Y LOS POLITICOS ZOPENCOS

16/11/2010

El conocimiento y los políticos
JOSÉ BLANCO
Conforme en los últimos lustros del siglo XX el mundo entraba aceleradamente en la sociedad y economía del conocimiento, las tensiones entre los gobiernos y quienes generan y distribuyen el conocimiento han aumentado sin pausa. El conocimiento de base disciplinar se amplía a velocidad vertiginosa: hoy se duplica cada cinco años, y para 2020, lo hará cada 73 días (ONU) y es absolutamente indispensable para resolver todo. La universidad quedó entonces como en el ojo del ciclón.
El desarrollo del conocimiento produjo inimaginables formas de desarrollo de la vida social, pero también trajo problemas de magnitud inmensurable. El cambio climático, los brutales desastres derivados o la crisis económica que ha cimbrado hasta sus cimientos a los estados del mundo, todo está en cuestión y todo ello también sólo puede solucionarse mediante el conocimiento mismo. No es extraño que la educación superior, la investigación científica y tecnológica, la crítica, que vive en el corazón mismo de la universidad, estén sujetas a procesos formidables de debate y de transformación, en el mundo.
Muchas sociedades y gobiernos, trabajan y discuten ese hecho sin pausa. Los usuarios del conocimiento, sociedades, empresas, organizaciones de todo tipo, gobiernos, de un lado, y quienes generan y distribuyen el conocimiento, de otro, poseen con frecuencia criterios distintos, y llegar a acuerdos entre todos los actores absorberá mucho tiempo y muchos recursos. Pero sólo la ceguera de intereses de corto plazo o la de la ignorancia, que con frecuencia van de la mano, pueden producir posiciones perplejas y mentes ofuscadas que están contra el desarrollo del conocimiento; vale decir, contra la universidad.
En todos los países desarrollados el espacio de la educación superior pasó a ocupar una centralidad inexcusable, reconociéndose así que la universidad de elites del pasado, es sólo una pieza de museo. Es difícil creerlo, pero en México no es central, sino marginal. Es muchas veces un residuo y una institución desconfiable, aunque las encuestas sociales de cualquier encuestador las ubiquen en el lugar número uno, y sean los políticos quienes ocupan el último sitio.
México, sus clases y grupos dominantes, empeñados como parecen estar en que el país ocupe cada vez peores lugares en todo, no podía dejar fuera de ese afán suicida a la educación superior. No hablo de intenciones: son hechos. En el asunto de los recursos se les comprime todo cuanto sea posible.
Cada año la discusión sobre el presupuesto es harto distinta. Pareciera natural, el mundo cambia, nuevos problemas aparecen. Pero para los diputados mexicanos, en general, esas son apenas unas cuantas razones, hay otras sensiblemente más graves: en la arena del debate cambian los rudos y los técnicos y las estrategias de lucha cada año, porque esos actores principales no tienen prioridades. Todo depende de la correlación de fuerzas, de la cercanía de unas elecciones, o del tamaño de la presión de interesados organizados. Ahora les subimos un poquito, ahora se los quitamos. ¿Es esa una política de Estado?: no, es el desastre. La educación superior requiere recursos crecientes en presupuestos plurianuales, porque la matrícula debe crecer y porque en la sociedad del conocimiento la educación superior es por necesidad cada vez más intensiva en capital.
No todo queda ahí. En tierra de abundantes zopencos políticos suceden más desdichas: en 2009 el gobernador panista de Tlaxcala acompañado de sus poderes políticos formales, cambió la Constitución local, y la ley orgánica de la universidad de esa entidad federativa para que su hermano fuera relegido rector. Lindísimo, ¿no es cierto? En septiembre pasado el gobernador de Durango y sus compadres del Congreso local, en un santiamén cambiaron la ley orgánica de la universidad, para impedir que una persona que no era de las huestes del gobernador, pudiera intentar legalmente relegirse, y además el Congreso, sí el Congreso, nombró a una rectora provisional. No tardó mucho tiempo en que alguien le hiciera ver las barbaridades legales que estaba cometiendo, de modo que hubo que recular, pero no completamente: se niega a restituir la situación legal en el lugar en la que la hizo trizas. En ambos casos esos señores gobernadores creen que la autonomía prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos sirve para que se aseen el final del intestino.
Y el inefable desgobernador González Márquez, de Jalisco, que codesgobierna la entidad con el no menos inefable cardenal Sandoval, desde 2007 le debe setecientos millones de pesos a la Universidad de Guadalajara de ¡recursos federales!, que se embolsó impunemente. Lo que no fue óbice para que en ese mismo año ¡recursos federales! por casi 90 millones fueran donados a la Iglesia de Sandoval, por este gorilesco desgobernador de vez en cuando alcoholizado, que fue en ese estado que a gritos informó a la sociedad jalisciense de su hazaña.
