MAFIA POLITICA OCULTA LA REALIDAD

14/02/2011

Calderón y partidos ocultaron información sobre pobreza

Pactaron no divulgar esas cifras antes de los comicios de 2009, revela cable de embajada estadunidense

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Periódico La Jornada

El gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa y los partidos políticos de oposición se pusieron de acuerdo en 2009 para no divulgar las cifras sobre el crecimiento de la pobreza en el país hasta después de las elecciones legislativas de ese año, en las que el Partido Revolucionario Institucional logró el mayor número de lugares en el Congreso, según un reporte de la embajada de Estados Unidos en México.

La información sobre pobreza es políticamente delicada. Y es más en época de elecciones. El cable de la embajada estadunidense, proporcionado por Wikileaks a La Jornada, da cuenta de un acuerdo entre el gobierno y opositores para ocultar dichos datos.

El cable cita análisis semindependientes elaborados con cifras oficiales de 2008 para sustentar que la pobreza se incrementó de 42.6 por ciento del total de la población en 2006, año en que Calderón asumió la titularidad del Ejecutivo federal, a 47.4 por ciento en 2008. No se menciona lo ocurrido en 2009, cuando la economía cayó en recesión.

Esta variación, en términos absolutos, implica un aumento de 6 millones de personas, hasta alcanzar la cifra de 44 millones, según datos de dinámica poblacional del Consejo Nacional de Población no citados en el cable, que está dirigido al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional, así como a los departamentos de Comercio, Energía y Tesoro.

Según el despacho, varios observadores –que tampoco menciona—apuntan a que el incremento en los precios internacionales de alimentos registrado en 2006 es la principal causa de que el número de pobres en México hubiera crecido en el periodo mencionado.

Después de citar las cifras sobre el aumento de mexicanos en pobreza, el despacho, identificado con la serie 09MEXICO2205 y fechado el 27 de julio de 2009, revela:

La divulgación de esta información políticamente sensible fue hecha con retraso, por un acuerdo entre el gobierno y los partidos de oposición, hasta después de las elecciones legislativas del 5 de julio de 2009, afirma.

En la comunicación de la embajada estadunidense no se mencionan nombres de dirigentes de partidos políticos o del gobierno que participaran en el pacto. Ese año los líderes partidistas eran Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, y Germán Martínez Cázares, del Partido Acción Nacional.

El texto aporta información que apunta a sustentar la afirmación de un convenio secreto sobre las cifras de pobreza. Dos semanas después de la elección del 5 de julio de 2009, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer cifras sobre pobreza, aunque cubrían 2008.

Con información de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de 2008 (que elabora el Inegi), el Coneval, entidad semiautónoma del gobierno, divulgó su estudio de 2008 dos semanas después de las elecciones legislativas del 5 de julio, añade el texto.

En 2009 la economía mexicana cayó en una recesión que, para la población más pobre, añadió dificultades a la que ya representaba el alza en el precio de los alimentos registrada en 2006 y 2007. Hasta ahora ni el gobierno federal ni organismos internacionales han dado a conocer cifras sobre el número de mexicanos que cayeron en pobreza en 2009. El argumento es que la Encuesta de Ingreso-Gasto, fuente principal para llegar a esta información, sólo se hace cada dos años, en número par. Así, hay información para 2008 y 2010, pero no sobre 2009.

Uno de los retos del gobierno es lograr un crecimiento sostenible para reducir de manera significativa la inequidad y la pobreza, se menciona en el cable. Desafortunadamente, cifras como las mencionadas (sobre el aumento de la pobreza) estaban destinadas a ser usadas en las elecciones y no es sorpresa que el gobierno haya retrasado su difusión.

