SE FUE URO, DEJÓ A SU RAZA

03/02/2011

A revisión notarías entregadas en el sexenio de Ulises Ruiz
Pedro Matías

OAXACA, Oax., 2 de febrero (apro).- El director general de Notarias, Luis Alfonso Silva Romo, confirmó hoy que el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz otorgó 38 patentes de notarios a varios excolaboradores, entre ellos a los tres exprocuradores de Justicia que transitaron por la PGJ durante su sexenio.
Es el caso de Patricia Villanueva Abraham, quien durante su gestión dejó pendiente el caso del profesor Serafín García Conteras, asesinado a garrotazos en 2004. La exfuncionaria es ahora la titular de la Notaría 124 de esta ciudad.
En la misma situación se encuentra la exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza. Durante su gestión, omitió esclarecer los 26 asesinatos del conflicto popular-magisterial de 2006, y dejó en la opacidad el homicidio del periodista estadunidense Bradley Roland Will, asesinado el 27 de octubre de 2006 durante el conflicto esta ciudad. A ella se le asignó la aptente número 97.
Y lo mismo sucedió con el exprocurador Evencio Nicolás Martínez. En su paso por la PGJE el ahora fedatario 102 desistió de investigar los asesinatos políticos y el tema del acoso a la comunidad triqui.
Silva Romo explicó que, aunque el otorgamiento de la patente es una facultad del poder Ejecutivo estatal, puede revertirse la decisión en caso de acreditarse irregularidades en su asignación. .
Por lo pronto, adelantó que la lista que aparece publicada en el Diario Oficial del Estado se encuentra bajo revisión para corroborar que se cumplieron los requisitos y descartar irregularidades en su asignación.
Entre los requisitos para obtener una patente, destacó, se encuentra el contar con título de licenciado en derecho, tener cinco años de ejercicio profesional, al menos un año de prácticas y estar inscrito en el Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, poseer cédula profesional, no ser ministro de algún culto ni haber sido condenado por delitos intencionales, así como sustentar un examen.
Cabe destacar que, en noviembre pasado, unos 40 fedatarios de Oaxaca solicitaron la intervención del presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, Heriberto Castillo Villanueva, ya que el entonces gobernador Ulises Ruiz pretendía otorgar patentes a sus amigos y excolaboradores.
El notario público 25, Alfredo Castillo Colmenares, manifestó que la entrega de patentes por compadrazgos es un “nuevo golpe a la fe pública”.
De acuerdo con la ley, en la entidad debe haber un notario público por cada 50 mil habitantes y, con el actual número se registra un excedente de 20 fedatarios.
La Dirección General de Notarias, según oficio SGG/DGN/DFN/010/2011, entregó a la presidenta del Colegio de Notarios de Oaxaca, Guadalupe Díaz Carranza, la lista de los nuevos fedatarios, entre los que destacan:
El exabogado de Ruiz Ortiz, Arturo David Vásquez Urdiales (patente número 100); Eduardo García Corpus (Zimatlán); Patricia Villanueva Abraham, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, (97); Evencio Nicolás Martínez Ramírez (102); el presidente del Instituto de Transparencia, Genaro Víctor Vázquez Colmenares (110), y la exsubsecretaria de Finanzas, Magnolia López Morales, (121), entre otros.
OAXACA: Una Difícil Transición
Carlos Beas Torres.- Oaxaca Libre.
Oaxaca vive en estos momentos una situación compleja y confusa. Se respira un ambiente enrarecido y la tensión y la incertidumbre crecen día a día en amplias regiones que están sumidas en conflictos políticos que tienden a desbordarse; en la misma capital del estado, policías embozados recorren amenazantes las calles y su zócalo está cercado con vallas metálicas cuidadas por uniformados de rostro ceñudo e intimidante. Esta es sin lugar a dudas la primera prueba de fuego a la que es sometida la naciente administración del nuevo gobernador Gabino Cué.
Durante largas ocho décadas Oaxaca sufrió los excesos y corruptelas de los grupos gobernantes ligados al Partido Revolucionario Institucional. Los gobiernos priistas construyeron una gobernabilidad autoritaria basada principalmente en la violencia desplegada por las redes de control caciquil y en la compra de votos con recursos públicos. En esta largo período cientos de funcionarios, empresarios y caciques se enriquecieron bajo la sombra de gobiernos violentos y corruptos, sus magníficas residencias ubicadas en el pueblo de San Felipe del Agua son muestra evidente de ello.
