REITERADO, YA BASTA DE SANGRE

14/01/2011

La prisa
LUIS JAVIER GARRIDO

El reclamo nacional porque se termine el baño de sangre al que Felipe Calderón ha llevado a un país horrorizado cada vez más por la muerte de múltiples inocentes, está siendo respondido por el gobierno de la derecha con una absoluta intransigencia y la advertencia de que tiene prisa.
1. En el acto propagandístico Diálogos por la Seguridad, que organizó el gobierno de facto en el Campo Marte el miércoles 12, durante el cual tuvo que reconocer que como consecuencias de su supuesta “guerra contra el narco” hubo 15 mil 273 muertos en 2010, con un nerviosismo ya desenfrenado Felipe Calderón aseveró que tiene prisa en esta que presentó como su lucha personal, dando a entender que las políticas irracionales de violencia que ha auspiciado van a intensificarse en los próximos meses.
2. El mensaje es amenazador sobre todo porque se da en un contexto en el que el repudio a las políticas gubernamentales es generalizado y no evidencia más que la mafia en el poder quiere seguir anteponiendo sus intereses espurios a los derechos de los mexicanos. La prisa de Calderón no es nada más el temor fundado al hecho de que los panistas van a perder el poder en 2012 y no podrán seguir con sus políticas bárbaras, sino a que sus intereses privados fundamentales van a estar en riesgo. De ahí la prisa por desmantelar a la nación, aniquilar al Estado y despojar al pueblo de sus derechos sociales fundamentales.
3. La campaña ¡Basta de sangre!, iniciativa del dibujante Eduardo del Río (Rius) y del periodista Julio Scherer García, anunciada el domingo 9 de enero, que han respaldado en diversos medios varios dibujantes –entre ellos Rogelio Naranjo, Antonio Helguera, José Hernández y Rafael Barajas, El Fisgón–, así como múltiples intelectuales, y a la que aludía La Jornada en su editorial del lunes 10, es un llamado a la civilidad y la legalidad para terminar con la barbarie que está colmando al país, pues como ahí se decía la actual administración ya no está en condiciones en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas.
4. La campaña es una convocatoria a la racionalidad, y sin embargo recibió en un primer momento una serie de críticas que evidencian la reticencia de la derecha mexicana a aceptar que el país requiere detener estas políticas desquiciadas. La pretendida guerra de Calderón contra el narco no fue nunca desde la perspectiva nacional más que un ardid de los panistas para legitimar su gobierno espurio y darle una pretendida autoridad a quien buscaba encabezarlo, no obstante que estaba siendo impulsada desde Washington para acelerar la descomposición de las instituciones mexicanas y tener una mayor injerencia en nuestro país a fin de controlar espacios estratégicos. Como en esta columna se ha señalado desde hace varios años, la ruptura a la legalidad en la que se sustentaba no podía conducir más que a la barbarie, pero ello no obsta para que se sigan argumentando todo género de falacias para tratar de seguir sobre la misma vía.
5. Una primera mentira consiste en sostener que los miles de muertos se deben atribuir a los cárteles y que son narcocrímenes, lo que es falso por completo. No, no son las bandas delictivas las que está literalmente matándose, como dijo Calderón en este acto, a menos que esté reconociendo que su gobierno es una banda delictiva y que tiene intereses en el narco. Los miles de muertos que se han producido en cada uno de los cuatro años de su desastroso gobierno no pueden atribuirse a los narcotraficantes pues son obra también tanto de las fuerzas militares y policiales como de los grupos paramilitares formados precisamente para perpetrar matanzas por el mismo gobierno, que quiere ahora culpar a los otros de sus propios crímenes. Las fuerzas oficiales han disparado contra los civiles por impericia y por error pero también con un totalitario afán aleccionador o por brutalidad gratuita e irracional, como se ve en múltiples denuncias presentadas ante la CNDH y organismos internacionales, sin descartar los casos en que lo han hecho con premeditación.
6. El caso de los migrantes centroamericanos es en particular grave pues el gobierno de Felipe Calderón auspició una política muy clara de terror y amedrentamiento en contra de ellos, buscando disuadirlos de ingresar al territorio nacional al alentar su extorsión por funcionarios de migración y su eliminación con los grupos paramilitares, que según se ha señalado creó el gobierno actual en absoluto desprecio del principio establecido en el artículo primero constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución.