EU evaluó fortunas de mexicanos que consolidaron sus riquezas con Salinas

Se beneficiaron de privatización de empresas públicas, concluye legación del país vecino

ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Para la embajada de Estados Unidos en México, varias dinastías de empresarios mexicanos que cada año figuran en la lista de multimillonarios de la revista Forbes deben sus fortunas a la privatización de empresas públicas emprendida por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Es lo que afirma un despacho de la legación, cifrado como confidencial, que fue entregado por Wikileaks a La Jornada. Fechado en julio de 2008, a propósito de la publicación anual de la lista de multimillonarios de Forbes, el cable menciona:

“México, país en el que aproximadamente 40 por ciento de la población vive en pobreza, tiene 10 personas en la lista de multimillonarios de 2008 de la revista Forbes. Estos individuos han hecho aportaciones importantes a la sociedad, mediante la expansión de servicios en zonas marginadas y creación de empleos o donativos, pero esta concentración de la riqueza y poder económico dificulta la capacidad del país para aumentar y profundizar su competitividad en industrias importantes.”

El autor del documento, que lleva el aval del entonces embajador Tony Garza, se detiene en la relación de esos millonarios mexicanos con el poder político, pero también apunta directamente al momento en que varios solidificaron sus fortunas: la privatización de empresas realizada durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

En 2008 los mexicanos que figuraron en dicha lista son: Carlos Slim (Teléfonos de México), Alberto Bailleres (Grupo BAL), Germán Larrea (Grupo México), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Jerónimo Arango (ex propietario de Aurrerá, después adquirida por Wal Mart), Issac Saba (Grupo Casa Saba), Roberto Hernández (ex presidente de Banamex), Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Alfredo Harp (ex accionista de Banamex) y Lorenzo Zambrano (Cemex).

En el documento, el diplomático estadunidense que lo redactó se pregunta cómo dichos empresarios llegaron a la lista de Forbes, club en el que el requisito para ingresar es tener una fortuna personal de al menos mil millones de dólares.

Su respuesta: Es difícil hacer generalizaciones acerca de la manera en que estos individuos acumularon su riqueza. Algunos la heredaron, otros la han acumulado con su esfuerzo por mucho tiempo. Mientras unos han asumido la necesidad de la transparencia y de modernas prácticas empresariales, otros prefieren la privacidad y las maneras tradicionales de hacer negocios. Algunos han tomado claramente ventaja de los defectos de las instituciones mexicanas y de sus relaciones con importantes figuras políticas para aumentar su riqueza.

A continuación se afirma en el despacho diplomático:

“Varias dinastías empresariales surgieron en los años de 1990, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, empezó a desmontar la centralizada economía mexicana. Salinas vendió más de mil empresas estatales, que iban de fundidoras a ferrocarriles.

Desafortunadamente, en algunos casos, esas privatizaciones llevaron a la creación de monopolios privados, que beneficiaron a algunos empresarios y políticos, mientras dejaban al mexicano promedio fuera.

El documento, identificado como 08MEXICO2187, está dirigido por la embajada de Estados Unidos en México al Consejo de Seguridad Nacional; al Comando Sur del Ejército, con sede en Florida; al Comando Norte, y a los departamentos de Comercio, Energía y Tesoro.

El autor asegura que un ejemplo clásico de la forma en que empresarios se beneficiaron de sus contactos políticos durante la privatización de empresas públicas en el gobierno de Carlos Salinas es Teléfonos de México, cuyo principal accionista es Carlos Slim Helú.

Un ejemplo clásico es la privatización de Telmex. Cuando Slim y sus socios adquirieron Telmex, en 1990, el gobierno les dio condiciones extremadamente favorables. No sólo el gobierno de México vendió el monopolio de Telmex intacto, sino estableció barreras a la competencia durante los seis años posteriores a la privatización. De manera similar, Ricardo Salinas Pliego adquirió la empresa estatal Imevisión mediante una subasta en 1993, convirtiéndola después en Tv Azteca.

El cable menciona que los aspectos de esta concentración de riqueza y de poder económico por un grupo de empresarios no pueden ser pasados por alto, porque varios de esos individuos controlan monopolios y oligopolios que lastran el crecimiento económico. Slim, Salinas y otros han usado su influencia para favorecerse de la política económica, favorecer sus intereses empresariales y obstaculizar a sus competidores.

Caso Aristegui: El Trasfondo

Jenaro Villamil

El despido de Carmen Aristegui del grupo MVS tiene el aspecto de ser sólo el sacrificio de un peón en el juego de las concesiones federales en telecomunicaciones. Televisa se sintió amenazada por la irrupción de la cadena Dish (donde aparece la mano de Carlos Slim y donde se retransmitía el espacio informativo de Aristegui) y a la Presidencia le causan urticaria los comentarios y los enfoques informativos de la comunicadora, y parecería presionar a MVS usándola como pretexto. La defenestración (que no es irreversible) de la periodista podría haber dejado satisfecho a uno de los equipos en pugna...