Es claro que el grupo priista no quedó conforme con la derrota de su candidato a la gobernatura en las elecciones de julio pasado y para no perder totalmente su poder y privilegios, diseño un plan para apoderarse a costa de lo que fuera del mayor número posible de ayuntamientos y con ello generar conflictos en las diferentes regiones, utilizando los invaluables servicios del Instituto Estatal Electoral, instancia que anulo sin más ni más 46 elecciones en municipios de usos y costumbres, es decir en municipios indígenas.
Ulises Ruiz dejo como herencia un estado saqueado y desgarrado por la represión y el encono, pero también heredó decenas de bombas de tiempo que han venido estallando en los últimos días. Estos conflictos atizados por los operadores priistas también tienen como propósito el cubrir las espaldas al grupo de Ulises Ruiz, el cual se apoderó de miles de millones de pesos y ante la posibilidad de ser castigado por sus fechorías; construyo escenarios de violencia para negociarlos a cambio de impunidad.
Frente a la escalada de conflictos, el gobierno de Gabino Cué ha actuado de manera débil y contradictoria, esta actuación está relacionada con que algunos de los funcionarios de su gobierno que están encargados para atender esta conflictividad son priístas e incluso algunos de ellos fueron operadores del mismo Ulises Ruiz.
Temprano en una fresca mañana de enero pasado, un helicóptero desciende en la comunidad de Santiago Yaveo y de él sale presuroso un funcionario del “nuevo gobierno estatal”, quién tiene encomendado resolver un grave conflicto político; al verlo de inmediato es reconocido por un comunero que lo increpa y le dice “que hace usted aquí, que no cambio gobierno”. Y en efecto el funcionario cuestionado había sido un importante operador político de la administración ulicista.
Guadalupe, es una mujer chinanteca que encabeza a un grupo campesino que enfrenta un violento conflicto agrario, hace dos años fue atacada a balazos y sufrió graves heridas ocasionadas por proyectiles de bala, esta agresión ha permanecido hasta ahora impune. Por ello hace apenas unos días fue esperanzada a la ciudad de Oaxaca a pedir justicia y para su sorpresa se encontró con que el alto funcionario de la Procuraduría que la atendió, era el mismo que hacía algunos años le había exigido dinero y como se había negado a dárselo, la había encarcelado arbitrariamente. Guadalupe con toda razón dice “ cual cambio, si es la misma gata nada más que revolcada”.
En el pueblo costeño de Astata, cientos de vecinos enardecidos cerraron por espacio de dos días la carretera federal exigiendo la destitución de un administrador enviado por el gobierno estatal, a quien acusan de sus nexos con el PRI. Uno de los inconformes reclama a gritos: “se fue Ulises pero dejo a su raza”
Estas son apenas tres historias que nos muestran la confusión y desencanto que ya privan en algunos sectores de la sociedad oaxaqueña ante el continuismo que caracteriza al nuevo gobierno del estado. Desencanto y malestar por las señales que desde el mismo primer día envió el gobernador Cué, como fue el invitar a su toma de posesión a Jorge Franco Vargas un personaje siniestro sumamente cercano a Ulises Ruiz y responsable directo de brutales actos represivos. Pésima señal fue también sin lugar a dudas la de designar a una política priísta como Secretaria de Gobierno. En Oaxaca es conocida la estrecha relación que existe entre la Secretaria Irma Piñeyro y el bravucón y teatral ex gobernador José Murat.
Mientras que la Secretaria Piñeyro declara públicamente que no hay “mano negra” detrás de la situación explosiva que viven regiones enteras del estado, las provocaciones crecen día a día; los recientes asesinatos de luchadores sociales como la ejecución del líder campesino Renato Cruz Morales, quien fuera uno de los dirigentes de la APPO en la región de la Cuenca o la retención de funcionarios, policías y ciudadanos lo mismo en Juxtlahuaca que en el puerto de Salina Cruz, son muestra de ello.
La transición que reclama a gritos el pueblo de Oaxaca no camina y ello se debe en parte también a la parálisis que muestra la sociedad civil organizada. Muchos de los grupos sociales se han conformado con disputar espacios laborales dentro de la nueva administración o se han montado en los conflictos postelectorales, bajo el principio de que en aguas revueltas ganancia de pescadores.
Ante esta realidad es urgente que la sociedad civil oaxaqueña impulse una profunda reforma de estado, que se base en la participación ciudadana y que asegure el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indios y demás sectores mayoritarios del pueblo de Oaxaca. Una reforma profunda fundada en el acuerdo político de los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña con el gobierno estatal con el fin de asegurar una gobernabilidad democrática y el buen vivir basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo del conocimiento, el trabajo y los recursos de los oaxaqueños.
