ARIZONA, RACISMO NORTEAMERICANO

10/01/2011

El estado se volvió la meca del prejuicio y la intolerancia
Políticos condenan el ataque y rechazan alentar la ira y el odio
Los médicos están cautelosamente optimistas sobre la salud de Giffords
DAVID BROOKS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 10 de enero de 2011, p. 2
Nueva York, 9 enero. El acto de violencia en Arizona, que dejó seis muertos y 14 heridos, entre ellos una representante federal, ocurrió en uno de los estados con tal vez el ambiente político más polarizado del país, donde ultraderechistas han empleado símbolos, realizado actos y utilizado lenguaje agresivos en sus campañas antimigrantes y contra el presidente Barack Obama y sus aliados.
Dos víctimas, la diputada Gabrielle Giffords, quien aún se encuentra en estado crítico, y el juez John Roll, quien murió casi inmediatamente, habían recibido amenazas de todo tipo, inclusive de muerte, por sus posiciones sobre la reforma migratoria y el voto de la legisladora en favor de la reforma de salud de Obama, entre otras cosas. Aunque todo indica que el blanco del asesino era la representante y que el juez pasaba por ahí por coincidencia, ambos habían enfrentado un clima de intolerancia y odio nutrido por políticos y movimientos ultraderechistas, incluida gente afiliada al llamado Tea Party y la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin.
El sheriff del condado de Pima, Clarence Dupnik, cuya jurisdicción incluye Tucson, señaló que la retórica política vitriólica que se ha ampliado por todo el país es factor importante en los hechos. Cuando uno ve gente desequilibrada, cómo responden a lo vitriólico que sale de ciertas bocas sobre cómo desmantelar al gobierno, la ira, el odio y la intolerancia que imperan en este país se están volviendo atroces. Desafortunadamente, creo, Arizona se ha convertido en la capital. Nos hemos vuelto la meca para el prejuicio y la intolerancia.
Por ello, todo el liderazgo republicano, desde el nuevo presidente de la cámara baja, John Boehner, hasta la propia Palin, de inmediato condenaron el crimen e intentaron tomar distancia de los hechos. Algunos integrantes del Tea Party de inmediato afirmaron que el acusado no es uno de los nuestros, mientras progresistas y liberales acusaron a políticos derechistas y sus bases de haber cultivado el ambiente político en que este tipo de violencia casi fue invitada.
De hecho, el liderazgo republicano en la cámara baja suspendió toda la agenda legislativa para esta semana por los sucesos en Tucson. Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer –quien recientemente promulgó una ley que permite a los ciudadanos portar armas ocultas, sin permiso–, se sumó a las condenas y expresó su pesar.
Hoy, los médicos de la representante comentaron que están cautelosamente optimistas sobre la condición de Giffords y que ella ya respondió a señas a algunas instrucciones. Sin embargo, nadie sabe la magnitud del daño cerebral por la bala que le atravesó el cráneo.
Mientras tanto, el país está de luto por los seis muertos, incluidos el juez Roll y una niña de nueve años, quien nació el 11 de septiembre de 2001: Christina Taylor Green. Un asistente legislativo de la congresista figura entre los difuntos. Las banderas del Capitolio en Washington, como las de Arizona, están a media asta.
Por su parte, el acusado, Jared Lee Loughner, de 22 dos años, detenido frente al centro comercial y supermercado donde ocurrió el tiroteo, está en manos de autoridades federales y será acusado formalmente de homicidio este lunes ante un tribunal en Tucson. Ayer la policía local informó que está persiguiendo activamente a un segundo sospechoso, quien todavía no ha sido identificado.
Documentos oficiales presentados hoy ante el tribunal federal de Phoenix, por la Oficina Federal de Investigaciones y fiscales, indican que hay evidencia de que Loughner había premeditado la acción, reportó el New York Times. Éstos aseguran que Loughner compró la pistola Glock que utilizó en el asesinato en la tienda Sportsman’s Warehouse en Tucson el 30 de noviembre –en uno de los estados donde la adquisición legal de armamento es sumamente fácil y de donde provienen miles de armas decomisadas en México.
Todo ello ocurrió en una localidad que promovió la ley más antimigrante de Estados Unidos, lo que desató un intenso debate internacional, pero también donde el gobierno ha buscado anular programas de educación étnica sobre historia y cultura latina. De hecho, bajo la nueva norma, la semana pasada una Corte local ordenó cancelar programas de estudios latinos en el sistema de escuelas públicas de Tucson.
Fue un estudiante latino, Daniel Hernández, de 20 años, quien salvó la vida a Giffords. Voluntario en el acto, estaba a su lado. Cuando la vio caer aplicó presión sobre la herida para detener la hemorragia. Además, la mantuvo alerta. Como estaba padeciendo gran dolor, le dije que me apretara la mano tan fuerte como quisiera para aguantar, comentó a CNN.
El incidente sacudió a la clase política del país. Un ataque contra uno que sirve (al público) es contra todos los que sirven, afirmó ayer el presidente de la cámara, Boehner, y todos los legisladores federales fueron alertados para que tomaran medidas de precaución. El ataque ha desatado nuevamente un debate sobre el carácter del discurso político estadunidense, sobre todo el generado tras la elección de Obama, con agrupaciones ultraderechistas calificando de socialista al gobierno, cuestionando la ciudadanía del presidente, empleando códigos con implicaciones raciales, tildando sus políticas de antiestadunidenses y amenazando a políticos que son aliados de la Casa Blanca o apoyan algunas de sus iniciativas.
Arizona ha sido epicentro de esa ofensiva ultraderechista y dos de las víctimas de este ataque han sido objeto de agresiones anteriores. Giffords es una de los 20 legisladores incluidos en la lista de blancos identificados para ser derrotados por ultraconservadores en la contienda electoral en una página de Facebook publicada por Sarah Palin, con una gráfica que mostraba una mira de un rifle (el sitio fue cerrado recientemente). Su contrincante, el republicano ultraconservador y ex marine Jesse Kelly, convocaba a dar al blanco e invitaba a un acto de campaña donde las personas podían disparar un fusil M-16 automático.
Giffords empezó a recibir amenazas de muerte en 2010, durante su campaña de relección. Grupos afiliados a la ultraderecha, inclusive neonazis, la acusan de traición por sus ideas, a pesar de que es una demócrata moderada que apoya mayor presencia militar en la frontera, aunque respalda una reforma migratoria integral y también defiende el derecho a portar armas. Giffords había alertado hace meses sobre las consecuencias violentas de la retórica y los símbolos empleados por sus contrincantes.
Por otro parte, el juez federal Roll también había recibido amenazas de muerte por patriotas antimigrantes desde febrero de 2009, cuando resolvió en favor de una demanda legal de indocumentados contra un ranchero. Fue tan preocupante, que el servicio federal de alguaciles le otorgó protección un mes.
Todo indica que el odio sembrado en años recientes en Arizona y otras partes fue cosechado la mañana del sábado en Tucson.
Marisela Escobedo: indolencia asesina
Rosario Manzanos