Una semana antes del día en que Carmen Aristegui lanzó al aire la pregunta que desató la furia de Los Pinos y de los defensores a ultranza de la institución presidencial –“¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”–, la guerra soterrada entre Telmex y Televisa, los dos gigantes de las telecomunicaciones mexicanas, tomó un nuevo y dramático matiz.

El viernes 28 de enero Televisa presentó ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) una denuncia por presuntas irregularidades en la autorización que este organismo antimonopolio emitió en 2009 para que diera inicio el servicio de la empresa Dish México (formada en 51% por MVS, de Joaquín Vargas; 49% por Dish Network, de Charles W. Ergen, y con Telmex como socio en los servicios de venta y facturación).

Los abogados de Televisa argumentan que esta sociedad es una “simulación” porque Telmex tiene un papel más relevante que el de simple socio en la facturación. Esta empresa no puede ofrecer servicios de televisión restringida por el candado existente en su título de concesión y que ha generado una fuerte disputa entre la empresa de Carlos Slim y el gobierno de Felipe Calderón.

Televisa ha presionado con todos los medios a su alcance para impedir que Telmex ingrese al mercado de la televisión restringida, el de mayor crecimiento anual –más de 11%– y clave para los servicios de triple play (audio, video e internet).

Desde que la CFC aprobó la sociedad formada por Dish México, ésta ha representado una fuerte competencia para el sistema de televisión satelital Sky (el de mayor volumen de ganancias en Televisa), que antes dominaba 95% del mercado. La oferta de Dish, más barata y con 6 canales de alta definición, le ha arrebatado cerca de 2 millones 200 mil clientes a Sky.

En buena medida el noticiero radiofónico matutino de Carmen Aristegui (con el mayor rating –0.62 puntos en diciembre de 2010– y retransmitido en el canal 52 de MVS a través de Dish) se convirtió en el punto más atractivo de venta para un sector de clase media en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, donde este servicio ha penetrado más rápido. Pero está en juego algo más que el mercado de la televisión restringida.

Cunde en Egipto el temor de que el ejército incumpla sus promesas

Sospechoso silencio de las fuerzas armadas respecto de la liberación de presos

El consejo militar disuelve el parlamento y suspende la constitución

ROBERT FISK
The Independent
Periódico La Jornada

El Cairo, 13 de febrero. Dos días después que millones de egipcios ganaron su revolución contra el régimen de Hosni Mubarak, el ejército –comandado por el general Mohamed Tantawi, amigo de toda la vida del derrocado dictador– consolidó este domingo su poder sobre el país al disolver el parlamento y suspender la constitución. El primer ministro designado por Mubarak, el ex general Ahmed Shafiq, declaró a los egipcios que sus primeras prioridades son la paz y la seguridad para prevenir el caos y el desorden: el mismo lema tan a menudo pronunciado por el despreciado ex presidente. ¿Un cambio de primera?

En su desesperación por cumplir la promesa del consejo militar de restaurar la normalidad en El Cairo, cientos de soldados egipcios –muchos desarmados– aparecieron en la plaza Tahrir para exhortar a los manifestantes que allí permanecen a dejar el campamento que ocuparon durante 20 días. Al principio los congregados los recibieron como amigos y les ofrecieron comida y agua. Policías militares de boina verde, una vez más sin armas, salieron a controlar el tráfico. Pero luego un joven oficial se puso a golpear a los manifestantes con una vara –los viejos hábitos tardan en morir en los jóvenes que portan– y por un momento se dio una repetición en miniatura de la ira lanzada aquí contra la policía de seguridad del Estado el 28 de enero.

El incidente reflejó una creciente inquietud entre quienes depusieron al dictador de que los frutos de su victoria sean engullidos por un ejército compuesto en gran medida por generales que lograron su poder y privilegio en tiempos de Mubarak. Nadie objeta la disolución del parlamento porque las elecciones legislativas del año pasado –y las de todos los demás años– fueron palmariamente fraudulentas. Pero el consejo militar no dio indicación alguna sobre la fecha de las elecciones libres y justas que los egipcios creían que se les habían prometido.

