POR EL RESPETO A LA AUTONOMÍA

Desafíos

GUSTAVO ESTEVA

Las turbulencias oaxaqueñas cobran de nuevo interés nacional.

En casi la décima parte de los 570 municipios de Oaxaca las autoridades no pudieron tomar posesión de sus cargos el primero de enero –por los consabidos conflictos electorales, que se agravaron en los siguientes días.

Tales conflictos se presentan con regularidad en Oaxaca y fueron menos graves y numerosos de lo que se esperaba en la transición. No cabe generalizar, porque se trata de conflictos muy diversos y complejos, pero muchos encajan en este caso en una misma categoría: son las minas que la mafia política de Ulises Ruiz dejó programadas para que estallasen después de su salida, tanto para afectar al nuevo gobierno como para negociar acomodos.

El nombramiento de administradores produce inmenso descontento. Aunque esta vez se han limitado sus funciones para que hagan menos daño, la gente nunca los ha aceptado como sustitutos de sus autoridades legítimas y sus prejuicios contra ellos se profundizaron por la gestión desastrosa de los designados en los años recientes.

Al referirse a conflictos del Bajo Mixe, Adelfo Regino, conocido dirigente indígena, señaló: Los cuatro conflictos tienen las mismas características. Se llevaron a cabo asambleas, un grupo minoritario las impugnó, los tribunales las invalidaron, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados nombró administradores y los pueblos los desconocieron, porque ya tienen autoridades. Lo que está ocurriendo, agregó, es síntoma de una dictadura judicial. (Noticias, 8/1/2011).

Los órganos electorales invalidaron 47 elecciones, un hecho sin precedente en Oaxaca. Ello se debe, en parte, a que son un chiquero, una porquería, como dijo el presidente municipal de San Lucas Zoquiapam. Raúl Bolaños Cacho, diputado local y anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia, consideró que la actuación de esos órganos era lamentable y subrayó que era urgente terminar con la intromisión de los partidos políticos, tanto en la designación de los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral como de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral. (Noticias, 7/1/2011). El gobernador, igualmente, creó un equipo para revisar caso por caso y proceder legalmente si se detecta dolo o mala fe en las invalidaciones.

Parece posible lograr arreglos eficaces de corto plazo. En Santiago Yaveo, por ejemplo, uno de los casos de mayor gravedad porque los pobladores retuvieron a los funcionarios que habían llegado a negociar, se demostraron las ventajas de una nueva actitud política. Se había hecho costumbre la represión autoritaria basada en una interpretación formalista de la ley: fue la principal forma de respuesta gubernamental en los 12 años recientes. Ahora se empleó un diálogo en que participaron tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el cual transformó el conflicto y condujo a acuerdos que no sólo incluyeron la cuestión electoral –aunque los negociadores se fueron de boca en sus promesas de atención de agravios que ya empezaron a incumplir.

Sin embargo, la cuestión de fondo persiste y no hay arreglo a la vista. No se reduce a la evidente falta de sensibilidad de los órganos electorales. Surge del continuo atropello a la autonomía de los pueblos por parte de los tres poderes constituidos.

A pesar de sus insuficiencias, las reformas legales de 1995 y 1998 habían creado en Oaxaca la posibilidad política de intentar la coexistencia armónica de los diferentes en un régimen jurídicamente pluralista. Formuladas más allá de la Constitución de la República, sin violarla, y concebidas en el espíritu de los acuerdos de San Andrés, podrían haber sido un experimento valioso que demostrara la viabilidad de las exigencias de los zapatistas, planteadas en nombre de todos los pueblos indios y plasmadas en los acuerdos: lejos de desgarrar el país contribuían a su vitalidad y a su construcción pacífica y democrática.

No fue así. Tanto Murat como Ruiz ignoraron o combatieron abiertamente las reformas y violaron sistemáticamente la ley. Antes que el país, Oaxaca entró en un estado de excepción no declarado. Además de resistir, los pueblos empezaron a crear su propio estado de excepción –lo que en su caso significó reivindicar un auténtico estado de derecho, semejante al que los zapatistas han establecido en la zona bajo su control.

