CIEGA SOBERBIA DEL PODER POLITICO.

Oaxaca: insensibilidad explosiva.

Editorial de “ La Jornada”

La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca ratificó ayer la ruptura del diálogo con el gobierno encabezado por Gabino Cué y condicionó la reactivación del mismo a la renuncia de los titulares estatales de Gobierno, Irma Piñeiro Arias; de Educación Pública, Bernardo Vázquez, y de Seguridad Pública, Marco Tulio López. En la jornada de ayer, un día después de los enfrentamientos entre manifestantes y policías en la capital oaxaqueña –que arrojaron un saldo de 15 heridos–, los docentes realizaron diversos bloqueos carreteros y marchas en distintos puntos del territorio estatal, y llevaron a cabo un paro de labores en las más de 13 mil escuelas de la entidad.

Las escaramuzas ocurridas el martes en el centro histórico de la capital oaxaqueña dan cuenta del grado de complejidad, conflictividad y explosividad político-social que prevalece en esa entidad. En efecto, en respuesta a las movilizaciones protagonizadas hace casi un lustro por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y por maestros de la entidad en repudio al ex mandatario Ulises Ruiz –quien en su momento fue incapaz de desactivar un problema de índole magisterial y laboral y permitió que degenerara en una grave crisis política y humanitaria–, las autoridades estatales y federales apostaron al desgaste de los inconformes primero, y a la represión violenta después, para desarticular el conflicto, pero dejaron intactas las causas originarias del mismo: marginación, pobreza, falta de democracia política y sindical, corrupción y cacicazgos.

El arribo de Cué al gobierno oaxaqueño a principios de este año habría debido desembocar en el correspondiente cambio de estrategias en el ejercicio del poder y la resolución de conflictos –al fin y al cabo, gobernar significa atender y resolver problemas, no aplastarlos con la fuerza pública–, no sólo porque esa alternancia se explica, en buena medida, como resultado de un voto de castigo a la gestión de Ulises Ruiz, sino también porque el actual mandatario contó, durante la campaña, con el apoyo de los movimientos sociales y políticos opositores al antiguo gobernador. Con el episodio de anteayer, en cambio, se pone de manifiesto una nueva sustitución del diálogo por el uso de la fuerza en Oaxaca, y esa circunstancia abona a un sentir de retroceso a escala nacional y a un descrédito por demás prematuro del actual régimen de la entidad.

Mal y tarde han salido a relucir en Oaxaca los riesgos y contrasentidos de un gobierno emanado de las izquierdas legalistas y de los movimientos sociales, pero también del apoyo de viejos cacicazgos, de la derecha partidista y del oficialismo: significativamente, el detonante del choque del martes fue el rechazo magisterial a la presencia del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, cuyo gobierno es identificado por los docentes oaxaqueños como hostil a la educación pública y como aliado de la cúpula sindical que controla el SNTE.

La incapacidad de los funcionarios públicos para apreciar la explosividad es, en sí misma, un serio riesgo que amenaza con ahondar los conflictos, y ese riesgo tiende a multiplicarse cuando se desestiman, además, las lecciones del pasado. Es por ello preocupante que Cué haya insinuado ayer la existencia de un designio desestabilizador detrás de las protestas del martes. La insinuación –e incluso la posibilidad– de que haya intereses políticos involucrados en los hechos no exime al gobierno de buscar una solución de fondo al conflicto en el ámbito de la negociación y la política. De no ser así, la explosiva situación que se configuró en el segundo año de gobierno de Ruiz podría reditarse ni bien cumplidos los 100 días de gestión de su sucesor

Mexicanos critican poca voluntad del Gobierno de mejorar la educación pública

TeleSur.

El vocero principal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Luis Deloya, denunció este miércoles que el Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, tiene “muy poca voluntad” de mejorar la educación pública del país norteamericano.

En entrevista concedida a teleSUR, Deloya se refirió a la situación de la educación pública en México, sector en el que se generó una huelga general para exigir democratización y mayor presupuesto de parte del Estado.

