Y NOSOTROS DE AMBOS

Desconfía el Ejército de la policía en la lucha antinarco

La participación militar durará 10 años más, anticipa el general Galván

La guerra contra el narco desgasta prestigio de la Sedena, reconoce

DE LA REDACCIÓN.Periódico La Jornada

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, desconfía de las entidades policiales del país y prefiere trabajar por separado debido a los casos de funcionarios corruptos, quienes pasan información a los criminales, según se desprende de un cable con fecha del 26 de octubre de 2009 filtrado por el sitio de Internet Wikileaks.

El cable 09México3077 señaló que el jefe de la Defensa lamentó la larga participación del Ejército en la ofensiva antinarcóticos, aunque pronosticó que durará hasta 10 años más.

Galván sugirió que aumentar la cooperación de la inteligencia de Estados Unidos podría reducir ese periodo, y también aplaudió los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para prevenir el tráfico de armas a través de la frontera con México.

El documento filtrado se refirió a una reunión entre Galván Galván y el entonces director de inteligencia nacional de Estados Unidos, Dennis Blair.

Según Wikileaks la Secretaría de la Defensa corre el riesgo de perder su prestigio público y ser criticada por violaciones a los derechos humanos si se alarga su participación en la campaña antinarcóticos, afirmó Galván Galván.

En el documento, el general afirmó que el Ejército estaría dispuesto a aceptar cualquier adiestramiento que pueda ofrecerle Estados Unidos.

Al responder a una pregunta hecha por Blair sobre cómo el gobierno de México puede hacer la transición de una lucha contra el narcotráfico del Ejército en una lucha estrictamente civil, Galván señaló que actualmente no ve un fin rápido a su despliegue interno. Indicó que el esfuerzo es difícil para los militares, en parte debido a la percepción de que no tienen marco jurídico para respaldar sus acciones. Señaló que la Sedena trabaja con el Congreso para aprobar una legislación que aborde este asunto.

Según Wikileaks líderes militares de México pidieron un trabajo más estrecho con la DEA, con el argumento de que no pueden confiar en la policía local.

El cable afirma que Galván mencionó que el artículo 29 de la Constitución sirve de base para llamar a un estado de excepción y en ciertas áreas del país eso puede ofrecerles tal autoridad legal.

De acuerdo con el documento Galván Galván se quejó de que las operaciones conjuntas con otras autoridades son un reto debido a las filtraciones sobre planeación e información por parte de funcionarios corruptos, quienes han puesto en riesgo esfuerzos pasados. Llevar a la policía, particularmente a nivel municipal y estatal, a un buen estándar será un reto y un proceso prolongado. el general dijo que el despliegue permanente de la Sedena de dos oficiales del Centro de Inteligencia de El Paso ayudará a difundir rápidamente información al comandante en Ciudad Juárez.

El encargado de la Defensa aseguró, según el documento, que las autoridades mexicanas intentan la captura del jefe narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La Sedena realiza una operación en tres etapas. La primera, que en gran parte han cumplido, es establecer una fuerza física en el área de su operación, principalmente destinada a reunir información de inteligencia.

Señaló que se han encontrado 10 a 15 lugares en los que se mueve, pero que El Chapo tiene el apoyo de una amplia red de informantes y tiene círculos de seguridad hasta de 300 hombres, que hacen su captura complicada. La segunda etapa es desplegar un círculo de tropas en la zona donde se mueve, lo que Galván espera realizar pronto. La tercera etapa es su captura, concluyó el cable.

Genera controversia reforma que hace obligatorio el bachillerato

Aunque la SEP analiza eventuales implicaciones, todavía falta la aprobación del Senado

No hay condiciones académicas, presupuestales ni de formación de nuevos docentes, además de que no dará tiempo a cumplirse, señalan académicos, especialistas y funcionarios

JOSÉ ANTONIO ROMÁN

La reforma educativa que obliga al Estado mexicano a impartir educación media superior a todos los jóvenes del país para el ciclo escolar 2021-2022 –aprobada en la Cámara de Diputados a principios de diciembre, y que en febrero será revisada por el Senado– generó controversia y puntos encontrados entre académicos, especialistas y funcionarios.