7. La aseveración de que poner un alto al irracional baño de sangre significaría rendir la plaza, como pretenden algunos, es no sólo perversa sino absurda. Luego de más de cuatro años de la supuesta guerra calderonista, los narcos mexicanos tienen su poder acrecentado, disponen de mayor capacidad armada, controlan más extensos territorios, como más poder en el aparato burocrático y financiero del régimen. La violencia del gobierno panista no sólo engendró más violencia sino que convirtió a los cárteles de organizaciones comerciales en organizaciones armadas y políticas más exitosas. Un gobierno cuya principal fuerza es la violencia armada es un gobierno sin futuro.
8. No extraña, por lo mismo, que en los actos del Campo Marte hayan estado siempre presentes para el simulado diálogo los representantes de las ONG de lujo uncidas al gobierno panista: la sociedad civil blanquiazul, que ni es civil ni es ciudadana, pues está financiada por el Estado ya que desde los años de Fox las ONG son como los partidos entidades de interés público y reciben un macrofinanciamiento público. La señora Wallace goza en la capital de todas las prerrogativas y actúa como agente policial, mientras que a Marisela Escobedo, que buscaba la detención del asesino de su hija, se le dejó morir acribillada el 16 de diciembre a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.
9. La extrema derecha ha estado sufriendo severos reveses en distintas partes al revertírsele sus políticas como resultado de las nuevas formas de organización y de respuesta de la sociedad ante la corrupción del poder político. En Estados Unidos, la matanza de Tucson del 9 de enero dejó seis muertos y gravemente herida a la congresista demócrata Gabrielle Giffords, pero se revirtió contra el Partido Republicano y el Tea Party que durante meses alentaron la violencia contra los políticos reformistas y los migrantes con la pretensión de crispar la política de su país, pues abrieron un nuevo debate sobre las armas, los derechos de los indocumentados y la tolerancia. Y en México, las iniciativas de creciente violencia de Felipe Calderón, que él mismo bautizó en 2007 como “guerra contra el narco”, le han generado un repudio absoluto al PAN y al Yunque y han instaurado una más intensa discusión sobre la urgencia de terminar con el delirio calderonista.
10. El equipo de Felipe Calderón tendrá que responder algún día tanto política como judicialmente por sus políticas criminales, pero ahora al menos, en medio de la tragedia que vive México por la ambición y la estulticia de unos cuantos ultraderechistas, queda un saldo positivo por el hecho de que la sociedad civil ha encontrado nuevas formas de organización y de resistencia, de las cuales los múltiples casos de heroísmo civil quedan como ejemplo de la dignidad de un pueblo.
Guerrero: En el ojo del huracán
Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 13 de enero (apro).- Las próximas elecciones de gobernador en Guerrero, fijadas para el domingo 30, parecen teñidas de la herencia del caciquismo que a esa entidad la mantiene sumida en la pobreza, violencia e impunidad.
Se trata de la entidad con la tasa de fecundidad más alta del país (2.6 hijos por mujer), donde la muerte materna asciende al doble del promedio nacional, con 119 fallecimientos anuales por cada cien mil nacidos, y donde las mujeres viven uno de los mayores atrasos educativos y de salud.
La muerte violenta contra las mujeres ocupó entre el tercero y quinto lugar en un análisis de 25 años –realizado por la Cámara de Diputados– entre 2001 y 2005, cuando fueron asesinadas 883 mujeres; de 2005 a 2010, las mujeres ejecutadas sumaron 239.
Con una población indígena de 17% y donde se hablan cuatro lenguas, el atraso ha hecho de Guerrero una de las principales entidades expulsoras de población hacia Estados Unidos (más de 950 mil guerrerenses radican en ese país, entre ilegales y nacionalizados/INEGI).
De acuerdo con analistas, en 2005 inició en el estado un proceso de democracia, cuando fue derrotado el partido de Estado (PRI), sin embargo, el gobierno de Zeferino Torreblanca, ungido por el socialdemócrata Partido de la Revolución Democrática (PRD), decepcionó a propios y extraños, sobre todo porque no avanzó en el progreso de un pueblo sometido, pobre y disperso, que vive una situación de violencia imparable.
La tasa de violencia contra las mujeres es de 65.9%, superior al promedio nacional, que es de 60.4%, además de que Guerrero tiene el sexto lugar en el país en incidencia delictiva y violencia.