La suspensión de la constitución –documento que para los millones de activistas representaba un dejar hacer para la dictadura presidencial– dejó indiferentes a la mayoría de los egipcios. El ejército, que ha recibido el exagerado agradecimiento de Israel por prometer respetar el tratado de paz entre ambos países, anunció que sólo se mantendría seis meses en el poder; sin embargo, no se habló de si podría renovar su mandato después de esa fecha.

Así, está surgiendo una clara divergencia entre las demandas de los jóvenes hombres y mujeres que derrocaron el régimen de Mubarak y las concesiones –si se les puede llamar así– que el ejército parece dispuesto a otorgarles. Este domingo, un pequeño mitin a un costado de la plaza Tahrir sostuvo una serie de demandas, entre ellas la suspensión de la vieja ley de emergencia de Mubarak y la liberación de los presos políticos. El ejército había prometido derogar esa legislación en el momento oportuno, pero mientras permanezca en vigor le seguirá confiriendo tanto poder para prohibir protestas y manifestaciones como el que tenía Mubarak, lo cual es una de las razones por las que estallaron esas pequeñas escaramuzas entre soldados y ciudadanos en la plaza este domingo.

En cuanto a la liberación de presos, el ejército ha mantenido un sospechoso silencio. ¿Será porque hay prisioneros que saben demasiado sobre la participación de los militares en el gobierno anterior? ¿O porque los prisioneros que han escapado o han sido liberados regresan del desierto a El Cairo y Alejandría con terribles relatos de torturas y ejecuciones cometidas por personal militar? Un oficial del ejército conocido de The Independent insistió este domingo en que las prisiones del desierto eran operadas por unidades de inteligencia militar que trabajaban para el Ministerio del Interior, no para el de Defensa.

En cuanto a los altos mandos de la policía de seguridad del Estado que ordenaron a sus hombres –y a sus fieles baltagi, esbirros sin uniforme– atacar a los manifestantes pacíficos durante la primera semana de la revolución, parecen haber tomado el acostumbrado vuelo a la libertad a través del golfo Pérsico. Según un oficial del departamento de investigación de crímenes de la policía en El Cairo, con quien hablé este domingo, todos los oficiales responsables de la violencia, que dejaron más de 300 egipcios muertos, han huido del país con sus familias hacia el emirato de Abu Dhabi. Los criminales pagados por los policías para tundir a los activistas se han puesto a cubierto –¿quién sabe cuándo se volverán a necesitar sus servicios?–, mientras los oficiales de mediano rango aguardan el veredicto de la justicia. Si es que se produce.

Todo esto, desde luego, depende del tamaño de los archivos que haya dejado atrás el régimen y del grado hasta el cual las autoridades, actualmente el ejército, estén dispuestas a entregar esos documentos a un sistema judicial reformado. Los policías de la ciudad, que se escondieron en sus cuarteles antes de que fueran incendiados el 28 de enero, reaparecieron este domingo en El Cairo para exigir aumento salarial. Esta conversión de los policías en manifestantes –de hecho sí les van a subir la paga– ha sido uno de los momentos más memorables del Egipto posrevolucionario.

Ahora, por supuesto, toca el turno a Egipto de observar los efectos de su revolución sobre sus vecinos. Apenas habrá familias en el país que este domingo no estuvieran enteradas del tercer día de protestas contra el presidente en Yemen y de la violencia policial que las acompañó. Y resulta notable que, mientras los árabes de otras naciones imitan a sus victoriosos contrapartes egipcios, el aparato de seguridad de cada régimen árabe sigue fielmente las tácticas fallidas de los esbirros de Mubarak.

Otra ironía se ha revelado a los egipcios. Esos dictadores árabes que afirman representar a su pueblo –vienen a la mente Argelia, Libia y Marruecos– han fallado en representar a su pueblo al no felicitar a Egipto por su victoriosa revolución democrática. Hacerlo, sobra decirlo, sería cortar las patas de sus propios tronos.