OTRA "ELECCION" DE ESTADO

Preocupante inicio del proceso electoral mexiquense

BERNARDO BARRANCO V.

Bajo mucha tensión se desarrolló, el pasado domingo 2 de enero, la sesión inaugural del proceso electoral de 2011 en el estado de México. Lo que habría sido un acto protocolario se convirtió en un coctel de reproches, descalificaciones y advertencias entre los principales actores ahí presentes. Gran parte de la clase política mexiquense, se dio cita en la sala del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para presenciar, no sin asombro, cómo los propios consejeros electorales sembrados por el PRI salieron beligerantes, en defensa abigarrada y sistémica frente a los cuestionamientos no sólo de los partidos políticos, sino de la opinión pública.

Los representantes de PAN, PRD, PT y Convergencia previamente externaron su desazón por llegar al proceso electoral con reglas impuestas por la mayoría priísta en la Cámara de Diputados. El PAN habló de regresiones preocupantes, el PRD de judicialización del proceso, el PT puso en duda la imparcialidad del actual consejo del IEEM, etcétera. Recibieron como respuesta una actitud rijosa de las cuatro posiciones priístas en el Consejo Ciudadano del IEEM.

Especialmente llamó la atención la postura agreste de Juan Carlos Villarreal, quien reprochó a los partidos políticos de oposición al tricolor cuestionar de imparciales a los consejeros electorales así como al propio instituto, reviró: “Las reglas las hacen los que hoy se quejan, el diseño institucional fue impulsado por los que de nuevo descalifican su propia obra… –y se pregunta– ¿por qué algunos actores políticos le quieren colgar a la autoridad el saldo de sus incapacidades o el temor de sus fantasmas?” El planteamiento no es novedoso, coincide con el discurso que ha venido desarrollando el propio presidente del partido en el poder. Además, pone en evidencia y reconoce la tendencia perversa con que los partidos políticos y el sistema de poder han operado para demoler la autonomía e independencia de las estructuras electorales, no sólo del estado de México, sino del país. Es con esta misma lógica con la que se está definiendo actualmente el nombramiento de consejeros electorales en el IFE, en detrimento absoluto de su credibilidad por el manoseo de intereses partidarios. Sin embargo, la supuesta defensa que hace el consejero Villarreal es tramposa porque, salvo la designación de consejeros, las nuevas reglas electorales para los comicios de 2011 han sido fruto de una imposición de mayoría priísta en la Cámara de Diputados. Es decir, tanto la reforma electoral, llamada ley Peña, como los ajustes al código no han sido resultado de negociaciones ni de consensos entre los partidos políticos, sino de albazos e imposición del sistema imperante en la entidad mexiquense.

Por ello, la crispación y la tensión que se vivió en el arranque del proceso electoral no fue resultado de los teatrales discursos de los consejeros, sino del clima de autoritarismo imperante en el estado de México.

El problema no está ni en el IEEM ni en los consejeros priístas, sino en cómo se ha estado manejando la política y los acuerdos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. El resultado de la sesión es natural. A la salida del acto los principales dirigentes estatales declaran. Por un lado, Ricardo Aguilar, del PRI, se siente satisfecho con el instituto y le extiende un voto de confianza; por otro lado, tanto Luis Sánchez, del PRD, como Octavio Germán, del PAN, amagan con salirse de la contienda electoral al confirmar la inequidad y parcialidad de los consejeros electorales.

El sistema de partidos y los ciclos electorales nos plantean una disyuntiva siempre punzante entre la relación entre las mayorías/minorías políticas y la democracia, proceso que azarosamente hemos venido construyendo. De aquí emanan acuerdos y pactos entre los actores políticos que posibilitan una convivencia política civilizada y en cierta forma dignifican el sentido social de servicio que tiene el quehacer político.

En el estado de México hubo cierto equilibrio en las votaciones entre los tres partidos predominantes –PRI, PAN y PRD– hasta las elecciones de 2009, en las que el tricolor y sus coaliciones ganaron de manera amplia. Bajo un síndrome autoritario, un sector de la clase política en el poder quiere ir por todo en estas elecciones de 2011, la implicación a la candidatura presidencial está en la ruta y han tensado el juego. Ha tomado decisiones unilaterales y los riesgos saltan a la vista. En nombre de la mayoría, los actores políticos pueden caer en tentaciones totalitarias y, por tanto, antidemocráticas en sus decisiones y estrategias.

