LA INSEGURIDAD, PRETEXTO

27/01/2011

La inseguridad no justifica violar derechos humanos, dice Plascencia
Aún hay autoridades que se resisten a aceptar las recomendaciones de la CNDH, afirma
El ombudsman nacional presenta ante senadores y diputados su informe de labores 2010
VÍCTOR BALLINAS Y ENRIQUE MÉNDEZ

Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 5
Al presentar su informe de labores 2010 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, destacó que las estrategias en materia de seguridad pública requieren de una constante evaluación para determinar su funcionalidad y conveniencia. El recuento de los logros y desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas.
Un aspecto necesario en esa evaluación, señaló el ombudsman, debe ser el respeto a los derechos humanos. La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de las garantías.
Frente a senadores y diputados, Plascencia Villanueva refirió que el año pasado la sociedad experimentó momentos difíciles de la vida nacional, caracterizados por enfrentamientos entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, que dejó el número más alto de muertes violentas de los últimos años.
Esa situación, aseveró el titular de la CNDH, “provocó una injusta afectación en la esfera de los derechos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia: 111 personas inocentes, sin vínculos con delito alguno, perdieron la vida el año pasado en los operativos de seguridad pública; en la inmensa mayoría de los casos aún aguardan que se haga justicia”.
Denunció que otro de los problemas complejos a superar durante el año pasado fue la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se les atribuyen, en función de hechos concretos y verificados. Es lamentable el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos, como si el quebrantamiento del estado de derecho garantizara un mejor futuro para el país.
Plascencia Villanueva acusó: Varias de nuestras autoridades gubernamentales todavía encuentran dificultades para una inmediata aceptación de las recomendaciones que emitimos. Son instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos y no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública; pese a ello, hemos podido lograr avances.
Enseguida citó a las autoridades que se han negado a aceptar las recomendaciones que les ha emitido: Secretaría de Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Seguridad Pública federal, Petróleos Mexicanos, los gobernadores de Chihuahua y San Luis Potosí, así como los congresos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Además, mencionó a los ayuntamientos de Acatlán, Puebla; Metlatónoc y Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; San Juan Yatzona y Santa María Yalilna, Oaxaca; San Juan Evangelista y Agua Dulce, Veracruz.
A los funcionarios y autoridades de los tres niveles de gobierno que no aceptaron las recomendaciones les hizo un llamado para que asuman el mandato encomendado por la sociedad como un servicio en beneficio del estado de derecho. El no aceptar los recursos equivale a asumir un desprecio por la cultura de la legalidad y la falta de interés por fortalecer los derechos humanos como valores de la democracia moderna.
En su recuento de las actividades efectuadas en 2010, el ombudsman nacional informó que emitió 86 recomendaciones. Expuso que el número de agravios al derecho a la protección de la salud aumentó hasta llegar a ocupar el segundo lugar de quejas recibidas por este organismo, y se giraron 12 recomendaciones al sector salud.
La migración, dijo, continúa siendo uno de los temas de mayor preocupación para el Estado mexicano. A lo largo del año que se informa se registraron diversos casos de violaciones a los derechos de los migrantes, incluidos homicidios, secuestros masivos, como los registrados en Tamaulipas y Oaxaca.
Plascencia Villanueva apuntó que es de particular relevancia la atención a niños y adolescentes, la cual se encuentra relacionada con la prevención y el tratamiento del abuso y la violencia en las escuelas. “El acoso escolar (bullying) es una práctica de escuelas públicas y privadas que atenta en contra del derecho a la educación y a la integridad física y sicológica de los menores”.
Advirtió que la población escolar y la sociedad con frecuencia desconocen las dimensiones de los daños que causa esta práctica, que consiste en cualquier forma de maltrato sicológico, verbal o físico, producido entre escolares de forma reiterada y que puede llegar a excluir socialmente a los afectados.
Al concluir su informe, en conferencia de prensa, comentó que la CNDH está dando seguimiento a cada uno de los casos de las personas muertas en los operativos de seguridad. “Estamos analizando la cifra de los 15 mil muertos de los que informé el gobierno federal, identificando con nombre y apellido de quién estamos hablando, las circunstancias en las que se dio cada uno de estos sucesos, y lo que hemos obtenido hasta el día de hoy es la cifra de 111 que he informado.
En su momento podremos dar a conocer la radiografía del resto de los casos que también ameritan una investigación por parte de las autoridades competentes para detener a los responsables de estas muertes.
Dan 23 años de cárcel a mujer por aborto en Baja California
Gladis Torres Ruiz