Prácticamente no hay en México quien desconozca la podredumbre del aparato de justicia nacional. Cuando en las barandillas de un ministerio público o un juzgado no se impone la indiferencia, lo hace la indolencia, la corrupción… El resultado: la impunidad. Un caso emblemático que compromete la viabilidad y eficacia no sólo de ese sistema de “procuración de justicia”, sino que pone en entredicho la viabilidad del Estado mexicano mismo, es la tragedia de una joven adolescente asesinada por su novio y de su madre, Marisela Escobedo, quien tras haber tomado el asunto en sus propias manos para esclarecer el homicidio y exigir justicia, acabó igualmente asesinada. Proceso consiguió acceder en exclusiva al expediente del caso, y el resultado es un reportaje estremecedor que revela cómo los engranajes de la delincuencia y de la burocracia gubernamental parecen sincronizarse para triturar ciudadanos.

Obtenidas por Proceso en exclusiva, las actas ministeriales del caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada a tiros, el jueves 16 de diciembre, a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, revelan que ella rastreó y vigiló al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, pero cuando pidió ayuda a las autoridades judiciales de su estado y de Zacatecas, así como a las federales, jamás obtuvo el apoyo para capturarlo.
Según documentos de la Fiscalía de Análisis, Evaluación y Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fechados el 3 de noviembre pasado, Escobedo se presentó a informar que el 21 de octubre a las 2:30 de la mañana, junto con su hermano Héctor Ricardo Escobedo y su hijo Juan Manuel Frayre, vigilaban la casa en la calle Veta de Zinc donde vive María del Carmen Trujillo de León, concubina de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, y vieron que éste llegaba en una pick up Lobo negra de doble cabina y de modelo reciente, sin placas. Barraza iba con otro hombre, que manejaba el vehículo.
Marisela y sus acompañantes los observaban desde unos 50 metros de distancia con binoculares. Barraza entró al domicilio rápidamente y de cuatro a cinco minutos después salió con María del Carmen Trujillo y los hijos gemelos de ambos.
La señora Escobedo vigilaba el domicilio desde el 10 de agosto, pues se había enterado de que Barraza se presentaba todos los miércoles a altas horas de la noche. Esa vez no llamó a la policía, ya que el 13 de julio anterior habían ubicado al asesino confeso de Rubí Marisol en Privada Santa María 5-C del fraccionamiento San Javier en Fresnillo, Zacatecas, pero Barraza consiguió huir por una mala estrategia policiaca.
Encabeza Rius campaña: “Basta de Sangre”
José Gil Olmos

