LA POLITICA, NEGOCIO FAMILIAR

08/02/2011

La comedia que en la realidad es tragedia

RENÉ DRUCKER COLÍN

El reciente proceso electoral del estado de Guerrero podría ser motivo de una comedia llevada a las pantallas o al teatro. Lo que escribo a continuación todos lo conocen, pero lo describiré de cualquier forma.

Resulta que un senador del PRI compite por la gubernatura haciéndose candidato del PRD y tiene por contrincante a un miembro del PRI. O sea, como dos priístas querían la gubernatura y sólo uno podía ser candidato de ese partido, pues el que no fue el elegido por el PRI rápidamente se hizo candidato del PRD, partido que en principio representaba su contrincante ideológico. Hombre, ya para empezar, buen inicio de comedia. Luego resulta que, según se dice, los dos candidatos están emparentados, o sea, son familia. Buen detalle para que siga la comedia. Pero parece que el PRI es campeón en tener a familiares como candidatos a ocupar puestos vacantes. Por ejemplo, cuando asesinaron al candidato a gobernador de Tamaulipas (mala onda), pues fácil, el hermano toma su lugar. Cuando el góber de Coahuila renuncia para ser líder nacional del PRI (aquí sí, sin contrincante, parientes o no), pues su hermano se habilita como candidato a góber sustituto.

Eso se llama democracia participativa, pero desde luego sólo la familiar. Bueno, en realidad parece que todos los partidos tienen parientes que pueden ser sustitutos ocupantes de diversas vacantes. No hay duda, la política es buen negocio familiar, sobre todo en ausencia de principios políticos elementales.

Pero, regresando a Guerrero y la comedia: resulta que, como sabemos, había otro contendiente, éste del PAN, partido que creíamos históricamente contrario al PRI y al PRD. Pero qué creen, el del PAN que renuncia... y le otorga sus votos a su archienemigo político, el PRD (aquí PRI también), y por lo tanto a un PRI-PRD. A raíz de eso, los líderes del PRD montan una comedia mediática triunfante. En ese momento el PRI-PRI se enoja y dice que ciertamente no hay principios (como si ellos tuvieran alguno), pero que no es de preocuparse, pues el PAN ni pinta en Guerrero. Lo que sí fue que lograron decirle feo a ambos partidos opositores. Pero qué tal si el del PAN hubiera declinado en favor del PRI-PRI. Pues no lo sé, pero seguro que lo habrían acogido con gusto, indicando que ese partido había visto la luz y comprendido la importancia de unirse a ellos. Como el PAN no se fue al PRI-PRI sino al PRI-PRD, pues hubo jaloneos fuertes, descalificaciones y demás golosinas para la comedia y los medios de comunicación. Los planes, metas, problemas del estado, pues esos no se discuten, bueno y porque, eso es mucho trabajo, qué hueva, además de que seguro que la gente no va a votar a partir de un análisis sesudo de los problemas del estado. Eso que lo analicen esos académicos a quienes tanto les gusta publicar y promover propuestas que son tan complicadas.

Los dos o tres mil millones de pesos que otorgan a los partidos políticos al año para sus actividades, pues son para atraer a candidatos ganadores, no importa si son del partido propio o de otro, el chiste es que gane. Y el que gana es el que se presta, ya si sirve o no, si cumple o no, si resuelve o no, pues eso es lo de menos y mucho menos importa si sus principios (¿tendrán?) no coinciden con los que supuestamente tiene el partido en cuestión. El chiste, el objeto, la meta, es quedarse con esa pelota que se llama el puesto. Si todo esto no fuera tan trágico, la verdad es que daría para una comedia que mantendría al público desternillándose de risa. Un buen guionista le sacaría mucho jugo. Material para él hay de sobra.

Hoy las elecciones en Guerrero ya ocurrieron; lo que no sabemos bien a bien es cuál fue el partido que salió triunfante de esta comedia. Tampoco se sabe bien a bien cuáles son los proyectos que impulsará. Bueno, eso no importa, ya le pensarán, cuando tengan tiempo de dedicarle unos minutitos. Ahora lo que sigue es el reparto de utilidades, al fin que hubo muchos parientes y amigos que le trabajaron duro.

