PEÑA NIETO CUIDA SU IMAGEN

Feminicidios, los gobernadores andan desnudos.

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 18 de enero (apro).- Como si se tratara de un concurso por desmentir cifras que pudieran despeinar su cuidada figura mediática, Enrique Peña Nieto respondió el 13 de enero ante la solicitud de emitir una alerta de género para investigar los feminicidios en su entidad, que “resulta sospechoso” que se hagan este tipo de señalamientos contra el Estado de México en vísperas del proceso de elección de julio de 2011.

Como si se tratara de una acusación en su contra y no de un llamado para que tome medidas efectivas como gobernador y no como precandidato, Peña Nieto citó las cifras que su procurador Alfredo del Castillo proporcionó un día antes para minimizar los crímenes de odio contra mujeres. Según este reporte, en su administración se redujeron de 944 a 468 los asesinatos de género, y no son 922 los crímenes cometidos en estos cinco años.

Peña Nieto y sus replicantes, entre ellos los diputados Enrique Jacob y Héctor Guevara, insistieron en la misma línea argumental: el Estado de México no es el de mayor registro de crímenes contra mujeres; “apenas” ocupa el sitio 14 y todo se trata de una estrategia electoral.

La presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, Rocío Gaytán, recordó el mismo miércoles 12 de enero que, según las cifras aportadas por el Ministerio Público estatal, “hay 922 homicidios y 4 mil 773 denuncias por violaciones sexuales, y eso no se puede esconder”.

Afirmó que la alerta discutida la semana pasada era una oportunidad para impulsar medidas de prevención y evitar la impunidad prevaleciente.

Peña Nieto, como los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León, Morelos, entre otras entidades señaladas por el incremento de los crímenes de género, han hecho de la misoginia institucionalizada un patrón de gobierno. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, así como la comisión especial creada en la Cámara de Diputados desde la Legislatura pasada, han advertido una y otra vez que el fenómeno se ha incrementado en el Estado de México y que más del 50% de los casos no se resuelven o son mal manejados en los ministerios públicos.

En marzo de 2009, María Juárez Toledo, directora del Consejo Estatal de la Mujer, denunció que 55% de las mujeres en el Estado de México sufren violencia por maltrato de su esposo, concubino, novio o la persona que vive con ella. La forma más común de agresión es la ejercida en los centros laborales y en las escuelas. ¿Acaso no es responsabilidad de las autoridades estatales y municipales emprender campañas para combatir estos delitos? ¿Realmente creen que sólo con disminuir las cifras de homicidios contra mujeres se acaba el problema?

Juárez, el doble crimen

De las estrategias más perversas para institucionalizar la misoginia, el gobierno de Chihuahua y las autoridades de Ciudad Juárez han dado una muestra más que perversa en las últimas semanas. No les ha bastado con la mala fama de Ciudad Juárez como epicentro de los crímenes seriales y de género más impugnados a nivel internacional.

Ignoran sistemáticamente las protestas y los llamados de organizaciones internacionales, incluida la reciente carta firmada por seis mujeres galardonadas por el Premio Nóbel, quienes demandaron justicia y castigo contra los asesinos de las activistas Marisela Escobedo y de Susana Chávez.

A un mes de cumplirse el crimen de Marisela Escobedo –quien, a su vez, investigó y se enfrentó al muro de las autoridades ministeriales de Chihuahua y Zacatecas, y a la corrupción de jueces que liberaron al asesino de su hija--, el fiscal general de Justicia de Chihuahua declaró a los medios que Susana Chávez prácticamente merecía su destino por haberse ido de parranda con tres menores.

Según Manuel Salas, Chávez “se encontró con tres muchachos, se fue a divertir con ellos a casa de uno y lamentablemente estas personas estaban tomadas, estaban drogadas y después de estar compartiendo, decidieron matarla”.

Horas después de estas declaraciones cargadas de prejuicio moral --¿acaso es menos grave el asesinato por el hecho de que presuntamente la víctima se divirtió antes con sus homicidas?-- la propia Fiscalía General de Justicia de Chihuhaua emitió un boletín en el que afirmó que los homicidas formaban parte de la banda de Los Aztecas.

