CONTRA EL SECRETISMO CINICO

16/12/2010

El panóptico y la democracia participativa

ENRIQUE DUSSEL*

Michel Foucault en su obra Vigilar y castigar describe las técnicas por las que el Estado moderno europeo disciplina los cuerpos de los ciudadanos, con mecanismos de información que él denomina un panóptico, que como un servicio de inteligencia situado en todos los intersticios del poder político observa y castiga a los ciudadanos. Dicho panóptico se ejerce de arriba hacia abajo, del Estado y la representación política hacia la comunidad política o el pueblo. La Inquisición en el Estado moderno español del siglo XVI fue ya un aparato ideológico del Estado que cumplía esa función.

Estoy ahora refiriéndome a un tema novedoso en la historia mundial; un acontecimiento, diría Alain Badiou, que tiñe desde ahora en adelante el proceso político de las decisiones públicas de las burocracias de los gobiernos de las democracias representativas, especialmente en los estados que han organizado su dominación en el planeta para cumplir sus intereses metropolitanos (como Estados Unidos, los países europeos, Japón y algunos más). Se trata de la puesta a disposición del ciudadano cotidiano de millares de documentos que expresan juicios secretos habituales en las comunicaciones de las burocracias de estos estados dominantes, que fundamentan decisiones políticas que afectan a millones de seres humanos de países dependientes o neocoloniales. Ese secretismo cobijado bajo la razón de Estado (por sobre el tan publicitado estado de derecho) define la estrategia política como un quehacer cínico que exige ocultar ciertas verdades a la propia comunidad política, o el pueblo, y mucho más a aquellos pueblos que sufrirán dichas decisiones políticas. Esto supone un juicio de profundo desprecio por el propio pueblo, y los pueblos extraños, como no aptos para entender dichas razones a favor del Estado que los gobierna y representa. La llamada democracia representativa se arroga así todo el poder, cayendo en un fetichismo político que desvirtúa a la política como tal, e igualmente a la democracia que les sirve como punta de lanza en su cruzada guerrera en el mundo.

La democracia representativa es necesaria y conveniente, porque responde a un principio de realismo político. No es posible gobernar en una asamblea permanente de millones de ciudadanos. Pero de ahí a la aceptación, y a la no institucionalización de la –con mayor razón, y también necesaria y sustantiva– democracia participativa, hay mucha distancia.

El acontecimiento de la puesta a disposición por los medios electrónicos de millares de documentos que nunca debieron ser secretos (ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones que fundamentan las tomas de decisiones del gobierno representativo, y más cuando por la corrupción benefician sólo a ciertas oligarquías que proliferan a la sombra del poder) para poder ser leídos por millones de lectores anónimos, pero que constituyen las comunidades políticas o los pueblos del planeta, es un hecho que cambia la naturaleza de la participación. Es la expresión de un panóptico ahora justo, legítimo, sustantivo de abajo hacia arriba, que permite cumplir con su condición la función esencial de la democracia participativa (articulada y no negación de la democracia representativa). La democracia participativa es el sistema de legitimación por el que el pueblo cumple la función, entre otras, fiscalizadora con respecto a la burocracia del gobierno en su momento democrático representativo. Si la representación se está corrompiendo en todos los países en este momento; si los gobiernos vegetan en la impunidad, es porque el pueblo no tiene instituciones participativas de fiscalización. Fiscalizar es poder juzgar, y condenar y castigar (por ejemplo con la revocación del mandato en casos extremos) a los que cumplen cargos o encargos representativos. Los representantes constituyen mafias fetichizadas que no rinden cuentas sino a sí mismos, y por ello se corrompen en la impunidad.

Y bien, la puesta en consideración pública de documentos que nunca debieron ser secretos, la verdad revelada de las ficciones, mentiras, juicios parciales injustos, etcétera, viene a permitir cumplir con una condición de esa función fiscalizadora de democracia participativa. El gobierno (los burócratas de la representación fetichizada) estadunidense se escandaliza de que informes secretos sean colocados en la luz pública. Y es más, dispone que dicha burocracia no debe acceder a dichos fondos documentales, con lo que se vuelven ciegos ante revelaciones que un ciudadano común de otro país podrá tener en cuenta. Es decir, torpemente tornan al gobierno (o al menos a los niveles inferiores de la representación) en simples títeres de la elite dominante, que será la única (ya que por supuesto se intenta impedir al propio pueblo dicho conocimiento) que tendrá el pleno manejo estratégico de un pueblo ciego y servil, el propio pueblo estadunidense.

Es tarea imposible enceguecer a un pueblo que comienza a conocer la verdad por medio de una revolución tecnológica en la política, análoga a lo que fue la máquina a vapor para la revolución industrial en el proceso de producción fabril. Los medios electrónicos son el instrumento tecnológico que transforma, subsumiéndolo materialmente, en el proceso de toma de conocimiento y de decisión política en este siglo XXI. Millones de ciudadanos pueden conocer por dentro la trama del poder corrupto representativo de las grandes potencias, y ello les permitirá cumplir la función fiscalizadora de la democracia participativa, que es la gran revolución política en curso en el siglo XXI.

Aclamemos entonces a los nuevos héroes, y hasta mártires, de la libertad de expresión y prensa, de la libertad del conocimiento de los materiales necesarios para tomar decisiones políticas, que se objetivarán posteriormente en una mayor madurez en la elección de representantes, y en la fiscalización permanente de su accionar, que pueda y deba ser castigado.