La cuestión no es local. Es preciso enfrentarla a escalas nacional y global. Pero la forma de hacerlo no ha de ser un ejercicio de ingeniería social, desde arriba, no sólo por la actitud dominante en gobiernos y partidos, sino por la naturaleza misma del asunto. Los poderes constituidos de Oaxaca podrían aprender de los pueblos y ejercer como ellos su soberanía para empezar a avanzar por el camino correcto.

Los demonios sueltos en Monterrey

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 24 de enero.- Lo advirtió, ya en julio de 2008, hace dos años y medio, Alejandro Junco al entonces gobernador Natividad González Parás: la inseguridad en Monterrey era ya insoportable. Desde ese tiempo los demonios deambulaban sin control. Amagado repetidamente, el presidente y director general del Grupo Reforma (que en aquella ciudad edita El Norte, del que surgieron Reforma en el DF y Mural en Guadalajara) se vio ante un grave dilema: “comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro”. Optó por lo segundo, y desde Texas, donde se ha refugiado –esa es la palabra empleada por él mismo en su carta–, escribió al gobernador para demandarle actuar de modo que los regiomontanos no perdieran la fe en la ley, como a él le había ocurrido. Como una comprobación de sus previsiones, el 10 de enero fue atacado a balazos y con granadas el edificio de una edición urbana de su diario regiomontano.

Desde aquel 2008, la violencia criminal se ha acelerado en la capital de Nuevo León, su región metropolitana y la entidad entera. Para precaverse de peligros que intuyen o ven venir, una cantidad creciente de empresarios y profesionales de Monterrey se han asentado del otro lado de la frontera. Un buen número de estudiantes emigraron hacia el sur, después de que el 19 de marzo pasado dos graduados del Tec de Monterrey murieron a manos del Ejército, cuyos efectivos pretendieron hacerlos pasar como sicarios. Comunidades enteras están vaciándose. Datos del censo levantado por el INEGI el año pasado muestran que el éxodo se manifiesta sobre todo en los municipios del norte: Anáhuac, Agualeguas, Los Aldamas, Cerralvo, China, Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, Los Herreras, Melchor Ocampo, Parás, Vallecito y Villaldama, aunque también se percibe el fenómeno en municipios conurbados a la capital, como San Pedro y San Nicolás (Reforma, 16 de enero).

Una ciudad y su zona metropolitana que siempre se habían tenido como ordenadas y seguras se han convertido en una de las regiones más perturbadas por la violencia criminal, que va en continuo ascenso y ha merecido que gobiernos extranjeros, como el de España, adviertan a sus nacionales el riesgo de viajar allí, lo mismo que a Ciudad Juárez y Culiacán.

El año pasado fue especialmente alterado por los enfrentamientos entre bandas, por el desafío de algunos de esos grupos a las autoridades y por la guerra librada por las fuerzas federales contra la delincuencia organizada. La suma de las víctimas llegó en 2010 a 610, de las cuales 79 fueron agentes de la autoridad y 24 personas sorprendidas por el fuego cruzado o simplemente por la incapacidad de policías y militares para dirigir con precisión sus ataques.

En la última cifra se incluyen los dos estudiantes graduados del Tec, cuya muerte provocó un estremecimiento en las altas esferas regiomontanas. Cuando el ingeniero Rafael Rangel Sostman se percató de que la Procuraduría del estado y el mando militar pretendieron simular que los alumnos eran sicarios, se estremeció al descubrir el engaño practicado por esas autoridades. Y entonces inició una campaña contra la inseguridad, incluido un cuestionamiento a la estrategia federal, lo que lo condujo a un enfrentamiento con los empresarios que financian y administran el tecnológico. Aunque es verdad que se había mantenido largo tiempo al frente de esa institución, a la que hizo crecer hasta alcanzar dimensiones nacionales y ello lo inclinaba al retiro, tales circunstancias lo forzaron a apresurar su decisión, que en este enero acaba de consumarse, si bien se anunció meses atrás.