Se trata de una reforma de buenos deseos; se le puso la soga al cuello a la Secretaría de Educación Pública; no hay condiciones académicas ni presupuestales ni de formación de nuevos docentes, además de que no dará tiempo a cumplirse, aunque el plazo sea de una década, han señalado críticos de la iniciativa recién aprobada. En cambio, los optimistas y promotores señalan que la reforma era necesaria, que es factible y que el hecho de contemplar la meta en la Constitución obligará al Estado a destinar, cuando menos, mayores recursos necesarios.

Para Carlos Muñoz Izquierdo, especialista en temas educativos, sí es probable que la iniciativa surta los efectos deseados, pues hay una fuerte tendencia a atender a este sector educativo. Dijo que en contraste con la manera en que hace poco tiempo fue aprobada la obligatoriedad de la enseñanza prescolar, en este caso el Legislativo actúo con suficiente prudencia al darse un plazo de 10 años para su cumplimiento.

Sin embargo, advirtió que, para hacerlo efectivo, primero es necesario reforzar los programas de becas estudiantiles destinados a la enseñanza media, con la finalidad de contrarrestar el costo de oportunidad que los estudiantes (o sus familias) tienen que absorber para cursar el bachillerato. En segundo lugar, atender las múltiples causas que puedan existir en la fuerte deserción escolar registrada en este nivel educativo. Y tercero, advirtió en entrevista, es necesario apoyar los procesos de aprendizaje de los alumnos que cuentan con escaso capital cultural, ofreciéndoles un acompañamiento pedagógico de naturaleza extraescolar.

En tanto, Javier Loredo, director del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, aseguró que la reforma aprobada por los legisladores es contradictoria debido a que la SEP no puede cubrir toda la educación a nivel bachillerato. Creo que los diputados ponen la soga al cuello a quienes brindamos servicios educativos, porque otorga la obligatoriedad a un servicio que no se puede cubrir al ciento por ciento.

Señaló que lo mejor hubiera sido fortalecer el nivel de educación básica, donde existe todavía una fuerte deserción entre alumnos de secundaria. Incluso, citó que algunos países desarrollados primero avanzaron en la cobertura del bachillerato y luego la hicieron obligatoria.

En sentido contrario opinó el director general del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, quien dijo que la reforma resulta muy ambiciosa y representa un enorme reto para las autoridades educativas del país. No obstante, destaca que de aprobarse por el Senado y los congresos locales, y una vez inscrita dicha reforma en la Constitución –en el artículo tercero y 33–, eso mismo obligará al Estado a destinarle mayores recursos económicos y atención a la educación media superior. Esto lo vivimos hace 15 años, cuando se hizo obligatoria la secundaria, dijo el director del INEA.

De acuerdo con datos de la SEP, la matrícula total en 2009 del sistema educativo nacional escolarizado se integraba por 33.8 millones de alumnos, equivalente a 31.6 por ciento de la población del país. En la educación básica, que comprende prescolar, primaria y secundaria, se ubica 75.9 por ciento de la población escolar. La educación media superior representa 11.6 por ciento de la matrícula y constituye el tipo educativo que experimenta el mayor crecimiento en los próximos años, resultado de la gran expansión de la educación básica en los años recientes.

De los egresados de secundaria del ciclo anterior, 96.9 por ciento ingreso al primer grado de bachillerato. La matrícula total de este servicio es de 3.9 millones de alumnos, equivalente a 11.6 por ciento de todo el sistema educativo escolarizado. La cobertura es de 62.3 por ciento respecto de la población total de 16 a 18 años de edad, lo cual implica que unos 3 millones de jóvenes en esta edad –entre 16 y 18 años– no ingresan a ese nivel. Actualmente, la eficiencia terminal es de 60.1 por ciento, cifra muy elevada.

Del total de la matrícula de educación media superior, 42.7 por ciento de los jóvenes asiste a escuelas administradas por los gobiernos estatales; 26 por ciento concurre a servicios de la Federación; 12.8 estudia en escuelas de sostenimiento autónomo (que proporcionan las universidad autónomas estatales), y por último, 18.5 por ciento se refiere a quienes estudian en instituciones privadas.

Aunque el Senado deberá discutir la reforma educativa en el periodo ordinario de febrero próximo, la SEP ya analiza junto con los secretarios de Educación Pública de todos los estados las implicaciones que ello tendría, en una eventual aprobación. Y es que la minuta señala que 30 días después de publicada, la SEP deberá iniciar las transformaciones estructurales necesarias para que la educación media superior alcance la universalización en el ciclo escolar 2021-2022.

