EL IMPERIO CORRUPTO NOS CALIFICA

17/02/2011

México, paraíso para falsificar todo tipo de documentos oficiales

Esa práctica lo ha convertido en el principal trampolín para la inmigración ilegal

El coyotaje para facilitar los trámites de visas mantiene en alerta a esa legación

Dos cables filtrados por el sitio Wikileaks dan cuenta de esos procedimientos

BLANCHE PETRICH
Periódico La Jornada
En la medida en que el crimen organizado y el narcotráfico empezaron a alcanzar en México niveles de fiebre, en 2009, la sección consular de la embajada de Estados Unidos se enfrentó con un problema creciente: los intentos de alteración y falsificación de documentos para obtener visas de no residentes se multiplicaron y la legación del país vecino calificó el nivel de fraude en su unidad de visados de media a alta.

Lo que a Washington más le preocupa es que, por su proximidad geográfica, México ya es el mayor trampolín para la inmigración ilegal. Uno de los focos rojos marcados por la Unidad de Prevención de Fraude (FPU, por sus siglas en inglés) de la sección consular estadunidense era, para ese momento, la frágil seguridad del proceso para la obtención de un pasaporte mexicano.

Aunque esa unidad reconocía que la emisión de este documento oficial conlleva una serie de medidas de seguridad efectivas, sigue siendo muy fácil obtenerlo mediante certificados de nacimiento falsos o con la compra de otros papeles de identificación. Se indica que esta unidad compartió su información con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para demostrar que las delegaciones donde se expiden pasaportes tienen todo un historial de entrega de estos documentos a centro y sudamericanos, europeos y mexicanos, que se identificaron con documentos apócrifos.

Reportes de inteligencia criminal apoyan la conclusión de que cualquier permiso de viaje puede ser comprado en México. La presencia de los llamados coyotes, que cobran cuotas exorbitantes para asesorar a potenciales clientes, y la existencia de medios delincuenciales con capacidad instalada para producir, falsificar y alterar todo tipo de documentos oficiales mexicanos, de manera sofisticada o no, alertaron a la unidad de administración consular, que se abocó entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 a reorganizar su oficina de prevención de fraudes, reforzando con agentes especializados su capacidad de vigilancia y monitoreo, además de capacitar al personal, tanto estadunidense como mexicano (funcionarios de oficinas tanto públicas como particulares, especialmente relacionados con agencias de viajes y aerolíneas), para detectar a los posibles defraudadores.

Dos cables, filtrados por el sitio de Internet Wikileaks describen este proceso: sus números y claves son: 09MEXICO3091 y 09MEXICO944.

La Unidad de Visas para no Inmigrantes, de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de México es una de las tres oficinas de su tipo que más documentos de viaje estadunidenses emiten en el mundo: entre mil 500 y 2 mil visas diarias. A pesar de los numerosos candados, requisitos y filtros que exige esa unidad para obtener uno de esos documentos, no es inusual que personas intenten hacer el trámite con constancias de empleo, documentos bancarios, credenciales de elector e incluso papeles de identidad apócrifos.

En el periodo comprendido en esa investigación, la Unidad para la Prevención de Fraudes reportó 296 casos dudosos. “De éstos se confirmaron como intentos de fraude 129 y se desecharon como no fraudulentos 167.

Los casos más frecuentes de intentos de fraude para obtener visas de no inmigrantes se descubrieron entre los solicitantes de visas tipo H, especialmente H2B, de trabajadores temporales. En este tipo de situaciones se investiga toda la cadena del contrato, desde los solicitantes hasta quienes los emplean y los mismos trabajadores.

Entre las medidas que se han adoptado, uno de los cables de Wikileaks explica el monitoreo que se hace de los llamados coyotes (gestores ilegales de pasaportes u otros documentos oficiales), así como empresas intermediarias que ofrecen visa garantizada a sus clientes.

Cuando un solicitante de visa es acompañado por un coyote y es detectado, se le lleva a una oficina aparte donde se le interroga y por esa vía se determina cuánto paga por el servicio. Con esta información se investiga al gestor ilegal, se le revoca su visa, si es el caso, y posteriormente es entregado a las autoridades judiciales mexicanas, si se encuentra una acción ilegal.

Producto de estas investigaciones, el cable cita una empresa que se dedicaba a ofrecer gestión para obtener visas y que tenía su oficina en las instalaciones del hotel Sheraton, justamente al lado de la embajada estadunidense, en Paseo de la Reforma. Se detectó que esa organización estaba involucrada en al menos diez casos de solicitud de visa con certificados de trabajo falsos.

