BUENOS PARA REPRIMIR AL PUEBLO

03/12/2010

Las fuerzas armadas eluden el riesgo en la lucha anticrimen: EU

El gobierno de Calderón, incapaz de enfrentar la criminalidad

El Ejecutivo, ante un complicado ambiente político y económico

Según filtraciones, no puede frenar las pugnas entre Sedena y Semar

ARMANDO G. TEJEDA

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2010, p. 2

Madrid, 2 de diciembre. Diplomáticos estadunidenses calificaron a las fuerzas armadas mexicanas de torpes, descoordinadas, anticuadas, burocráticas, parroquiales y con aversión al riesgo, en cables confidenciales de este año, en los que se estima que el presidente Felipe Calderón enfrenta un complicado ambiente político y económico, así como la incapacidad de frenar la violencia del narcotráfico y la visible tensión entre la las ramas castrenses.

“En este contexto es absolutamente necesario que nosotros intensifiquemos nuestros esfuerzos para alentar la modernización de las fuerzas armadas mexicanas… Históricamente la sospecha de Estados Unidos ha sido uno de los principales motores de una cultura burocrática militar que ha mantenido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cerrada para nosotros… Por primera vez, y siguiendo el ejemplo de la Secretaría de Marina (Semar), ha solicitado capacitación. Necesitamos capitalizar estas rendijas en la puerta.”

Lo anterior forma parte de una evaluación previa a la reunión del Grupo Bilateral de Trabajo de Defensa, elaborado por la embajada de Estados Unidos en México para preparar a su delegación, y clasificado como secreto con fecha 29 de enero de 2010.

Debilidades institucionales

El cable diplomático divulgado por Wikileaks detalla el contexto que vive México, la Presidencia y las fuerzas armadas.

“El presidente Calderón ha entrado en los últimos tres años de su sexenio enfrentando un ambiente político y económico complicado. Su PAN emergió seriamente debilitado de un revés dramático sufrido en las elecciones de julio y ha sido incapaz de recuperar un real ímpetu durante la última sesión legislativa. El audaz plan de Calderón para 10 ambiciosas áreas de reforma anunciadas en septiembre aún no se ha traducido en iniciativas políticas viables. Sus índices de popularidad personal han bajado, en gran medida por una contracción económica masiva y un sentido público de que hay poca estrategia para crear empleos nuevos y sustentables.

Mientras tanto, el opositor PRI está en ascenso, manejando cautelosamente su ilusoria unidad en un esfuerzo para dominar los 12 concursos gubernamentales de este año y evitar errores que podrían poner en jaque su estatus puntero para la elección presidencial de 2012, refiere.

Al evaluar los desafíos de seguridad en esta coyuntura, la diplomacia estadunidese elogia que Calderón ha atacado a las organizaciones de narcotraficantes, pero “ha luchado con una coordinación interagencias difícil de manejar y descoordinada, y con tasas en una espiral de violencia que lo han hecho vulnerable a críticas de que su estrategia anticrimen ha fracasado.

“De hecho, la incapacidad del gobierno de México para detener los crecientes números de homicidios relacionados con el narco en zonas como Ciudad Juárez y otras… se ha convertido en una de las vulnerabilidades políticas de Calderón, mientras que el público se preocupa cada vez más por la seguridad ciudadana. Las instituciones de seguridad están entrampadas en una competencia de suma cero, en donde el éxito de una agencia es percibida como el fracaso de otra, la información es mantenida aparte y casi no hay nada que se pueda llamar operación conjunta. La corrupción oficial es extendida … las tasas de fiscalización para delitos relacionados con el crimen organizado son lamentables; sólo dos por ciento de los detenidos son enjuiciados”.

Sin embargo, los diplomáticos aseveran que la Sedena carece de autoridad para arrestar y no tiene la capacidad para procesar información y pruebas para uso en casos judiciales. Ha sido seriamente golpeada por organizaciones de derechos humanos internacionales y domésticas, que argumentan con una base considerable, que de hecho los militares no están capacitados para desempeñar un papel policiaco doméstico.