El gobierno de Gabino Cué debe mostrar su voluntad de transitar hacia una nueva relación con el pueblo de Oaxaca. No puede llamar a la reconciliación si no da pasos efectivos para castigar a los homicidas de decenas de ciudadanos como Catarino Torres o Bety Cariño o a los responsables del desfalco, saqueo y la pobreza de los oaxaqueños. No se puede transitar desde arriba hacia la democratización y la justicia en Oaxaca. Esta voluntad debe además expresarse haciendo una depuración de los funcionarios corruptos vinculados con el antiguo régimen que hoy ocupan espacios importantes en el nuevo gobierno.
De otra manera la transición que tanto reclama el pueblo oaxaqueño se perderá en los laberintos de la confusión, la parálisis, los conflictos creados, el desencanto y la impotencia, abriéndose con ello la puerta a escenarios regresivos. La larga noche del priismo en Oaxaca aún no termina, ya que aún no despunta el amanecer.
No hay autorización para mina de San José del Progreso
por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
El pueblo de San José del Progreso no ha dado ninguna autorización para que la compañía mexicana-canadiense inicie la explotación de la mina "La Trinidad", ubicada en sus tierras, afirmó el portavoz de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), Bernardo Vásquez Sánchez.
El vocero expuso que los pobladores no han sesionado en asamblea porque prevalece un conflicto postelectoral y no existe la autoridad agraria para tomar una determinación al respecto.
"El pueblo cada día es más consciente en su lucha porque el establecimiento de las minas representa la destrucción de la vida y el medio ambiente en la región", asentó.
Y subrayó que CPUVO no se opone al llamado desarrollo sino a las afectaciones al medio ambiente y a la vida comunitaria porque todos los proyectos neoliberales han sido devastadores.
Además, resaltó, los habitantes de San José del Progreso y de otros pueblos donde se tienen proyectadas otras minas, no han sido consultados conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Vásquez Sánchez dijo que la explotación de la mina originaría nuevamente el surgimiento del conflicto social porque la mayoría de los pobladores no están de acuerdo con su operación.
Que se vaya Macías, exige la disidencia
Juan Carlos Medrano
[04:19] Integrantes del “Frente Renovador por un PRI Para Todos” enfocaron ahora sus baterías en contra del Delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor, Carlos Jiménez Macías y demandaron a la dirigencia nacional su cambio por no garantizar imparcialidad dentro del instituto político.
Amado Bohorquez Reyes, Roberto Villalana, Francisco Hernández Sánchez y Juan Orozco Ibarra criticaron que el Senador de la República únicamente viene a la entidad a vacacionar y no a realizar trabajo político, por lo que demandarán su remoción del cargo y en su lugar se designe a un Delegado que agrupe a todas las corrientes y no que esté dividiendo al priismo de la entidad.
Señalaron que la dirigencia estatal que encabeza Eviel Pérez Magaña desprestigia a la verdadera militancia, al utilizar un discurso ofensivo contra los que no piensan como él. Nombra como dirigentes a personajes acusados de corrupción y abusos, además, se deja mangonear por un grupo que lejos de servir a Oaxaca se aprovechó de posiciones políticas para beneficio propio, precisaron.
Lamentaron que en Oaxaca el tricolor se fracture cada vez más, cuando debería pasar lo contrario que es fortalecerse ante el proceso presidencial del próximo año.
Los priistas demandaron a su dirigenta nacional Beatriz Paredes Rangel y al presidente electo, Humberto Moreira, la designación de un delegado para elegir un nuevo Comité Directivo democrático y representativo.
Precisaron además que no permitirán que el delegado sea afín al grupo que tomó por asalto al PRI en el estado, "no permitiremos a esos delegados que sólo vienen a Oaxaca a pasear, a comer, a beber, a darse la gran vida y a burlarse de los priistas oaxaqueños, con los resultados que todos conocemos", dijeron.
Señalaron que exigirán un representante imparcial, que atienda verdaderamente a la militancia y permita un proceso democrático que consolide al tricolor oaxaqueño.
Advirtieron que defenderán por la vía legal su derecho de expresar su inconformidad con la dirigencia estatal, luego de la pretensión de ser expulsados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por exigir la renuncia de Eviel Pérez Magaña.
“Estamos recurriendo a las instancias partidistas para exigir la remoción de Pérez Magaña y en su caso, enfrentar legalmente cualquier intento de venganza del candidato perdedor a la gubernatura”, dijeron Roberto Villalana Castillejos, Juan Orozco Ibarra y Amado Bohórquez Reyes.