Deloya recordó que lucha por las mejoras educativas en el sector público de su país llevan aproximadamente 31 años, pero sostuvo que el resultado obtenido con gobiernos neoliberales es el de “represión a las manifestaciones y boicoteo a quienes luchamos y buscamos lo mejor para nuestros pueblos”.

“Desde hace 31 años hemos estado pugnando por una mejora en la educación, pues queremos que sea mejor, obligatoria, y gratuita (…) Pero con el arribo de gobiernos de corte neoliberal y, ahora, con el de Felipe Calderón hemos visto como le han dado mayor prioridad a los proyectos mandatados desde organismos internacionales. que van poco a poco medrando la educación publica y dándole paso a una privatización de la educación”, crítico el dirigente.

En este punto, hizo referencia a una medida propuesta recientemente ante el poder Legislativo mexicano, en la que por medio de una reforma a la Ley General de Educación se pretende “dar una oportunidad de los inversionistas internacionales a hacer de la educación pública un negocio económico”.

“También tenemos la medida aprobada ayer (este martes) donde, por medio de un decreto presidencial, se benefició a la educación privada eximiéndole del pago de impuestos, lo que demuestra más las intenciones del Gobierno mexicano de agredir educación pública a medida que se apoya la privatización”, enfatizó.

Calderón realizó una visita al estado mexicano de Oaxaca (sur) el pasado martes, momento en el que se produjeron masivas manifestaciones pacíficas por parte de maestros, las cuales dejaron al menos 18 heridos a causa de la represión policial.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Santiago Chepi, aseguró que dos profesores se encuentran hospitalizados en condición grave. Además, Chepi resaltó que para este miércoles se efectuaría la huelga en contra del decreto presidencial que permite deducir del Impuesto Sobre la Renta el pago de la educación privada. Como respuesta, el Gobierno estatal informó a través de un comunicado que lamentaba los hechos surgidos en la revuelta y expresó que se “solidariza” con los profesores Gabriel Melitón Santiago y Raymundo Santiago Sánchez, que se encuentran hospitalizados.

No obstante, el Gobierno no emitió comentario alguno sobre la solicitud de los educadores. Ante estas acciones, miles de mexicanos que han criticado la represión policial durante la visita de Calderón a Oaxaca

La educación al revés

OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

Con un simple decreto Calderón intenta convertir la educación privada en pública. ¿Suena raro y contradictorio? Sí, en efecto. Actualmente la educación pública la paga el pueblo de México con sus impuestos; con el decreto este mismo pueblo pagará el subsidio vía deducciones de impuestos a los colegios privados desde preescolar hasta bachillerato. ¿Por qué? Porque los que pagan colegiaturas en la educación privada recibirán un rembolso de parte del Estado. ¿De dónde saldrá ese rembolso? De los impuestos que paga la población. En otras palabras, los que se supone que no pagan colegiaturas en la educación pública (que no siempre es tan gratuita como debiera) estarán subsidiando a quienes sí las pagan, pues alguien tiene que cubrir la diferencia entre lo cobrado en los colegios privados y lo que en realidad pagarán al deducir de las colegiaturas el impuesto correspondiente.

Si en el Colegio Alemán, para citar un ejemplo presentado por La Jornada (15/02/11), la colegiatura anual en prescolar es de 57 mil 240 pesos, que los papás tendrán que pagar, el costo real con la deducción será de 43 mil 40 pesos, es decir 14 mil 200 pesos menos en favor del contribuyente. Estos 14 mil pesos por un niño menor de seis años tendrán que salir de las arcas públicas, que se llenan con la contribución fiscal (impuestos, derechos y aprovechamientos) del conjunto de la población, especialmente de la población económicamente activa que, en su mayoría, no puede enviar a sus hijos a los colegios privados pero sí paga impuestos.

La medida de Calderón es, para variar, en beneficio de quienes tienen, en lugar de ser a favor de los más menesterosos, que son la mayoría de la población. Lo que está proponiendo es aumentar aún más las desigualdades sociales en el país. Su propuesta es equivalente a que el Estado le dé dinero al que envía a sus hijos a colegios privados, en tanto que no le da lo mismo a quienes no los pueden pagar y los tienen en escuelas públicas. Aun suponiendo que todos los niños pobres de México recibieran una beca por estudiar desde prescolar hasta bachillerato (que no es el caso), ¿serían de monto similar al que les regresa el Estado a los padres de niños de clase media para arriba, vía deducción de impuestos?