Son muy diversas las vías por las cuales algunos solicitantes de ese documento pretenden conseguirlo para viajar de manera fraudulenta a Estados Unidos: unos, que son portadores de visas auténticas, se rentan como cónyuges (mediante certificados de matrimonio falsos). Otros casos son los padres (solos o en pareja) con un menor adoptado a la mexicana (así lo definen los autores del cable de Wikileaks) o sin cumplir las formalidades de un proceso de adopción legal, según las autoridades estadunidenses. Ellos suelen solicitar visas con documentos de nacimiento del menor apócrifos.

Otro caso común es cuando se solicitan visas grupales. Suele suceder que en esos viajes colectivos (sean educativos, artísticos o deportivos) se intente colar a algún familiar. En esas situaciones, si son fraudulentas, se cancelan las visas de todo el grupo.

Ante la incidencia de estos casos, el gobierno estadunidense implementó sus programas de Investigaciones Criminales de la Oficina de Seguridad Diplomática y el de Seguridad de Visas y Pasaportes, que comprendió el despliegue de siete agentes especializados en esta materia, ubicados en los consulados de las ciudades de México, Hermosillo, Juárez, Tijuana, Matamoros, Monterrey y Guadalajara. Se informa que en 2010 se añadirían dos agentes especiales en Nuevo Laredo y Nogales.

También, a fines de 2007, la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció su propia unidad antifraudes en el área de pasaportes. En febrero de 2008, la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) financió capacitación antifraude para varios integrantes de la nueva unidad. Este entrenamiento se llevó a cabo en Washington.

Además, hay una línea de cooperación muy cercana con la Procuraduría General de la República (PGR) y los agentes estadunidenses para investigar y perseguir casos de ciudadanos con doble identificación. Hasta abril de 2009 la FPU había capacitado a 599 personas, 39 integrantes del servicio diplomático estadunidense, 51 mexicanos que laboran en la embajada y 509 contactos externos, pertenecientes al sector financiero, a agencias gubernamentales mexicanas y líneas aéreas.

Napolitano: ataque a los dos agentes no será tolerado; Blake promete esclarecer el crimen

Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 16 de febrero (apro).- El ataque de ayer contra dos agentes estadunidenses en México, uno de los cuales murió, no será tolerado, le advirtió hoy la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, al secretario de Gobernación, Francisco Blake, quien le transmitió el pésame y le ofreció esclarecer los hechos.

La embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Gobernación emitieron comunicados por separado para informar sobre la conversación telefónica que sostuvieron hoy los dos funcionarios sobre el ataque contra los dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, uno de los cuales falleció.

En el comunicado de la embajada estadunidense se informó que Napolitano "le dijo enfáticamente al secretario Blake Mora que la violencia contra el personal del Inmigración en México representa un ataque contra todos aquellos que están al servicio de la nación y arriesgan la vida por nuestra seguridad, y que no será tolerado por ninguno de los dos países".

Luego del comunicado de la embajada, la Secretaría de Gobernación emitió el suyo en el que Blake ofreció a Napolitano una “investigación profunda” para esclarecer la agresión contra los dos agentes estadunidenses, ocurrida ayer en San Luis Potosí.

“El titular de Segob expresó sus condolencias por la muerte del agente Jaime Zapata y también le deseo al agente Víctor Ávila una pronta recuperación de su salud. Informó a su contraparte que desde el primer momento que tuvo conocimiento de los hechos, se abocó a coordinar las acciones de todas las autoridades para actuar con prontitud y energía”, estableció el comunicado del gobierno de México.

En la conversación “se destacó que el gobierno federal está investigando con todos los recursos que tiene a su alcance y agradeció toda la cooperación y apoyo que en el marco de la Ley y los tratados internacionales ofreciera el día de ayer la secretaria Napolitano”.

La conversación entre ambos se produjo luego de que en Estados Unidos se anunció la creación de un grupo de trabajo conjunto del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que estará dirigido por la Oficina Federal de Investigación (FBI) para colaborar con México en la localización de los autores de la agresión a los dos agentes.

Don Polo

José Gil Olmos

MÉXICO, DF, 16 de febrero (apro).- Don Polo tenía 80 años cuando empezó a buscar a su hijo secuestrado en septiembre pasado. Hizo lo que ninguna autoridad federal, estatal o municipal pudo hacer: investigar y señalar a los responsables. Habló con los militares, con representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), del gobierno de Durango y fue hasta la Presidencia de la República a denunciar el plagio, pero nadie le hizo caso.