Ahora, andan filtrando la versión de que Chávez era “sexoservidora” y que su crimen constituye una venganza pasional.

Es la misma línea de argumentación que desde 1993, cuando gobernaba el PAN en Chihuahua y cuando iniciaron los crímenes contra jóvenes en Juárez, han mantenido los ministerios públicos, los policías y las autoridades: las víctimas son corresponsables de su propio destino por salir de noche, por usar minifalda, por irse con desconocidos, por tener una vida “disipada”.

Ese es el problema del feminicidio: constituye un doble crimen porque de antemano se responsabiliza a la mujer víctima de ser la provocadora; y las autoridades responsables de investigar siempre encuentran la manera de filtrar su misoginia.

Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas…

En una jornada de protestas que se han desatado desde el asesinato de Marisela Escobedo, organizaciones ciudadanas encabezaron el lunes 17 de enero otra serie de manifestaciones contra los gobiernos de Nuevo León, Chiapas y Sinaloa exigiendo que se frene la violencia de género.

En Sinaloa, las organizaciones denunciaron que durante el recién concluido sexenio de Jesús Aguilar Padilla se cometieron 351 feminicidios. Tan sólo en 2010 fueron 116. En Nuevo León, las organizaciones denunciaron que el año pasado se cometieron 70 homicidios contra mujeres, 40 de ellos relacionados con el crimen organizado. Y en Chiapas, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer como el Movimiento Independiente de Mujeres y la Brigada Feminista por la Autonomía, así como colectivos vinculados a “la Otra Campaña” del EZLN, insistieron que todos los crímenes cometidos contra mujeres constituyen “un asunto de interés mundial, una cuestión de lesa humanidad, sobre todo, cuando es producto del crimen organizado”.

Para cerrar con broche de oro, el nuevo gobierno de Tamaulipas, más preocupado por vigilar la moral pública que por frenar el desastre de una entidad atenazada por el crimen organizada, acaba de prohibir a sus empleadas usar escotes, minifaldas y pantalones entallados.

“Ellas deben entender que vienen a trabajar, no a una fiesta, no a una pasarela de modas”, declaró Jorge Abrego Adame, secretario de Administración del nuevo gobierno de Egidio Torre Cantú (La Jornada, 18 enero 2011).

¿Y cuándo entenderán los gobiernos que su función es frenar esta doble ola de crimen organizado más crimen de género cuyo pegamento fundamental es uno: la rampante impunidad?

Guerrero: el recurso del voto

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 18 de enero.- La cobarde y brutal agresión a Guillermo Sánchez Nava, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), forma parte de una clara estrategia de guerra sucia por parte del PRI para ganar la elección de gobernador en Guerrero este 30 de enero. En las próximas dos semanas, seguramente las violaciones a la legalidad y los principios constitucionales en la materia su multiplicarán, y al final podríamos escuchar la repetición de la célebre frase: “…Haiga sido como haiga sido…”.

Por eso las autoridades deberían actuar desde ya para evitar el desbordamiento de la situación, aunque la mejor respuesta sería que los ciudadanos salieran a votar masivamente, para expresar su repudio a la violencia, la corrupción y la inseguridad que tanto daño han hecho al estado.

Esta elección es un preludio histórico rumbo a los comicios presidenciales de 2012. Durante su desarrollo veremos si la equidad y la legalidad son posibles en materia electoral o si estamos condenados a la permanencia del imperio de la ley de la selva, donde el poder, la agresión y el dinero son más importantes que la voluntad popular.

El candidato del PRI, Manuel Añorve, ya tiene experiencia en las elecciones sucias. El mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha reconocido que su campaña para la presidencia municipal de Acapulco en 2008 fue sumamente irregular. La asociación civil Ángel de la Guarda, dirigida por la esposa del candidato, contrató varios anuncios televisivos en horario estelar para inducir el voto a favor de Añorve. También se distribuyó masivamente una portada falsa de un periódico local que anunciaba el retiro de la contienda electoral del principal candidato de izquierda, Luis Walton. Otra serie de notas falsas calumniaban a Walton con la acusación de que había participado en una red de pornografía infantil.