El costo por educar a un niño o un adolescente en la escuela pública es menor al que tiene en el colegio privado. Con la propuesta calderónica lo que se estaría haciendo es incentivar a los padres de familia a inscribir a sus hijos en los establecimientos privados que son, para decirlo sin eufemismos, grandes negocios. Esto es, se intenta privilegiar la educación privada, que es una vieja demanda no sólo de la Iglesia católica desde que apareció la Constitución en 1917, sino también de la archirreaccionaria Unión Nacional de Padres de Familia, contraria desde sus orígenes a la educación laica. Dicho de otra manera, la propuesta atiende una vieja demanda de la más conservadora derecha mexicana, además de beneficiar directamente a la educación privada y a quienes pueden pagarla.

Cuando una medida gubernamental sólo es aplaudida por las organizaciones empresariales no se necesita ser muy perspicaz para entender a quién beneficia. Cierto es que hay trabajadores de regulares ingresos que hacen sacrificios por enviar a sus hijos a instituciones privadas de educación o que algunas de éstas dan becas parciales o completas a los niños y adolescentes de escasos recursos, pero lo que está haciendo el comandante en jefe de las fuerzas armadas es abandonar más de lo que están a las escuelas públicas y beneficiar a las privadas, como negocio y como orientación de la educación.

Así las cosas, el panorama que se vislumbra es un mayor abandono de la educación pública y este fenómeno ya se conoce puntualmente en Estados Unidos, sobre todo a partir del gobierno de Reagan, y sus resultados. Allá la probabilidad de que un egresado de escuelas públicas pudiera llegar a las universidades privadas era y es muy baja, y todavía más baja si se trata de las universidades de prestigio mundial. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña y en otros países donde se ha privatizado la educación. Sólo en la apariencia se extienden las oportunidades para que más niños y adolescentes estudien, en escuelas privadas o públicas, pero en realidad lo que se pretende hacer es favorecer a las primeras más que a las segundas y a quienes tienen ingresos para enviar a sus hijos a las privadas más que a los que carecen de esa posibilidad. El proyecto vigente es diabólico: la idea es que los pobres estudien en malas escuelas para que sigan siendo pobres, para que no tengan la capacitación suficiente para ingresar en las universidades de prestigio, para que no se cuelen en el mercado de trabajo con sus buenas calificaciones, para que tengan, si los consiguen, trabajos mediocres y de pocas exigencias. Así es ya en Estados Unidos. ¿Por qué no en México también? Cualquiera que tenga mi edad sabe que antes eran mejores las escuelas públicas que las privadas. Ahora ya no, las públicas han sido abandonadas a funcionar con lo mínimo, lo mínimo en todo.

En un país donde la educación pública (básica y media) está en los suelos y en manos de un millonario sindicato corrupto, lo que tendría que hacerse es fortalecer esta educación, dotarla de mejor infraestructura y mejores maestros y, desde luego, hacerla verdaderamente obligatoria hasta por lo menos el bachillerato. La obligatoriedad de la educación primaria y secundaria es, en México, una norma incumplida, como bien se sabe. Y esto se debe no a que las escuelas públicas sean formalmente gratuitas sino a que muchos niños son fuerza de trabajo indispensable para configurar el ingreso familiar: si estudian no pueden trabajar y si lo hacen al mismo tiempo que estudian serán malos estudiantes. Así les irá en la vida, ya de por sí difícil por la falta de empleos. Una de sus soluciones es becar a los niños y adolescentes, convertirlos en estudiantes de tiempo completo y ayudar a las familias para que puedan prescindir de ellos como fuente de ingresos adicionales. Pero esto es lo que no se hace, salvo de forma muy limitada, por no decir demagógica.

Calderón quiere ganarse a las clases medias inconformes. Las altas ya están muy contentas. No a otra cosa responde la intención de su decreto. Pero el resultado, de llevarse a cabo, será catastrófico para el país. Las desigualdades sociales aumentarán todavía más.