MÉXICO, D.F., 26 de enero (apro-cimac).- Feministas y organizaciones civiles de Baja California exigieron al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, la liberación inmediata de una mujer que el pasado jueves 20 fue encarcelada, acusada de homicidio agravado por parentesco, luego de que en 2008 sufrió un aborto espontáneo, por el que fue condenada a 23 años de prisión.
En entrevista, María del Carmen Rioseco, del Grupo Feminista Alaíde Foppa, con sede en Baja California, afirmó que est no es el único caso en la entidad, ya que hay más mujeres presas por aborto.
“Hay varios casos similares, de los cuales apenas estamos iniciando la documentación, ya que la información es de muy difícil acceso y se desconoce el número exacto de las mujeres encarceladas por un aborto”, comentó.
Sobre el caso denunciado, Rioseco informó que se le acusa del delito de homicidio agravado por parentesco, aun cuando la joven aclaró que fue un aborto espontáneo, ya que no se había dado cuenta que estaba embarazada.
De acuerdo con su testimonio, el 17 de mayo de 2008 tuvo un sangrado que provocó la expulsión espontánea del producto en gestación.
Luego de que sus familiares la llevaron al Hospital General de Mexicali para que la atendieran, fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del estado por el personal de salud del nosocomio.
Ante esos hechos, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, el Grupo Feminista Alaide Foppa y la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California solicitaron al mandatario estatal que respete el Estado laico y al Congreso estatal, en el sentido de cumplir y hacer cumplir las normas de protección a los derechos humanos de las mujeres.
El 26 de diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado de Baja California, que protege la vida desde el momento de la concepción, lo que a decir de las Organizaciones de la Sociedad Civil ha dado pie a las autoridades misóginas para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo al ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a sus derechos sexuales y reproductivos.
El PAN, dispuesto a declinar en Edomex
ISRAEL DÁVILA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 27 de enero de 2011, p. 29
Toluca, Méx., 26 de enero. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Octavio Germán Olivares, abrió la posibilidad de recurrir a la declinación de su candidato, como ocurrió en Guerrero, si el blanquiazul no concreta una alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la elección de gobernador en el estado de México, a efectuarse el 3 de julio.
Entrevistado en el hotel de esta capital donde se desarrollará jueves y viernes una reunión plenaria de senadores panistas, Olivares dijo que la prioridad es lograr una coalición con el PRD, pero si esto no es posible se buscará que ganen los ciudadanos y derrotar los cacicazgos.
Mientras, el dirigente estatal perredista, Luis Sánchez Jiménez, dijo que sigue abierta la posibilidad de que un ciudadano sin partido encabece la eventual alianza entre sol azteca y PAN.
Sostuvo que entre los posibles abanderados figuran Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Academia Mexicana del Medio Ambiente, y Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes federal.
Los panistas han mencionado el nombre de Arturo Elías Ayub, presidente de la Fundación Telmex, y al empresario Alejandro Martí, aunque éste declinó.
La decisión sobre la selección de candidato se tomará cuando se conozcan los resultados de la consulta sobre la coalición, dijo Luis Sánchez, quien destacó que de llegar a un acuerdo con el PAN para ir juntos, se recurriría a una encuesta para saber quién tiene mejor aceptación entre los electores.
Ordenan el IEEM admitir queja contra Peña Nieto
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Electoral del Estado de México admitir las quejas presentadas contra funcionarios de la entidad, incluido el gobernador Enrique Peña Nieto, así como alcaldes y legisladores, acusados de promover su imagen con propaganda institucional, lo cual viola el artículo 134 constitucional.
PRD y el PAN presentaron quejas contra los ediles de Toluca y Nezahualcóyotl, los diputados locales por los distritos 22 y 33, y contra el mandatario estatal.
El instituto electoral mexiquense desechó las denuncias y alegó que carecía de facultades y el tribunal electoral local confirmó este criterio, por lo cual los inconformes llevaron el caso al TEPJF.
Van 994 asesinatos de menores en guerra contra el narco
Santiago Igartúa

