobernar Oaxaca en 2004, dejando tras de sí una estela de violaciones a los derechos humanos, muertes, represión, impunidad y corrupción como ninguno otro de los gobernadores de esta entidad.

En la edición más reciente de la revista Proceso (número 1776) el corresponsal en Oaxaca, Pedro Matías, da cuenta de la larga lista negra que Ulises Ruiz dejará al nuevo gobernador, Gabino Cué, quien tiene ante sí la responsabilidad de dar una respuesta firme a las peticiones de justicia que los oaxaqueños han lanzado desde que el pasado 4 de julio perdiera el PRI las elecciones, por primera vez en 80 años de gobierno ininterrumpido.

Las cifras que aparecen en el historial negro de Ulises son una expresión del terror con el que gobernó y que con todo cinismo pretende hacer una virtud dentro del PRI: 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas; más de 600 detenciones, 380 casos de tortura, siete desapariciones forzadas, secuestros, cuatro periodistas asesinados.

En el reportaje se señala que también permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron y 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.

El saldo negativo del gobierno de Ulises Ruiz no esta sólo en la parte social y de derechos humanos, también en las finanzas que han sido manejadas con dolo a favor de su familia y sus amigos.

Recientemente, a mediados de septiembre, fueron detenidos Daniel García Teurel Ortega y Martha Ortega Habib, hermana y sobrino del secretario de Finanzas del estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Ambos detenidos no pudieron explicar el origen de mil millones de pesos que tenían en sus manos.

El monto fue más de lo que reportó la Procuraduría General de la República. Según los legisladores del PAN y PRD en el Congreso de Oaxaca, en realidad se investigaban 4 mil 800 millones de pesos que fueron detectados en las cuentas bancarias de los familiares de Ortega Habib.

Desde el inicio, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ha estado salpicado por este tipo de escándalos financieros. Habría que recordar el reportaje publicado en Proceso por la reportera Patricia Dávila sobre el hospital privado SEDNA con un costo de mil 500 millones de pesos instalado en la Ciudad de México sin que haya claridad en el origen de los recursos utilizados. Dicho hospital está a nombre María de Lourdes Salinas Ortiz, esposa de Ulises Ruiz.

También los gastos erogados en la reconstrucción del Zócalo de la capital oaxaqueña a una constructora de su propia familia; igualmente los mil millones que gastó en la Ciudad Judicial, 11 millones 400 mil pesos que destinó a pueblos que integran la Ruta Dominica y 6 mil millones que deja como deuda pública por la firma de Contratos de Servicios de Largo Plazo, mejor conocidos como PPS.

Paradójicamente mientras hizo esos gastos extraordinarios sin ofrecer un reporte claro, Ulises Ruiz privó al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez de más de 44 millones de pesos de recursos federales, lo cual generó un colapso financiero en la capital del estado, al grado de no tener ni para pagar el alumbrado público.

En sus últimos días Ulises Ruiz se ha dedicado a difundir una serie de mensajes como despedida de su gestión de seis años. En uno de ellos, acusa la existencia de “grupos” que tenían paralizado al estado pero que gracias a su gobierno, esto se superó y ahora Oaxaca está listo para seguir creciendo en paz; en otro anuncia que “pronto nos veremos”.

Esto es, quizá, lo que muchas organizaciones y personas lastimadas por su gobierno espera, pero verlo pronto ante tribunales judiciales, a fin de que responsa a todos y cada uno de los agravios. Si, pronto nos veremos, pero para ajustar cuentas con la justicia.