Aunque se indica que la Sedena ha intentado abordar estas críticas, sus esfuerzos son percibidos como defensivos. El fuero militar es usado no sólo para una función fiscal legítima sino también para preservar la independencia institucional militar, señala el cable.

Indica que aunque Calderón ha promovido reformas serias, debe proceder cuidadosamente con las fuerzas armadas, y agrega que con nuestra ayuda ha afinado su estrategia anticrimen.

Los estadunidenses señalan: Activamente hemos buscado alentar el respeto por el papel de los militares en la sociedad mexicana y procedido cuidadosamente en torno al tema más grande de la modernización militar.

El poder del narco

Mientras tanto, se destaca la capacidad de los grupos criminales: Las organizaciones del narcotráfico son jugadores sofisticados: pueden aguantar un despliegue militar; tienen casi una ilimitada reserva de recursos humanos de la cual nutrirse en barrios marginales, y pueden promover quejas sobre violaciones e derechos humanos para minar cualquier progreso que los militares puedan hacer con los corazones y las mentes.

El Departamento de Estado también expresó su preocupación por la relación interarmas y sobre todo por la posibilidad de que llegue el momento en que la Sedena decida replegarse.

“Bajo la superficie del profesionalismo militar hay considerable tensión entre Sedena y Semar. Semar tuvo éxito en el derribo de Arturo Beltrán Leyva, como también con otros importantes objetivos. Sedena ha llegado a verse lenta y con aversión al riesgo… El riesgo es que cada vez que se critica más a Sedena más aversión al riesgo tendrá.

El desafío que ustedes enfrentan en el Grupo Bilateral de Trabajo es convencerlos de que la modernización y no el repliegue es la manera de avanzar, y que la transparencia y el rendimiento de cuentas son fundamentales para la modernización. No hay alternativa en el mundo de hoy de la tecnología informática.

Ante este panorama, la embajada sugiere plantear una transición modernizadora. “Alentando a los militares mexicanos a participar más activamente en la arena internacional, así como mayor cooperación en seguridad en Centroamérica y Colombia, y aun con participación limitada en operaciones regionales humanitarias, y posiblemente de mantenimiento de paz, también será clave en ayudar a la transición militar de una mentalidad de ‘proteger la Revolución’ a una fuerza más activa dinámica y flexible”.

Galván planteó aplicar el estado de excepción; Gómez Mont se opuso

ARMANDO G. TEJEDA

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2010, p. 3

Madrid, 2 de diciembre. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, propuso apelar al artículo 29 de la Constitución y decretar el estado de excepción en varias regiones de México, señalan documentos secretos del Departamento de Estado, filtrados por Wikileaks y dados a conocer por el diario El País; mientras el entonces subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, advirtió que existe el riesgo de perder el control de varias zonas del país.

En uno de los informes se relata la reunión que sostuvo Galván Galván con Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional, en la que propuso invocar el artículo 29 constitucional para decretar el estado de excepción en varias áreas del país, lo que a su juicio le daría una cobertura legal más sólida a los militares en su lucha contra el crimen organizado.

Según el informe número 231890, clasificado como secreto, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se reunió más tarde con el funcionario estadunidense, desestimó lo dicho por Galván y defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de respetar el fuero militar pues, dijo, era suficiente para darle al Ejército un soporte legal en sus actividades. Nuestro análisis es que los beneficios legales de invocar el estado de excepción son inciertos, mientras el costo político es alto, concluye el informe.

El documento agrega que para el gobierno de Calderón no es decisión sencilla decretar el estado de excepción, situación que no ha ocurrido desde que México declaró la guerra a Italia, Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso señala que el gobierno se abstuvo de incluirlo en hechos históricos, como la represión del movimiento estudiantil de 1968, el terremoto de 1985, el alzamiento zapatista de 1994 y las protestas de Oaxaca de 2006.

Al evaluar otros intentos de reformar las leyes con el propósito de facilitar el combate al narcotráfico y permitir una base legal más concreta para la participación militar, se señala que los partidos de oposición expresaron su resistencia a estas reformas. El documento indica que contactos en el PRI han indicado que preferirían limitar la autoridad presidencial en lugar de ampliarla, mientras el senador Tomás Torres, del PRD, dijo que la reforma para codificar el papel militar tiene pocas posibilidades de ser aprobada.

