CONTRA LA ECONOMIA POPULAR

El precio de la tortilla pasará de ocho a 12 pesos el kilogramo

En algunas zonas llega a venderse a 13 o 14, expresa la unión de molinos

No se descartan incrementos mensuales, como a los energéticos

PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Periódico La Jornada

Lunes 13 de diciembre de 2010, p. 2

La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció ayer un incremento de cuatro pesos al kilogramo de tortilla, en promedio en todo el país, por lo que el precio pasará de ocho a 12. Sin embargo, en algunas zonas podría llegar a 13 o 14, pues en la mayoría de los establecimientos se expende a nueve o 10 pesos.

En conferencia de prensa, Lorenzo Mejía, dirigente de esa organización, informó que incluso el alimento podría sufrir un aumento mensual, como el que se aplica a las gasolinas, ya que, explicó, en mayo pasado la tonelada de maíz a pie de molino se cotizaba en 3 mil 150 pesos. Hoy está a 3 mil 700, y como van las cosas tememos que alcance 4 mil en enero, mientras el gobierno federal no se da por enterado y continúa apapachando a los especuladores del grano.

Indicó que ya se elevó 4.50 pesos el kilogramo de masa para nixtamal, por lo que se incrementa el precio al consumidor o muchas pequeñas empresas se irán a la quiebra. Sostuvo que el repunte de cuatro pesos empezará a aplicarse de inmediato en todo el país, lo cual significará un ajuste de cerca de 50 por ciento.

Explicó que el titular de la Secretaría de Agricultura, Francisco Mayorga, dijo que se alcanzó una producción récord de 25 millones de toneladas, 24 por ciento más respecto de 2009, por lo que había producto suficiente para cubrir los requerimientos nacionales e incluso que disminuyeran las importaciones de maíz.

Sin embargo, hoy el mercado nacional es víctima de los grandes especuladores, empresas como Cargill y Gruma que, aprovechando el entorno internacional y la indiferencia del gobierno mexicano en la protección de la alimentación y la economía de los mexicanos, están escondiendo el maíz y provocando un proceso inflacionario ficticio, similar al que hace dos años generó el incremento a la tortilla de 5.50 a 8.50 y nueve pesos en promedio el kilogramo, dependiendo de la zona, expuso Lorenzo Mejía.

En su opinión, los coyotes, protegidos y subsidiados por el gobierno federal, tienen a molineros y productores con una bota en el cuello. Están llevando a la quiebra a miles de industriales pequeños y a la pérdida de miles de empleos y patrimonios. Por eso los costos de producción orillaron a tomar la determinación de elevar el precio, que podría llegar a mínimo 12 pesos el kilogramo en promedio, pues en algunos estados del norte del país ya se vende a 14 y 15.

Esto es porque, aunado al alza del precio del grano, los industriales del sector están sufriendo el aumento mensual a gas, gasolina y electricidad, lo que junto con otros gastos, como pago de renta, empleados, seguro social, prestaciones, mantenimiento de maquinaria y equipo, ha hecho que las escasas utilidades que teníamos quedaran pulverizadas, aseguró.

El dirigente aseveró que los programas oficiales que tratan de ocultar la vergonzosa realidad, como Promasa y Mi Tortilla, son un fracaso, pues sólo benefician a uno por ciento de las industrias. En tanto, a Proharina, que apoya directamente a Gruma, se destinan 2 mil millones de pesos, y los respaldos dirigidos a empresarios pequeños ascienden a sólo 500 millones.

Recordó que la industria de la masa y la tortilla genera alrededor de 500 mil empleos en todo el país y la tercera parte de éstos se encuentran en peligro. Ante esa crisis proponen que la masa de nixtamal y la tortilla tradicional de nixtamal tengan precio oficial, reglamentado y controlado en todos sus niveles, por al menos 10 años; que se condonen a los pequeños productores de masa y tortilla los adeudos con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda. Finalmente invitó a una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe el 14 de diciembre, para pedir a la Virgen morena que ayude e ilumine a los gobernantes a poner orden en esta cadena productiva.

Siete de cada 10 tarjetahabientes no pueden pagar el total de sus deudas

VÍCTOR CARDOSO

Periódico La Jornada

Lunes 13 de diciembre de 2010, p. 24

En México siete de cada 10 usuarios de tarjetas de crédito todavía tienen problemas para pagar la totalidad de sus consumos mensuales, señaló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Esto equivale a que más de 10.2 millones de mexicanos sólo pueden liquidar parcialidades.

De acuerdo con el organismo, la tarjeta de crédito es el producto financiero que registra la mayor cantidad de consultas y reclamaciones tanto en la Condusef como en las empresas que las emiten. Sólo al noveno mes de este año, informó, se recibieron 160 mil reclamaciones y solicitudes de asesoría derivadas de cargos indebidos, consumos no efectuados, comisiones, intereses y gastos de cobranza.