Asimismo, la SEP tendrá que poner en marcha nuevos planes, programas y materiales de estudio que tendrían que implementarse para el bachillerato obligatorio. Además, los gobiernos federal, estatal y municipal deberán incluir en su presupuesto recursos para la construcción, ampliación y equipamiento de infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educación media superior.

Como en pocos dictámenes, esta reforma constitucional fue aprobada por unanimidad con 306 a favor, cero en contra y cero abstenciones, lo cual resulta previsible que tenga problemas en el Senado.

Incumple México orden de la CIDH sobre caso Campo Algodonero: ONG

El organismo señaló que debe castigarse a funcionarios judiciales por negligencia, indemnizar a familiares, abrir página de Internet para dar seguimiento a casos similares y revisar protocolo

RUBÉN VILLALPANDO

Periódico La Jornada

Ciudad Juárez, Chih., 26 de diciembre. Autoridades investigadoras federales y estatales no han avanzado para cumplir la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 10 de diciembre de 2009 sobre los asesinatos de mujeres perpetrados en el paraje Campo Algodonero de esta localidad, y ni siquiera han concluido las investigaciones sobre el hallazgo de ocho cuerpos, los días 8 y 9 de noviembre de 2001, aseguraron las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Comisión para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y Justicia para Nuestras Hijas.

La CIDH ordenó a los gobiernos federal y estatal construir un monumento en memoria de las víctimas, investigar sus asesinatos y castigar a los responsables, así como a las autoridades que han sido omisas en la indagatoria, indemnizar a familiares de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como abrir y mantener una página de Internet sobre desapariciones de mujeres desaparecidas, así como revisar el Protocolo Alba, que obliga a investigar casos similares. La resolución deberá cumplirse antes del 20 de diciembre de 2012.

En un documento entregado a La Jornada por Emilia González Tercero, afiliada a la Cosyddhac, se recuerda que, además de Esmeralda Herrera, de 15 años de edad, desaparecida el 29 de octubre de 2001; Claudia Ivette González, de 20 años, desaparecida el 10 de octubre de 2001, y de Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad, vista por última vez el 21 de septiembre de 2001, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) , hoy denominada Fiscalía General del Estado, dio otros nombres de víctimas del Campo Algodonero.

La PGJE sostuvo que los otros cinco cuerpos eran de Guadalupe Luna de la Rosa, de 19 años de edad, con reporte de desaparición del 30 de septiembre de 2000; María de los Ángeles Acosta Ramírez, de 19 años, ausente desde el 25 de abril de 2001; Mayra Juliana Reyes, de 17 años, desaparecida en junio de 2001; Verónica Martínez Hernández, de 18 años, a quien se vio viva por última vez el 19 de octubre de 2000, y Bárbara Araceli Martínez, de 20, con reporte de desaparición del 26 de diciembre de 2000.

El pasado 10 de diciembre, Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como Laura Carrera Lugo, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, colocaron la primera piedra de un mausoleo para las víctimas en el Campo Algodonero. Dieciséis días después, no se han iniciado los trabajos para cumplir esta disposición de la CIDH.

El 17 de junio de 2007 familiares de las mujeres halladas en el Campo Algodonero denunciaron a 25 funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia estatal y a dos jueces penales por negligencia en las indagatorias.

Hasta la fecha se ha detenido a nueve personas por los asesinatos, pero siete han sido declaradas inocentes, entre ellos Gustavo González, alias La Foca, quien murió en prisión en circunstancias no aclaradas, y Víctor García Uribe, El Cerillo, liberado hace dos años.

También fueron detenidos y arraigados en abril de 2003 Miguel Ángel Vázquez Villegas, Hernando Valles Contreras, Fidel Pérez Bernardina y Javier García Chihuahua, alias El Canario, sospechosos de matar mujeres para extraerles órganos. Todos salieron libres 90 días después.

Édgar Álvarez Cruz estuvo implicado en feminicidios junto con Alejandro Delgado Valles, alias El Cala, por Francisco Granados de la Paz, quien hace tres años confesó ante autoridades de Estados Unidos que participó en al menos 17 homicidios, entre ellos los ocho del Campo Algodonero.

Pese a estas acusaciones, el año pasado el juez octavo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo, declaró inocente a El Cala.

Sólo continúan en prisión Édgar Álvarez y Francisco Granados, éste en Estados Unidos, por delitos contra la salud y por violar leyes migratorias.