Contradictoriamente, en la entidad sureña se creó en 1987 la primera Secretaría de la Mujer, con rango de gabinete y muy adelantada a su tiempo. Eso sucedió durante el gobierno priista de José Francisco Ruiz Massieu. No obstante, en 2005 existía en Guerrero el municipio con mayor incidencia de muerte materna, una muerte, se sabe, evitable y ligada a la falta de atención y políticas públicas, así como a la subordinación y opresión femeninas.
Del mismo modo, las estadísticas ubican a Guerrero en el número 30 de las entidades por su bajo desarrollo humano y su no promoción de la mujer, ni en educación, ni en salud, ni en ingresos.
El reto del nuevo grupo gobernante es inmenso, pero lo más grave es que la sensación y los hechos muestran que ahí las decisiones pragmáticas de la izquierda, así como las malas y antiguas prácticas del PRI, concluyen que no hay diferencia entre los partidos y los candidatos en estilo, origen, historia y propósitos.
En este contexto social, las 25 recientes ejecuciones del pasado sábado 8 en el puerto de Acapulco, 14 de las cuales fueron decapitaciones, estremecen, y aunque los análisis señalan que no están conectadas con el proceso electoral, sin discusión representan una trama lamentable.
Todo lleva a la conclusión de que en Guerrero la profundización de los cambios democráticos, que la sociedad civil logró en 2005, podría estar de antemano frustrada.
No obstante, la coalición “Guerrero nos Une”, encabezada por Ángel Heladio Aguirre, ofrece algunas esperanzas, pero en su programa y sus discursos, incluso entre sus promotores, el tema de la situación objetiva de las mujeres no parece ser importante y, por tanto, no habla de ningún progreso esperable. Es como si en el país viviéramos una situación dual.
En toda la República se habla de incluir en cada política la visión de género –como se llama reconocer la desigualdad entre hombres y mujeres– y también se anuncian pomposos programas, nuevas leyes para la igualdad y contra la violencia, pero lo cierto es que no existe voluntad política y el contexto antidemocrático, de pobreza y violencia, no parecen ser buenas compañías para atender esta “visión de género” tan llevada y traída por los discursos oficiales.
Y decía: Las prácticas caciquiles y autoritarias aparecen sistemáticamente. La muestra es que Josefina Martínez García, quien durante años se desempeñó como supervisora del Sistema Nacional del DIF, reconocida como buena psicóloga y buena funcionaria pública, fue despedida por no promover el voto –con los recursos de la administración pública– para la campaña de Manuel Añorve Baños, el candidato del PRI, quien por cierto está 10 puntos abajo en las encuestas preelectorales.
No es de llamar la atención este tipo de represiones, aunque la diferencia es que Josefina Martínez García lo ha hecho público, y hace meses advirtió a sus superiores cómo era presionada y amenazada. Finalmente fue despedida por no aceptar ser comparsa electorera.
Podemos imaginar, en ese lugar donde decreció la esperanza democrática, que estas presiones y represiones han sucedido frecuentemente y se recrudecen a medida que se acerca la fecha electoral. Se trata simplemente de una muestra, de lo que ahí manifiestan los analistas, donde no hay nada nuevo respecto del modo caciquil en que se conducen políticos y políticas de distintos bandos.
En Guerrero no existe la amenaza de modificar la Constitución para darle personalidad jurídica al feto, pero tampoco hay avance alguno en los derechos sexuales y reproductivos de la población. Los presupuestos fueron siempre restringidos para dotar de capacidad y cobertura a la anticoncepción de emergencia y no existió interés real, del PRD como partido gobernante, para mejorar la participación social y política de las mujeres, por lo que estas primeras elecciones de 2011 no ofrecen a las mujeres entusiasmo alguno.
En cambio la trama violenta, la imposición y los actos como los realizados contra trabajadores y trabajadoras del gobierno, como los ataques a la libertad de prensa, ejemplificados con el artero atentado al diario El Sur, indican que la situación es lamentable.
Josefina Martínez García, despedida por no prestarse al juego electoral, se ha caracterizado por ser defensora de los derechos de las mujeres y brindar asesoría psicológica a personas del sexo femenino en situación de violencia, dice la periodista Graciela Ledezma, quien difundió la denuncia. “Obvio, Josefina no está dispuesta a ser títere de nadie”.
Una ciudadana consciente, sin embargo, ha perdido su empleo y la capacidad que éste le daba para atenuar la condición social de las mujeres de Guerrero.