No son las únicas universidades estatales que, en la sombra informativa, viven situaciones similares. He ahí el lugar del conocimiento para la clase política mexicana. Por esa razón produce una sonrisa amarga leer en La Jornada del pasado sábado a Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, recomendando que México fortalezca seriamente la educación, pues aquellos países que tienen grandes historias exitosas, son aquellos que tienen una población bien educada y esto fue mucho antes de que fueran ricos, como Corea y China.
La guerra sin rostro
Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 15 de noviembre.- Toda guerra es terrible: muerte, miedo, despojo, odios que se expresan en atrocidades, familias rotas, miseria. Sin embargo, la guerra que desde hace años vive México tiene un sesgo inédito: carece de significado. Hasta hace poco –pienso en la Independencia, en la Revolución o en los movimientos armados de América Latina–, las guerras, con todo y su cauda de desgracias, se movían sobre ideas de justicia y de porvenir. Ideas abstractas, ciertamente, cuyas consecuencias resultaron contrarias, pero que al menos señalaban un horizonte sin el cual los seres humanos estamos privados de sentido. Hoy esas ideas no existen.
La mayor parte de las ideas de Felipe Calderón y su gobierno –no hablemos de las del crimen organizado–, que caminan en el sentido de la privatización, del fortalecimiento y la expansión de los grandes capitales, del dinero y de los privilegios, no son precisamente ideas que tengan que ver con la justicia y el porvenir. Por el contrario, han cobrado costos altísimos en miseria, división de familias y angustia que la guerra ha venido a potenciar.
En este sentido, no sólo vivimos una guerra inimaginable, sino también una sociedad inimaginable en el orden de la justicia y del porvenir. Una guerra cuyos rostros, como el de los torturados, sólo manifiesta las huellas del absurdo, hace que nos sintamos presos en una telaraña. No la podemos entender. No tenemos ninguna certeza de lo que saldrá de allí. Simplemente padecemos con la zozobra de los personajes de Kafka. Da la impresión de que habitamos en un mundo dirigido por fuerzas ciegas y sordas que se niegan a escuchar los gritos de advertencia, los consejos y las súplicas.
A fuerza de una violencia sin sustento, tanto Calderón como el crimen organizado han ido destruyendo algo fundamental para la vida humana: la confianza en que sobre la base de una política o de una guerra hay sentido de justicia y de porvenir. Por el contrario, a lo largo de estos años sólo hemos visto mentir, manipular, envilecer, torturar y matar. Nada ha podido impedirlo. No porque quienes perpetran esta guerra estén persuadidos –como lo estuvieron quienes las hicieron en el pasado– de la fuerza de sus ideas sobre la justicia y el porvenir, sino porque están poseídos por las fuerzas ciegas del mercado, que sólo puede mantenerse mediante un movimiento que se pretende perpetuo. Su dilema, como lo señalaba Jean Robert, es el de un Shakespeare pervertido: “crecer o dejar de ser”.
Ese crecimiento, como podemos verlo en las políticas económicas del gobierno y de la clase política, y en la guerra que en nombre de dicho crecimiento se ha desatado, sólo puede realizarse mediante la destrucción continua de dominios de existencia, de territorios y modos de vida; mediante la colonización de culturas, lenguajes y formas de pensar; mediante el despojo y el miedo. Así, en nombre del crecimiento, sea el de la legalidad (el del gobierno y los grandes capitales) o el de la ilegalidad (el del crimen organizado), vivimos una guerra sin significado que nos tiene en el terror y va ahondando la miseria.
En este caos es imposible la persuasión. Los seres humanos de este país hemos sido entregados a la violencia de fuerzas ciegas. Nos ahogamos en medio de gente que sólo cree en el poder del dinero. Y para quienes sólo podemos vivir con el diálogo, la amistad y las relaciones de confianza, la guerra que han desatado y la forma de vida que quieren imponernos son el infierno.
En este sentido, el problema político fundamental de México es saber si es posible seguir habitando un mundo en el que el crimen, en nombre del crecimiento –sea legal o ilegal–, está legitimado y la vida humana es vista como una realidad fútil –recursos humanos intercambiables, bajas colaterales, vidas prescindibles como las de los animales.
Si creemos todavía en que es posible hacer compatible la justicia, la paz social y el orden con la idea de la producción y el consumo desmedidos, habría que decir que sí, y entonces habrá que resignarse a una guerra cuyos resultados, en el orden del horror, son impredecibles. Si decimos que no, tendremos que aceptar que para detener esta realidad tóxica hay que inventar políticas que disocien la justicia y la paz de la cuestión del crecimiento, de la producción y del consumo desmedidos, y la asocien con la fuerza de las comunidades y sus relaciones de soporte mutuo.
Sólo mediante proyectos que recobren los ámbitos de comunidad, es decir, ámbitos de subsistencia, en donde la primera regla es asegurar los medios de sustento de los más débiles, podrá detenerse el absurdo. Esta lógica, ajena a las abstracciones de justicia y de porvenir de las guerras de antaño, y más ajena aún a las fuerzas ciegas de la guerra que hoy vivimos, hace posible la justicia y el porvenir en sus relaciones de solidaridad y de cooperación. Pero esto no depende ya del gobierno, que se mueve, al igual que el crimen organizado, en la racionalidad irracional de una economía del dinero, de la producción y del consumo sin límites. Depende de la gente y del sentido común, el más escaso –para nuestra desgracia– de los sentidos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.