La movilización de la comunidad estudiantil y docente del Tec, al experimentar en carne propia los excesos de acciones que no alcanzan a contener a la delincuencia, no sirvió para modificar las conductas de las autoridades. El gobierno del estado, a cargo de un inexperto e impasible Rodrigo Medina, que en los momentos críticos (como los vividos en la tercera semana de enero) prefiere hacer mutis, está claramente rebasado por la incapacidad y la corrupción, lo mismo que varios gobiernos municipales. Aunque el suyo no escapa a esa dolencia, el alcalde panista de Monterrey Fernando Larrazabal desestima los magros esfuerzos de la administración estatal (y en ello coincide el cardenal Francisco Robles Ortega), con lo que añade a la situación el ácido de la contienda política, que no hará más que corroer las capacidades gubernamentales de combate a la inseguridad. Otro presidente municipal blanquiazul, Mauricio Fernández, se opone mediante una controversia constitucional admitida por la Suprema Corte al dominio que el gobernador pueda tener sobre las policías municipales.

La inseguridad creció aceleradamente en los últimos días de diciembre pasado y se desbocó al comenzar el nuevo año. El paso de un periodo a otro quedó marcado con el terrible secuestro y asesinato de una secuestradora, Gabriela Elizabeth Muñoz Tamez, presa en el penal de Topo Chico desde agosto de 2009. Una conjura la hizo salir de esa frágil (y al mismo tiempo tenebrosa) prisión dizque para conducirla al Hospital Universitario. En realidad se trataba de atraparla, como ocurrió con la complicidad de autoridades de la penitenciaría. Sus captores la torturaron y, todavía con vida, colgaron su cuerpo en un puente peatonal de una céntrica avenida regia. Murió por la asfixia del ahorcamiento, pero lo mismo le hubiera ocurrido por las lesiones que el maltrato le infirió.

Como es usual, se ignora el móvil y los protagonistas del bárbaro asesinato. En una comarca donde el alcalde panista de San Pedro, el mencionado Mauricio Fernández, se ha manifestado a favor de la acción directa de grupos duros contra la delincuencia, al margen de la ley, la sombra de una escuadra de ajusticiamiento se cierne sobre la ciudad. Sólo eso le faltaría a Monterrey.

Un día tras otro, muertes violentas como esa fueron acumulándose conforme avanzaba el nuevo año: en la primera quincena de 2011 sumaron 41, a razón de casi tres por día. Pero el lunes 17 la tasa se disparó: en tres enfrentamientos y ataques perdieron la vida 10 personas. Por lo menos dos murieron por una mala casualidad, porque estaban en el lugar y la hora inoportunos. Todavía sería peor el desenlace sólo unas horas después, pues la jornada letal se extendió durante las primeras ocho horas del martes 18. En esos dos días murieron 23 personas, una por cada hora.

La autoridad parecía no existir. No sólo era incapaz, en cualquiera de sus niveles, de impedir la matanza, sino que ni siquiera había una voz gubernamental que explicara los sucesos o, en el colmo de la impotencia, al menos expresara el pesar del gobierno a los deudos de los agentes muertos o de los caídos por daño lateral.

Cada vez que en Nuevo León arrecia la violencia se pretende que el remedio está en el arribo de fuerzas federales, que se muestran tan inútiles como las locales, aunque en éstas su conducta se agrava por la manifiesta complicidad con las bandas criminales, que por momentos llega a lo grotesco, como cuando patrullas de la policía municipal de San Nicolás, cuyo jefe fue detenido con ese motivo, bloquearon el paso de un convoy del Ejército que, aunque fuera tardíamente, iba en pos de delincuentes.