Los estadunidenses concluyen que cualquier beneficio que Calderón obtuviera con un estado de excepción “sería minado por los altos costos políticos… mientras la posibilidad de una declaración de estado de excepción no puede ser descontada en el futuro, el gobierno de México parece estar lejos de considerlo como eficaz”.

Sólo 18 meses

En otro despacho, fechado el 5 de octubre de 2009 y archivado como confidencial, se detalla el contenido de la reunión que sostuvieron varios personajes de ambas administraciones. Por parte de México participaron el coordinador del Sistema de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón; el subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, y tres representantes de la Procuraduría General de la República: Marisela Morales, Emilio Corzo Cabañas y Óscar Rocha Dobrowski. Por parte de Estados Unidos asistieron cinco funcionarios de la fiscalía del Estado: Bruce Swartz, Kennet Blanco, Paul Rosen, Tony García y Keith Mines.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales insistieron en la urgencia del país por recibir más capacitación, tecnología y recursos. También se manifestó la angustia de los mexicanos por lograr la colaboración, al grado de que Gerónimo Gutiérrez reconoció que sólo hay un margen de 18 meses para lograr un éxito tangible, ya que se corre el riesgo de que no se pueda mantener la confrontación en la próxima administración.

Gutiérrez aseguró que el gobierno de México corre el riesgo de perder el control en varias zonas del país. El documento lo describe así: Gutiérrez fue más allá al decir que, sin embargo, se ha dado cuenta de que ya ni siquiera hay tiempo para afianzar la preparación de las instituciones en los años que restan de la administración Calderón.

Se agrega la apreciación de que en la sociedad mexicana se ha instalado el miedo y que aun en regiones como Mérida, donde hay índices de seguridad al nivel de Europa, existe temor ante la inestabilidad de las ciudades próximas.

Esta situación está dañando la reputación internacional de México, hiriendo las inversiones extranjeras, y llevando a una sensación de gobierno impotente, concluye el cable.

A juicio de Gutiérrez, es vital que haya más cooperación con Estados Unidos y que, sobre todo, se desarrolle una estrategia de éxito en las ciudades donde más afloran la violencia y el delito, y citar como ejemplos Tijuana, Ciudad Juárez y otra ciudad como Culiacán. Pues, agrega, no hay tiempo para programas piloto en urbes relativamente tranquilas, como Nuevo Laredo.

Los informes secretos de la diplomacia estadunidense que se refieren a México son más de 2 mil 800, de los cuales sólo se han difundido seis, si bien éstos contienen información sobre el curso de la lucha contra los cárteles de la droga del gobierno del presidente Felipe Calderón.

Fox es un cínico, acusa López Obrador

Verónica Espinosa

QUERÉTARO, Qro., 2 de diciembre (apro).- El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador calificó de “cínico” al exmandatario Vicente Fox, luego de que el guanajuatense admitió haber “cargado los dados” contra el candidato de la coalición “Por el bien de todos” en la contienda electoral de 2006.

“Él (Fox) estaba obligado a respetar la voluntad del pueblo y a respetar las leyes”, dijo López Obrador. De nueva cuenta, agregó, el exmandatario hace una interpretación “muy personal” al asegurar que su intervención fue “democrática” y señalar que el resultado oficial de 2006 fue “un segundo triunfo” para el propio panista.

En una reunión con ciudadanos que conforman las redes del llamado “gobierno legítimo”, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal advirtió, una vez más, que rechazará cualquier alianza entre el PRD y Acción Nacional para la elección en el estado de México, porque “no podemos olvidar que el PAN hace apenas cuatro años nos robó la presidencia de la República”.

López Obrador afirmó que si la dirigencia que encabeza Jesús Ortega opta por concretar la alianza con el PAN, será “un acto de traición”. Y “si los de arriba del sol azteca insisten”, dijo, él tomará distancia del partido.

Y agregó: “El país no estaría viviendo hoy una debacle si no nos hubieran robado las elecciones”.