Hay que hacer una sana distinción entre mayoría y voluntad popular. Incluso desde una democracia puede conducir a los peores horrores de la historia: el nazismo es un muy buen ejemplo, porque nace de avasallamientos electorales que en su momento representó una mayoría política aplastante. Por ello, resuenan desde mediados del siglo XX, la expresión del destacado político británico, Richard Clement Attlee (1883-1967), quien sentenciaba que la democracia no es simplemente la ley de la mayoría, es la ley de la mayoría que debe respetar y hacer valer los derechos de las minorías.

El inicio electoral en el estado de México es alarmante, porque si no hay política ni acuerdos entre los principales actores, las elecciones corren graves riesgos y podría ensombrecer todo el escenario político del país.

Los fieros mercados

LUIS LINARES ZAPATA

Los mercados no son sólo el lugar propicio para la especulación, pues sirven, aunque en menor medida, como fuente para la capitalización de las grandes empresas. Los mercados son, en realidad, el buque insignia de la derecha expoliadora mundial, su mera cabeza de playa. Ahí se traban las ambiciones y revelan todos los secretos del descarnado método que utiliza un ralo sector de privilegiados para ir concentrando la riqueza producida por las distintas sociedades del orbe. Unos más y otros menos, los gobiernos y corte de acompañamiento colaboran para tan desigual transferencia hacia las metrópolis (Wall Street y la City de Londres) de aquello que, en la parte sustantiva, generan los trabajadores.

No hay nada que esconder. Todo está a la vista. Tampoco resiste al análisis de los que quieran penetrar en tan conspicuo saqueo. No sólo en México se densifica tal fenómeno. Se extiende por el mundo con unas cuantas notables, combatidas y denostadas excepciones. La ferocidad con que proceden los mercados ante los rebeldes es innegable. Las armas con que cuentan en su retaguardia apabullan a muchos, mejor dicho a la casi totalidad de los tomadores de las decisiones públicas básicas. Los que se atreven a romper, normar o revertir algunas de sus aristas más rasposas son mostrados, de inmediato, como parias, bufones, imbéciles sin remedio. En última instancia los conductores y beneficiarios de los mercados preparan, bajo amenazas continuas, la fuga de capitales o la paralización de sus inversiones. A los que colaboran, en cambio, se les premia con frases y sonrisas, se les ofrece puestos en directorios y pergaminos varios, extendidos por sus organismos cupulares (FMI, BM, bancos trasnacionales, calificadoras, think-tanks y analistas y medios afines). Los préstamos, aparentemente sin condicionamientos según la retórica oficial, súbitamente aparecen frente al horizonte de aquellos que han mostrado entusiasmo en su accionar como colaboradores. Es el caso que, por estos días de vacíos informativos y carencias de positivismo difusivo, se divulga desde el Banco de México. Se ha concedido, dicen orondos a más no poder, un crédito (por doblegada conducta) por una cantidad fantástica: 75 mil millones de dólares. Ahí estarán, listos y sonantes, no vaya a ser la de malas. Claro que, advierten juiciosos y fingidamente prudentes los signatarios, no es obligatorio usar tales recursos, una simple precaución ante incidentes no previstos. Uno de ellos, bastante probable, podría ser una estampida del capital invertido en la bolsa de valores que alcanza, también, volúmenes similares.

