EL GOBIERNO MACHISTA DEL COPETES

27/01/2011

¿A qué le teme el gobierno del Edomex?
Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 26 de enero.- Asesinatos brutales ocurren cotidianamente a lo largo y ancho del país. Para poder frenarlos es necesario precisar qué los provoca. Se ha dicho que los feminicidios son una especie de cacería de mujeres, producto del odio misógino. Tal vez en muchos casos sí, pero una antropóloga, Rita Laura Segato, vuelve compleja esa hipótesis cuando propone dejar de pensar los feminicidios como crímenes en los que el odio hacia la víctima es lo predominante y, en lugar de eso, los plantea como una forma de interlocución entre miembros de una fratría. Sin negar la misoginia presente en el ambiente donde esos crímenes tienen lugar, Segato ve a la víctima como el desecho de un proceso donde esos asesinatos son las exigencias –el precio a pagar– para pertenecer a una siniestra hermandad. Ejecutar a una mujer sirve para sellar un pacto de silencio, capaz de garantizar la lealtad inviolable a una cofradía mafiosa. Por eso Segato llama a estos asesinatos “crímenes de corporación” o de “segundo Estado”, definiendo por corporación al grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región. O sea, la mafia de los poderes fácticos, como los cárteles del narco.
Una lectura equivocada respecto a estos crímenes impide reflexionar sobre la problemática social en que se ubican, y el machismo sesga las interpretaciones. Cuando en Ciudad Juárez los asesinatos de mujeres empezaron a cobrar notoriedad, hubo autoridades que declararon que esas víctimas eran prostitutas o mujeres fáciles, que llevaban una vida desordenada, que bebían y provocaban con el vestido. Al parecer pensaban que el hecho de que no fueran “mujeres decentes” disminuía la responsabilidad gubernamental de investigar, resolver y frenar esos crímenes. Los asesinatos fueron aumentando de año en año, ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades judiciales, policiacas y políticas. Sólo cuando el escándalo internacional fue imparable se empezaron a preocupar, más por su reputación y la de Ciudad Juárez que por las propias mujeres y futuras víctimas.
Desde hace tiempo se sabe que en otras entidades federativas crece la comisión de estos crímenes espantosos y, sin aprender del caso de Ciudad Juárez, las autoridades muestran un impresionante desinterés. El escándalo ahora es en el Edomex, donde supuestamente ya hay más mujeres asesinadas que en Ciudad Juárez. Más que preocuparse por esclarecer qué expresa esa siniestra carnicería, las autoridades locales consideran que la petición a la Segob y al Inmujeres por parte de 90 investigadoras y 43 ONG de 18 estados de la República de que se ponga la “alerta de género” en el Edomex tiene fines electorales, y se resisten a aceptar que se investiguen los hechos. Además, siguiendo el prejuicio machista, el procurador Alfredo Castillo ha dicho que las víctimas han sido asesinadas porque “consumen droga, alcohol o usan inhalantes”, además de que “trabajan en bares en los que alternan con los clientes”.
Hace años comparé la forma en que las autoridades inglesas manejaron el caso de cinco asesinatos de mujeres en Ipswich (Proceso 1573, del 24 de diciembre de 2006). Cinco trabajadoras sexuales aparecieron muertas, probablemente a manos de un asesino serial. El Reino Unido entero se conmocionó, pero lo que interesó públicamente fue si la policía sería suficientemente eficaz para encontrar al asesino antes de que matara a más mujeres. Nadie declaró que “ellas se lo buscaron” ni se moralizó sobre los riesgos del trabajo sexual; al contrario, algunos editorialistas criticaron el hecho de que se hubiera hablado de la muerte de “cinco prostitutas”, en vez de “cinco mujeres”. Y mientras se capturaba al asesino, las autoridades pidieron a las trabajadoras sexuales que no circularan de noche e inauguraron una inédita política pública: darles el dinero y la droga que conseguirían en la calle, para que no salieran de sus casas. El asesino fue detenido una semana después. ¡Qué manera de responsabilizarse de sus ciudadanas!