Actualmente los mexicanos padecemos la violencia, la pérdida de cientos de vidas humanas y el empobrecimiento del pueblo, “por la decisión de la mafia del poder de no aceptar los cambios necesarios en la vida pública del país y tener en la presidencia a un empleado de ellos, a una gente que no representa al pueblo, sino los intereses de una minoría rapaz”, concluyó.

México "asciende" a estado de guerra

Francisco Olaso



BERLÍN, 2 de diciembre (Proceso).- México está envuelto en una confrontación violenta definida como “guerra” por el Barómetro de conflictos 2010, que a mediados del próximo diciembre publicará la Universidad de Heidelberg, Alemania.

De acuerdo con el estudio del Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de esa universidad, en la guerra mexicana los contendientes son el Estado y los cárteles de la droga, mientras el objeto de la disputa lo constituyen el “predominio regional” y los “recursos”.

Es la primera vez que el Barómetro de conflictos, publicado desde 1991, otorga al conflicto vinculado al narcotráfico en México el grado de intensidad 5, “guerra”, máxima categoría dentro de la escala de su metodología. En su edición de 2009 le asignó el grado 4: “crisis severa”.

El instituto clasifica los conflictos en el mundo según su grado de intensidad:

El primero es un “conflicto latente”, una diferencia de opinión entre dos o más partes sobre asuntos de interés nacional. El grado 2 atañe al “conflicto manifiesto”, con ejercicio de presión expresa o amenazas de violencia o de castigos económicos.

A partir del tercer grado, “crisis”, el conflicto asume un carácter violento, al menos de parte de uno de los contendientes. El cuarto, “crisis severa”, refleja el uso de violencia de manera repetida y organizada. El grado 5, “guerra”, implica un uso sistemático, continuo y organizado de acciones violentas, de un nivel acorde con las posibilidades máximas de los contendientes y que provoca una destrucción duradera.

Violencia



La decisión del instituto germano de ubicar al conflicto mexicano en el grado 5 no estuvo exenta de deliberaciones. “Discutimos si se trata de un conflicto de alto nivel de violencia, una ‘crisis severa’, o si lo definíamos como ‘guerra’. Al final nos inclinamos por considerar que se trata de una ‘guerra adulta’”, dice a Proceso el investigador Friedemann Schirrmeister, a cargo del capítulo mexicano del estudio.

Agrega: “El empleo sistemático y masivo de violencia, especialmente en el norte de México, las numerosas víctimas fatales –criterio que en sí mismo no es exclusivo para hablar de guerra– y la destrucción duradera nos han llevado a optar por el grado de intensidad 5. También influye el uso de armamento pesado, aunque en la mayoría de las acciones se utilizan armas ligeras”.

–En 2009, el Barómetro definió este conflicto con el grado 4 ¿Hubo desde entonces una escalada? –se le pregunta.

–El conflicto escaló a partir de diciembre de 2009 y desde entonces se ve un aumento enorme en la confrontación entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga.

“La violencia entre cárteles sigue igual de fuerte, pero nosotros nos enfocamos a la confrontación entre el Estado y esas organizaciones delictivas, que al final de cuentas deriva en conflicto político. Subimos en un punto el grado de intensidad, ya que los enfrentamientos en amplias zonas del norte del país han alcanzado una dimensión que se puede definir muy bien con la palabra guerra”, plantea el especialista.

El instituto germano define como conflicto la confrontación en la que se encuentran en juego intereses concernientes a valores de alcance nacional: territorio, descolonización, secesión, autonomía, sistema político o ideología, poder nacional, predominio regional, poder internacional y recursos.

“En el caso de México, los objetos del conflicto son el predominio regional y los recursos”, apunta Schirrmeister y aclara que “si bien el narcotráfico se relaciona con crimen y éste, en sentido amplio, no es visto como conflicto político, decidimos considerarlo así debido al poder de los cárteles y porque el gobierno de Felipe Calderón dijo públicamente que esas organizaciones amenazan de manera directa la democracia en México”.

En esta confrontación, añade el investigador, el dominio del Estado sobre su territorio ha sido puesto en duda por los cárteles. La otra parte del conflicto, abunda, se relaciona con los recursos; es decir, con las drogas, pese a que el Estado no les da este carácter, ya que están prohibidas.