La revolución olvidada
MARCO RASCÓN
Crecimos y fuimos formados bajo los discursos de la Revolución Mexicana que nos daría todo; que creyendo en quienes la habían institucionalizado, el futuro estaría asegurado para nosotros y nuestros hijos.
En el campo, los agrarios, organizados para votar y ya no para producir; en la industria, los obreros acuerpados en aquel Estado encarnado cada sexenio por un presidente que representaba la unidad nacional y un solo partido, que por identidad tenía los colores de la bandera nacional, para que nadie se confundiera.
Fueron ellos mismos los que, contradiciendo en los hechos su propio discurso, sus propias leyes escritas y no escritas, decidieron que aquellos discursos ya no servían y los postulados de aquella Revolución eran un obstáculo; entonces se empezó a tejer una cortina de humo contra lo que había sido la ideología gubernamental: el nacionalismo revolucionario priísta, que no fue transformado ni evolucionado, sino liquidado.
A 100 años del Plan de San Luis lanzado por Francisco I. Madero contra el régimen de Porfirio Díaz, el país de nuevo estalla. La política se desacredita por los políticos que con las viejas herramientas de la demagogia, el clientelismo, el contratismo, los subsidios, las complicidades palaciegas, las maniobras de la vieja usanza, quieren arreglar los problemas de un país que ellos mismos ya no conocen, que se les fue de las manos, que trae perdida su identidad ante el mundo. De ser pretendidamente líderes de los países No Alineados en la década de 1970, ahora somos el país más alineado que hace que hasta los estados de la unión del norte ejerzan mayor autodeterminación frente a su federalismo, que nosotros los mexicanos, encargados de cuidar sus fronteras.
Para esto nos diseñaron la transición pactada en algún rincón del poder, donde la alternancia política en la Presidencia, estados y municipios se hizo moneda corriente, a cambio de que la política económica no cambiara nada.
Quien hizo esto fue en principio el PRI, que puso los cimientos del país que ahora tenemos. Fue el PRI que cambió el discurso de la Revolución Mexicana, por el de la modernización bajo los nuevos principios. Cambiamos alternancia política como sinónimo de democracia a cambio de destruir las instituciones de bienestar social y las palancas de nuestro desarrollo económico interno; a cambio de transformar nuestros conceptos contra la pobreza como una tarea nacional incumplida de la Revolución a una idea filantrópica para apaciguar las contradicciones con despensas, repartos de dineros para fortalecer el consumo de los monopolios.
Los modernizadores privatizaron estructuras e industrias, pero no abrieron. El capitalismo que heredamos ni siquiera fue un capitalismo basado en la competencia y el riesgo empresarial, sino en los monopolios claramente prohibidos en la Constitución, pero que ahora son la base de esta dictadura apoderada de la política, la comunicación, la legalidad y las decisiones. Esto condujo a que México se convirtiera en el paraíso de los contubernios y el delito. La compenetración entre política y delito es cada vez mayor, y se ha hecho un nuevo divorcio entre sociedad y la fuerza pública, entre legalidad e ilegalidad.
Treinta mil muertos, mayoritariamente jóvenes, derivados de una violencia gestada no ahora, sino desde hace años, hicieron que el asombro se volviera rutina y, definida como una guerra, se convocó a la unidad nacional en torno a ella como complemento del enfrentamiento que se vive en la política y donde todos se dicen salvadores, cuando todos son los principales culpables de lo que hoy somos.
A 100 años de una de las revoluciones más importantes del siglo XX nuestros postulados son el atraso, la apatía, la vieja demagogia priísta, ahora extendida a toda la política. La transición se hizo, igualándonos a los principios del priísmo, luego de que la alternativa se había forjado, precisamente rompiendo con lo que significaba el PRI desviado e institucionalizado.
Si a geometría política nos atenemos, el PRI es la representación de la gran derecha a la que desde 2006 los protagonistas políticos centrales han favorecido para restaurarse. Los responsables de enterrar al viejo régimen sometieron el futuro del país a su corta visión personalista y ahora se identifican por no aceptar ningún cambio en su estrategia, aunque la realidad les grite en la cara. A 100 años de la Revolución, el país tiene también mala suerte.
Han cambiado tanto las cosas, que los 100 años de la revolución ahora ya no se celebra el 20 de noviembre, sino el 15. El desfile ya no es deportivo y social para enseñar los avances en salud, alimentación o empleo, sino para enseñar el armamento que no ha disuadido a los promotores de la violencia.
A 100 años de ese gran acontecimiento, que marcó la entrada de México en el siglo XX y sus luces, sigue habiendo búsquedas; ya no se trata de si gana uno u otro personaje con votaciones ridículas y con gran abstención ciudadana. No es un tema de personalismo, sino de principios, ética y convicciones colectivas.