Ojalá encuentren a alguien, o mejor, a algunos aunque sean pocos, que aparte de acomodarse sirvan para algo; seguro que el pueblo se los agradecerá.

Incidentalmente parece que, a partir de esto, la comedia con algunas variantes se trasladará a las elecciones en el estado de México.

Espectáculo mediático e impunidad

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 7 de febrero.- La reacción del gobernador de Chihuahua, César Duarte, frente al asesinato de la activista Marisela Escobedo el pasado 16 de diciembre de 2010, es una muestra más de cómo los gobernantes mexicanos pretenden ocultar su insensibilidad, irresponsabilidad e ineficacia con acciones mediáticas, aunque éstas violenten el mismo estado de derecho que ellos afirman defender.

La madre de Rubí Frayre –menor asesinada el 29 de agosto de 2008, presuntamente por Sergio Rafael Barraza, con quien procreó una hija– suplió muchas de las funciones y responsabilidades de la policía y el Ministerio Público de Chihuahua para lograr sentar frente a un tribunal de justicia oral al inculpado. Y tras de que éste fue liberado, el 29 de abril de 2010, por los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, porque “...los fiscales no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave…”, tocó todas las puertas para denunciar los hechos y exigir justicia.

Entre las puertas que tocó están las del hoy exgobernador José Reyes Baeza; la del actual gobernador César Duarte; la de la PGR y la Secretaría de Gobernación, y la del presidente de la República Felipe Calderón. Éste no la escuchó personalmente, y Duarte únicamente lo hizo en el marco de otros eventos, pero ambos recibieron su mensaje. Y hasta el 17 de diciembre, un día después del asesinato de la activista, ninguno de ellos movió un dedo (al menos sus acciones no se reflejaron en resultados tangibles: aprehensión del homicida, inicio de un procedimiento administrativo o penal en contra de los jueces, protección de la activista, etcétera) ni hizo ninguna declaración de censura de la sentencia que ocho meses antes habían dictado los jueces.

La activista, junto con un grupo de familiares de otros adolescentes asesinados, realizó una caravana que salió de Ciudad Juárez el 5 de junio de 2010 y recorrió seis estados del país antes de llegar al Distrito Federal, donde instalaron un campamento en el Hemiciclo a Juárez. Según información difundida en el portal de CIMAC, el 28 de julio se apersonaron en Los Pinos para solicitar una entrevista con Calderón, quien no los recibió, y el 30 de julio fueron recibidas por el jefe de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Arturo Matus Espino. En la misma información se deja constancia de que Marisela, junto con otras madres y representantes de organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con funcionarios de la PGR para enterarlos de su caso y exigir justicia.

En diciembre pasado, el periódico Reforma difundió una entrevista con Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de Marisela, quien señaló que el 17 de noviembre de 2010 la activista se entrevistó con Francisco Robles, director de Planeación, Vinculación e Igualdad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, ante quien denunció que había recibido amenazas de muerte.

Por su parte, Duarte asumió la gubernatura de Chihuahua el 4 de octubre del 2010, y el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, atendió a Marisela, aunque no dictó ninguna medida para protegerla. Por ello, la activista se presentó el 8 de diciembre, en un acto conmemorativo del aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y protestó con una manta, donde se leía: “La justicia, privilegio de gobernantes”. Ante la respuesta del gobernador, esa misma noche montó el campamento frente al Palacio de Gobierno, precisamente el lugar donde la asesinaron ocho días después.

Tanto Duarte, quien sólo inició acciones en contra de los jueces después del asesinato de Marisela, como Calderón, quien también ha utilizado el caso para fustigar a los jueces, pudieron haber tomado las medidas pertinentes para evitar el asesinato de la activista. Sin embargo, no lo hicieron, y para intentar esquivar el repudio popular que generó el hecho ahora pretenden desviar toda esa furia contra los jueces.

Calderón –quien un día antes del asesinato participó en la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallace– retomó el asunto el pasado 12 de enero, en la primera jornada de los Diálogos por la Seguridad, al señalar su desacuerdo con el hecho de que “el esfuerzo que se hace por la sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite, finalmente, en la última etapa” por el excesivo formalismo de los jueces.

