POR SU VENALIDAD

12/11/2010

Persiste desconfianza hacia quienes imparten justicia, admiten jueces
Los ciudadanos demandan un servicio ágil, con mayor eficiencia y transparente, dicen
Para muchos ciudadanos es una realidad distante y ajena, señala Francisco Blake Mora
Hay que cerrar esa brecha inaceptable, expresa el gobernador Enrique Peña Nieto
JESÚS ARANDA
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 5
Ixtapan de la Sal, estado de México, 11 de noviembre. La mayoría de los ciudadanos tiene una perspectiva negativa de la impartición de justicia, no hay confianza en la actuación de los órganos jurisdiccionales, ni certeza de cuáles son las funciones de los tribunales, reconocieron los participantes de la quinta asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
Además, los juzgadores alertaron sobre la falta de recursos que enfrentan los tribunales del país para la implementación de la reforma penal que pretende que el sistema de juicios orales opere a nivel nacional a más tardar en el año 2016.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la AMIJ, Rolando de Lassé, dijo en conferencia de prensa que los tribunales del país le solicitaron a la Cámara de Diputados una partida adicional de 640 millones de pesos para 2011, como un primer paso para enfrentar los temas urgentes e inmediatos que representa la reforma penal.
En un intento por paliar la desconfianza de la sociedad en los tribunales, la AMIJ aprobó la carta de derechos y obligaciones de los usuarios de la justicia en México, la cual admite que la sociedad mexicana demanda un servicio con mayor agilidad, eficiencia y transparencia.
La asociación, añade, asume el compromiso de mejorar la calidad de los servicios que prestan los órganos de impartición de justicia y reconoce el derecho de los ciudadanos a ser atendidos de forma respetuosa, a recibir respuesta oportuna a sus solicitudes, conocer el tipo de conductas de los funcionarios que pueden ser motivo de una responsabilidad penal o administrativa, y en caso de ser víctimas, ser informado de sus derechos, incluida la reparación del daño y garantizar el uso de un intérprete traductor cuando el usuario de la justicia sea un indígena, entre otros puntos.
Previamente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, reconoció, al inaugurar los trabajos de la asamblea, que los justiciables exigen mayor celeridad en la impartición de justicia y mejores vías para recibirla.
El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dijo a su vez que desafortunadamente, para muchos mexicanos la justicia es una realidad distante y ajena.
En ese contexto, el funcionario exhortó a los juzgadores a transformar profundamente la percepción que muchas personas tienen de que la justicia tarda o que al final de cuentas no cumple con las expectativas. La justicia debe ser pronta, expedita y transparente, y la implementación de los juicios orales es un paso adelante en favor de los mexicanos, dijo.
Por su parte, el gobernador del estado de México –sede del encuentro–, Enrique Peña Nieto, sostuvo que el Estado mexicano tiene que modernizarse para cerrar la inaceptable brecha que existe entre la ley y la realidad.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Fix Fierro, presentó las conclusiones del estudio de opinión sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios de la justicia en México, cuya elaboración le encargó la AMIJ.
Explicó que, en general, los ciudadanos no acuden a los tribunales por diversas razones, que van desde la desconfianza, mala imagen de los tribunales, hasta el mal trato que reciben las personas cuando tiene problemas con la justicia.
El especialista universitario señaló que a la gente le da igual si su asunto es del fuero federal o penal, lo que le importa es que le hagan justicia.
Ahora San Luis: balaceras, narcobloqueos y un muerto Verónica Espinosa
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 11 de noviembre (apro).- Esta ciudad vivió hoy horas de tensión cuando sicarios se enfrentaron con agentes policíacos locales y federales y cerraron con autobuses del transporte público los principales accesos que confluyen en un distribuidor vial, en el primer narcobloqueo que se registra en la entidad.
En la persecución, balacera y enfrentamiento registrados durante al menos dos horas, murió uno de los presuntos sicarios, cuyo cuerpo quedó abandonado en uno de los vehículos que éstos utilizaron para escapar.
Además, un grupo de unas 30 personas con el rostro cubierto se instalaron en las cercanías al distribuidor vial Juárez, en una supuesta protesta contra la Policía Federal y los operativos desplegados por ésta en la ciudad, con pancartas en las que se leía: “¡Fuera asesinos!”.
Los presuntos manifestantes permanecieron en el lugar aun durante el enfrentamiento registrado en la zona y el bloqueo impuesto por los sicarios, de manera similar a otras expresiones de este tipo que se han registrado en ciudades como Monterrey, atribuidas al crimen organizado.
De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el enfrentamiento derivó del asalto efectuado por una banda de delincuentes a una empresa refresquera ubicada frente al Distribuidor Vial Juárez, en el cual confluyen los accesos a la ciudad de las carreteras de Querétaro, Matehuala y Guadalajara.
Este asalto fue reportado a las dos de la tarde, y provocó la movilización de agentes de la Policía Ministerial del Estado, los que al llegar al lugar, fueron recibidos a balazos por cuatro presuntos asaltantes, que viajaban en un automóvil compacto con placas del Distrito Federal.
Los sicarios tomaron cinco unidades del transporte público y obligaron a los usuarios a bajar de ellas, para posteriormente colocarlas en los accesos al distribuidor para bloquear el paso.