Ha habido cuatro muertes relacionadas con este caso. Uno de los fallecidos es el egipcio naturalizado estadunidense Abdel Latif Sharif, alias El Egipcio, quien fue el primer condenado por los feminicidios de Juárez, como presunto autor intelectual. Se le detuvo en 1995, fue sentenciado a 30 años de prisión y murió en 2006.

En 2002 falleció en prisión Gustavo González, La Foca, en una cirugía de hernia. Su abogado, Mario Escobedo Anaya, fue asesinado en 2002, presuntamente confundido con un narcotraficante. Sergio Dante Almaraz fue ultimado en 2005. Éste afirmó que los ocho cuerpos del Campo Algodonero estuvieron congelados antes de que los tiraran en el paraje.

¡Pobre México, tan lejos de Argentina!

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 27 de diciembre.- El general Jorge R. Videla, dictador argentino de 1976 a 1981, ha sido condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Ya había sido sentenciado a la misma pena en 1985, pero la lenidad del presidente Carlos Saúl Menem le concedió el indulto, además de aplicar en su beneficio las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Esas medidas fueron después anuladas por el Congreso en 2003, y esas leyes, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema apenas el 31 de agosto pasado. Entonces pudo llevarse de nuevo ante los tribunales a Videla, principal integrante de la Junta Militar que desató (y en cierto modo continuó la cruzada anticomunista dejada en manos de José López Rega por la presidenta Isabelita Perón, en 1975) la más descomunal represión ejercida por poder alguno contra su propia gente en la historia de América Latina, que se resume en la cifra de 30 mil desaparecidos.

Videla fue sentenciado el miércoles 22 de diciembre por el Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba, como “autor mediato (…) penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos, agravada por la condición de perseguido político de la víctima (32 hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real); tormento seguido de muerte (un hecho), todo en concurso real (…) imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas (…) En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Sistema Penitenciario Federal”.

El juicio se refiere a la tortura y asesinato de 31 presos políticos recluidos en el Penal de San Martín, en la misma Córdoba donde ahora ha sido sentenciado. Los hechos ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 1976, cuando Videla se estrenaba como dictador. No se le ha condenado porque se suponga que él personalmente entró en la prisión y atormentó a los presos y luego los acuchilló o disparó sobre sus cabezas. Junto con él este miércoles fueron sentenciados subordinados suyos (incluido el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, en cuya jurisdicción se cometieron los crímenes), la mayor parte de los cuales tuvieron injerencia directa en los homicidios y los tormentos mencionados.

Pero como autoridad suprema, como jefe del Estado (por más que usurpara el cargo) y como jefe del Ejército, Videla fue hallado culpable de ordenar o consentir esos delitos, tenidos como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Suerte semejante hubiera corrido su par en la Junta Militar inicial, el almirante Emilio Eduardo Massera, de no haber muerto el 8 de noviembre.

En la forma extrema de rendición de cuentas a que deben sujetarse los gobernantes, hayan sido elegidos o no, Videla pasará el resto de sus días en una prisión común. No estará allí a pesar de haber ejercido en los hechos la Presidencia de la República, sino por ello mismo, por la responsabilidad política que le corresponde al ocupante del Poder Ejecutivo.

¡Qué remota la posibilidad de que un gobernante mexicano fuera llevado a los tribunales por crímenes semejantes a los imputados a Videla! Y vaya que los ha habido, sin que el sistema judicial y la estructura política (así como sus coyunturas) permitan su enjuiciamiento.

Si a vuela pluma revisamos la historia mexicana del medio siglo reciente, encontramos hitos donde la violencia homicida del Estado contra sus enemigos (se hayan declarado así las víctimas o no) segó la vida, al margen de la ley, de innumerables ciudadanos en las más diversas circunstancias. Si hubieran sido sometidos a proceso y se les hubiera sentenciado a la pena de muerte, nadie supondría posible enjuiciar a los jefes de Estado, por más que se conociera el dominio presidencial sobre procuradores, jueces, magistrados y ministros.

Pero la represión letal ejercida por disposición directa o indirecta de los presidentes los hace responsables políticos, no ante la Constitución, sino ante la historia, de crímenes que no tendrán castigo, porque estamos lejos de poder enjuiciarlos como hicieron en Uruguay, Chile y Argentina con sus dictadores.