Sólo a partir de la corrupción se comprende que pase en Monterrey, y en Nuevo León, lo que está pasando. Los sucesos de Topo Chico muestran la falibilidad deliberada de la protección a puntos neurálgicos, o por lo menos la carencia de una notoria presencia disuasiva en ellos: ya dijimos que de allí se sacó a La Pelirroja para asesinarla el último día de 2010; una semana después, el penal fue atacado a balazos y con granadas, operación que en términos muy semejantes se repitió el 19 de enero. En el entretanto, dentro de la cárcel fue asesinado, de 23 puñaladas, Gabriel Ayala Romero, preso porque se le tenía como el líder de la piratería local. De más está decir que un atentado previo contra la prisión, en octubre pasado, no encendió las alarmas que hubieran podido inhibir y aun evitar los ataques posteriores.

Las rencillas políticas se agregan a las otras causas favorecedoras de la impunidad. El Partido Acción Nacional no se repone de la derrota que, con el impulso fundamental de Televisa, le infirió el PRI en la disputa por la gubernatura en 2009, y se encuentra permanentemente trenzado en una guerra de reproches y de acciones políticas y jurídicas contra el aparentemente inerme gobernador Medina. En realidad no se halla en estado de indefensión ni mucho menos, pero es notorio que en todo tiempo el cargo le habría quedado grande, y con mayor razón es así en medio de las tribulaciones que padece la sociedad.

La intranquilidad que priva en la calle, al ras del suelo, se vive también, aunque por razones diferentes, en las alturas, en las oficinas corporativas de los consorcios que durante décadas marcaron el ritmo y el tono de la vida regiomontana. La cervecería Cuauhtémoc, origen del poderoso Grupo Monterrey, como se llamaba al poseído por la familia Garza Sada (después Garza Medina), fue vendida (junto con la Moctezuma, incorporada a Monterrey en los años de auge) a la cervecera holandesa Heineken, en una operación que se buscó presentar como un intercambio de acciones, para no perder cara. Su hermana, Vitro, nacida para fabricar las botellas en que se envasaba la cerveza, pasa por severas dificultades financieras, agravadas por maniobras de acreedores que buscan sacar provecho de su fragilidad y por una sesgada aplicación de la ley que hasta ahora le ha impedido acogerse a las reglas del concurso mercantil como fórmula para no quebrar. Cemex, en fin, ha preparado para 2011 un ajuste presupuestal tan riguroso que lo ha obligado a retirar el financiamiento que prodigó desde 2001 (y que sumó cerca de 800 mil dólares en casi una década) a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que a lo largo de esos años entregó 106 reconocimientos y permitió a cientos de profesionales de toda la región asistir a sus anuales seminarios de calidad periodística, animados a menudo con la presencia de Gabriel García Márquez.

La Corte, los intelectuales y el poder

JOHN M. ACKERMAN

En breve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si retornamos al régimen de oprobio en el que la manipulación política y el saqueo de las arcas públicas por los medios electrónicos era la regla, o si podemos seguir luchando por un blindaje efectivo del espacio público y una competencia política más justa, equilibrada y equitativa.

Los poderes fácticos han hecho todo lo posible para echar abajo la prohibición contra la contratación de propaganda electoral en radio y televisión incluida en la reforma constitucional de 2007. Primero, después de su toma simbólica de la casona de Xicoténcatl y la difusión de agresivos espots, lograron que los senadores suavizaran la reforma. Originalmente, se pretendía prohibir la difusión de cualquier mensaje susceptible de influir en las preferencias electorales y no solamente la contratación de propaganda. Pero esto no les satisfizo, y desde entonces a la fecha se han declarado en abierta rebeldía al desacatar sistemáticamente las órdenes del IFE y crear un vasto mercado negro para la compra y venta de mensajes políticos.

Otra estrategia ha sido la presentación de docenas de amparos contra la reforma. Esta semana, la SCJN tendrá que resolver uno de los más importantes: el juicio presentado por Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, junto a una docena de otros intelectuales, que alegan que la reforma viola los principios constitucionales de libertad de expresión, igualdad ciudadana y libertad de asociación.