Duarte, a su vez, reaccionó al día siguiente del asesinato de la activista, fustigó a los jueces en todos los medios de comunicación en los que participó y anunció que solicitaría su suspensión, la cual se concretó casi de inmediato, pues ese mismo día el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua señaló que los tres habían sido suspendidos sin goce de sueldo y justificó: “La suspensión se da en razón de que existe un proceso administrativo en su contra, para determinar si incurrieron en una falta oficial, en una responsabilidad que está contemplada en la ley orgánica del Poder Judicial, y proceder a la sanción de acuerdo a la gravedad del caso”, según publica el diario regiomontano El Norte en su edición del sábado 18.

Pero su estrategia mediática no se detuvo allí, pues el 23 de diciembre declaró que “la transformación de las instituciones tiene que ver con la responsabilidad que tengamos en el cumplimiento de la ley, por lo que podrían buscarse incluso responsabilidades penales en contra de éstos y de todos los servidores públicos encargados de aplicar justicia”, según publicó el diario regiomontano en su edición del día siguiente.

Y la ruta se empezó a concretar el martes 11 de enero, cuando el Congreso del Estado de Chihuahua dio luz verde a la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 21 de enero el líder de la bancada priista en el Congreso del Estado, Enrique Serrano, declaró que llamarán a comparecer a los jueces; y el día 28 los jueces interpusieron un amparo en contra de la intención del Congreso de hacerles juicio político. Este es el segundo amparo que interponen, pues el primero fue desde el 13 de enero contra la decisión del tribunal de suspenderlos de sus funciones.

Sin prejuzgar sobre la actuación de los jueces, la vía para acreditar su responsabilidad y, eventualmente, imponerles su sanción, es el procedimiento administrativo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y si pudiera sospecharse que existen responsabilidades penales, la procuraduría estatal tendría que integrar el expediente y, en su caso, solicitar el juicio de procedencia ante el Congreso del Estado, tal como alegan los mismos jueces, ya que existe una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que “las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales” no pueden constituir materia de un procedimiento de juicio político. Y esto es precisamente lo que se está haciendo.

Pero para ilustrarlo mejor: hacerles juicio político a los jueces por las consideraciones jurídicas que hacen al dictar una sentencia es como iniciar juicio político a los legisladores que aprueban una legislación que posteriormente es calificada de inconstitucional por la Corte. Si esto fuese válido, se debería haber instaurado juicio político a los diputados y senadores que aprobaron la famosa Ley Televisa, que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte.

Esta sola posibilidad violenta el estado de derecho y la división de poderes consagrada en la Constitución, y es una cortina de humo que el gobernador Duarte tiende para eludir su responsabilidad. Por supuesto que el caso debe investigarse y, en su momento, aplicar severamente el peso de la ley a todos los servidores públicos que incurrieron en responsabilidades, pero esto incluye a jueces, agentes del Ministerios Público, policías y hasta el gobernador y demás funcionarios de los poderes Ejecutivos, estatal y federal, que nada hicieron para impartir justicia y/o proteger la vida de Marisela Escobedo. Y todo esto debe realizarse por las vías jurídicas apropiadas y no montar un espectáculo mediático que no tiene viabilidad jurídica para concluir con una sanción a los impartidores de justicia...

El desastre

JOSÉ BLANCO

Toda referencia a la educación mexicana que oigamos o leamos, provenientes de voces sensatas, ya no digamos críticas, no pueden sino desembocar, invariablemente, en la misma descripción sintética: el desastre.

He tenido ocasión de revisar la evaluación PISA 2009, aplicada a jóvenes de 15 años, y asistir a su presentación por Andreas Schleicher, asesor en política educativa de la OCDE, en la organización Mexicanos Primero. Las cifras y los argumentos son transparentes y contundentes, por más que el informe se esfuerce en utilizar un lenguaje sutil y amable acerca del desastre.