El 2011 comenzó con una imagen dantesca. Los primeros minutos del sábado 1 varias personas observaron cuando un grupo de hombres armados subieron a un puente peatonal de Monterrey y soltaron un cuerpo que quedó suspendido. Se trataba de una mujer que tenía una soga en el cuello, el torso desnudo y la cara ensangrentada; las huellas de tortura eran notorias.
Era la muerte 30 mil 197 derivada de la guerra que emprendió el presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado. De acuerdo con las estadísticas oficiales, cada día mueren ejecutadas 21 personas a causa de esta cruzada.
“Hay mucho descontento en el país; mucha gente encabronada, hastiada, desesperada, que se siente impotente ante la situación que estamos viendo. Por eso se nos ocurrió que podríamos hacer algo para que esa gente pueda manifestar pacíficamente su descontento y frustración”, comenta Eduardo del Río, mejor conocido como Rius.
El monero expone que el lunes 10 arrancará la campaña nacional en la que él y varios de sus colegas invitarán a la sociedad para que coloque en un lugar visible de sus casas, oficinas o vehículos cartulinas o papeles con la leyenda “¡Basta de sangre!”
El Plan Juárez: cemento sin contenido social
Marcela Turati

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Máquinas retroexcavadoras mueven sin cesar montes de tierra. A unos metros, unos obreros colocan pasto sintético; otros cortan tiras blancas en forma de números que pegan sobre el que será un campo de futbol americano. Desde la cima, unos contratistas discuten por el pago de unas facturas, y otro ubica el sitio donde trasplantará unos árboles.
La premura, según explican, se debe a que la obra debe quedar lista en dos semanas, cuando el presidente Felipe Calderón volverá a esta ciudad por el primer aniversario de la masacre de 16 estudiantes deportistas de la colonia Villas de Salvárcar.
Uno de los contratistas asegura que todo estará terminado para la fecha postulada, a pesar de que salta a la vista que las gradas resultaron insuficientes y que para tapar esa falla decidieron poner pasto sintético.
“Ya ve, así son las obras que se diseñan a 2 mil kilómetros de aquí”, dice encogiéndose de hombros el hombre enfundado en un abrigo oscuro, al referirse a las gradas de cemento que no abarcan el campo entero.
En otras partes de la ciudad ya se materializaron en obras las promesas que el presidente Calderón hizo a los juarenses en febrero de 2010, dos semanas después de la masacre que colmó la paciencia ciudadana y provocó reclamos furiosos por la incapacidad gubernamental para detener tanta matanza.
Quebrantos en 90 alcaldías veracruzanas
ANDRÉS TIMOTEO MORALES Y OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 10 de enero de 2011, p. 26
Las auditorías realizadas a las cuentas públicas de al menos 90 de 212 municipios veracruzanos en 2009 han puesto al descubierto anomalías y presuntos daños patrimoniales por más de 500 millones de pesos, y la cifra puede incrementarse con la revisión correspondiente a 2010, dijeron en Jalapa diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
El pasado 31 de diciembre concluyó la gestión 2007-2010 de los ayuntamientos de Veracruz, y un mes antes el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregó a la pasada Legislatura el resultado de las auditorías al ejercicio 2009.
El panista Germán Yllescas Aguilar, miembro de la Comisión de Vigilancia, dijo que entre los ayuntamientos donde se han detectado anomalías destacan Córdoba, Minatitlán, Pánuco, Álamo e incluso Boca del Río, donde gobernó su correligionario Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del ex candidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares.
El también panista Danilo Alvízar Guerrero dijo que ya se integran los expedientes de cada caso para turnarlos a la Procuraduría General de Justicia estatal, porque se debe proceder legalmente contra los responsables de quebrantar la hacienda pública, incluido el PAN.
A su vez el perredista Rogelio Franco exigió al gobierno y la procuraduría estatales no ser instrumentos de protección e impunidad para los funcionarios municipales que se robaron el dinero, como hizo durante su sexenio el gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Desvío en Oaxaca
En Oaxaca, la Auditoría Superior del estado inició el procedimiento para fincar responsabilidad resarcitoria a varios ex funcionarios del municipio de Santa Lucía del Camino, incluido el ex alcalde Alejandro Díaz Hernández, por no solventar las irregularidades detectadas en el uso de los recursos públicos que rebasan 51 millones de pesos.
La titular de la dependencia, Lizbeth Caña Cadeza, informó que las auditorías practicadas a la administración local ya se presentaron a la 60 Legislatura estatal.