Tanto Enrique Peña Nieto como el entonces gobernador priista de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio, participaron activamente en aquella campaña sucia. Asistieron a actos públicos, y todo parece indicar que también financiaron numerosos “operativos” electorales. La Iglesia intervino igualmente a favor del candidato ganador y hubo presión directa sobre los electores en numerosas casillas. Todo esto, mientras el Instituto Electoral del estado se mantuvo al margen.

De acuerdo con el TEPJF, todas estas tropelías no fueron suficientes para ameritar la anulación de la elección, aun cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugares había sido de apenas 5 mil votos de los 223 mil sufragios válidos (es decir, sólo el 2.2%). En una reedición de la impunidad generada con el dictamen de validez de la elección presidencial de 2006, el TEPJF se negó a realizar cualquier esfuerzo por esclarecer las verdaderas condiciones del proceso electoral y simplemente avaló los resultados sobre las rodillas. De manera similar, el año pasado el TEPJF se negó a evaluar a fondo las condiciones de los comicios para gobernador de Durango y Veracruz.

Estos antecedentes de impunidad regresan hoy con fuerza para asegurar que el actual proceso electoral en Guerrero continúe corroyéndose hasta la médula. Es más que evidente que Añorve ya rebasó el tope de gasto de campaña de 33 millones de pesos. La cantidad de folletos, calcomanías, espectaculares y anuncios televisivos, los frecuentes viajes en helicóptero del candidato, la sospechosa cobertura “noticiosa” de las principales empresas de televisión, y la entrada de ejércitos de “promotores” bien financiados desde diversos estados gobernados por el PRI, hablan de un derroche desmedido y totalmente ilegal.

Asimismo, más allá del “gasto” explícito, habría que recordar que las donaciones “en especie” también deberían contabilizarse. Cada minuto “regalado” por Televisa a Añorve, cada hora de algún empleado del Estado de México dedicado a la campaña, y cada litro de gasolina utilizado para transportar láminas deben ser incluidos en el cálculo del gasto total.

Este tipo de donaciones, por cierto, son completamente ilegales y podrían dar lugar a sanciones administrativas y hasta penales para los involucrados. El artículo 407 del Código Penal Federal es contundente al imponer una pena de hasta nueve años de prisión al servidor público que destine “fondos, bienes o servicios” públicos, e incluso el “tiempo” de sus subordinados, a algún partido político o candidato. Aquí las autoridades también deberían vigilar la posible participación de recursos y empleados del Gobierno del Distrito Federal en la campaña de Ángel Aguirre.

Pero independientemente de lo que hagan o dejen de hacer las instituciones electorales, lo más importante es que la población salga a votar el 30 de enero. Los desastrosos resultados del gobierno de Zeferino Torreblanca no deberían llevar al desánimo, sino a la cada vez más activa participación social a favor de la democracia y la justicia. Por ejemplo, el llamado de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero para boicotear las elecciones es un grave error. Hace el juego a los priistas, quienes siempre se benefician cuando se reduce la participación espontánea de la población.

Por ejemplo, en las elecciones estatales de 2010 hubo una correlación directa entre el aumento de la tasa de participación ciudadana y una reducción en el porcentaje de votación para el PRI. En Tamaulipas la participación fue de apenas 44% y el viejo partido del Estado conquistó 62% de la votación. En Chihuahua, acudió a las urnas el 41% del electorado y el PRI recibió 56% de los sufragios. En contraste, las victorias de Gabino Cué, Mario López Valdés y Rafael Moreno Valle se sustentaron en una gran ola de participación ciudadana, que llegó a 57% en Oaxaca, a 58% en Sinaloa y a 59% en Puebla.