PISA no es una evaluación extranjera, sino una evaluación internacional, que es aplicada en 75 países del orbe. En México la aplica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Los resultados desastrosos que PISA presenta resultan favorecidos por el desastroso hecho de que en México menos de la mitad del grupo de edad cursa el tercer año de lo que en México llamamos escuela secundaria, mientras en los países desarrollados esa cifra promedia 90 por ciento. Si en México fueran evaluados todos o 90 por ciento de los jóvenes de 15 años, los resultados serían indescriptiblemente desastrosos.

Frente a los resultados de Pisa 2009, el SNTE presumió tontamente la Alianza por la Calidad de la Educación para responder a los hechos críticos de Andreas Schleicher, y dijo que el gremio ha servido como pretexto para no hacer las reformas educativas que se requieren para mejorar la calidad de educación en México. Una respuesta procaz y cínica, si las hay. Sólo la maestra y su inmensa banda, las autoridades educativas y el gobierno en general, son capaces de tragar semejantes ruedas de molino.

Sólo esa tríada es capaz de pugnar por hacernos creer que los profesores y el sindicato son lo mismo. Nadie más en este país traga sapos como los que arroja el SNTE. Profesores, dignos de tal nombre, con seguridad hay muchos en México; pero la gigantesca banda del SNTE no pertenece a esa noble profesión –perdón por tanta obviedad–, son sólo inútiles políticos que bloquean la educación, aunque sumamente útiles para la tríada. Politiquillos y politicastros, zánganos que viven prendidos de la ubre del presupuesto que financia la población con sus impuestos.

En comprensión de lectura los jóvenes mexicanos que están en alguna escuela ocupan el lugar 34 de 34 países de la OCDE, el lugar 34 de esos 34 países, en matemáticas; el lugar 34 de esos 34 países en ciencias.

La evaluación PISA clasifica a sus evaluados según una escala que tiene los siguientes niveles: 1a, 1b, y 0 (cero); son los niveles más bajos, los de la ignorancia total; el nivel 2 identifica el mínimo para desempeñarse en las actividades simples de la sociedad contemporánea; el nivel 3, está arriba del nivel mínimo necesario, aunque nada deseable, para desarrollar actividades con algún grado de complejidad; los niveles 4, 5 y 6, son crecientemente, quienes se sitúan en los niveles más altos y poseen el potencial para realizar actividades de alta complejidad cognitiva u otras (accesibles a su edad).

México, en comprensión de lectura, tiene a 3.2 por ciento de sus jóvenes por debajo del nivel 1; al 37 por ciento en el nivel 1, al 33 en el nivel 2; al 21.2 en el nivel 3; al 5.3 en el nivel 4, y prácticamente a nadie en los niveles 5 y 6.

Referiré los extremos para matemáticas y ciencias, en los que los resultados son peores. Matemáticas: 21.9 por ciento por debajo del nivel 1 y a 29 por ciento en el nivel 1. A 4.7 por ciento en el nivel 4. Ciencias: A 14.5 por ciento por debajo del 1; a 32.8 en el nivel 1, a 3.1 por ciento en el nivel 4.

La evaluación está diseñada para ir más allá de examinar si los estudiantes pueden reproducir lo que les enseñaron, para evaluar así la capacidad que tienen de extrapolar a partir de lo que saben y aplicar creativamente su conocimiento en situaciones nuevas. Es decir, se explora si los estudiantes están aprendiendo a pensar, que es la razón central y fundamental de la escuela.

PISA encontró, a la vista de los resultados, que la escuela no está enseñando a pensar, porque los modelos pedagógicos de los profesores son inadecuados y obsoletos y porque los padres de los jóvenes no se involucran en la educación de sus hijos.

PISA aporta gran cantidad de sugerencias de políticas para mejorar la efectividad de la educación; pero se refiere siempre al ámbito estrictamente educativo, es decir, no está un su propósito tocar lo político: y ése es nuestro problema central. Políticos subdesarrollados tienen en sus manos la educación de los niños y jóvenes mexicanos: ¡es el SNTE, estúpido!

Y el colmo: el gobierno panista se propuso alcanzar como meta global 435 puntos PISA en 2009: alcanzó 425. Una meta cuyo puntaje queda por debajo del nivel 3. Shangai-China alcanzó 556 puntos.