En una combinación de causa y efecto, muchos sucesos en que el asesinato político sería imputable al jefe del Estado son apenas conocidos, porque la lenidad social (surgida del miedo o de la inconsciencia política) pasa por alto esos crímenes. En algunos casos, como los de Luis Echeverría y Carlos Salinas, la porción de la sociedad que los detesta lo hace por su corrupción personal o por el profundo daño que infligieron a la economía, al patrimonio de la gente, a la cual suelen importarle más los bienes materiales perdidos o dejados de ganar que el respeto a la vida misma.

En 1961, a la mitad del sexenio de Adolfo López Mateos, el general Celestino Gasca, dueño de una sólida biografía de militante laborista, resolvió convocar a los Federacionistas leales a alzarse en armas. Eran una fuerza dispersa en todo el país, remanente de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (de allí su nombre) que apoyaron en 1952 la aspiración presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. Algunos sectores, los leales entre ellos, le imputaron traición a la causa cuando el candidato opositor se acomodó al triunfo de su adversario. Con gran ingenuidad, Gasca hizo convocatorias tan abiertas que reclutó no sólo a antiguos henriquistas sino a agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que hicieron abortar el movimiento. Decenas de presuntos alzados, con Gasca a la cabeza, fueron aprehendidos en la Ciudad de México y pronto dejados en libertad, sin juicio. Pero un número indeterminado de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, aun con métodos antiguos como colgarlas de los árboles, tal como ocurrió entre otros puntos en La Ceiba, en el lindero de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

La represión de Díaz Ordaz a la movilización estudiantil, y la de Echeverría contra los propios estudiantes disidentes, son bien conocidas, y de ellas se desprenden claras responsabilidades de ambos gobernantes. Se quiso hacer valer las que tocan a Echeverría, y el esfuerzo del Comité 68 –con Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi a la cabeza– consiguió la mayor aproximación de la justicia contra un presidente. A esa colocación de Echeverría en el banquillo de los acusados sirvió de modo inequívoco el papel de la fiscalía creada por Fox para investigar los crímenes de la guerra sucia, la mayor parte de los cuales ocurrieron en los años setenta, principalmente los primeros seis. Justamente el riesgo de que ahondar en las averiguaciones dejara claras responsabilidades directas de Echeverría provocó el asedio al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y la campaña de desprestigio en medio de la cual concluyó sus funciones.

Una dependencia de esa índole debería abrirse para indagar los crímenes políticos cometidos durante el periodo presidencial de Carlos Salinas. Si bien los protomártires de esa época, Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, cayeron en julio de 1988, antes aun de que Salinas fuera elegido, su asesinato puede ser inscrito en la represión salinista porque fueron ultimados en vísperas de los comicios. Salinas fue formalmente elegido luego de que con esos homicidios se inhabilitó la defensa legal del voto.

Creado en 1989, como resultado y concreción partidaria del Frente Democrático Nacional que había sacado avante la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido de la Revolución Democrática vio marcados con sangre su nacimiento y su vida incipiente. Especialmente en Michoacán y Guerrero, donde se efectuaron las primeras elecciones locales, la represión más cruel pareció destinada a exterminar el partido que suscitó el rencor presidencial con su permanente crítica al fraude que le permitió ser investido con la máxima autoridad del Estado.

Por supuesto, no fue Salinas quien directamente apretara el gatillo para eliminar a sus enemigos, pero permite atribuirle responsabilidad en los crímenes de esos años la impunidad de que disfrutaron los asesinos, ninguno de los cuales fue llevado ante la justicia, ni la federal que dependía directamente del presidente, ni la del fuero común, a cargo de gobernadores sujetos en los hechos a la autoridad presidencial. Quien quiera ser benévolo con Salinas y ahorrarle la acusación de autoría de 250 asesinatos de perredistas documentados por la Secretaría de Derechos Humanos de ese partido, tendrá que convenir en que fue al menos un encubridor y en que debiera ser sujeto por lo tanto a juicios como el que mantendrá para siempre en la cárcel al general Jorge R. Videla.

Ahora que la memoria histórica se adelgaza y hasta tiende a disminuir por mero olvido, no por exculpación, la crítica a Salinas, causada por su corrupción y los daños que infirió a la economía de los mexicanos (que se evidenciaron al comenzar el gobierno de su heredero Ernesto Zedillo), es hora de que la sociedad le recuerde que, llevado a tribunales internacionales, podría ser considerado perpetrador de delitos de lesa humanidad, como Videla