OAXACA DEVASTADA

Recuento de los daños

GUSTAVO ESTEVA

Hay ambiente de fiesta en Oaxaca. No es para menos. La pesadilla terminó. Pero la celebración es confusa, tensa y contradictoria. Oaxaca es zona de desastre. No podrá emprenderse la regeneración sin el recuento de los daños.

Hay daños aparatosos y evidentes. Las ideas modernizadoras de Ulises Ruiz mezclaban incompetencia con arbitrariedad, corrupción y mal gusto. Para convertir el centro de Oaxaca en una especie de encementada estación del Metro derribó árboles centenarios y elevó en varios grados la temperatura. Instaló un bodrio sin terminar en el auditorio de la Guelaguetza. Arruinó fuentes, monumentos, cerros, vialidades… Para recorridos permanentes de policías y militares, dedicados a proteger a gatilleros profesionales que asesinaron a líderes sociales en el centro de la ciudad.

El recuento es interminable. No hay área de la realidad oaxaqueña que no sufra las consecuencias de esa desastrosa administración. Pero en ninguna la situación es tan grave como en el desgarramiento del tejido social y la ruptura del marco institucional.

En septiembre de 2006 traté de describir en este espacio lo que ocurría:

“C. P. Snow preguntó a Mao qué se necesitaba para gobernar. ‘Un ejército popular, alimento suficiente y confianza del pueblo en sus gobernantes’, respondió Mao. ‘Si sólo tuviera una de las tres cosas, ¿cuál preferiría?’, preguntó Snow. ‘Puedo prescindir del ejército. La gente puede apretarse los cinturones por un tiempo. Pero sin su confianza no es posible gobernar’. Por algún tiempo más Ulises Ruiz podría seguir abusando de la paciencia del pueblo oaxaqueño. Pero ya nunca podrá gobernarlo. Ha perdido su confianza.”

Pienso que no me equivoqué. Ruiz nunca pudo volver a gobernar. Siguió usando los recursos públicos para su beneficio y el de sus allegados, para realizar cualquier cantidad de destrozos y para una apabullante campaña de comunicación que intentaba crear la apariencia de que gobernaba con éxitos innumerables. Pero dejó de cumplir la función de gobierno. Ya nadie le creyó.

Al comentar de qué manera caía a pedazos la estructura del poder, agregué en aquel artículo:

“El desvanecimiento del poder político aviva la amenaza de represión. Existe el prejuicio de que la gobernabilidad puede crearse o restablecerse recurriendo al monopolio estatal de la violencia. Es un equívoco propio de aficionados. Dos hombres de inmenso poder, Mao y Napoleón, lo sabían por experiencia. Mao prefería la confianza al ejército. Napoleón fue más contundente: ‘Las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse en ellas’. Descalificaba así a los aprendices de dictador que pretendían gobernar con el ejército o la policía. Las armas pueden hacer mucho daño, hasta destruir un país –como acaba de verse en Irak o Líbano. Pero con ellas no se puede gobernar (La Jornada 11/9/06).”

Calderón comete cada día ese error de aficionado, cuyas limitaciones se hicieron enteramente evidentes en el caso de Oaxaca.

El poder político es una relación, no una cosa; no es algo que tengan los gobernantes y puedan usar cuando quieran. Esa relación, que supone credibilidad y confianza, es el aglutinante de todo gobierno. Decía Monsi que la permanencia de Ulises Ruiz era un enigma y una ofensa a la República. Tenía razón. Las clases políticas, desde el Presidente y el Congreso hasta los dirigentes partidarios y los caciques, respaldaron abiertamente a Ulises Ruiz hasta el último día de su mandato. Por la medida en que despreciaron profundamente a la gente y la sustancia misma del poder político lo destruyeron.

Se dice con fundamento que padecimos en julio una elección de Estado. Todos los recursos públicos fueron empleados en apoyo del guardaespaldas de Ulises Ruiz: dineros, cooptaciones, coerción, asesinatos, intimidaciones… La sociedad derrotó al Estado.

Es preciso tomar seriamente en cuenta que la gente votó contra esa mafia política, más que en favor de Gabino Cué Monteagudo, aunque éste tenga credibilidad y simpatía en un sector importante de la población. Mal haría el nuevo gobernador en apoyarse solamente en ese sector y dar por sentado que su legitimidad le permitirá gobernar. El poder político que lo permitiría ha sido destruido. No puede contar con él. No lo adquirió al tomar protesta.