Lejos estamos en México de actitudes así de civilizadas. Pero es indispensable que las autoridades, todas, de todos los partidos, en todas las entidades federativas, tomen en serio el aterrador crecimiento del número de feminicidios. Para prevenir y perseguir más eficazmente estos asesinatos hay que cambiar el enfoque interpretativo y aceptar mecanismos preventivos como la “alerta de género”. En lugar de ofenderse o de sospechar oscuros motivos electorales, las autoridades del Edomex deberían no sólo aprovechar la “alerta de género”, sino también rectificar públicamente la interpretación machista que hizo su personal judicial.
La batalla por la seguridad de todos, no sólo de las mujeres, será larga y compleja. Pero frente a este tipo específico de asesinatos se requiere no sólo de una mejor investigación policial, sino también utilizar los instrumentos de intervención preventiva que darán resultados a mediano y largo plazo. En eso consiste la “alerta de género”. Se necesita verdadera voluntad política para resolver los crímenes y detener su repetición. La cerrazón arrogante y machista –esa sí definitivamente electorera– del gobierno de Peña Nieto sólo complica más las cosas. ¿A qué será que le teme?
Don Samuel: una historia en su historia
JORGE FERNÁNDEZ SOUZA

Porque fue una historia, no nada más una anécdota, lo del 14 de mayo de 1995. En San Andrés Larráinzar (Sacamchén de los Pobres), las pláticas entre los representantes del EZLN y los del gobierno federal habían caído en un bache. Frente al poco avance, los comandantes zapatistas le comunicaron a don Samuel Ruiz, en su calidad de mediador, que se retirarían a sus comunidades a esperar mejores condiciones para el diálogo.
Con esa misma calidad, el obispo hizo saber a los integrantes de la representación gubernamental la decisión de su contraparte en el diálogo. La reacción de los del gobierno no solamente fue de molestia, sino de amenaza. Si los zapatistas se retiraban, dijeron, se rompería definitivamente el diálogo, e inclusive los integrantes del EZLN que ahí estaban correrían el riesgo de ser detenidos, a pesar de la presencia de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y para que se viera que era cierto, la representación gubernamental empezó a prepararse para irse de la sede del diálogo, llegando a ordenar el levantamiento de los arcos detectores de metales cuidados por elementos del Ejército Mexicano, lo que indicaba que la misma sede y quienes en ella estaban quedarían en la mayor desprotección.
El desplante amenazador y muy poco prudente de quienes actuaban de parte del gobierno generó una enorme tensión al interior del espacio habilitado para el diálogo. Pero aún más, afuera, en el poblado mismo, las señales emitidas por esos mismos actores gubernamentales fueron tomadas en serio y, después se supo, bases zapatistas se empezaron a preparar para lo que pudiera venir.
Al percibir que aquello podría significar no sólo una suspensión temporal del diálogo sino el desencadenamiento de un enfrentamiento mayor, don Samuel se dirigió al espacio asignado a la representación del EZLN. Con una combinación de vehemencia y suavidad, conmovido y convincente, el obispo les expuso a los dirigentes indígenas los riesgos de una ruptura. Altivos en su rebeldía, pero atentos a las razones que el mediador les exponía, los zapatistas aceptaron quedarse, aunque de no muy buena gana.
Una parte estaba lograda, pero faltaba la otra. Don Samuel no podía decirles a los representantes del gobierno que su contraparte zapatista había aceptado quedarse para darle otra oportunidad al diálogo, cediendo a las amenazas gubernamentales. Y no podía decirlo porque no había sido así, porque se habían quedado por las razones que el obispo expuso y no por otra cosa, además de que la idea de que se quedaran bajo amenaza no servía para impulsar el diálogo.
Entonces apareció la grandeza del obispo, del mediador, del hombre consecuente con su fe: don Samuel fue al lugar donde los representantes gubernamentales estaban empacando para irse, y les dijo que todo había sido un malentendido suyo, que los zapatistas no habían tenido la intención de retirarse, que el diálogo podía continuar. Es decir, se echó la culpa, se adjudicó una responsabilidad que no era suya, como forma, quizá única, de conjurar el conflicto, aun a costa de las burlas y de los desplantes de soberbia de quienes actuaban por el gobierno. En su humildad eso era lo de menos: lo importante era la continuación del diálogo, como vía privilegiada para buscar la justicia, y evitar el enfrentamiento.