La concentración de la riqueza, auxiliada por innumerables meandros adicionales a los mercados, sigue su drástico curso. Las reformas llamadas estructurales que más colaboran a tal propósito son de tipo fiscal, pero las de naturaleza social no dejan de ser apuntadas como necesarias. Lo cierto es que el salario ha perdido poder adquisitivo en proporciones alarmantes desde que el neoliberalismo entró de lleno en la escena mundial (Thatcher-Reagan). Trátese de Alemania, Estados Unidos, España, Japón y, en particular, México, el retroceso en ingresos de las masas es indignante. Las desgravaciones al capital y a los ingresos superiores han sido el conducto favorecido desde las cúpulas directivas. Por ello se ha empujado, durante años y en esa precisa dirección, a todo legislador o funcionario que desee ser etiquetado como responsable. Se trata, alegan, de modernizar la economía, hacerla competitiva, de aumentar la productividad. Asunto, este último, indispensable para el reparto que toque tanto los ingresos del trabajador como el empleo, sostienen aun en contra de evidencias empíricas que niegan dichas intenciones. En realidad, la productividad se impulsa para posibilitar concomitantes apañes del capital. Si no es tal el propósito cómo es que, en México, aun durante la parte aguda de la crisis actual, las utilidades y el valor de las empresas mayores cotizadas en bolsa aumentaron en, cuando menos, dos dígitos. Las acciones de esas mismas empresas han alcanzado niveles récord de incrementos. En la asediada España, la de las tribulaciones de la izquierda (PSOE) y el cerco de los mercados, las grandes fortunas personales amasaron 8.6 por ciento adicional en 2010. En cambio, el desempleo en ese país ronda el 20 por ciento y permanecen en espera de tiempos mejores que vendrán, si acaso, a cuanta gotas. El señor Calderón, por su parte, reitera que, bajo su responsable estrategia, el empleo alcanzó cifras deseables: casi un millón de nuevos asalariados. Lo que no dice es que 60 por ciento de los empleos formales obtienen uno o dos salarios mínimos. Tampoco revela que las intenciones de la reforma laboral pendiente es profundizar, aún más, la pauperización de los trabajadores y las clases medias. La tendencia al despojo no tiene límites, el capital y sus auxiliares de la derecha partidaria, irán bastante más allá de lo conveniente, de lo humano, que no quepa duda.

La derecha en el poder, desde hace unos 30 años, ha castigado, sin piedad ni pausa el bienestar de los mexicanos. Durante los últimos 10 se ha optado, además, por el endeudamiento acelerado y sin control que compromete a las próximas generaciones. Los ríos de recursos han sido caudalosos sin mejorar, aunque sea en menor escala, a los contribuyentes que después pagarán los platos usados. Véase, como prueba, el crecimiento de la deuda interna de México o la expoliación de Pemex bajo la égida de Calderón. Los gobernadores han puesto, también, su palada de excesos en pos de salvar cara y hacer pingües negocios. Resalta la Coahuila de Moreira, flamante priísta de nuevo corte y sus aceleradas construcciones que le facilitaron el gran salto. El Edomex y su abultadísima deuda direccionada a pulir una imagen, carente de sostén real, mientras deja sin oportunidades de educación superior a 80 por ciento de la juventud de ese estado. Las locuras de Amalia García en Zacatecas y Ulises en Oaxaca que edifican ciudades administrativas con facturas por pagar en el largo plazo. Qué decir del saqueo veracruzano de Fidel Herrera o los trastupijes sin castigo del bello cuan fallido gobernador de Tamaulipas, amparado en su contribución al triunfo de Calderón. El resultado lo tenemos a la vista y la tendencia será, qué duda cabe, al empeoramiento. Malos tiempos para los mexicanos que ni el más positivo deseo de año nuevo mitigará.

ohn M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 4 de enero.- Después de su contundente derrota en las elecciones legislativas del pasado 2 de noviembre, Barack Obama tuvo 50 valiosos días en los que todavía la mayoría demócrata controlaba ambas cámaras del Congreso estadunidense. Esta fue su última oportunidad para jugar a la ofensiva e impulsar proyectos prioritarios antes de que el Partido Republicano pudiera volver a tomar el control de la Cámara de Representantes y a consolidar su posición en el Senado para el próximo periodo de sesiones.

Frente al reto de decidir las iniciativas prioritarias de esta crucial coyuntura, Obama dio la espalda a los mexicanos indocumentados al dejar morir por inanición la llamada Dream Act (“Ley de los Anhelos”). Durante las sesiones lame duck del Congreso, el presidente estadunidense luchó y venció la férrea oposición de la derecha más retrógrada frente a una serie de iniciativas muy polémicas. Recortó impuestos para las clases medias y populares, logró la aprobación de un nuevo tratado con Rusia para limitar la proliferación de armas nucleares y remató con una victoria histórica al legalizar la participación de personas abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas.

Pero el presidente titubeó de manera imperdonable ante el reto de defender el derecho a la esperanza de los cientos de miles de jóvenes mexicanos que hubieran sido beneficiados por la iniciativa “de los anhelos”. De esta forma, Obama una vez más traiciona la gran esperanza que el pueblo mexicano había cifrado en su arribo al poder.