Tanto Cué como buena parte de su gabinete tienen escasa o nula experiencia administrativa. Eso puede ser una ventaja, porque no traen consigo la carga del lodo criminal que caracteriza hace años al gobierno de Oaxaca. Pero se volverá contra ellos si se pierden en los entresijos burocráticos y sus laberintos sin salida, en vez de optar por el único camino viable: escuchar a la gente, encontrar formas de servirla y atender sus exigencias, empezando por la que clama por hacer justicia y poner fin a la impunidad.

El fracaso de la Sedena

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 3 de diciembre (apro).- Las pretensiones del general Guillermo Galván Galván de lograr la aceptación para aplicar “el estado de excepción” en algunas zonas del país, y que hoy reveló Wikileaks, no son nuevas.

El 7 de abril de 2010, el general citó a diputados del PRI, PAN, PRD, PT y PVEM, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); ahí, a las 6 de la tarde en el salón de usos múltiples, Galván les pidió su apoyo para hacer cambios legales que le permitieran seguir combatiendo al crimen organizado, sin restricción alguna.

De los varios puntos que presentó el general a los legisladores, encabezados por el priista Ardelio Vargas, hubo dos que dejaron verdaderamente azorados a los diputados Enrique Ibarra, del Partido del Trabajo, y a Pablo Escudero, del PVEM: que el Ejército pudiera decretar “zonas de excepción” y, “eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”.

Parte del encuentro de aquel 7 de abril de 2010 fue detallado en este mismo espacio una semana después, el 16 de abril de 2010.

En aquella ocasión, participantes del encuentro detallaron las demandas que el general les había puesto sobre la mesa y su intención de que quedaran plasmadas en la Ley de Seguridad Nacional que, por cierto, aún se encuentra detenida en la Cámara de Diputados.

Ese 6 de abril, Galván Galván pidió que se le permitiera al Ejército “declarar el estado de excepción”, es decir, establecer lo que se conoce como “toque de queda”, donde ningún ciudadano tenga que estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendido, pueda ser detenido por miembros del Ejército.

Durante el encuentro con diputados, nunca se definió con claridad si la “declaratoria de zona de excepción” que el general Galván Galván pidió para poder actuar con mayor celeridad en contra del crimen organizado, incluía la legalización de los retenes militares, que hoy en día se efectúan, aun en contra de la prohibición expresa en la Constitución, ya que en ella se establece la libertad de tránsito para todos los mexicanos.

Lo que hoy Wilikeaks da a conocer sobre la reunión entre el general Galván con Dennos Blair, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, y en donde el primero le habló de poder invocar el artículo 29 de la Constitución para decretar el “estado de excepción”, es algo que el general intentó cabildear el 7 de abril con diputados federales y una semana después, con senadores de la República.

Aquel 16 de abril de este año, Apro publicó bajo el título “El general desesperado”, los puntos básicos que el secretario de la Defensa intentó consensuar entre los diversos actores políticos. El argumento que el general Galván expuso aquel día fue que “el Ejército, incluida a la Marina, es el último reducto que tiene el Estado para su protección debido a que las policías locales están infiltradas y que, mientras se depuran, se hace necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles por un periodo de cinco a 10 años para poder acabar con el narcotráfico”.

Los cables del Departamento de Estado de Estados unidos revelados por Wikileaks le da la razón a la información publicada por Proceso y Apro; un ejemplo es justamente el citado artículo titulado “El general desesperado”.

Pero el general Galván no solo intentó convencer a los legisladores sobre la necesidad de que el Ejército pueda considerar “el estado de excepción” en zonas que hoy están bajo el poder del crimen organizado, también les demandó que incluyeran en la reforma que hoy se discute en comisiones lo siguiente:

Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir, retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día. Pidió también que consideraran contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa; intervenir las comunicaciones; potestad para rastrear o hachear páginas de internet; cancelar espectáculos públicos.

Igualmente, poder disolver concentraciones de vehículos, como las ocurridas en aquellos meses de marzo y abril, en Nuevo León y Tamaulipas, en donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías.

Finalmente la posibilidad de que se pueda decretar el “estado de excepción” en las zonas controladas por el narco, que hoy revela Wikileaks y que Proceso detalló como una petición del general Galván a los legisladores, aún no se aprueba.