Se trata entonces del comienzo de un despliegue de un sistema panóptico, de abajo hacia arriba, esencial para la democracia participativa, a escala mundial, y contando con los medios tecnológicos de punta, que permitirán la superación de la crisis de la representación por la pérdida de los gobiernos fetichizados del monopolio de la información. Es un auténtico Ifai en manos del pueblo y puesto a disposición de todos por medio de las redes electrónicas.

¡Ciudadanos del mundo, infórmense, para derrotar el secretismo cínico y manipulador de la representación política corrupta!

La lectura, los diputados y la SEP

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 15 de diciembre.- “Apenas saben leer diputados federales” (Reforma, 29 de noviembre). Sonia del Valle cronometró a los 20 diputados que subieron a tribuna a leer durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y comentó que leyeron en promedio 128 palabras por minuto. Según los Estándares Nacionales de Habilidad Lectora que fijó la SEP, esos legisladores alcanzaron apenas el nivel de sexto de primaria. ¿De qué sirve exhibir a quienes leen lento? Habría primero que cuestionar si ese ejercicio de velocidad es útil o razonable.

En agosto de este año, después de que en la evaluación de la OCDE México sacara el último lugar en lectura, Alonso Lujambio presentó los Estándares Nacionales de Habilidad Lectora. Éstos consisten en el número de palabras por minuto que debe leer en voz alta el estudiante de educación básica: desde el 1º de primaria (35 a 59 palabras) hasta el 3º de secundaria (155 a 160). Marta Acevedo, editora de libros para los que no leen e incansable promotora de la lectura, publicó días después en El Universal (5 de septiembre) un artículo criticando lo preocupante de tal medida: “la propuesta ignora que no por estar en el mismo grado todos los niños son iguales y que los puntos de partida de la población son muy desiguales. Tampoco toma en cuenta que la lectura no es una actividad mecánica, sino que involucra la inteligencia y la afectividad, por decir lo menos. Leer, lo que se dice leer, no consiste en emitir sonidos sino en asignar significado al texto”. El examen que sí hubiera valido la pena hacer es: ¿qué significado otorgaron los diputados a lo que leyeron, qué comprendieron, qué retuvieron?

La capacidad para leer no se mide por la rapidez con que enunciamos las palabras, sino que se adquiere a medida que se ejercitan las habilidades de percepción y cognición. Como la lectura es una actividad de producción de sentido, y no un concurso de carreras, lo importante no es la velocidad, sino usar la cabeza. Se puede leer despacio y reflexionar al parejo, y leer rápido y olvidar lo leído o no entenderlo. Por eso estos estándares de habilidad lectora son un grave error pedagógico, y muy probablemente se convertirán en una tortura para los niños y sus familias, pues además la SEP ha convocado a los padres y madres de los millones de estudiantes de educación básica a compartir 20 minutos diarios de lectura. ¿Qué efecto tendrá, dentro de las diversas familias mexicanas, volver a padres y madres los controladores de la velocidad con la que leen sus hijos? ¿Acaso piensa la SEP revertir así los malos resultados de las evaluaciones de la OCDE? Si bien los padres y madres deben comprometerse con la educación de sus hijos, ¿no producirá rechazo a la lectura por parte de niños y adultos esta absurda exigencia?

En su artículo, Acevedo decía que “buena parte de la población en México está escasamente relacionada con los libros, y aquellos para quienes la lectura fue un mero trámite para pasar de año ahora se enfrentan con un problema que no ha podido resolver el sistema educativo en décadas de reformas y revoluciones educativas. Al tratar a la lectura como una responsabilidad sometida a vigilancia, cumplimiento, calificación, y no como un instrumento para pensar, autoafirmarse o disfrutar, la SEP manifiesta no sólo una grave falta de información sobre el acto de leer, sino que parece ignorar las condiciones de las familias mexicanas que envían a sus hijos a las escuelas públicas. El problema de la formación de personas que lean y escriban es complejo y se relaciona con la historia de un país en el que la educación no ha considerado las características de la población. Hace cien años un buen porcentaje de mexicanos no hablaba el español, sino más de 65 lenguas originarias”.

El patético desempeño educativo de millones de estudiantes es un claro indicador de que las autoridades educativas están incumpliendo con el derecho a una educación pública de calidad. Más que burlarse de la lenta lectura de nuestros diputados, habría que sumarse a la gran movilización nacional, plural y apartidista a que un grupo de ciudadanos, intelectuales y maestros han convocado. El objetivo central de la Coalición Ciudadana por la Educación es enfrentar el arreglo político corporativo que está afectando de raíz al sistema educativo. Se busca el cambio de las reglas escritas y no escritas que crean una “simbiosis atípica” entre el SNTE y la SEP, misma que provoca: 1) la intromisión de la dirigencia sindical en la política educativa, 2) la omisión de las autoridades en su función como garantes del derecho a la educación, y 3) la exclusión de la ciudadanía de la gestión y la rendición de cuentas sobre la educación.

La propuesta de la SEP elude un hecho obvio: El sistema escolar está funcionando para servir a la dirección del sindicato y no a la sociedad. Pasan los sexenios y la estructura de privilegio del SNTE –una rareza si se la compara con sindicatos de trabajadores de la educación de otros países– permanece incólume. ¿Por qué es intocable este horror? La SEP guarda silencio acerca de eso, y también acerca de cómo piensa mejorar la educación pública. Y mientras tanto, continúan apareciendo en la prensa nacional los anuncios sobre los inútiles y contraproducentes estándares de lectura.