Durante su campaña de cortejo del voto “latino”, Obama prometió transformar lo que él mismo llamó un “sistema migratorio disfuncional y roto”. Ya como presidente, reiteró este compromiso en sus múltiples encuentros con Felipe Calderón que, por lo visto, han sido completamente infértiles.

El primer presidente afroamericano del país vecino había atribuido la falta de avances en la materia al hecho de que simplemente “no contaba con los votos” necesarios en el Congreso. También quiso evitar el tema migratorio en la antesala de las elecciones legislativas de noviembre. Pero hoy queda claro que el verdadero problema de Obama es falta de voluntad política. En los últimos meses ha demostrado que puede construir coaliciones ganadoras para temas que generan aún más rechazo entre la derecha, pero en el caso de los millones de indocumentados el presidente simplemente no quiso gastar su capital político.

La Dream Act no es de ninguna manera una reforma integral, la famosa “enchilada completa” que tanto hace falta. Ésta únicamente hubiera beneficiado a unos 800 mil de los más de 10 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan, estudian y construyen cotidianamente el país vecino. Solamente serían elegibles para el programa jóvenes menores de 35 años que llegaron al país antes de cumplir 16 años, que tuvieran cinco años de residencia sin antecedentes penales, que estuvieran inscritos en alguna universidad acreditada o que hubieran participado en las fuerzas armadas. Son los migrantes mexicanos menos “peligrosos” a los ojos de los racistas: jóvenes estudiosos, bien portados, disciplinados, bilingües y asimilados culturalmente. El de Eric Balderas, estudiante de alto rendimiento de biología en la Universidad de Harvard, quien está en peligro de ser deportado por no tener documentos, es apenas uno de cientos de miles de casos similares.

La reforma había generado un apoyo social importante. Destacados personajes la respaldaron desde el principio, incluyendo rectores de algunas de las universidades más importantes del país. De acuerdo con las encuestas, una clara mayoría de la población apoyaba la iniciativa, incluso millones de republicanos. Un fuerte movimiento de la comunidad “latina” había generado incontables marchas, demostraciones y protestas. Hubo inclusive valientes cierres simbólicos de las oficinas de legisladores por los mismos jóvenes estudiantes “ilegales” que pueden ser deportados en cualquier momento.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma el miércoles 8 de diciembre por un cerrado margen de 216 a 196 votos. En el Senado, la iniciativa también recibió el voto de la mayoría, pero le faltaban los cinco votos adicionales necesarios, incluyendo cuatro del Partido Demócrata, para forzar una votación sobre el tema antes de la materialización de la reconquista de los republicanos del Congreso en enero. Los demócratas que vergonzosamente votaron en contra de la iniciativa fueron: Mark Prior, de Arkansas; Ben Nelson, de Nebraska, y Jon Tester y Max Baucus, del estado de Montana.

Por su parte, el gobierno de Calderón ha mantenido una pasividad también vergonzosa que lo hace cómplice de esta gran derrota. Una vez más revela que en sus relaciones con Estados Unidos se encuentra más preocupado por negociar la siguiente entrega de sus “juguetes” de guerra que por el bienestar de los connacionales indocumentados.

Pero los indocumentados no se dejarán vencer tan fácilmente. Planean escalar el movimiento en las calles y defender sus derechos por todas las vías posibles. Se inspiran en la lucha histórica por los derechos de los afroamericanos durante los años sesenta que acabó con el apartheid estadunidense, el cual corroía el tejido social, y abrió la puerta para que alguien como el mismo Obama pudiera llegar a gobernar en Washington. La lucha apenas se inicia.

Desde México existirían muchas maneras para apoyar esta justa causa. Ante el desinterés del gobierno federal, es hora de que los legisladores federales y las entidades federativas construyan una nueva política de Estado para apoyar a los jóvenes desamparados por el fracaso del Dream Act. Se podría crear un fondo especial para financiar sus estudios, tal y como el gobierno apoya hoy a miles de jóvenes mexicanos que estudian en el extranjero. Asimismo, se presenta una gran oportunidad para estimular a estos jóvenes mexicanos para que se desarrollen profesionalmente en México una vez que hayan culminado sus estudios. Habría que convertir la “fuga de cerebros” en un camino de dos sentidos.