“De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que los camiones que obstruían el paso en el distribuidor vial, fueron utilizados por los delincuentes como estrategia distractora al momento de su huida, ya que no se recibió ningún reporte de intento de robo a los ocupantes de los mismos”, indicó el comunicado de la dependencia.
Informó que en la intersección de las calles Cuarta y José Manuel Othón se encontró el cuerpo de un hombre de unos 34 años de edad, presuntamente involucrado en el asalto y el bloqueo vehicular.
No obstante, testimonios obtenidos por medios locales en el lugar dan cuenta de otros dos vehículos involucrados en la persecución entre sicarios y policías: un Bora, con placas del estado de México, y un Megane, con placas de San Luis, los cuales quedaron atravesados en el distribuidor, con huellas de la balacera.
En la cajuela del primero de los autos los agentes ministeriales encontraron armas largas de diversos calibres, mientras que en el segundo automóvil quedó el cuerpo de un hombre, que fue trasladado al servicio forense de la PGJE.
Fue hasta después de las cinco de la tarde cuando fueron retirados los autobuses urbanos del distribuidor.
CEDH-Sinaloa acusa a Coppel de esclavizar a trabajadores
Reconoce director comercial que las víctimas se encontraban encerradas en la tienda de Culiacán
Los dueños, una de las familias más poderosas del estado; indujeron voto por Calderón en 2006
JAVIER VALDEZ CÁRDENAS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 33
Culiacán, Sin., 11 de noviembre. La empresa Coppel incurre en esclavismo al encerrar a sus trabajadores durante las jornadas nocturnas, como ocurrió con las seis empleadas que murieron en el incendio ocurrido en una las tiendas de esa empresa, afirmó Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancia que investigará el caso.
Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y otras autoridades que realicen pesquisas deberán actuar con transparencia para que a la hora de sancionar no vayan a pesar los apellidos.
Durante una gira de trabajo por la ciudad de Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, donde firmó convenios con organizaciones no gubernamentales, agregó que la ley debe aplicarse por igual a todos, sobre todo si violarla causa muertes.
La familia Coppel, originaria de Culiacán, es una de las más poderosas de Sinaloa y su empresa es de las que tienen mayor presencia en el país. En el estado es público su respaldo económico y moral a los candidatos y gobiernos surgidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En la campaña presidencial de 2006 ordenaron a sus 25 mil empleados rechazar a Andrés Manuel López Obrador y votar por Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN).
Nuestro México necesita un presidente del primer mundo, moderno, joven, con visión internacional y global, que vea al futuro, no un presidente de país subdesarrollado tipo (Fidel) Castro, de Cuba, o (Hugo) Chávez, de Venezuela, que ven al pasado, como sería el del PRD, dice la carta enviada en aquel entonces a los trabajadores, firmada por Enrique Coppel Luken, uno de los dueños de la cadena.
Mientras, la Unidad de Protección a Víctimas del Delito de la PGJE comenzó a ofrecer asesoría legal, sicológica y cobertura de gastos funerarios a las familias de las seis jóvenes empleadas de Coppel que murieron asfixiadas en la tienda ubicada en el centro de Culiacán.
Cuando se originó la conflagración, a las 21:50 horas del martes, ellas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde puertas y ventanas estaban cerradas con cortinas de acero y candados.
Empleados de la PGJE, que inició hoy una averiguación previa por homicidio, informaron que la dependencia cubrirá los gastos funerarios si la empresa no responde.
Adán López, padre de Ariana López Soto, una de las víctimas, señaló que directivos de Coppel le ofrecieron apoyo, pero advirtió que aun si aceptara no descarta demandar a la compañía por homicidio.
Manuel García Félix, director comercial de Coppel, reconoció que las seis trabajadoras estaban encerradas, pero aseguró que sí había una salida de emergencia. Cada aspecto del incendio, agregó, deberá indagarse y reconstruirse.
Rafael Avante, director general de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal, sostuvo que no existe ley que permita a los empresarios privar de la libertad a sus trabajadores, por lo que se sancionará a los responsables en caso de comprobarse que hubo irregularidades.
Apremia Ebrard por solución
GABRIELA ROMERO
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 37
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) apremió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cumplir su palabra y de inmediato ponerse a trabajar en la sustitución del cableado subterráneo de alta tensión en el Centro Histórico.
Ellos ofrecieron hacerlo, es su responsabilidad. Si no pueden que nos lo digan, ya veremos qué hacemos, porque afecta mucho a la ciudad, puntualizó Marcelo Ebrard, titular del Ejecutivo local, tras preguntarle sobre la explosión ocurrida en una subestación eléctrica en el Centro Histórico, que dejó 12 personas heridas. Tras aseverar que esto nada tiene que ver con un sabotaje, señaló que el gobierno capitalino ya entregó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el diagnóstico que se tiene sobre la instalación eléctrica subtérranea. Cada año nos dicen que se va a invertir, no se hace; no sólo me parece muy riesgoso, sino que además se ha ido incrementando el número de casos.
Ebrard Casaubon advirtió que es urgente que la CFE realice los trabajos, porque el Centro Histórico tiene mucha actividad. Hemos sido respetuosos, pacientes, profesionales en lo que hemos hecho y dicho, pero lo que vimos hoy es, simple y llanamente, inaceptable.