La Condusef informó sobre la situación en el mercado de tarjetas de crédito con motivo de las nuevas reglas, ya en vigor, emitidas por el Banco de México, mediante las cuales se dispone la forma en que las emisoras de plásticos pueden determinar el importe del pago mínimo que soliciten a los tarjetahabientes en cada periodo, con el fin de que en cada pago el usuario amortice parte del capital y de esa forma reduzca su periodo de endeudamiento. Las nuevas reglas, dijo el organismo, también establecen la disponibilidad de formatos que permiten la contratación, objeción de cargos y cancelación de la domiciliación de forma rápida y segura.

La Condusef recordó que en el país el número de tarjetas de crédito utilizadas suma 14.8 millones, lo que equivale a 68 por ciento del número total de plásticos emitidos en el país por las diversas instituciones financieras.

Con esos instrumentos, añadió, se realiza un promedio de 16 millones de operaciones de compra o disponibilidad de efectivo cada mes. De estas operaciones, 18 por ciento, alrededor de 2 millones 880 mil, corresponden a disposición de efectivo en cajeros automáticos. “De acuerdo con la forma en que los tarjetahabientes acostumbran pagar el crédito dispuesto, 31 por ciento es totalero (unos 4 millones 588 mil clientes), es decir liquida el total de su deuda cada mes, en tanto el restante 69 por ciento sólo paga una parte”.

Nueva reglamentación

De acuerdo con la Condusef, las nuevas reglas en tarjetas de crédito otorgan mayor protección en caso de robo, clonación o extravío. Además estipulan que la emisora de la tarjeta deberá abonar el cargo no reconocido por el tarjetahabiente a más tardar el segundo día hábil siguiente a la recepción del reclamo, cuando se haya tratado de una operación con la presentación física del plástico. En otras operaciones donde no se requiere la presentación de la mica, como en compras por Internet o por teléfono, serán cuatro días hábiles después de recibida la reclamación y cuando no hubiesen transcurrido 90 días naturales desde la transacción.

Para los casos de robo o extravío de la tarjeta, la emisora deberá informar al titular a través de su página en Internet, o en un documento adjunto al estado de cuenta, el alcance de su responsabilidad por transacciones registradas antes del aviso correspondiente. Si se tratara de clonación, la emisora deberá abonar en la cuenta los recursos a más tardar el cuarto día hábil bancario siguiente a la recepción del reclamo.

García Luna, sospechoso en Estados Unidos

J. Jesús Esquivel

Tras el reacomodo de fuerzas que habrá en enero en el Congreso estadunidense, los legisladores republicanos buscarán revisar los mecanismos de apoyo y cooperación con México en materia de lucha contra el crimen organizado para volverla más eficaz. Los dos puntos clave de su estrategia serán el combate a la corrupción en el seno del gobierno de Felipe Calderón –en especial la que, según reportes que afirman tener en su poder, se atribuye al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna– y el intercambio de información de inteligencia militar.

WASHINGTON, 11 de diciembre (Proceso).- Para derrotar al narcotráfico en México es necesario investigar a fondo las acusaciones en el sentido de que en su gobierno prevalecen actos de corrupción, en especial los que se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y fortalecer el intercambio de información de inteligencia militar entre Estados Unidos y el país vecino, afirman congresistas republicanos.

A los legisladores del Partido Republicano les preocupa que en algunas causas judiciales sobre presuntos actos de corrupción entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación –iniciadas hace cinco años– se mencione el nombre de García Luna.

En enero habrá un reacomodo político en Washington: los republicanos tendrán el control del Congreso y la cooperación en la lucha de México contra el narcotráfico será sometida a varios ajustes y exigencias.

“Mantenemos un sólido respaldo a la Iniciativa Mérida pero estamos particularmente entusiasmados por la cooperación entre el personal militar de Estados Unidos y el de la Marina de México. Queremos que haya más cooperación entre ellos, pero de manera especial en materia de inteligencia”, dice a Proceso Carl Meacham, asesor para Asuntos Latinoamericanos de Richard Lugar, senador republicano integrante del Comité de Relaciones Exteriores.

“Otra área donde pensamos que se necesita más atención es en el tema de la corrupción… especialmente y tomando en cuenta las acusaciones que han surgido contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México”, enfatiza Meacham durante la entrevista con este semanario.

Desde hace varios meses y por iniciativa del senador Lugar, los republicanos en el Capitolio –que a partir del próximo enero serán mayoría en la Cámara de Representantes y controlarán las decisiones en la de Senadores– han elaborado varios proyectos de ley para revisar amplia y detalladamente la cooperación con el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.