Y así fue. El diálogo pudo continuar hasta los acuerdos de San Andrés, cuyo cumplimiento pleno, así como otros temas de aquellos diálogos, siguen pendientes. Pero con el ejemplo de don Samuel Ruiz, con su presencia indiscutible, con su historia hecha de mil historias, estos y otros pendientes de justicia son esperados por el futuro.
El obispo quetzal
José Gil Olmos

MÉXICO, DF, 26 de enero (apro).- Cuando llegó a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en 1959, Samuel Ruiz García era uno de los obispos más jóvenes del país y estaba dentro de la corriente conservadora de la Iglesia católica. Pero el golpe de la pobreza, la explotación y el olvido en que estaban los indígenas en Chiapas lo transformó y lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su forma de vida, su pensamiento y el compromiso con los más pobres de los pobres del país y del Continente Americano.
Durante cuarenta años como obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz se dedicó a caminar las brechas abiertas a golpe de pisada para llegar a las comunidades tzotziles, tzeltales, choles, mames, tojolabales, zoques, jacaltecas, kanjobales, mochos y motocintlecas.
Con el paso de los días aprendió de sus lenguas, costumbres y tradiciones una forma de vida distinta a la occidental, más comunitaria y más cercana con la naturaleza. De alguna manera se transformó y comprendió la importancia de rescatar a estos mexicanos arrinconados en la historia nacional.
Con el transcurrir de los años, los indígenas lo reconocieron y le llamaron Tatic (padre) y entre los de sus diócesis le decían “Caminante”, porque así se le llamaba en clave en la banda de radio civil, a través de la cual se comunicaba con distintas comunidades empotradas en las regiones Selva, Sierra y Montaña chiapanecas.
Desde la catedral de la vieja Jovel, hoy conocida como San Cristóbal de las Casas, el joven obispo comenzó a evangelizar a los indígenas a pesar de la fuerte resistencia de una sociedad racista que trataba a los originarios como animales y los obligaba a bajarse de las banquetas cuando algún mestizo venía caminando por la misma acera.
Hacia mediados de la década de los sesenta, Samuel Ruiz aprovechó la realización del Segundo Congreso Misionero de México para preparar a los catequistas indígenas, dando lugar a la creación de las Escuelas Diocesanas de Catequistas, donde el laico indígena tomaría un papel importante en la evangelización de la diócesis.
Este paso sería revolucionario y fundamental en la vida de los indígenas chiapanecos, pues les proporcionó identidad como pueblo de Dios y una estructura de organización que nunca habían tenido, a través de los prediáconos, diáconos y tuhuneles indígenas. Además de una representación en la Iglesia católica.
Además, Samuel Ruiz se haría presente en los preparativos del Concilio Vaticano II, donde presentó la ponencia “La evangelización del indígena en América Latina”. Ahí volcó sus vivencias y reflexiones en torno a la renovación de la evangelización en los pueblos indios de América, y a la necesidad de dialogar y encarnarse en las culturas de los pueblos originarios del continente.
La efervescencia de esta nueva misión llevó a la formación del Seminario Regional del Sureste (Seresure), donde los nuevos sacerdotes se formarían para una nueva evangelización.
Ya en 1969, unos 52 obispos latinoamericanos se reunieron durante un mes para ponerse al día en la pastoral del continente y de ahí se dieron otros encuentros latinoamericanos, como el de Río Bamba, en Ecuador, donde fueron encarcelados los participantes; en Brasil y en Tehuantepec, así como en San Cristóbal de las Casas, en 1978.
En 1974, en el marco del aniversario del nacimiento de Fray Bartolomé de Las Casas, la diócesis de Samuel Ruiz dio otro pasos fundamental en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios de México, pues ayudó a la organización del Primer Congreso Indígena, en el que participaron más de 2 mil representantes de los cuatro grupos étnicos con mayor presencia en Los Altos, Selva y región Norte de Chiapas.
Fue ahí donde por primera vez se escucharon las exigencias de los más olvidados: tierra, salud, educación alimentación, cese a los hostigamientos del Ejército en las comunidades, alto a la represión de los pistoleros de los finqueros y terratenientes, construcción de caminos, créditos, comercialización y mejores precios de los productos del campo, entre otros.
Además, según algunos historiadores del movimiento zapatista, fue el punto de arranque de la integración de los indígenas del EZLN, que para entonces se denominaba Fuerzas de Liberación Nacional (FLN).