MEXICO, DF, 26 de enero (apro).- Más de mil niños han perdido la vida en la lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado, en la administración de Felipe Calderón, revela el estudio Infancia y conflicto armado en México, que hoy dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).
Sin colaboración alguna en la transparencia de datos por parte de las Fuerzas Armadas, la ONG contabilizó 994 asesinatos de menores de diciembre de 2006 hasta el corte de octubre en 2010.
Las cifras rojas advierten un particular crecimiento de homicidios dolosos en contra de adolescentes de entre 15 y 17 años.
De ese segmento, de 2007 a 2008, el estado de Baja California registró un incremento de 291.7%; en Chihuahua creció 364%, y Sinaloa vio aumentar hasta en 543% las ejecuciones de sus niños.
El director de Redim, Juan Martín Pérez, lamentó el “impresionante” impacto con que el conflicto armado ha marcado a la infancia en México y urgió en la “necesidad” de crear una defensoría de los derechos de la infancia “a nivel federal”, que investigue con “imparcialidad e independencia” las violaciones a sus derechos humanos.
“Si seguimos contando con el mensaje de impunidad para los más de mil niños asesinados desde que ha iniciado este conflicto, no podremos prevenir que siga sucediendo esa masacre”, advirtió Pérez.
La muerte de infantes, en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico, viene de fuego cruzado, denunció el padre Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. “La ha causado el crimen organizado, pero también las policías y las Fuerzas Armadas”, aclaró.
El padre pidió se deje de “estigmatizar” a los adolescentes “presuntamente” vinculados a la delincuencia organizada. “Hay cierta prisa para criminalizarlos, con ello se impide la investigación imparcial de los hechos. Es urgente avanzar en la construcción de un sistema de justicia especializado para adolescentes en conflicto con la ley, diferenciado del sistema para los adultos”.
En el caso de adolescentes que con mayor frecuencia integran las filas del narcotráfico, opinó, “el crimen organizado los ha cooptado porque son pobres, porque no tienen futuro”.
Por su parte, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal (CDHDF), sede de la presentación del reporte, instó al gobierno federal a “conservar el conflicto en los márgenes del estado de derecho”.
El ombudsman capitalino criticó: “El Estado Mexicano espera que una respuesta militar contenga la violencia, y deja de lado los motivos sociales que generan esa violencia”.
“Tenemos casos de niños que han sido víctimas indirectas de esta lucha contra el narcotráfico y han sido catalogadas como daños colaterales. Parecerían validar la apreciación de que, dado el tamaño del enemigo, mientras menos obstáculos tengamos para abatirlo, mejor. Y si en esa lucha tienen que morir niños, niñas, adolescentes, personas en general, serán considerados mártires de esta lucha, pero eso parece no importar”, continuó González Placencia, y recordó que es responsabilidad del Estado “proteger y garantizar” el derecho a la vida.
El estudio Infancia y conflicto armado en México desnuda una más de las falacias del gobierno, concluyó el presidente de la CDHDF: “Esto que se está haciendo acá (por Redim), debería estarse haciendo allá, siendo materia de política pública por parte del Estado mexicano”.