–¿En qué sentido se considera a la droga como un recurso?

–No es un recurso natural como el petróleo o el gas, pero es un medio que los cárteles utilizan para obtener dinero en grandes cantidades.

“El gobierno niega que quiera hacerse de ese recurso, pero debe evitar que los cárteles lo posean ya que los hace muy poderosos. Se le considera recurso, pues como fuente de financiamiento conduce a que el conflicto escale, como ocurre en la actualidad.”

El especialista asegura que los enfrentamientos más violentos, con 90% de casos fatales, se dan entre los cárteles. “Lo que ocurre entre los cárteles y en su interior lo vemos esencialmente como criminalidad y por consiguiente no lo consideramos conflicto político. Sin embargo, las luchas que se dan en esas organizaciones criminales también desempeñan un papel que concierne al Estado, ya que ocurren en territorios sobre los que éste en gran medida no tiene control”.

Precisa que el involucramiento de miembros del Ejército y de la policía en el negocio del narcotráfico es un problema grave. “Tenemos gran cantidad de ejemplos que demuestran la participación de actores políticos, militares y policiales en los cárteles de la droga. En muchas ocasiones éstos no sólo se dedican al negocio de la droga, sino que cuentan con otras fuentes de ingresos. Se trata de un problema creciente”, indica Schirrmeister.

Sostiene que, pese a todo, al encuadrar el conflicto el estudio se aparta de tesis más radicales, como la que el periodista estadunidense Charles Bowden plantea en su libro Murder city (2010). En opinión de éste, el motivo de la “guerra contra el narcotráfico” es la lucha por el control de este negocio fabuloso. La policía y el Ejército luchan por su tajada, no hay una línea divisoria entre el gobierno y el mundo de la droga.

“Eso habla del tamaño de la corrupción”, apunta Schirrmeister. “Según expertos 50% de la administración pública local está infiltrada por el narcotráfico. Nosotros vemos al Estado, por motivos metodológicos, como actor unitario. Tenemos la confrontación entre las fuerzas militares y los cárteles del narcotráfico. Allí existe una clara línea de confrontación. Éstos contra aquéllos. Somos conscientes del hecho de que una parte de la policía, el Ejército y los políticos se beneficia a dos puntas. Pero para nosotros, desde la metodología, no hay diferencia si el soldado que combate a los cárteles al mismo tiempo es pagado por ellos.

Caso único



El Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg elabora su informe anual desde 1991. A escala global y a largo plazo comprueba una tendencia decreciente de los enfrentamientos violentos entre Estados: hoy, la mayor parte se da dentro de los mismos.

“Es una observación empírica que mediante nuestra metodología podemos comprobar”, dice el investigador. Y argumenta: “En Latinoamérica es más evidente que en otros lugares, ya que durante años no ha habido conflictos violentos importantes entre los Estados”.

Para el investigador siempre es complicado hacer comparaciones entre objetos de conflicto. “En Colombia también tenemos cárteles de la droga, pero la dimensión del conflicto en México no es comparable ni con el de los países de la región ni tampoco con los de otras. El de México es un caso único y muy especial”, dice.

“También observamos tendencias en Centroamérica, en El Salvador u Honduras, con bandas criminales como Los Maras. Algunas presentan desarrollos dramáticos, pero no alcanzan a tener una dimensión de conflicto político, ya que, de acuerdo con nuestra impresión, se mantienen dentro de ámbitos vinculados con la criminalidad.”

El Barómetro de conflictos 2010 reclasificó otros dos conflictos en México. El primero es el que enfrenta a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con el gobierno, que pasó del grado de intensidad 2 (conflicto manifiesto) al 3 (crisis). El segundo corresponde al Ejército Popular Revolucionario en Guerrero, que del grado 3 (crisis) se movió al 1 (conflicto latente).

Sin modificaciones se presentan el enfrentamiento entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas con el gobierno (grado 3, “crisis”) y el que libran el gobierno y la oposición en el país (grado 1), con punto de partida en las elecciones de 2006, denunciadas como fraudulentas por la oposición.