La abstención ayuda al PRI porque este partido cuenta con una vasta “maquinaria” electoral que por medio de la compra, la coacción y la intimidación logra obligar a los “suyos” a votar a como dé lugar. Sin embargo, cuando la tasa de participación es alta, el efecto de estos “operativos” se diluye, permitiendo que el resultado refleje de manera más fiel las preferencias reales de los electores.

Los siguientes 15 días serán claves. Hagamos votos para que el estado de Guerrero sea un ejemplo de valentía institucional y movilización ciudadana que preparen el camino para la celebración de elecciones presidenciales auténticamente democráticas en 2012.

Un nuevo SNTE, la clave

GILBERTO GUEVARA NIEBLA

Creo que la reconversión del SNTE es clave para la reforma educativa. No soy anti-sindicalista pero es imposible dejar de ver que el gremio de los trabajadores de la educación, con sus rasgos actuales, constituye el principal obstáculo para mejorar la calidad de la educación y levantar al sistema educativo a la altura que las circunstancias demandan.

El SNTE no sólo es un sindicato cupular y antidemocrático, es una estructura corporativa heredada del antiguo sistema político, que desde su origen fue dotada de condiciones y privilegios que atropellan los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores, además de obstaculizar la modernización educativa.

Normas equívocas, atribuyen al SNTE y a sus dirigentes facultades excepcionales: primero, el Estado reconoce al SNTE como representación única de los trabajadores educativos; segundo, al recibir su plaza un trabajador pasa automáticamente a formar parte del SNTE sin que nadie le pida su opinión; tercero, la ley caracteriza como trabajadores de base a empleados que ocupan posiciones directivas (como el puesto de director, inspector o jefe de sector). Esto último trastorna el mecanismo jerárquico base del funcionamiento de toda organización social.

Por añadidura, 50 por ciento de las plazas generadas las controla el sindicato, y el personal con el cual opera la maquinaria sindical son trabajadores (muchos de ellos profesores) comisionados. Don Jaime Torres Bodet se quejaba amargamente de que todas las correas de transmisión que existían entre la autoridad educativa y las escuelas estuvieran controladas por el sindicato. Las mejores ideas pedagógicas se desnaturalizan en el camino, porque los intereses del sindicato –de no cambiar su estructura– no son, no han sido, ni serán los mismos que los de la autoridad.

El SNTE nació con todos los vicios del “sindicalismo charro”: antidemocracia sindical, control político de sus bases, intolerancia hacia la disidencia, corrupción, métodos gangsteriles, complicidad con el poder, etcétera. Pero la principal mercancía que ha vendido el SNTE al poder público es de naturaleza política.

Los líderes del SNTE viven de impresionar a los gobernantes. Lo primero que proclaman es que su sindicato es la organización sindical más grande del país, (aproximadamente 1.2 millones de miembros, aunque los líderes sindicales dicen que son 1.8) además, el sindicato de trabajadores de la educación presume de que la mayoría de sus miembros, en tanto maestros, son líderes naturales de las comunidades en que trabajan, por tanto, el SNTE puede ser un factor determinante en cualquier elección.

Se trata de un poder aparentemente formidable y con él apoyan o amenazan a los gobernantes federales y locales. Lo que no dicen, desde luego, es que los líderes del sindicato no cuentan con el consenso de sus bases. ¿Porqué no preguntar a los trabajadores qué opinan de la presidenta del SNTE? Tristemente, los líderes del SNTE son, en México, personas desprestigiadas que han devenido símbolo del sindicalismo corrupto, predador y rapaz que ha generado una sociedad evidentemente enferma.

Lo más alarmante es que la autonomía de la educación es recurrentemente violada por este sindicato político cuya influencia sobre el funcionamiento del sistema educativo es indudable. Este cuadro se ha agravado con la creación del Panal, partido político creado por la lideresa del sindicato, que se ha presentado como el partido de los maestros y se ha construido con recursos financieros provenientes de las cuotas o con dinero canalizado subterráneamente por la misma SEP. El caso es que con esto se ha atropellado todo principio moral o jurídico, mientras gobernantes y sociedad se mantienen como meros espectadores del desastre educativo.