El tema sigue discutiéndose en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. De hecho, en las últimas semanas, legisladores de ambas cámaras han estado reuniéndose para discutir la Ley de Seguridad Nacional y las nuevas potestades que tendrá el Ejército para combatir el crimen organizado.

Aunque resulta innegable que las demandas del general asustan a quienes no tienen la estructura militar y hasta generan temor, pues abren la puerta hacia un “Estado autoritario”, lo cierto es que Felipe Calderón se la debe al Ejército, pues sin que ellos lo pidieran y sin que estuvieran autorizados para hacer trabajo de policías, el Ejecutivo federal lo incluyó en su lucha contra el narco, y no sólo eso, los puso al frente de la guerra que él mismo le declaró al crimen organizado.

Guerra que en los hechos, de acuerdo con las cifras del gobierno federal y lo que la gente vive en sus colonias, no ha logrado disminuir el tráfico de drogas, como la venta de estupefacientes en cada rincón del país, mientras que sigue el aumento de la violencia. Lo único que va en aumento son los muertos, las críticas a esta estrategia y el descrédito, sin necesidad alguna, del Ejército.

En su desesperación, Calderón intentó reivindicar al Ejército y sus actos con el desfile militar del 20 de noviembre, fecha en que se celebra un aniversario más de la Revolución, y cuya celebración, hasta este año se hacía con un desfile deportivo y no con la muestra del armamento, equipo aéreo y cientos de militares marchando por las principales calles de la Ciudad de México.

Televisa, poderosa y servicial

Rafael Rodríguez Castañeda

MÉXICO, D.F., 4 de diciembre (Proceso).- En estos días, como desde hace 34 años, Proceso ejerce su vocación y compromiso: el periodismo político. No es lo nuestro ni la criminología ni la criminalística. Menos aún, la aplicación de la justicia.

Por convicción, por desmesura o por desatino, desde el primer día de su gobierno Felipe Calderón hizo pasar al narcotráfico del terreno penal al político. En pos de legitimación, le declaró la guerra a los cárteles y, sin consenso, la convirtió en política de Estado. En automático, el narcotráfico y la guerra de Calderón se volvieron tema natural y recurrente de Proceso.

Este semanario ha cubierto la guerra de Calderón sin reticencias –guerra en la que se ha vertido más sangre que tinta en reseñarla, podría decirse, evocando a Joseph Roth–, incluso con riesgo de la integridad física de sus reporteros, enviados, corresponsales y fotógrafos. Y lo ha hecho utilizando las herramientas propias del periodismo de investigación del mundo de hoy. En ese seguimiento, las investigaciones de Proceso han dado cuenta de las fallas, errores, abusos y fracasos de la estrategia contra el narcotráfico, contrariando el discurso presidencial. Aún más: los reportajes de la revista han tocado el presunto tabú de la relación entre los capos del narcotráfico y la política y han llegado hasta el máximo nivel, la casa presidencial. Calderón lo ha intentado, pero no ha podido hacer prevalecer la mentira sobre la verdad.

El poder público requiere consustancialmente de lo que los politólogos llaman medios disponibles. Ambos, poder y medios adláteres, tienen sus propios intereses pero comparten por lo menos uno: la conservación de sus privilegios. Televisa es un medio disponible para el actual gobierno. No es el único; sí es el más poderoso y servicial.

En cambio, un medio de comunicación independiente acaba convirtiéndose, para un gobierno autoritario, en un enemigo real o imaginado. Así lo es Proceso para el gobierno que encabeza Calderón. Por ello emprendió un embate desproporcionado contra nuestro semanario –el día mismo de su cuarto cumpleaños como presidente– a través de su medio disponible preferido y de su conductor estrella, Joaquín López Dóriga. Aún ignoramos si es venganza, revancha o amenazadora advertencia. Olvidan quienes participan en la agresión, gratuitamente o no, que los lectores de los medios impresos independientes no son factores pasivos, sino activos, que con su juicio ponen en evidencia la calidad o la falta de calidad de sus contenidos. Este es uno de los principios que rigen la comunicación en las sociedades modernas. La fuerza imbatible de Proceso está precisamente en ellos, los lectores.

Hoy es Calderón. Mañana, quizás, Enrique Peña Nieto. Los medios disponibles al poder público, Televisa por delante, siempre estarán puestos para decir: a sus órdenes, señor.