Tatic fue hostigado desde entonces por los caciques de Chiapas, recibió amenazas de muerte y fue acusado de tratar de subvertir a los indígenas. Los caxlanes (blancos y mestizos) de San Cristóbal lo repudiaron porque había tomado la opción de la Iglesia por los pobres, por el pueblo oprimido y marginado, es decir, por los indígenas.
Este reclamo y esta persecución se reflejarían en mayor medida cuando en 1994 surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y entonces se acusó desde el gobierno salinista al obispo de ser “el comandante” de la guerrilla indígena.
En plena efervescencia indígena armada, la curia de San Cristóbal fue manchada por los huevos que los “auténticos coletos” le lanzaron semanas después de que había sido la sede del primer dialogo entre el EZLN y el mediador del gobierno federal, Manuel Camacho Solís. Las ventanas de la fachada fueron rotas por las piedras arrojadas.
A pesar de ello, Samuel Ruiz encabezó la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que durante tres años seguidos trabajó en el proceso de pacificación, y como intermediario entre el gobierno federal y los zapatistas en los diálogos realizados en San Andrés Larráinzar.
La figura moral del obispo creció y fue reconocida a escala internacional, a pesar de la campaña negativa que sufrió por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad, de la Iglesia católica y del propio gobierno.
Por aquellos años se le veía caminando a paso lento por los pasillos de la curia diocesana. Dubitativo, buscaba soluciones al conflicto armado. Hablaba con los indígenas, con legisladores, con sus pares de otros países de América Latina que habían impulsado la Teología de la Liberación y con los enviados del gobierno en turno. No cesaba en su trajinar y los domingos oficiaba misas, en cuyas homilías siempre daba un mensaje que para los periodistas de todo el país y algunos extranjeros era la “nota”, pues destacaba el proceso de pacificación.
Samuel Ruiz nunca habló a favor de la lucha armada, siempre se manifestó por las vías pacíficas del cambio.
La importancia de su trabajo trajo nuevas amenazas de muerte. Ya no eran las guardias blancas contratadas por los principales caciques del estado quienes lo amagaban; ahora eran los grupos paramilitares, los que incluso atentaron contra él en uno de sus viajes a las comunidades. La Comisión de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que fundó en 1989, denunció estos ataques, así como la presencia de los grupos paramilitares en diversas regiones del estado, los que atemorizaban principalmente a las comunidades indígenas simpatizantes del EZLN. Pero nunca le hicieron caso hasta que ocurrió la matanza de 45 indígenas en Acteal, el 27 de diciembre de 1998.
Un año más estaría al frente de la diócesis hasta que por edad (75 años) tuvo que retirarse. En el Vaticano estuvieron más tranquilos pensando que su sustituto, Raúl Vera, tomaría una posición más conservadora, pero fue todo lo contrario, ya que decidió seguir los mismos pasos del Tatic.
El 10 de febrero del 2000, Samuel Ruiz se despidió de la diócesis de San Cristóbal. Ese día, miles de indígenas bajaron de las montañas y, desde los cuatro puntos cardinales, entraron en caravana a San Cristóbal de las Casas para despedir al obispo, quien el 25 de enero anterior había cumplido 40 años de servicio.
A pesar de que se retiró a vivir con sus familiares a Querétaro, la labor pastoral de Tatic fue reconocida en el país y otras naciones. Recibió, entre otros, los reconocimientos Paolo E. Borcellino, así como las medallas Roque Dalton, Benito Juárez, Letelier Moffitt, Oscar A. Romero.
Además, fue distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad de Tubinga, Alemania; el Premio León Felipe, de España, y nominado candidato al Nobel de la Paz en 1994, 1995, 1996 y 1997.
Su última actuación fue como miembro de la Comisión de Mediación en los trabajos para localizar a los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron desaparecidos en el 2005 en Oaxaca por militares y policías del estado.
A los 86 años murió Tatic, y sus restos fueron depositados en una urna de la catedral de San Cristóbal de las Casas, ceremonia a la que acudieron nuevamente miles de indígenas, bajando de las montañas, para despedir a quien alguna vez llamaron “el obispo quetzal”, por la fuerza de su espíritu.