A principios del año pasado, estos tres personajes organizaron un provocador desplegado contra la supuesta generación del no que a su parecer tiene paralizado al Congreso de la Unión. Hoy, de forma totalmente inconsistente, buscan echar abajo uno de los ejemplos más claros de productividad y consenso legislativo de los últimos años.

Recordemos que los juicios de amparo tienen validez exclusivamente para los quejosos. Así que si la SCJN da la razón a este puñado de intelectuales, nos encontraríamos en la peligrosa situación en que ellos y solamente ellos podrían contratar propaganda electoral en los medios electrónicos. Posteriormente, vendría un alud de otros amparos de parte de los ricos y poderosos del país y estaríamos ante la consolidación perfecta del elitismo y exclusión que ya tienen postrada a nuestra maltrecha democracia.

Este amparo hoy llega a la Corte porque los ministros ya han demostrado su disposición de moldear la Carta Magna al antojo de los poderosos. En 2002, en el contexto de las impugnaciones de cientos de municipios del país contra las reformas en materia indígena, la SCJN dictó una jurisprudencia que declaraba sin rodeos que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución federal no es susceptible de control jurisduccional (Tesis 39/2002). Sin embargo, en 2008 la SCJN concedió al Consejo Coordinador Empresarial lo que no estuvo dispuesto a dar a millones de indígenas seis años antes. De manera sorpresiva, la SCJN cambió radicalmente su posición y abrió la puerta a la procedencia de los amparos contra la reforma constitucional en materia electoral.

En 2008, la Corte supuestamente declaró la procedencia exclusivamente respecto del procedimiento de aprobación de la reforma y no para abordar el fondo del asunto que versa sobre las supuestas violaciones a la libertad de expresión y asociación. Sin embargo, desde entonces los jueces de distrito han desplegado una creatividad inaudita al utilizar esta decisión como una licencia para entrar al fondo del litigio. Se abre entonces la oportunidad para que hoy la SCJN complete el favor a los poderosos y anule directamente el corazón de la reforma electoral.

Pero para llevar a cabo esta tarea los ministros tendrían que elaborar tantos malabares jurídicos que su objetividad e imparcialidad quedarían en entredicho. La prohibición contra la contratación de propaganda electoral es una limitante estrictamente comercial que no viola el principio de la libertad de expresión. Así como se prohíbe que se anuncie la venta de drogas, de cigarros o los servicios de prostitución, hoy se protege el interés público al evitar la injerencia indebida del dinero privado en las contiendas electorales. Así mismo, la reforma no restringe en absoluto la expresión de opiniones políticas en la plaza pública o siquiera por periodistas y invitados en la televisión. Lo único que se obstaculiza es la comercialización de los mensajes electorales en los medios electrónicos.

El artículo sexto de la Constitución prohíbe la inquisición judicial o administrativa contra la manifestación de las ideas, algo que no ocurre en absoluto con el texto impugnado, ya que no existe referencia alguna sobre el contenido de las ideas expresadas. También habría que recordar que el artículo primero de la Carta Magna explícitamente autoriza la restricción o incluso suspensión de nuestras garantías si otro artículo de la misma Constitución lo mandata explícitamente.

Los argumentos de los quejosos sobre una supuesta violación al derecho de asociación y al principio de igualdad son igual de improcedentes. La prohibición contra la contratación de propaganda se aplica por igual a los partidos políticos que a los ciudadanos. Asimismo, los tiempos de Estado otorgados a los partidos se hace en función de que la misma Constitución les otorga la calidad de entidades de interés público.

Una anulación de la reforma electoral sería un acto de soberbia imperdonable de parte de los ministros y violentaría de manera flagrante nuestra Carta Magna. Ello sería el último clavo en el ataúd del desprestigio general que ya de por sí sufren las instituciones de justicia del país. Esperemos que la SCJN sepa resistir las presiones y esté a la altura del momento histórico.