LOS MINISTROS DE LA SCJN: JOSÉ RAMÓN COSSIO DÍAZ Y GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA SE HAN DEJADO CORROMPER POR LOS PEDERASTAS

El día de hoy, miércoles 26 de enero de 2011, en la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros José Ramón Cossio Díaz y Guillermo Ortiz Mayagoitia se exhibieron de una manera vergonzosa y denigraron el papel que la máxima instancia de procuración de justicia de nuestro país debe cumplir.
En efecto al votar por conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la maestra Magdalena García Soto, a pesar de estar demostrado en autos de los juicios 14/2010 y 15/2010, que esa persona entregaba a mi menor hijo de cuatro años en manos de los sujetos que lo violaban en el gimnasio del Instituto “San Felipe” de la ciudad de Oaxaca.
Es inaudito como los dos ministros se atrevieron a mencionar circunstancias inexistentes en los expedientes del juicio y al mismo tiempo no consideraron pruebas contundentes y eficaces jurídicamente. Lo único que puede explicar la aberrante conducta de estos dos ministros se encierra en una palabra: CORRUPCIÓN.
Que esos dos ministros de la SCJN se hayan atrevido a defender a los pedófilos y pederastas que violaron a mi pequeño, que es lo que se encuentra en el fondo de la defensa de su cómplice primaria, significa que el poder económico y político corruptor seduce a quienes tienen la obligación de velar por que el estado de derecho en México prevalezca.
Mi abogado no pudo reprimir la exclamación de ¡FALSO! al escuchar una de las varias mentiras que dijo en la sesión pública el ministro Cossío Díaz y mi indignación me obligó a ponerme de pie al terminar de votarse el caso de la violación de mi hijo y reclamarles su actitud indigna y parcial a los dos ministros que pretendían de hecho absolver a la maestra que tenía bajo su cuidado a mi hijo y que en lugar de cumplir ese sagrado deber lo entregó a sujetos pervertidos que lo violaron.
En contraparte, la ministro OLGA SÁNCHEZ CORDERO presentó una ponencia en estricto apego a derecho y donde prevaleció el criterio establecido por la misma Primera Sala de la SCJN de considerar el interés superior del menor al analizar este tipo de casos y de dar preponderancia al dicho de la víctima del delito sexual, en este caso mi niño. De igual manera, el Presidente de la Sala, el ministro ARTURO SALDÍVAR LELO DE LARREA, votó a favor de la ponencia que propuso NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la cómplice de los autores materiales de la violación de mi hijo.
Sin duda que presencié una batalla entre dos ministros que defienden la legalidad y la justicia en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO y ARTURO SALDÍVAR LELO DE LARREA y dos ministros que denigran el papel de la máxima instancia del poder judicial en nuestro país: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ y GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA.
El resultado fue que la votación se empató: dos votos por negarle el amparo a la cómplice de los violadores y dos votos a favor de los pedófilos. Se prolonga el áspero camino que inicié hace cuatro años en busca de justicia para mi hijo, pero no descansaré hasta que esa justicia llegue. Sólo espero que yo no sea el próximo objetivo de los criminales, como lo fue la señora Marisela Escobedo Ortiz que fue asesinada por demandar justicia para su hija.

A T E N T A M E N T E

LETICIA VALDÉS MARTELL Y FAMILIA.

ABOGADOS COADYUVANTES: FELIPE CANSECO RUIZ y FORTINO LÓPEZ VÁSQUEZ