Días después de hablar con la reportera de Proceso, Patricia Dávila, fue asesinado y ahora es un número más de los “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico.

Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo, vivía en Nuevo Ideal, Durango, donde tenía una refaccionaria. La semana antepasada llegó a la redacción de la revista a denunciar el rapto de su hijo del mismo nombre, al que llamaba Leo. Una banda que vivía en su propio municipio, a los que ya había identificado con nombre y apellido, se lo habían llevado pidiendo un rescate de 10 millones de pesos.

Don Polo supo quiénes eran e indagó dónde estaba su guarida, y así lo denunció a las autoridades municipales, estatales, militares y federales. Pero cada vez que se presentaba ante una autoridad, recibía maltratos por hacer lo que ellos por obligación debían llevar a cabo.

Los soldados le dijeron que fuera a presentar la denuncia o que juntaran el dinero para liberar a Leo. El presidente municipal de Nuevo ideal, Ernesto Velásquez, lo conminó a ir con el fiscal para secuestros del gobierno del estado quien, a su vez, le dijo que no arriesgaría a sus policías para ir al lugar que Don Polo les señalaba donde tenían a su hijo. Ante la insistencia de que actuara, el alcalde gritó a Don Polo y a su hija, Hilda: “¡Qué no entienden!”, y luego dejarlos con la palabra en la boca.

En su peregrinar, la familia acudió a la X Zona Militar, y ahí un coronel de apellido Zambrano los dejó plantados, luego de leer el mensaje que los plagiarios habían enviado por teléfono exigiendo el dinero. “¿Cómo que de este número te lo mandaron?”, fue lo último que les dijo el militar, quien se había comprometido ayudarles.

En octubre, la familia tenía toda la información de los responsables del plagio y a quienes les había entregado ya un millón 600 mil pesos. De hecho, sus hijas y su esposa, vestidas de hombre, lo acompañaron a ubicar el sitio donde tenían a Leo.

Luego de confirmar que se trataba de la guarida de los secuestradores, denunciaron el hecho ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la PGR.

Durante cuatro meses esperaron que ésta actuara y durante todo ese tiempo documentaron otros secuestros realizados por el mismo grupo.

Incluso Don Leo descubrió la nueva guarida de la banda. Asimismo, entregó la credencial de elector de uno de los plagiarios, quien la había tirado en el momento de llevarse a una persona.

Como no le hacían caso, acudió a la Secretaría de Marina, donde entregó a los capitanes Montiel y Magaña mapas, datos, nombres y números de teléfono de los secuestradores. Tampoco recibió ayuda.

Su última esperanza de que hicieran algo para salvar a su hijo era la Presidencia de la República.

A principios de enero Don Polo y su familia acudieron a Los Pinos, donde entregaron una carta. En el texto, expusieron en 19 puntos toda la información del plagio de Leo. Una vez más fueron ninguneados.

Desanimado, Don Polo llegó a la revista Proceso cuatro días antes de morir acribillado. La reportera Patricia Dávila escuchó impactada todo su relato y le preguntó que si estaba seguro de que se publicara lo que le había narrado. “¡Claro que tengo miedo! ¡Temo por mis hijas y mi esposa! Pero la nuestra ya no es vida…”, le contestó pidiéndole que publicara casi todo lo que le había dicho.

Tenía la esperanza de que la denuncia pública tuviera algún efecto para que las autoridades reaccionaran y dieran con su hijo, esperando que aún estuviera vivo. Su ilusión era que toda esta pesadilla terminara encontrando a Leo y dejar el municipio de Nuevo Ideal, donde tenían su negocio de piezas de autos usados.

Pero nada de esto sucedió. El viernes 4 de febrero un comando entró a su casa y lo asesinó.

Todo su esfuerzo se desvaneció en unos instantes porque ni el gobernador, ni el procurador estatal, ni el federal, ni los policías, soldados y marinos, ni el propio presidente de la República, lo escucharon, y su hijo Leonel sigue desaparecido y Don Polo esta muerto.

En un país donde la impunidad reina, hay muchas otras historias como la de Don Polo. Las cifras de muertos y desaparecidos crecen todos los días y la violencia no deja de cimbrar comunidades, pueblos y ciudades de todo el país.